Crímenes del franquismo

Carta de APDHE, AEDIDH, Amnistía Internacional y Rights International Spain, en relación con los informes de Naciones Unidas sobre las desapariciones forzadas en España, la verdad, la justicia y la reparación (enlazar al adjunto)

Carta de APDHE, AEDIDH, Amnistía Internacional y Rights International Spain, en relación con los informes de Naciones Unidas sobre las desapariciones forzadas en España, la verdad, la justicia y la reparación.

Var documento: Carta Informes ONU

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Mensaje del Secretario General de las Naciones Unidas con ocasión del “Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas”, el 30 de agosto de 2014

Mensaje del Secretario General de las Naciones Unidas con ocasión del “Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas”, el 30 de agosto de 2014

Contenido: “La desaparición forzada de personas a manos de los Estados constituye una violación inaceptable de los derechos humanos. Los actos equivalentes a la desaparición forzada de personas cometidos por grupos armados y terroristas también constituyen una violación grave de los derechos humanos. Esta práctica abominable priva a las personas del amparo de la ley y, por tanto, puede conllevar un gran peligro de que sufran violencia física y, en ocasiones, una ejecución atroz. Además de causar una preocupación y una angustia inimaginables a las víctimas y sus seres queridos, esto crea un clima generalizado de miedo y terror en sociedades enteras.

En un tiempo las desapariciones forzadas fueron empleadas principalmente por las dictaduras militares. Cada vez más se han convertido en un instrumento utilizado por muchos Estados de todo el mundo, algunos dentro de estrategias de lucha contra el terrorismo o la delincuencia organizada y otros para aplastar la disidencia y el activismo en pro de los derechos humanos.

En este solemne día, quiero reiterar con la mayor firmeza que, con arreglo al derecho internacional, no debe someterse a nadie a una detención secreta. Toda persona privada de su libertad debe ser retenida en lugares reconocidos y supervisados oficialmente donde disfrute de seguridad y las garantías del estado de derecho. Los Estados deben informar plenamente sobre el paradero de las personas que han desaparecido. Y deben aplicar de manera efectiva el derecho a la verdad, la justicia y la reparación a todas las víctimas y sus familiares. Las desapariciones forzadas constituyen una práctica que no puede tolerarse en el siglo XXI.

Hasta la fecha, la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que entró en vigor en diciembre de 2010, ha sido firmada por 93 Estados y ratificada por 43. La Convención proporciona una base sólida para luchar contra la impunidad, proteger a las personas desaparecidas y sus familias y fortalecer las garantías ofrecidas por el estado de derecho, entre ellas la investigación, la justicia y la reparación.

Insto a todos los Estados Miembros a que firmen y ratifiquen la Convención sin demora. Ha llegado el momento de que la Convención alcance la ratificación universal y se ponga punto final a todas las desapariciones forzadas”.

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Enlace a la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas:

http://www2.ohchr.org/spanish/law/disappearance-convention.htm

 

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Comunicado de la CeAqua sobre los informes de Naciones Unidas en relación con los crímenes del franquismo

Comunicado de la CeAqua sobre los informes de Naciones Unidas en relación con los crímenes del franquismo

Ver comunicado: Comunicado Ceaqua

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El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas formula recomendaciones al Estado Español

El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas formula recomendaciones al Estado Español

Tras la visita realizada a España en septiembre de 2013, el pasado 2 de julio el Grupo de Trabajo ha publicado un informe en el que se pone de manifiesto, entre otros extremos, la falta de acceso a la justicia de las víctimas de graves crímenes internacionales perpetrados durante la Guerra Civil y la dictadura.

Las exhumaciones realizadas o las actuaciones aisladas de ciertos tribunales han sido principalmente impulsadas por las propias víctimas o la sociedad civil, sin que el Estado haya asumido su responsabilidad como parte de una política compensiva y colaborativa

Los centenares de familiares con los que se reunió el Grupo de Trabajo le transmitieron su frustración por la impunidad de las desapariciones forzadas, así como los obstáculos administrativos y las dificultades para esclarecer el paradero de sus seres queridos. Dada la edad avanzada de muchos testigos y familiares, Naciones Unidas insta a España a que de forma prioritaria y urgente garantice la búsqueda de la verdad y en particular el paradero de las personas desaparecidas

El Grupo de Trabajo también ha expresado el limitado alcance de la Ley de Memoria Histórica, la vigencia de la Ley de Aministía, la dificultad para acceder a los archivos, o la ausencia de un plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas.

