Crímenes del franquismo

Conferencia del relator de Naciones Unidas

El Relator de Naciones Unidas participa en una conferencia sobre la situación de impunidad de los crímenes de la dictadura franquista, que se ha impartido en el Congreso de los Diputados:

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Nota de prensa sobre querellas por crímenes del franquismo

Hoy, 1 de marzo de 2018, Rosa María García Alcón y Javier Navascués Chivite han interpuesto sendas querellas contra el torturador Antonio González Pacheco, alias “Billy el Niño”, en los Juzgados de Instrucción de Plaza de Castilla.
Javier Navascués Chivite fue detenido en su casa en junio de 1973 junto a su mujer. En el registro de la misma encontraron un cuaderno con acuerdos llevados a cabo en reuniones de la Liga Comunista Revolucionaria (LCR). Una vez trasladado a la Dirección General de Seguridad fue sometido a torturas y amenazas de torturas contra su mujer por parte de la Brigada Político Social
(BPS), también retenida sin tener relación alguna con las actividades realizadas por el denunciante.
A nuestro juicio, la BPS privaba de libertad a la mujer del detenido, con el objetivo de ejercer presión sobre el mismo. Además, extendía los efectos del miedo que provoca la tortura sobre el núcleo familiar. Y, por último, cosificaba a la mujer, a la que privaba de libertad sin causa alguna, con la bochornosa connivencia de los Magistrados de los juzgados de Orden Público y del TOP.
La segunda circunstancia llamativa en este caso fue que se produjo una segunda detención con la finalidad de comprobar que los efectos intimidatorios de la primera persistían: se trataba de garantizar que el hoy querellante no había reanudado la acción política. Y, en este sentido fue interrogado por Billy el Niño.
Fue puesto en libertad sin que se incoara ningún nuevo procedimiento contra él, tras agotar el plazo máximo de privación de libertad, 72 horas establecido tanto en el artículo 497 de la LECr
como en el artículo 12 de la ley de Orden público de 1959.
Ha acudido a los juzgados acompañado de sus abogadas Alejandra Jacinto, Beatriz Duro, Alba Pérez y Begoña Lalana.
Rosa María García Alcón fue detenida en agosto de 1975, con 18 años, tras realizar unas pintadas a favor de la libertad de los presos políticos, por policías de la Brigada Político Social y fue conducida a la Dirección General de Seguridad situada en la Puerta del Sol. Allí fue torturada por varios policías, entre ellos, González Pacheco. Le fue aplicada la Ley Antiterrorista, que no había sido aún aprobada y se le mantuvo 6 días incomunicada en los calabozos de la DGS. Debido al delito, la Justicia Militar se hizo cargo de ella, siendo interrogada en el despacho de Conesa.
El Comisario Antonio González Pacheco también la paseó por Madrid al objeto de que identificara pisos francos de su organización, poniéndola una pistola en la cabeza y amenazándola que si no
cooperaba sería violada,asesinada y abandonada en la Casa de Campo.
El hecho de ser mujer era una referencia permanente por parte de sus torturadores, que le dedicaban frases como: “puta roja”, “guarra”, “que te acuestas con tu novio”, o “mira como le gusta enseñar las bragas”.
Las torturas sufridas le produjeron crisis de pánico, terrores nocturnos e ideaciones suicidas y, como consecuencia, tuvo que abandonar Madrid y la carrera de medicina que cursaba. El miedo ha
marcado toda su vida. Rosa María ha acudido a los juzgados con sus abogadas Nieves Sanz y Ángeles López.

Estas dos querellas muestran una vez más que durante la dictadura franquista se produjeron torturas en un contexto de crímenes contra la humanidad, formando parte de la estrategia de terror y violencia impuesta contra todas las personas que disentían de la ideología triunfante en el estado español en aquella época.
El informe pericial que acompaña las querellas, elaborado por expertos de prestigio en la materia, señalan como durante la Guerra Civil española y los cuarenta años de dictadura subsiguiente, se
cometieron violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos como consecuencia de la represión política, social y laboral llevada a cabo por los propios aparatos del régimen dictatorial
franquista.
Hasta ahora, ni una sola de estas personas ha sido reparada por la justicia y ni uno solo de los responsables de tanto horror y dolor ha comparecido ante un juzgado o tribunal. Por eso, desde
CEAQUA seguimos impulsando acciones judiciales que pongan fin a más de 40 años de impunidad en España.
Esperamos que a esta iniciativa se sumen muchas más acciones tanto de otros querellantes como de los propios ayuntamientos que se comprometieron a interponer querellas criminales por los
crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura franquista en sus municipios, entre ellos, el Ayuntamiento de Madrid.

