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10 DE JULIO DE 2020. SESIÓN 6: DECLARAN MÁS TESTIGOS

10/07/2020

AUDIENCIA NACIONAL DE ESPAÑA. SALA DE LO PENAL. SECCIÓN SEGUNDA. ROLLO DE SALA NO. 4/2015. PROCEDIMIENTO DE ORIGEN NO. 97/2010

Con fecha de 10 de julio de 2020, se reanuda la sexta sesión del juicio por los asesinatos de los jesuitas españoles en El Salvador hace más de 30 años.

Esta vez les ha tocado declarar en calidad de testigos a Luis Alberto Parada Fuentes, que en el momento de los hechos era teniente del ejército salvadoreño y jefe de la sección de Análisis de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI); la perito Katherine Doyle, documentalista y especialista en la obtención y análisis de documentos desclasificados por las agencias gubernamentales de los EEUU; y el perito Douglass Cassel, asesor jurídico de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas para El Salvador (1993).

El Sr. Luis Parada en su declaración ha señalado que el encubrimiento institucional al más alto nivel» del caso empezó desde el mismo momento de la matanza. En la exposición de su relato, ha puesto en conocimiento de la sala la composición y orden jerárquico del aquel entonces Alto Mando de la Fuerza Armada para conocer cómo se gestionaba la toma de decisiones a nivel político-militar:

1) el Presidente de la República, Alfredo Cristiani;

2) el Ministro de Defensa y Seguridad Pública, Gral. Larios;

3) el Viceministro de Seguridad Pública y acusado Cnel. Montano,

4) el Viceministro de Defensa, Cnel. Zepeda;

5) el Jefe del Estado Mayor Conjunto, Cnel. Ponce y

6) el Subjefe del Estado Mayor Conjunto, Cnel. Rubio.

A diferencia de las aseveraciones del acusado, el Sr. Montano, el exteniente Parada ha señalado que en 1989 los tres cuerpos de seguridad pública (Guardia Nacional, Policía Nacional y Policía de Hacienda) estaban integrados en la Fuerza Armada y tenían unidades de combate para repeler los ataques del FMLN como si fuera fuerzas regulares.

Según ha testificado el Sr. Parada, los cuerpos de seguridad respondían ante el coronel Montano, el cual tenía mando efectivo sobre la Fuerza Armada en su cargo de Viceministro de Seguridad.

Según el testimonio del Sr. Parada, el Alto Mando militar actúo para encubrir los asesinatos de los jesuitas de la UCA desde el mismo día de su comisión. En su declaración, el testigo ha asegurado que la magnitud del encubrimiento institucional hace imposible que el Alto Mando no hubiese sido quien lo ordenó y dirigió.

“Tuvimos la convicción de que teníamos que ir a intentar averiguar qué había pasado pues estaba en riesgo la seguridad del país y de inmediato nos dimos cuenta que habían sido las fuerzas armadas. No había duda. Por eso nos alertó e incomodó tanto cuando unas semanas después vimos la estrategia de encubrimiento por parte del Estado”, relató al tribunal de la Audiencia Nacional.

Por su parte, otra de las testigos, la perito Katherine Doyle, quien verificó los documentos desclasificados por la CIA y el FBI, confirma la versión de la acusación al señalar al alto mando militar en la preparación y ejecución del crimen.

La Sra. Doyle, ha afirmado que durante la labor de descalcificación documental se pudo identificar un núcleo claro e importante de información, de sólida credibilidad, relacionada con el asesinato de los padres jesuitas, su planteamiento y ejecución, y los esfuerzos posteriores de encubrirlo.

El último testigo en declarar en esta sexta sesión fue el perito Douglass Cassel, uno de los tres asesores jurídicos de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas. El Sr. Cassel en 1994 estableció la responsabilidad de alta jerarquía militar salvadoreña en el diseño, ejecución y encubrimiento posterior del crimen.

«En la Comisión de la Verdad establecimos que sólo daríamos nombres cuando tuviéramos pruebas sólidas y sustanciales. Y para ello, deberíamos tener, al menos, dos fuentes independientes y fiables. La orden del asesinato sin dejar testigos partió de ese grupo de cuatro militares pertenecientes al Alto Mando y fue trasladada a Benavides. Y para ello de dispuso del batallón Atlacatl. Después, el encubrimiento y las medidas para ocultar el asesinato fueron obra de un mayor número de altos mandos militares de El Salvador», declaró Cassel.

En su testimonio, el Sr. Cassel afirmó que fue el propio acusado, el Sr. Montano, quien identificó públicamente a los jesuitas como miembros del FMLN en una campaña de desprestigio y acoso contra el padre Ellacuría.