Leer informe del Grupo de Trabajo: Informe-del-Grupo-de-Trabajo-de-Desapariciones-Forzadas-ONU 2-VII-14

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Juzgados de Instrucción de Mallorca toman declaración a familiares de víctimas de la represión franquista

Juzgados de Instrucción de Mallorca toman declaración a familiares de víctimas de la represión franquista

A finales del mes de junio los Juzgados de Instrucción nº 1 de Manacor y nº 4 de Palma de Mallorca han tomado declaración a Catalina Moyá, Francisca Mas Mesquida e Isabel Antich, en cumplimiento de la solicitud de cooperación judicial internacional realizada por el Juzgado argentino que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra civil y el franquismo, en virtud del principio de justicia universal.

Catalina, Francisca e Isabel son  las hijas de los asesinados Baltasar Moyá, Joan Más Verd y Llorenç Antich Fiol. Baltasar Moyá y Joan Más fueron víctimas de desaparición forzada en 1936 y 1937, mientras que Llorenç Antich fue herido con arma de fuego y quemado vivo en 1936

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Comunicado de las Naciones Unidas sobre la visita a España del Relator Especial sobre verdad, justicia y reparación

Comunicado de las Naciones Unidas sobre la visita a España del Relator Especial sobre verdad, justicia y reparación.

“España debe confiar en su democracia y actuar en favor de las víctimas” – Experto de la ONU en justicia transicional

MADRID / GINEBRA (5 de febrero de 2014) –El experto independiente en justicia transicional de Naciones Unidas Pablo de Greiff* exhortó a las autoridades de España a “confiar en sus instituciones y en su democracia y a no posponer las medidas en favor de la justicia, la verdad y la reparación de las víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista”.

“España es una democracia madura y la fortaleza de sus instituciones permite afirmar que ahora el país no enfrenta ningún tipo de riesgo de quiebre institucional. Esto en sí mismo es una garantía de no-repetición,” dijo el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición designado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Al cierre de su visita oficial, el Sr. de Greiff recalcó que “la reconciliación genuina pasa por la implementación de estas cuatro medidas: verdad, justicia, reparación y garantías de no-repetición”, que representan los cuatro pilares de su mandato.

“Es clave que el Estado encuentre las vías para permitir el acceso de las víctimas a la justicia”, indicó el experto en derechos humanos, al reiterarlas recomendaciones formuladas en materia de justicia por otros organismos de la ONU, incluida la anulación de la Ley de Amnistía.

“En la práctica”, enfatizó el Relator, “la Ley de Amnistía, la prescripción de los delitos, la no retroactividad de la ley, la presunción de muerte de los acusados, son argumentos utilizados para archivar los casos, sin permitir el avance de las investigaciones”.

El Sr. de Greiff destacó el valor esencial de la investigación para el ejercicio del derecho a la verdad: “El Estado debe promover una mayor conciencia acerca de la obligación de asegurar tanto los derechos que los imputados siempre merecen, como los derechos que también amparan a las víctimas”, dijo.

En materia de verdad, el Relator expresó preocupación sobre la fragmentación de la información existente, recolectada en mayor parte gracias a los esfuerzos de los historiadores, investigadores y las propias víctimas y familiares. En tal sentido, recomendó la creación de un mecanismo para ‘oficializar’ la verdad, “que coordine los esfuerzos y centralice la información sobre todas las víctimas, independientemente de su bando o afiliación política o aquélla de los perpetradores”.

El experto instó tanto a las instituciones del Estado como a la sociedad civil a centrar el debate en una noción de derechos que va más allá de las consideraciones político partidistas.

La política de la transición en España se ha centrado en el aspecto de la reparación. No obstante, una de las mayores reivindicaciones de las víctimas y sus familiares consiste en la adopción de programas que incluyan categorías de víctimas de violaciones a los derechos humanos no cubiertas por los programas existentes, además de la anulación de sentencias de todos los tribunales creados durante la Guerra Civil y el franquismo.

“El impacto de la Guerra Civil y del franquismo sobre las mujeres es también un elemento que debe considerarse como una de las prioridades”, dijo el Relator Especial.

Durante su visita oficial a España, el Sr. de Greiff se reunió con una gran variedad de representantes del ejecutivo, del legislativo y del judicial, con Defensorías del Pueblo e instituciones de memoria histórica, así como con representantes de la sociedad civil, incluyendo víctimas, familiares, asociaciones y académicos, tanto a nivel central, como en las Comunidades Autónomas de Andalucía, Cataluña y Galicia.

El Relator visitó varios sitios de memoria, entre ellos el Valle de los Caídos, el cementerio de Paracuellos de Jarama, el llamado Canal de los Presos (Canal del Bajo Guadalquivir) y los restos del campo de concentración Los Merinales cerca de Sevilla, así como el mausoleo construido sobre la fosa común del cementerio de Cazalla de la Sierra. También visitó el Fossar de la Pedrera y el Castillo del Montjuic en Barcelona y la Isla de San Simón en Galicia.