 

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La deuda interna de España

CARLOS CASTRESANA
MAITE PAREJO

La separación forzada de miles de menores de sus familias por naturaleza para darlos en adopción a otras, durante los años de la dictadura franquista y los primeros años de la democracia, debe ser abordada. Para poder determinar qué crímenes se cometieron es fundamental situar los hechos en el contexto en el que acontecieron.

En la inmediata posguerra, la sustracción de bebés era política, auspiciada por el régimen y sus instituciones, siguiendo la ideología imperante de pureza racial. De esta forma, los hijos de las presas políticas eran entregados a familias nacional-católicas, que las autoridades del régimen consideraban aptas. En las décadas siguientes, la sustracción se desarrolló contra las mujeres religiosamente incorrectas: madres solteras, prostitutas, “peligrosas sociales”, hasta que este crimen de móviles político-religiosos derivó en un puro negocio.

El robo de bebés forma parte de las violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos llevadas a cabo por los aparatos represivos del régimen dictatorial franquista, en el marco de su política de persecución de los vencidos y represión sistemática de la disidencia, que fue una constante que se prolongó hasta el final de la dictadura.

El derecho a saber de las víctimas y el derecho a la justicia exigen que se investiguen judicialmente estos crímenes, poniendo fin a la situación de desmemoria que impera. La impunidad dispensada durante la dictadura a los responsables de estos crímenes resulta inaceptable en democracia, y ha sido por ello condenada por organismos e instituciones internacionales. Urge, además, abordar la tarea de devolver la identidad robada a esos miles de niños perdidos.

La calificación jurídica de estos hechos no es una cuestión pacífica y puede ser abordada desde el prisma de la normativa nacional y/o internacional.

Desde el punto de vista de la normativa internacional, el Estado español está obligado a identificar a los bebés sustraídos y ponerlos en contacto con sus verdaderas familias

Tomando en consideración la norma penal nacional, los hechos podrían ser calificados, si acudimos al Código Penal español de 1944 —en vigor en el tiempo de los hechos— como delito de sustracción de menores —castigado con siete años de prisión—, delito de suposición del parto y falsedad en documento público u oficial.

Con el Código Penal de 1995, en vigor, se calificarían como delito de detención ilegal, de suposición al parto, de falsedad en documento público u oficial y/o de adopción ilegal, tal y como se contempla también en la Circular 2/2012, de 26 de diciembre, de la Fiscalía General del Estado, sobre unificación de criterios en los procedimientos por sustracción de menores recién nacidos.

En todo caso, parece fundamental recordar que, al ser los hechos constitutivos de un delito de detención ilegal, una privación ilegítima de la libertad y la identidad, que tiene carácter permanente desde su inicio, y mientras ambos derechos no se restituyan a la víctima, no pueden haber prescrito, ya que los plazos de prescripción no comienzan a correr en tanto el sujeto pasivo no conozca la alteración de su filiación. La consideración del delito de detención ilegal como delito de ejecución permanente es pacífica tanto doctrinal como jurisprudencialmente.

Desde el punto de vista de la normativa internacional, el Estado español está obligado a identificar a los bebés sustraídos y ponerlos en contacto con sus verdaderas familias, en cumplimiento de los distintos tratados y convenciones internacionales que España ha ratificado.

UN CRIMEN DE LESA HUMANIDAD

El robo sistemático de niños es un crimen de lesa humanidad, tipificado en el artículo 607 bis de nuestro Código Penal y en el derecho internacional desde los juicios de Nüremberg, ya que se enmarcó en el ataque generalizado y sistemático organizado contra la población civil como parte de la represión nazi. Y así es como se califican estas desapariciones de niños en la causa penal en la que se investigan los crímenes cometidos durante la dictadura franquista que se tramita, en virtud del principio de justicia universal, en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nº 1 de Buenos Aires, Argentina, cuya titular es la jueza María Servini de Cubría.

