Crímenes del franquismo

EL CONGRESO APRUEBA TRAMITAR UNA LEY ESTATAL SOBRE BEBÉS ROBADOS

El pasado martes 20 de noviembre, el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad la toma en consideración de la Proposición de Ley de bebés robados en el Estado español, proposición de ley impulsada desde hace más de un año por Ceaqua.
Nuestr@s compañer@s Maite Parejo, Jacinto Lara y Carlos Castresana, en su calidad de miembr@s de la Junta Directiva de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, han participado, junto con Ceaqua y destacados juristas, en la redacción de esta proposición de ley, que ha sido apoyada por organizaciones como Amnistía Internacional, Ceaqua, La Red Argentino Europea por el Derecho a la Identidad -representantes de las Abuelas de Plaza de Mayo en España- , Guernica Centre for International Justice , APDHE, y asimismo, 19 asociaciones de víctimas por el robo de bebés de diferentes partes del Estado español.
*Fotografia del eldiario.es
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Estreno “El silencio de los Otros”

Este viernes se estrena en España “El Silencio de los Otros”, que  relata la lucha de las víctimas del franquismo por obtener verdad, justicia y reparación. El documental ha sido ganador de los premios de la Paz y del Público en la pasada Berlinale.

Artículo: “Crímenes del franquismo: si la justicia no llega desde España, lo hará desde Argentina”

 

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Conferencia del relator de Naciones Unidas

El Relator de Naciones Unidas participa en una conferencia sobre la situación de impunidad de los crímenes de la dictadura franquista, que se ha impartido en el Congreso de los Diputados:

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Nota de prensa sobre querellas por crímenes del franquismo

Hoy, 1 de marzo de 2018, Rosa María García Alcón y Javier Navascués Chivite han interpuesto sendas querellas contra el torturador Antonio González Pacheco, alias “Billy el Niño”, en los Juzgados de Instrucción de Plaza de Castilla.
Javier Navascués Chivite fue detenido en su casa en junio de 1973 junto a su mujer. En el registro de la misma encontraron un cuaderno con acuerdos llevados a cabo en reuniones de la Liga Comunista Revolucionaria (LCR). Una vez trasladado a la Dirección General de Seguridad fue sometido a torturas y amenazas de torturas contra su mujer por parte de la Brigada Político Social
(BPS), también retenida sin tener relación alguna con las actividades realizadas por el denunciante.
A nuestro juicio, la BPS privaba de libertad a la mujer del detenido, con el objetivo de ejercer presión sobre el mismo. Además, extendía los efectos del miedo que provoca la tortura sobre el núcleo familiar. Y, por último, cosificaba a la mujer, a la que privaba de libertad sin causa alguna, con la bochornosa connivencia de los Magistrados de los juzgados de Orden Público y del TOP.
La segunda circunstancia llamativa en este caso fue que se produjo una segunda detención con la finalidad de comprobar que los efectos intimidatorios de la primera persistían: se trataba de garantizar que el hoy querellante no había reanudado la acción política. Y, en este sentido fue interrogado por Billy el Niño.
Fue puesto en libertad sin que se incoara ningún nuevo procedimiento contra él, tras agotar el plazo máximo de privación de libertad, 72 horas establecido tanto en el artículo 497 de la LECr
como en el artículo 12 de la ley de Orden público de 1959.
Ha acudido a los juzgados acompañado de sus abogadas Alejandra Jacinto, Beatriz Duro, Alba Pérez y Begoña Lalana.
Rosa María García Alcón fue detenida en agosto de 1975, con 18 años, tras realizar unas pintadas a favor de la libertad de los presos políticos, por policías de la Brigada Político Social y fue conducida a la Dirección General de Seguridad situada en la Puerta del Sol. Allí fue torturada por varios policías, entre ellos, González Pacheco. Le fue aplicada la Ley Antiterrorista, que no había sido aún aprobada y se le mantuvo 6 días incomunicada en los calabozos de la DGS. Debido al delito, la Justicia Militar se hizo cargo de ella, siendo interrogada en el despacho de Conesa.
El Comisario Antonio González Pacheco también la paseó por Madrid al objeto de que identificara pisos francos de su organización, poniéndola una pistola en la cabeza y amenazándola que si no
cooperaba sería violada,asesinada y abandonada en la Casa de Campo.
El hecho de ser mujer era una referencia permanente por parte de sus torturadores, que le dedicaban frases como: “puta roja”, “guarra”, “que te acuestas con tu novio”, o “mira como le gusta enseñar las bragas”.
Las torturas sufridas le produjeron crisis de pánico, terrores nocturnos e ideaciones suicidas y, como consecuencia, tuvo que abandonar Madrid y la carrera de medicina que cursaba. El miedo ha
marcado toda su vida. Rosa María ha acudido a los juzgados con sus abogadas Nieves Sanz y Ángeles López.

