Desde su formación, la APDHE viene denunciando la conculcación de los Derechos Humanos, especialmente en países de América Latina. La convivencia con las víctimas, su constancia y lucha, motivaron a familiares, víctimas y representantes legales a iniciar procesos judiciales en nuestros tribunales con la esperanza de obtener verdad, justicia y reparación.

Por esta razón, la APDHE se persona ante los tribunales para exigir responsabilidad por estas graves violaciones de los derechos humanos. Los procedimientos judiciales en los que la APDHE ejercita la acusación popular ante la Audiencia Nacional Española son los siguientes:

Genocidio en el Sáhara Occidental. La APDHE, junto con otras organizaciones, ejercita la acción popular en el procedimiento penal ante el Juzgado Central de Instrucción nº 5, en el que se investigan asesinatos, lesiones y torturas en concurso con genocidio, contra la población civil saharaui. El procedimiento se dirige contra funcionarios civiles y militares.

La comisión de los hechos delictivos objeto de investigación se remonta a 1975, cuando Marruecos invadió el Sáhara Occidental, desafiando al Tribunal Internacional de Justicia de las Naciones Unidas, que el 16-10-1975 había declarado que no existía ningún vínculo de soberanía de Marruecos o Mauritania sobre el Sáhara Occidental.

A partir de ese momento se desató una oleada de violencia por el ejército marroquí de ocupación, que masacró a la población saharaui, obligándola a huir hacia el desierto, siendo perseguida por la aviación marroquí y bombardeada con bombas de NAPALM y fósforo blanco.

Marruecos obvio los llamamientos de Naciones Unidas al cese de la ocupación,  desatando una guerra en el territorio, secuestrando y desapareciendo a civiles saharauis de los que aún hoy se desconoce su destino, enterrando vivos a saharauis en fosas comunes, y  arrojando personas desde helicópteros a zonas remotas del desierto.

Tras 16 años de guerra, en 1991 se firmó un acuerdo de alto el fuego bajo el auspicio de Naciones Unidas, pero hasta la actualidad Marruecos sigue actuando como una potencia invasora, no cesando de acosar a su población, persiguiendo, deteniendo y secuestrando a los saharauis contrarios a las tesis marroquíes, y expoliando las riquezas naturales del territorio.

Durante el transcurso del procedimiento judicial familiares de víctimas saharauis se han desplazado a España para ser oídas en declaración ante el juzgado.

Tras el descubrimiento de una fosa común con restos de 8 víctimas y su exhumación por un equipo de forenses españoles, en enero de 2014 el juez aceptó ampliar la querella a instancias de la APDHE.

La reforma de la Justicia Universal mediante Ley Orgánica 1/2014, establece el sobreseimiento de las causas abiertas en las que no concurran una serie de requisitos. La APDHE ha argumentado ante el tribunal que esta reforma de la ley es contraria a la Constitución Española y al Derecho Internacional, ya que el genocidio es un crimen que debe ser perseguido por todos los estados. Adicionalmente, el tribunal español sería competente para continuar con la instrucción ya que el Sáhara Occidental no ha dejado en ningún momento de estar bajo la administración de España. No olvidemos que el denominado Acuerdo Tripartito de Madrid de 14-02-1976, por el que se cedía el territorio a Marruecos y Mauritania es nulo de pleno derecho, ya que España no podía ceder la soberanía de un territorio pendiente de descolonización. Por tanto  España sigue siendo en la actualidad la potencia administradora del Sáhara Occidental. Consecuencia ineludible de lo que se acaba de exponer es que las  víctimas serían nacionales españoles. La competencia del tribunal español también vendría determinada porque los propios autores del delito podrían ser de nacionalidad saharaui/española.

Los argumentos de la APDHE fueron estimados por el Juzgado Central de Instrucción, que el 15 de abril de 2014 dictó auto disponiendo proseguir con la investigación de los hechos y no archivar por tanto el procedimiento, al considerar que los hechos se cometieron “en un territorio que, a todos los efectos, debe tener la consideración de español en el momento de su comisión, tal y como se deriva de la legalidad y la jurisprudencia nacional e internacional”. Asimismo, añade, competerían a la justicia española “los hechos ocurridos con posterioridad al abandono del territorio por parte de las autoridades españolas en la medida que los mismos resultan conexos con los anteriores”.

Posteriormente, el 9 de abril de 2015 el Juzgado dictó auto de procesamiento contra 11 altos cargos y militares del Gobierno de Marruecos, por un delito de genocidio en concurso con detención ilegal, torturas, asesinato y desaparición forzada. Y acordó librar órdenes internacionales de detención con fines de extradición.