Este crimen fue tipificado en los estatutos del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) —artículo 5,— del Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) —artículo 3— y de tribunales internacionalizados o mixtos, como el Tribunal Especial para Sierra Leona (art. 2), Camboya (arts. 1 y 9), y el de Timor Leste (secciones 4 a 7 del Reglamento 2000/15). Finalmente, los crímenes de lesa humanidad se incluyeron en el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

No cabe desconocer que tanto el artículo 607 del Código Penal vigente como la Convención de 1948 consideran crimen de genocidio la conducta de trasladar por la fuerza a individuos de un grupo a otro si esta se comete con el propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional. Desde hace muchos años, el relator Whitaker de la ONU, tomando como referente Camboya, definió como “autogenocidio” la destrucción parcial de un grupo nacional por otra parte del mismo grupo.

A pesar de la gravedad de los hechos, las autoridades públicas españolas mantienen una política de impunidad, denunciada no solo por las víctimas sino también por organizaciones civiles y organismos nacionales e internacionales.

Entre ellos, por ejemplo, destacamos el Informe de la misión a España del Relator Especial sobre la promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de no repetición, de fecha 22 de julio de 2014, en el que se afirma que “las medidas adoptadas en España no han respondido a una política de Estado consistente, incluyente y global en favor de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición”. El relator destaca que es “en el ámbito de la justicia donde se observan mayores déficits en el tratamiento de los legados de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y el franquismo”.

Desgraciadamente, la historia de los niños usurpados a sus familias forma parte de la amnesia impuesta a la sociedad española. Y ese olvido solo garantiza la perpetuación de la injusticia. Aquellos niños son hoy adultos, siguen aquí, viven en y con nosotros. Tienen derecho a saber.

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Memoria Pública, galardonada con el Premio Periodismo y Derechos Humanos 2017

Memoria Pública, la sección del diario Público dedicada a la información de Memoria Histórica, ha sido elegida como ganadora del Premio Periodismo y Derechos Humanos 2017 que entrega la Asociación Pro Derechos Humanos España.

La sección fue seleccionada por la organización como finalista de los premios, junto al periodista Miguel Ángel Rodríguez. Han sido los internautas quienes con sus votos han decidido otorgar el galardón a Memoria Pública por su trabajo en el campo de la recuperación de la Memoria Histórica.

La APDHE destacó de Memoria Pública su trabajo “continuado a lo largo del tiempo (10 años) en la denuncia de la impunidad de la dictadura y sus crímenes, en el apoyo a la búsqueda de desaparecidos, en la recuperación de la memoria histórica con reportajes que dan voz a las víctimas o a sus familiares y, también, con el buscador de víctimas que el diario habilitó con el sumario del juez Garzón y que continúa ampliando a día de hoy de manera completamente abierta y accesible para los lectores”.

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El juzgado de Bergara investigará los crímenes del franquismo en Elgeta

Público/Danilo Albin

http://www.publico.es/politica/juzgado-gipuzkoa-ordena-investigar-crimenes-del-franquismo-localidad-euskadi.html

Se trata de la primera causa judicial que investiga la dictadura que prospera. Los hechos fueron denunciados por el Ayuntamiento de Elgeta, entre los que se encuentran dos ataques ocurridos en 1980.

El muro de la impunidad ya tiene una grieta. El juzgado de Instrucción número 4 de Bergara (Gipuzkoa) ha pedido investigar de oficio los crímenes del franquismo denunciados por el Ayuntamiento de Elgeta. Se trata de una decisión histórica, que quiebra lo ocurrido hasta ahora en los tribunales del Estado español, donde este tipo de denuncias eran sistemáticamente rechazadas. Ahora ya hay una excepción.