Estas dos querellas muestran una vez más que durante la dictadura franquista se produjeron torturas en un contexto de crímenes contra la humanidad, formando parte de la estrategia de terror y violencia impuesta contra todas las personas que disentían de la ideología triunfante en el estado español en aquella época.
El informe pericial que acompaña las querellas, elaborado por expertos de prestigio en la materia, señalan como durante la Guerra Civil española y los cuarenta años de dictadura subsiguiente, se
cometieron violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos como consecuencia de la represión política, social y laboral llevada a cabo por los propios aparatos del régimen dictatorial
franquista.
Hasta ahora, ni una sola de estas personas ha sido reparada por la justicia y ni uno solo de los responsables de tanto horror y dolor ha comparecido ante un juzgado o tribunal. Por eso, desde
CEAQUA seguimos impulsando acciones judiciales que pongan fin a más de 40 años de impunidad en España.
Esperamos que a esta iniciativa se sumen muchas más acciones tanto de otros querellantes como de los propios ayuntamientos que se comprometieron a interponer querellas criminales por los
crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura franquista en sus municipios, entre ellos, el Ayuntamiento de Madrid.

 

Nota_de_prensa_Rosa_y_Navascués

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La deuda interna de España

CARLOS CASTRESANA
MAITE PAREJO

La separación forzada de miles de menores de sus familias por naturaleza para darlos en adopción a otras, durante los años de la dictadura franquista y los primeros años de la democracia, debe ser abordada. Para poder determinar qué crímenes se cometieron es fundamental situar los hechos en el contexto en el que acontecieron.

En la inmediata posguerra, la sustracción de bebés era política, auspiciada por el régimen y sus instituciones, siguiendo la ideología imperante de pureza racial. De esta forma, los hijos de las presas políticas eran entregados a familias nacional-católicas, que las autoridades del régimen consideraban aptas. En las décadas siguientes, la sustracción se desarrolló contra las mujeres religiosamente incorrectas: madres solteras, prostitutas, “peligrosas sociales”, hasta que este crimen de móviles político-religiosos derivó en un puro negocio.

El robo de bebés forma parte de las violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos llevadas a cabo por los aparatos represivos del régimen dictatorial franquista, en el marco de su política de persecución de los vencidos y represión sistemática de la disidencia, que fue una constante que se prolongó hasta el final de la dictadura.

El derecho a saber de las víctimas y el derecho a la justicia exigen que se investiguen judicialmente estos crímenes, poniendo fin a la situación de desmemoria que impera. La impunidad dispensada durante la dictadura a los responsables de estos crímenes resulta inaceptable en democracia, y ha sido por ello condenada por organismos e instituciones internacionales. Urge, además, abordar la tarea de devolver la identidad robada a esos miles de niños perdidos.

La calificación jurídica de estos hechos no es una cuestión pacífica y puede ser abordada desde el prisma de la normativa nacional y/o internacional.

Desde el punto de vista de la normativa internacional, el Estado español está obligado a identificar a los bebés sustraídos y ponerlos en contacto con sus verdaderas familias

Tomando en consideración la norma penal nacional, los hechos podrían ser calificados, si acudimos al Código Penal español de 1944 —en vigor en el tiempo de los hechos— como delito de sustracción de menores —castigado con siete años de prisión—, delito de suposición del parto y falsedad en documento público u oficial.

Con el Código Penal de 1995, en vigor, se calificarían como delito de detención ilegal, de suposición al parto, de falsedad en documento público u oficial y/o de adopción ilegal, tal y como se contempla también en la Circular 2/2012, de 26 de diciembre, de la Fiscalía General del Estado, sobre unificación de criterios en los procedimientos por sustracción de menores recién nacidos.