Asesinatos terroristas en El Salvador. Este caso se investiga a raíz de la querella criminal que interpusieron en 2008 la APDHE y el Center for Justice and Accountability (CJA), por el asesinato el 16 de noviembre de 1989 en El Salvador de sacerdotes jesuitas de origen español y personal de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).

Los hechos se cometieron por las fuerzas militares salvadoreñas, en el periodo de la guerra civil en el país entre 1979 y 1992.

El Juzgado Central de Instrucción nº 6 admitió a trámite la querella y el 30-05-2011 dictó auto de procesamiento por ocho delitos de asesinatos terroristas y un delito de crimen de lesa humanidad o contra el derecho de gentes, decretando la prisión provisional incondicional de altos cargos.

El 13-10-2011 la Fiscalía solicitó al Juzgado que dictase auto proponiendo al Gobierno Español la extradición a España de los procesados, y el Juzgado de Instrucción lo acordó en este sentido.

Tras la reforma de la Justicia Universal mediante Ley Orgánica 1/2014, el Juzgado dispuso continuar la instrucción de la causa pero únicamente por el delito de terrorismo, dejando sin efecto el procesamiento por los cargos de crímenes de lesa humanidad, al considerar que el tribunal español ya no sería competente por no concurrir los requisitos que exigía el nuevo texto legal.

APDHE recurrió esta resolución judicial en base a una interpretación sistemática de las normas de derecho internacional humanitario y de la jurisprudencia internacional, que establecen que el terrorismo se configura como un delito de lesa humanidad si se cometen como parte de una estrategia de represión más amplia, extendida y sistemática. En el caso que nos ocupa, los asesinatos terroristas contra de los sacerdotes jesuitas se enmarcan dentro de dicha estrategia de represión, y por ello no debía dejarse sin efecto el procesamiento por los cargos de crímenes de lesa humanidad.

Por otra parte, aunque la reforma de la justicia universal por LO 1/2014 excluía la competencia de los tribunales españoles si se había iniciado una investigación en el lugar de comisión de los hechos, el Tribunal Supremo reafirmó la competencia de los tribunales españoles para seguir investigando este caso, al considerar que “el proceso penal desarrollado en su día en El Salvador fue fraudulento ya que no pretendió realmente que los responsables de los hechos fueran castigados, sino, al contrario, su sustracción a la acción de la justicia.

El 5 de febrero de 2016 un Tribunal estadounidense acordó la extradición a España del coronel y ex viceministro de Seguridad Pública Inocente Orlando Montano, procesado en esta causa.

Un día más tarde, en El Salvador, se produjo el arresto de cuatro militares salvadoreños procesados en la causa: Alfredo Benavides Moreno, Ramiro Ávalos Vargas; Tomás Zárpate Castillo y Ángel Pérez Vásquez. Pero a pesar de que en julio de 2016 la Corte Suprema de Justicia de la República de el Salvador había declarado inconstitucional la Ley Nacional de Amnistía, un mes después fue denegada la extradición a España de estos cuatro militares. La Corte Suprema de dicho país decidió que tres de ellos fueran liberados pocos días después y que Benavides fuera encarcelado para cumplir íntegramente con la pena de 30 años de prisión que la Justicia salvadoreña le impuso por los mismos hechos en 1991.

No obstante, en diciembre de 2017 se hizo efectiva la extradición a España de Inocente Orlando Montano, respecto del cual el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional dictó prisión preventiva. En este momento se encuentra a la espera de ser juzgado en España.

Ejecuciones extrajudiciales en Guatemala. La APDHE ha ejercitado la acción popular en el procedimiento penal en el que se investigaba al ex ministro de Gobernación de Guatemala, Caso Vielmann, por la comisión de ejecuciones extrajudiciales.

En enero y febrero de 2017 se celebró en la Audiencia Nacional el juicio oral, y el 6 de marzo la  Sección Segunda de la Sala de lo Penal dictó sentencia en la que se le absuelve de las diez ejecuciones extrajudiciales que fueron perpetradas en Guatemala en 2005 y 2006. La sentencia tuvo un voto particular, que consideró que Carlos Vielmann debió de ser condenado.

En la sentencia se confirmaba la comisión de ejecuciones extrajudiciales, pero no se consideraba acreditado que Vielmann “participase en la ejecución de los reclusos, ni ordenándola, ni autorizándola, ni manifestando su respaldo o aquiescencia, ni que conociese o tuviese razones para conocer o prever que podía producirse”.

