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APDHE DENUNCIA LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL CONTRA LA PROTESTA SOCIAL

Para todos aquellos que se han manifestado en contra del proceso de exhumación del dictador Francisco Franco, desde la Asociación Pro Derechos Humanos de España recordamos que en nuestro estado rige el principio de unidad del ordenamiento jurídico, lo que significa que todas las normas válidas del mismo han de ser necesariamente reconducibles a una única norma fundamental, cuya vigencia descansa en un hecho fundante básico, de donde emana la soberanía que se proyecta como potestad irresistible de dictar normas generales y particulares y de hacer cumplir las mismas. Es decir, en el Estado moderno no pueden proyectarse dos ordenamientos jurídicos distintos para regular un mismo hecho, acto o negocio jurídico.

La traslación de este principio de teoría jurídica al derecho positivo se realiza en el ordenamiento jurídico español en los artículos 1.1 y 117.3 de la Constitución española y en los artículos 1,2 y 3 de Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

En este sentido ha de entenderse el artículo I.5 del Acuerdo en materia jurídica entre el Estado español y la Santa Sede de 1979 cuando dice que: “Los lugares de culto tienen garantizada su inviolabilidad con arreglo a las Leyes”; de tal forma que el término “leyes” solo puede referirse a las leyes españolas. Pero es que, en realidad, la autorización para la entrada voluntaria en la basílica no corresponde a ninguna autoridad religiosa, a ninguna, sino al propietario de la misma que es el Estado español, según se dispone en el Decreto-Ley de 23 de agosto de 1.957, por el que se establece la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos (Boletín Oficial del Estado nº 226, de 5 de septiembre de 1.957). Por lo tanto, el prior de la Basílica del Valle de los Caídos carecía de facultad jurídica válida para oponerse a la realización de las operaciones materiales de exhumación que hayan de llevarse a cabo en su interior en ejecución de lo acordado al respecto por el Consejo de Ministros.

¿Y ahora qué?

Después de la exhumación del dictador Francisco Franco, el pasado 24 de octubre de 2019, el prior del Valle de los Caídos ha informado al papa Francisco, al abad de Solesmes, a la Conferencia Episcopal Española, cuyo presidente es Ricardo Blázquez, y al Arzobispo de Madrid, que durante la exhumación no se respetó la inviolabilidad del Valle de los Caídos, como lugar sagrado, y además, ha presentado una denuncia ante el juez por el “acceso inconsentido” de los efectivos de la Guardia Civil al templo.

La iglesia española ha permanecido de perfil ante el comportamiento del prior del Valle de los Caídos quien ha llegado a denunciar a la Guardia Civil por restringir el acceso a la basílica; su falta de respeto a nuestro ordenamiento jurídico debe suponer su inmediato cese. Madrid, a 31 de octubre de 2019

La Asociación Pro Derechos Humanos de España expresa su firme rechazo a la violencia institucional que se está desplegando contra quienes intentan ejercer su legítimo derecho a la libertad de expresión. Esta situación de acoso, hostigamiento y abusos de las fuerzas de seguridad se ha convertido en una constante en países en los que  recientemente se ha incrementado la protesta social, como Chile, Ecuador y Bolivia.

 

Ante las denuncias de corrupción, y la oposición de la ciudadanía a la aplicación de políticas económicas que generan más desigualdad y pobreza, la regla general está siendo la respuesta represiva, aplicando medidas extremas como la declaración del estado de emergencia y la intervención militar en Chile. Esta reacción se ha traducido en violaciones del derecho a la vida, a la integridad física y a la libertad de movimiento. El Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile ya ha registrado, desde el inicio de las movilizaciones el 18 de octubre, 3.200 detenciones, 80 heridos por armas de fuego, y al menos 15 fallecidos. No habíamos visto al Ejército de Chile disparando en la calle desde el 11 de septiembre de 1973. ¿Acaso el Presidente Sebastián Piñera no tiene memoria?

En Ecuador, la violencia ejercida para reprimir las protestas de la población indígena contra medidas económicas aprobadas por el Gobierno, ya se ha saldado, según datos del Defensor del Pueblo, con la vida de 8 personas, 1.340 heridos, y 1.192 personas detenidas y procesadas por terrorismo.

 

En Bolivia, las protestas por los resultados de las elecciones presidenciales han  dejado decenas de heridos, y las autoridades han respondido de forma desproporcionada a las manifestaciones de quienes consideran que hubo fraude electoral.

La Asociación Pro Derechos Humanos de España insta a los Gobiernos de estos Estados a que cesen inmediatamente las acciones represivas contra la población, se escuche la voz de la ciudadanía y se garanticen el pleno ejercicio de la libertad de expresión, y de los derechos de reunión, asociación y manifestación. Asimismo, es responsabilidad de las autoridades la implementación de políticas que respondan a las demandas de mayor justicia social, y que generen cambios profundos para reducir la pobreza y la inequidad.