En todo caso, parece fundamental recordar que, al ser los hechos constitutivos de un delito de detención ilegal, una privación ilegítima de la libertad y la identidad, que tiene carácter permanente desde su inicio, y mientras ambos derechos no se restituyan a la víctima, no pueden haber prescrito, ya que los plazos de prescripción no comienzan a correr en tanto el sujeto pasivo no conozca la alteración de su filiación. La consideración del delito de detención ilegal como delito de ejecución permanente es pacífica tanto doctrinal como jurisprudencialmente.

Desde el punto de vista de la normativa internacional, el Estado español está obligado a identificar a los bebés sustraídos y ponerlos en contacto con sus verdaderas familias, en cumplimiento de los distintos tratados y convenciones internacionales que España ha ratificado.

UN CRIMEN DE LESA HUMANIDAD

El robo sistemático de niños es un crimen de lesa humanidad, tipificado en el artículo 607 bis de nuestro Código Penal y en el derecho internacional desde los juicios de Nüremberg, ya que se enmarcó en el ataque generalizado y sistemático organizado contra la población civil como parte de la represión nazi. Y así es como se califican estas desapariciones de niños en la causa penal en la que se investigan los crímenes cometidos durante la dictadura franquista que se tramita, en virtud del principio de justicia universal, en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nº 1 de Buenos Aires, Argentina, cuya titular es la jueza María Servini de Cubría.

Este crimen fue tipificado en los estatutos del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) —artículo 5,— del Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) —artículo 3— y de tribunales internacionalizados o mixtos, como el Tribunal Especial para Sierra Leona (art. 2), Camboya (arts. 1 y 9), y el de Timor Leste (secciones 4 a 7 del Reglamento 2000/15). Finalmente, los crímenes de lesa humanidad se incluyeron en el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

No cabe desconocer que tanto el artículo 607 del Código Penal vigente como la Convención de 1948 consideran crimen de genocidio la conducta de trasladar por la fuerza a individuos de un grupo a otro si esta se comete con el propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional. Desde hace muchos años, el relator Whitaker de la ONU, tomando como referente Camboya, definió como “autogenocidio” la destrucción parcial de un grupo nacional por otra parte del mismo grupo.

A pesar de la gravedad de los hechos, las autoridades públicas españolas mantienen una política de impunidad, denunciada no solo por las víctimas sino también por organizaciones civiles y organismos nacionales e internacionales.

Entre ellos, por ejemplo, destacamos el Informe de la misión a España del Relator Especial sobre la promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de no repetición, de fecha 22 de julio de 2014, en el que se afirma que “las medidas adoptadas en España no han respondido a una política de Estado consistente, incluyente y global en favor de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición”. El relator destaca que es “en el ámbito de la justicia donde se observan mayores déficits en el tratamiento de los legados de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y el franquismo”.

Desgraciadamente, la historia de los niños usurpados a sus familias forma parte de la amnesia impuesta a la sociedad española. Y ese olvido solo garantiza la perpetuación de la injusticia. Aquellos niños son hoy adultos, siguen aquí, viven en y con nosotros. Tienen derecho a saber.

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Memoria Pública, galardonada con el Premio Periodismo y Derechos Humanos 2017

Memoria Pública, la sección del diario Público dedicada a la información de Memoria Histórica, ha sido elegida como ganadora del Premio Periodismo y Derechos Humanos 2017 que entrega la Asociación Pro Derechos Humanos España.

La sección fue seleccionada por la organización como finalista de los premios, junto al periodista Miguel Ángel Rodríguez. Han sido los internautas quienes con sus votos han decidido otorgar el galardón a Memoria Pública por su trabajo en el campo de la recuperación de la Memoria Histórica.

La APDHE destacó de Memoria Pública su trabajo “continuado a lo largo del tiempo (10 años) en la denuncia de la impunidad de la dictadura y sus crímenes, en el apoyo a la búsqueda de desaparecidos, en la recuperación de la memoria histórica con reportajes que dan voz a las víctimas o a sus familiares y, también, con el buscador de víctimas que el diario habilitó con el sumario del juez Garzón y que continúa ampliando a día de hoy de manera completamente abierta y accesible para los lectores”.

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