Satisfacción, nervios y esperanza. Así podría resumirse el cocktail de sensaciones y sentimientos que este lunes reinaba en la casa consistorial de Elgeta, una localidad de mil habitantes situada a 66 kilómetros de Donostia. Hace 80 años, sus vecinas y vecinos conocieron en carne propia la crueldad de los sublevados franquistas, quienes llegaron a violar a una niña de 14 años. Se llamaba Anttoni Telleria y aquel día no sólo tuvo que soportar los abusos sexuales: también vio cómo los verdugos mataban a sus padres.

Este caso figura entre los 14 crímenes denunciados por el ayuntamiento de Elgeta que ahora serán investigados por el juzgado de Bergara. Según ha podido confirmar Público, en la denuncia figuran también dos casos registrados en junio y julio de 1980, durante la transición, y atribuidos a grupos de ultraderecha que formaban parte de la denominada“guerra sucia”: se trata de un atentado con explosivos cometido contra el ayuntamiento de Elgeta y otro contra el bar Ostatu. Ambos ataques, que se saldaron con daños materiales, nunca fueron aclarados.

“Estamos esperanzados; creemos que es un paso muy importante en la lucha contra la impunidad”, señaló a ‘Público’ el alcalde de Elgeta

“Estamos esperanzados; creemos que es un paso muy importante en la lucha contra la impunidad”, señaló a Público el alcalde de Elgeta, Iraitz (EH Bildu). La batalla de este pueblo para conseguir justicia empezó, al menos desde un punto de vista judicial, en julio del año pasado, cuando la corporación decidió querellarse contra los crímenes del franquismo en el juzgado de Buenos Aires a cargo de María Servini de Cubría, donde se investigan casos de este tipo. Al mismo tiempo, el ayuntamiento formalizó una denuncia ante el juzgado de Bergara. El auto de este último tribunal está fechado el 14 de noviembre, pero ha sido dado a conocer por el gobierno municipal este lunes.

Según consta en ese documento, la magistrada inadmite la querella por “defectos subsanables” –faltaba presentar un poder especial por parte del ayuntamiento-, aunque ordena abrir “diligencias previas”, ya que entiende que los hechos denunciados “presentan los caracteres de un delito de genocidio y crímenes contra la humanidad, que es perseguible de oficio, por lo que procede instruir la causa criminal que corresponda en atención a la pena señalada al delito”.

La jueza a cargo de las investigaciones citará ahora a varios testigos, que declararán a mediados de enero. Se trata, principalmente, de familiares de víctimas del franquismo que por primera vez serán escuchadas en un tribunal. En ese contexto, el alcalde de Elgeta recordó que el objetivo no es otro que pedir “justicia, verdad y reparación”.

La jueza a cargo de las investigaciones citará ahora a varios testigos, que declararán a mediados de enero

“Nos encontramos ante una resolución judicial de enorme relevancia, que da respuesta, por primera vez, a la demanda de justicia sostenida y mantenida durante tantos años por las víctimas de la dictadura franquista, y que evidencia el conocimiento, respeto y aplicación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Penal Internacional por parte del Juzgado que ha dictado dicha resolución”, destacó por su parte Julia Monge, integrante del colectivo memorialista Intxorta 1937 y representante de la Plataforma Vasca contra los Crímenes del Franquismo.

En efecto, la decisión adoptada por el juzgado de Bergara está cargada de simbolismo. Este mismo año, las demandas formuladas por los ayuntamientos de Vitoria y Pamplona fueron rechazadas por los tribunales. Sin embargo, en el caso de Elgeta habrá, al menos, un hueco para la esperanza.

 

 

