APDHE en los medios

APDHE reclama a los partidos que apoyen la justicia universal y lamenta que PSOE no excluya la exigencia territorial

  • En un comunicado, la asociación ha criticado que ninguno de los cuatros grandes partidos –PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos– contemple en sus programas electorales la aplicación en España de una “justicia universal pura, de acuerdo con los estándares de Derecho Internacional”. Ver noticia de La Vanguardia
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Caso de la masacre de los jesuitas en El Salvador

Comunicado de la APDHE sobre orden de detención internacional y extradición en el caso de la masacre de los jesuitas en El Salvador

 

La Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) recibe con satisfacción la resolución judicial adoptada por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, en la causa que tramita por hechos constitutivos de terrorismo y crímenes de lesa humanidad.

En el Auto dictado por el Juez Eloy Velasco, se acuerda dictar órdenes de detención con fines de extradición contra 18 militares salvadoreños acusados de ser los presuntos autores de los asesinatos de los padres Ignacio Ellacuría, Ignacio Martí Baró y de cuatro sacerdotes más, junto con su empleada doméstica y su hija menor de edad. La masacre fue perpetrada el 16 de noviembre de 1989 en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.

Esta resolución judicial se produce después de que la APDHE y el Centro por la Justicia y la Responsabilidad (CJA), querellantes en el caso, solicitaran al Juzgado que se reactivaran las órdenes de captura internacional contra los 18 militares retirados. En mayo de 2011 el Juez Velasco ya había ordenado su  detención que fueron denegadas por los tribunales salvadoreños.

La propia Procuraduría de Derechos Humanos de El Salvador, amparándose en la jurisprudencia del Tribunal Supremo salvadoreño y en el Derecho Penal Internacional y de los Derechos Humanos, ha recomendado y solicitado al Tribunal Supremo que acceda a la extradición de los militares solicitados por el Juzgado Español.

Recordemos que este procedimiento judicial se inició en España al amparo del principio de jurisdicción universal y que recientemente el Tribunal Supremo español consideró que el proceso judicial, seguido con anterioridad contra los responsables de esta masacre, ante los tribunales salvadoreños no había respetado los estándares internacionales del derecho al proceso debido, calificando el mismo como de ineficaz y parcial.

Por tanto, las autoridades salvadoreñas deben de ejecutar las órdenes internacionales de detención acordadas por Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, a efectos de la extradición de los 18 militares para ser juzgados en España.

Madrid, 5 de enero de 2016

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“Un gran paraguas frente a las tormentas de la injusticia”

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La Audiencia juzgará la represión en Guatemala

El ex ministro Vielman se enfrenta a 160 años por ocho asesinatos.

La acusación eleva la pena a 300 años por 10 crímenes de lesa humanidad

Actualizado 15/11/201506:15

Cuando el ex ministro guatemalteco de Gobernación entre 2004 y 2007, Carlos Roberto Vielman, fue detenido en Madrid, no pudo ser extraditado, porque su país no mandó la documentación necesaria a tiempo. Pero eso no significa que vaya a quedar impune. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que desde 2006 trabaja para limpiar las instituciones del país centroamericano, acabó denunciándole en la Audiencia Nacional. Ahora el fiscal pide para él 160 años de cárcel por ocho asesinatos.

La acusación que ejerce el abogado Manuel Ollé en nombre de la Asociación pro Derechos Humanos de España y de dos particulares eleva su petición de pena a 300 años, al entender que los hechos deben castigarse como 10 crímenes de lesa humanidad. Es la primera vez que se pide condenar en España por este delito por hechos sucedidos después de que en octubre de 2004 se incorporara a nuestro Código Penal.

El fiscal Pedro Martínez Torrijos explica en su escrito que Vielman y un grupo de altos mandos del Ministerio de Gobernación -que han corrido distinta suerte en los procesos judiciales que se han seguido contra ellos enGuatemala, Austria y Suiza– «conformaron una estructura criminal paralela, que se desligó de la función constitucional y legal encomendada». En concreto, crearon «un cuerpo clandestino de seguridad para ejecutar delitos contra aquellas personas que habían acordado eliminar», reclusos fugados o conflictivos.

El 22 de octubre de 2005 se fugaron 19 presos de la cárcel de máxima seguridad Infiernito. Vielman y sus hombres decidieron crear «un equipo especial con miembros de distintos cuerpos de la Policía Nacional Civil», para la localización y captura de los fugados. Pero en vez de devolverlos a la cárcel, decidieron ejecutarlos.

En este punto es en el único hecho en el que difieren el fiscal y las acusaciones. El primero sólo atribuye a Vielman la muerte de un preso, detenido en una vivienda y después ejecutado en un coche, y las acusaciones suman a la cuenta del ex ministro de Gobernación el asesinato de otros dos reclusos apresados en las inmediaciones del río de Los Amantes.

El otro episodio es aún más grave. En junio de 2006, el grupo de Vielman elaboró un plan para retomar el control por parte de las autoridades del centro Granja Modelo de Rehabilitación Pavón.

Un dispositivo, que incluía 3.000 efectivos, con tanquetas y helicópteros, entró en el penal. Ningún preso se resistió, pero los hombres del ministro identificaron a los reclusos considerados líderes, los separaron del grupo y los ejecutaron. Uno de ellos consiguió eludir la primera identificación, pero le hicieron creer que había venido su abogada a asistirle y reveló su nombre. Con el fin de ocultar el crimen, fingieron un enfrentamiento, para lo que colocaron armas junto a los cadáveres.

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Photo credit: Fotomovimiento / Foter / CC BY-NC-ND

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