Al contrario, el voto particular discrepante consideraba “que ha quedado probada la participación del ex Ministro en las ejecuciones extrajudiciales más allá de la duda razonable, al menos por comisión por omisión”, ya que “no resulta  verosímil que Carlos Vielmann no fuera consciente de lo que estaba ocurriendo en un recinto cerrado, cuyo interior estuvo recorriendo a pie y lo sobrevoló, y en el que se llevaron a cabo acciones parapoliciales evidentes por personas disfrazadas de swat, con pasamontañas y armas espectaculares que nada tenían que ver con el armamento oficial”.

La APDHE y familiares de las víctimas presentaron recurso de casación contra la sentencia. El Tribunal Supremo falló confirmando la sentencia de la Audiencia Nacional, el 26 de julio de 2018

Genocidio en Guatemala. La APDHE ha ejercitado la acción popular en el procedimiento por genocidio contra la población indígena maya de Guatemala, que se dirige contra jefes de gobierno, ministros y altos cargos militares.

En el marco del conflicto armado interno que se produjo en Guatemala entre 1960 y 1996, las fuerzas militares y otros agentes del estado perpetraron actos genocidas contra la población indígena guatemalteca, con el fin de exterminarla. El 83% de las víctimas eran mayas. Se masacraron comunidades enteras y se cometieron ejecuciones extrajudiciales, torturas y violaciones, llegando a constatarse 1.465 violaciones sexuales contra mujeres y actos de esclavitud sexual. Un total de 250.000 víctimas, entre ellas 45.000 personas que continúan desaparecidas, 650 masacres y más de 400 aldeas desaparecidas. El 93% de los actos fue perpetrado por agentes del estado guatemalteco.

También hay que destacar el asalto a la Embajada de España en enero de 1980, cuando un grupo de campesinos accedieron de forma pacífica a la embajada con el fin de que la representación diplomática sirviera de interlocutora válida ante sus pretensiones como consecuencia del acoso gubernamental a que estaban siendo sometidos. El gobierno de Guatemala ordenó a la policía y las fuerzas de seguridad que abortasen este acto pacífico de los campesinos, entrando violentamente y abatiendo a sus ocupantes, lo que tuvo como consecuencia la muerte de 36 personas, entre ellas ciudadanos españoles.

El 26-09-2005 el Tribunal Constitucional declaró la competencia del tribunal español para la investigación y enjuiciamiento de los hechos

El 26-07-2011 se dictó auto disponiendo la ampliación de la querella por los delitos contra la indemnidad sexual como forma de tortura, y por el desplazamiento forzoso y por impedir el género de vida y reproducción como genocidio

El 16-11-2011 se dispuso la ampliación de la querella contra dos miembros de las fuerzas armadas de Guatemala, pudiéndose localizar durante 2012 a dos procesados.

Tras la reforma del artículo 23.4 de la LOPJ, mediante auto de fecha 20 de mayo de 2014 el Juzgado Central de Instrucción nº 1 acordó mantener la competencia, por existir víctimas españolas, incoando el sumario 3/2014 por la comisión de presuntos delitos de terrorismo y los conexos de genocidio y crímenes de género, lesa humanidad, torturas, asesinato y detenciones ilegales, continuando la instrucción de la causa.

El Juzgado de Instrucción, por auto de 4-12-2015, acordó declarar concluso el sumario sin procesamiento, elevándolo a la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, para adoptar la decisión correspondiente.

El Fiscal interesó el sobreseimiento por la imposibilidad de notificar los hechos imputados a los querellados y tomarles declaración en esta condición, ante el rechazo de las solicitudes de extradición remitidas a las autoridades de Guatemala y de México; por su parte, la APDHE interesó que se revocase el auto de 4-12-2015, al existir indicios de criminalidad suficientes contra los investigados, y que se continuase con la instrucción de la causa, y en su caso con la investigación judicial de hechos posteriores, conocidos recientemente, vinculados a los ya instruidos; así como que se reiteren las correspondientes órdenes internacionales de detención con fines de extradición o subsidiariamente, se remitieran las correspondientes demandas ex tradicionales por vía diplomática.

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decretó, por auto de 1 de julio de 2016, el sobreseimiento provisional de la causa, fundamentándolo, entre otros motivos, en “la imposibilidad de notificar los hechos a los encausados y tomarles declaración, tras el rechazo de las solicitudes de extradición remitidas a las autoridades de Guatemala”.

Torturas en Guantánamo. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, el gobierno estadounidense emprendió una estrategia de “guerra” contra el terrorismo internacional, aprobando órdenes ejecutivas contra individuos sospechosos de vinculación con Al Qaeda y con el régimen talibán, mediante su detención e internamiento en centros ubicados fuera de su territorio (Guantánamo). Una vez detenidos, se les aplicaban técnicas ilegales de interrogatorio con el fin de obtener información, y se les privaba de sus derechos.