NOTA DE PRENSA CEAQUA
POR PRIMERA VEZ SE INSTRUYE EN UN JUZGADO ESPAÑOL
UNA CAUSA CONTRA LOS CRÍMENES DEL FRANQUISMO
El 7 de octubre, el alcalde del municipio de Elgeta, Iraitz Lazkano, registró en los juzgados de
instrucción de Bergara la querella por los delitos cometidos contra los vecinosde dicho municipio
por la dictadura franquista entre 1936 y 1980.
Le acompañaban los miembros de la asociación Intxorta 1937 Kultur Elkartea, así como algunas de
las víctimas que han dado su testimonio en la querella presentada.
Como resultado del registro de la misma, el pasado 14 de noviembre, en un Auto dictado por el
juzgado de Instrucción n.º 4 de Bergara se anunciaba el comienzo de la instrucción de la querella.
El Auto califica los hechos objeto de denuncia como conductas susceptibles de ser tipificadas como
Genocidio y Crímenes contra la Humanidad, por lo que son “perseguibles de oficio”.
Dicha querella es el resultado de la moción aprobada el día 26 de julio de 2016 en el pleno del
Ayuntamiento de Elgeta dando amparo a las víctimas que sufrieron dicha represión. En ella se
acuerda interponer en los tribunales de la comarca las pertinentes acciones judiciales, así como
adherirse a la llamada Querella Argentina.
CEAQuA (Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina) considera esta admisión un
gran paso para juzgar los crímenes del franquismo que tanto tiempo llevan impunes, y que la
instrucción por parte del juzgado puede ser el principio de muchas más que traigan por fin justicia a
las víctimas de la dictadura.
El 25 de octubre CEAQuA promovió la presentación de dos Proposiciones de Ley en el Congreso
de los Diputados para remover los obstáculos jurídicos que han estado impidiendo la acción de la
Justicia contra los crímenes del franquismo. Ambas proposiciones han sido apoyadas por los grupos
parlamentarios de EH Bildu, PdeCat, ERC, Podemos, En Marea, En Común Podem, EAJ-PNV,
Compromís, y Nueva Canarias.
Desde CEAQuA seguiremos luchando para que los tribunales admitan todos los casos de crímenes
contra la humanidad cometidos por la dictadura y durante la transición, llevando a todas las
víctimas la Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no repetición de la que son merecedores

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LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO PRETENDE IMPEDIR QUE LOS JUZGADOS ESPAÑOLES TOMEN DECLARACIÓN A LAS VÍCTIMAS E IMPUTADOS EN LA QUERELLA ARGENTINA

La Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal, ha emitido una instrucción de obligado cumplimiento para tratar de impedir que los Jueces españoles, mediante la ejecución de los correspondientes exhortos, tomen declaración tanto a las víctimas de la dictadura franquista como a los victimarios en la causa penal que se tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 1 de Buenos Aires, esto es, en la denominada querella argentina, cuyo objeto no es otro que la investigación y enjuiciamiento de los crímenes contra la humanidad cometidos por el citado régimen dictatorial.

En consecuencia con ello la Fiscalía, en el día de ayer, procedió a presentar un escrito en el Juzgado de Instrucción número 4 de Oviedo en el que se oponía a la ejecución del exhorto remitido por el Juzgado de Buenos Aires para que se tomara declaración a Gerardo Iglesias en relación con las torturas que sufrió durante la dictadura franquista, delito por el que está imputado Pascual Honrado de la Fuente que, a su vez, y en cumplimiento de otro exhorto librado por el Juzgado argentino, debería declarar durante el presente mes de octubre ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo. Indudablemente que Fiscalía se opondrá a la toma de declaración del referido imputado y del resto en base a los mismos argumentos que han sido expuestos en su escrito para oponerse a la declaración de Gerardo Iglesias.

Debemos recordar que hasta este momento, en el marco de la causa argentina y a través del auxilio judicial internacional, decenas de víctimas, en estos dos últimos años, han venido prestando declaración ante los Juzgados españoles sin que por parte de la Fiscalía se haya expresado oposición alguna al respecto. La oposición a la toma de declaración de las víctimas se produce ahora como consecuencia de que está previsto que se tome declaración a los imputados en la causa.

En el escrito presentado por Fiscalía se invoca nuevamente el principio de territorialidad (según el cual los Juzgados españoles serían competentes para el conocimiento de dicha causa por cuanto son hechos cometidos por ciudadanos españoles contra ciudadanos españoles en territorio español), la prescripción de los delitos, la Ley de Amnistía y el principio de legalidad. Cita y reproduce parcialmente los argumentos expuestos por el Tribunal Supremo en la Sentencia de 27 de febrero de 2012 en relación con la Ley de Amnistía y la política de reconciliación consensuada durante la denominada “transición” española.

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