Blog

APDHE DENUNCIA LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL CONTRA LA PROTESTA SOCIAL

La Asociación Pro Derechos Humanos de España expresa su firme rechazo a la violencia institucional que se está desplegando contra quienes intentan ejercer su legítimo derecho a la libertad de expresión. Esta situación de acoso, hostigamiento y abusos de las fuerzas de seguridad se ha convertido en una constante en países en los que  recientemente se ha incrementado la protesta social, como Chile, Ecuador y Bolivia.

Ante las denuncias de corrupción, y la oposición de la ciudadanía a la aplicación de políticas económicas que generan más desigualdad y pobreza, la regla general está siendo la respuesta represiva, aplicando medidas extremas como la declaración del estado de emergencia y la intervención militar en Chile. Esta reacción se ha traducido en violaciones del derecho a la vida, a la integridad física y a la libertad de movimiento. El Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile ya ha registrado, desde el inicio de las movilizaciones el 18 de octubre, 3.200 detenciones, 80 heridos por armas de fuego, y al menos 15 fallecidos. No habíamos visto al Ejército de Chile disparando en la calle desde el 11 de septiembre de 1973. ¿Acaso el Presidente Sebastián Piñera no tiene memoria?

En Ecuador, la violencia ejercida para reprimir las protestas de la población indígena contra medidas económicas aprobadas por el Gobierno, ya se ha saldado, según datos del Defensor del Pueblo, con la vida de 8 personas, 1.340 heridos, y 1.192 personas detenidas y procesadas por terrorismo.

En Bolivia, las protestas por los resultados de las elecciones presidenciales han  dejado decenas de heridos, y las autoridades han respondido de forma desproporcionada a las manifestaciones de quienes consideran que hubo fraude electoral.

La Asociación Pro Derechos Humanos de España insta a los Gobiernos de estos Estados a que cesen inmediatamente las acciones represivas contra la población, se escuche la voz de la ciudadanía y se garanticen el pleno ejercicio de la libertad de expresión, y de los derechos de reunión, asociación y manifestación. Asimismo, es responsabilidad de las autoridades la implementación de políticas que respondan a las demandas de mayor justicia social, y que generen cambios profundos para reducir la pobreza y la inequidad.