La APDHE, junto con otras organizaciones, han ejercitado la acción popular en el caso que se tramita ante el Juzgado Central de Instrucción nº 5, en el que se investigan las torturas que fueron infligidas a tres personas recluidas en la base estadounidense de Guantánamo.

Tras la reforma de la justicia universal mediante LO 1/2014, el Juzgado Central de Instrucción dictó auto, de fecha 15 de abril de 2014, disponiendo la incoación de sumario por delitos de torturas en concurso con crímenes de guerra, continuando la instrucción de la causa. Fundamentó que, a la luz de los tratados internacionales suscritos por España, “nos encontraríamos ante una evidente colisión entre la regulación según derecho interno de la norma habilitadora de la extensión de la jurisdicción penal y las obligaciones contraídas por España en virtud de los tratados internacionales previamente ratificados y que integran nuestro ordenamiento jurídico“. Y recordó que los Convenios de Ginebra y la Convención Contra la Tortura imponen a los estados firmantes la obligación de perseguir las infracciones que se contemplan en esos convenios. El auto también dispuso reiterar la comisión rogatoria a EEUU para que se le informase sobre el estado de las investigaciones en este país, y luego a pedir al Tribunal Supremo que se pronunciase sobre la posible concurrencia del principio de subsidiariedad.

Posteriormente, mediante auto de 17 de julio 2015, el Juzgado Central de Instrucción acordó dejar sin efecto las diligencias de instrucción e investigación que se encontraban pendientes de práctica, declarando concluso el sumario. Dicho auto de conclusión de sumario fue recurrido por las acusaciones y desestimado, recurriéndose en casación. Mediante sentencia de fecha 18 de noviembre de 2016 el Tribunal Supremo desestimó los recursos

Vuelos de la CIA. La APDHE y otras organizaciones han ejercitado la acción popular en el procedimiento tramitado por el Juzgado Central de Instrucción nº 2, en el que se investigaban las detenciones que agentes estadounidenses de la CIA habrían efectuado de supuestos combatientes enemigos o terroristas, y sus traslados a centros clandestinos de detención.

La investigación se centraba en los vuelos y escalas realizados en territorio español, especialmente en Palma de Mallorca, donde realizó escala un vuelo en el que se habría trasladado a Afganistán y se habría torturado a Khaled el Masri, ciudadano alemán de origen sirio. Cuatro altos cargos estaban denunciados por su connivencia en los vuelos orquestados por la CIA.

El Juzgado Central de Instrucción nº 2 archivó la causa sin proporcionar la debida motivación sobre la coautoría o complicidad de las personas denunciadas en las detenciones ilegales, torturas y delitos de contra personas protegidas en caso de conflicto armado. En agosto de 2015 el Tribunal Supremo desestimó el recurso de casación que habían interpuesto las acusaciones y confirmó el archivo de la causa.

Delitos de lesa humanidad en Chile y Argentina.  En 1997 y 1998 la Audiencia Nacional incoó dos procedimientos judiciales por delitos de terrorismo, genocidio y tortura en América Latina

Al general Pinochet y a los demás miembros de la Junta de Gobierno se les imputaban delitos de terrorismo, genocidio y torturas, más de 100.000 personas expulsadas u obligadas a exiliarse y 5.000 muertes y desapariciones forzadas. También se produjo la vulneración sistemática de otros derechos fundamentales como el derecho a la información o a la educación. Entre las víctimas también se encontraban personas de nacionalidad española. Además se desplegó una actividad múltiple y organizada con otros países del entorno, en la denominada “Operación Cóndor”, diseñada para obtener el intercambio de información e inteligencia sobre adversarios políticos.

En diciembre de 1998 se dictó auto de Procesamiento contra Pinochet y se solicitó su extradición a las autoridades británicas, pero aunque la Corte Inglesa dictó sentencia  autorizando su extradición a España, finalmente fueron alegados problemas de salud para denegar su extradición a nuestro país.

En el caso de Argentina, el 1 de octubre de 2007 el Tribunal Supremo condenó a Adolfo Scilingo, ex miembro de la Armada de la República Argentina, por su participación en los llamados “vuelos de la muerte” y la perpetración de torturas y asesinatos en el centro clandestino de detención de la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA). Scilingo fue condenado como autor de 30 delitos de asesinato y un delito de detención ilegal, y como cómplice de 255 delitos de detención ilegal, a más de 1.000 años de prisión. Cumple prisión en España por estos hechos.

Tras la derogación en Argentina de las leyes de obediencia debida y punto final se reactivaron en dicho país los procedimientos judiciales por los crímenes contra la humanidad perpetrados durante la dictadura.

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