El Relator Especial presentará un informe final sobre su visita oficial a España al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en septiembre de 2014.

(*) Lea la declaración completa del Relator al cierre de su visita a España: http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14216&LangID=S

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APDHE denuncia ante el Relator del Derecho a la Verdad de las Naciones Unidas, la impunidad de los crímenes internacionales cometidos durante la represión franquista

 

INFORME QUE PRESENTA LA ASOCIACIÓN PRO DERECHOS HUMANOS DE ESPAÑA AL RELATOR ESPECIAL SOBRE LA PROMOCIÓN DE LA VERDAD, LA JUSTICIA, LA REPARACIÓN Y LAS GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN, SR. PABLO DE GREIFF (REUNIÓN EN MADRID 23 DE ENERO DE 2014) La Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) es la primera entidad orientada a la defensa, promoción y divulgación de los derechos humanos en España. Se constituyó el 14 de marzo de 1976 y el 21 de abril de 1977 fue reconocida jurídicamente por el entonces Ministerio de la Gobernación. La Asociación a la que represento es miembro de pleno derecho de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y fue fundadora y forma parte de la Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos de España. La actuación de la APDHE, desde su constitución, se ha dirigido a promover el conocimiento y el ejercicio de los Derechos Humanos y a denunciar sus vulneraciones así como servir de referente y apoyo a las víctimas de dichas violaciones. El trabajo y la presencia de la APDHE en procedimientos tramitados en materia de justicia universal ha sido y es muy relevante. Así, el fiscal D. Carlos Castresana, miembro de la APDHE, presentó en 1996 dos querellas contra los responsables de la dictadura chilena y argentina, que dieron lugar en primer lugar a la detención en Londres del General Augusto Pinochet, y además a los denominados “Juicios de Madrid”. Tras un procedimiento de varios años, un tribunal español condenó a Adolfo Scilingo por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar argentina.

Otro ámbito de actuación, en materia de justicia universal por delitos de lesa humanidad, en los que ha participado activamente la APDHE ha sido el caso de Guatemala. Los hechos fueron denunciados en 1999 ante la Audiencia Nacional Española y, tras distintos pronunciamientos judiciales, el Tribunal Constitucional, estimando el recurso de amparo interpuesto, entre otros, por la APDHE, ordenó a la Audiencia Nacional entrar en el fondo del asunto al objeto de enjuiciar el genocidio denunciado, declarando que es connatural al principio de jurisdicción universal la concurrencia de Estados competentes. Esta sentencia, calificada de

histórica, sanciona definitivamente una línea de trabajo en que la APDHE conecta firmemente con su inspiración inicial y contribuye al desarrollo y aplicación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

A partir del reconocimiento de la competencia de los Tribunales de Justicia españoles para juzgar crímenes de lesa humanidad en virtud del principio de Justicia Universal, han tomado forma nuevas iniciativas, y en la actualidad la APDHE es acusación popular en la gran mayoría de los casos de crímenes contra la humanidad que se investigan en la Audiencia Nacional, además de los ya mencionados podemos citar los siguientes: asesinatos, secuestros, torturas y desapariciones forzadas de saharauis desde el 31 de octubre de 1975 por parte de fuerzas militares marroquíes; asesinatos de jesuitas en la Universidad Centroamericana de El Salvador; torturas y tratos inhumanos sufridos por detenidos en Guantánamo; o el secuestro, tortura y desaparición de presuntos terroristas por los servicios secretos estadounidenses. También la APDHE ha participado en defensa de las víctimas ante la Corte Penal Internacional (“comunicación por el caso Honduras”), ante la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (“caso Guinea Ecuatorial”1), y ha trabajado activamente con víctimas de todos los países anteriormente relacionados, a los que habría que añadir México (Ciudad Juárez), Ecuador y Perú. En este último país la APDHE colaboró en los trabajos desarrollados por la Comisión de la Verdad, y en Ecuador, recientemente, se incoó un procedimiento penal en base al principio de Justicia Universal por crímenes de lesa humanidad, en el que el actual asesor jurídico de la APDHE y Presidente durante seis años de nuestra organización, D. Manuel Ollé, ha participado de forma importante. En el marco de actuación anteriormente descrita, la APDHE también se ha personado como querellante en el procedimiento que se tramita en la actualidad en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 1 de Buenos Aires, Causa Criminal 4.591/2010, por crímenes de lesa humanidad y/o genocidio cometidos durante la Guerra Civil española y durante la dictadura franquista (1.936-1977).

VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN Y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN EN RELACIÓN CON LAS VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO En nuestro país se mantiene una situación de impunidad en relación con los crímenes internacionales cometidos durante la dictadura franquista y se somete a las víctimas del franquismo a una política de invisibilidad y agravio. Así, el Estado español, respecto a la verdad que se exige en estos casos, no ha indagado en ningún aspecto relacionado con la violación de derechos humanos cometidos durante ese período, ni ha efectuado análisis alguno respecto a la génesis y circunstancias que posibilitaron las mismas – contexto político y social-. A las víctimas del franquismo, en el Estado español, se les niega el derecho a acceder a la justicia -falta de tutela judicial efectiva-. En base a la Ley de Amnistía del año 1.977 y a la supuesta prescripción de los delitos cometidos durante la dictadura franquista, los órganos jurisdiccionales españoles se niegan a investigar los crímenes aberrantes cometidos durante dicho período, condicionados esencialmente por la Sentencia dictada por el Tribunal Supremo el día 27 de febrero de 2012 -que absolvió al juez D. Baltasar Garzón de un delito de prevaricación en relación con las Diligencias Penales incoadas para juzgar los crímenes del franquismo- y el Auto dictado por dicho Tribunal el 28 de marzo de 2012, que resolvió conflictos negativos de competencia y que implicaron el cierre definitivo de la jurisdicción para las víctimas. Por todo ello, y al objeto de acceder a la jurisdicción para que sean adecuadamente investigados los crímenes internacionales cometidos durante la dictadura franquista y depurar, en su caso, las responsabilidades penales existentes en relación con los mismos, las víctimas tuvieron que formular la correspondiente querella criminal, en virtud del principio de justicia universal, en un Juzgado argentino.

Hasta tal punto llega el estado de la cuestión actualmente en nuestro país, que hace escasamente unos días, el Fiscal General del Estado ordenó a uno de los Fiscales adscritos al Tribunal Constitucional que desistiera de un recurso de súplica que había interpuesto contra la inadmisión a trámite de un recurso de amparo formulado por familiares de víctimas del franquismo, en un caso de desaparición forzada, ante el citado Tribunal. En el citado recurso de súplica, entre otras cuestiones, el Fiscal interesaba la admisión a trámite del recurso de amparo para que el Tribunal Constitucional se pronunciara sobre la validez, eficacia, aplicabilidad

y vigencia actual de la Ley de Amnistía del año 1.977, invocando en este sentido los últimos informes elaborados al respecto por el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas. Tampoco las víctimas de la dictadura franquista han tenido acceso a la verdad, por cuanto que el Estado español se niega a revelar lo realmente acontecido durante ese período y no ha constituido ni creado institución u Organismo alguno que tenga por objeto y finalidad dicha cuestión. No han obtenido reparación ni compensación por los daños sufridos y tampoco se han articulado garantías de no repetición, al no haberse efectuado, en ningún momento, la necesaria reforma institucional, exigida por la justicia transicional, que resulten de probada eficacia en dicho aspecto. En este contexto, que ya le ha sido expuesto con mayor profundidad por otras personas y organizaciones con las que ha tenido la oportunidad de reunirse durante estos días en España, quisiéramos destacarle dos cuestiones más: 1º.- Que las víctimas del franquismo cuando se concentran pacíficamente ante los tribunales de justicia de nuestro país, son obligadas a identificarse y en muchas ocasiones sancionadas económicamente por la Administración -con ocasión de las denuncias que a tal efecto efectúan los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, esencialmente Policía Nacional-, imponiéndoles multas pecuniarias que oscilan entre 300 y 2.000 euros. El último de estos episodios se produjo el pasado día 5 de diciembre de 2013 cuando las víctimas del franquismo se concentraron pacíficamente en las puertas de la Audiencia Nacional con motivo de la comparecencia que debían efectuar en dicho tribunal dos presuntos torturadores del régimen franquista como consecuencia de los expedientes de extradición tramitados a instancias del Juzgado de Buenos Aires que conoce de la querella criminal que ha sido referida anteriormente. Además, el trato que la Policía dispensó a los concentrados de forma pacífica fue vejatorio. 2º.- Con fecha 24 de octubre de 2013 el Gobierno aprobó un Anteproyecto de Ley Orgánica del estatuto de la víctima del delito. Conforme a su Exposición de motivos dicho Anteproyecto tiene la finalidad de ofrecer, desde los poderes públicos, una respuesta lo más amplia posible, no sólo jurídica sino también social, a las víctimas, y no sólo reparadora del daño en el marco de un proceso penal, sino minimizadora de otros efectos traumáticos en lo moral que su condición puede generar y con independencia de su situación procesal.

Resulta obvio que la finalidad expuesta en la Exposición de Motivos del Anteproyecto de Ley Orgánica casa mal con la actuación descrita del Estado español respecto a las víctimas del franquismo. Pero la explicación resulta sencilla: a diferencia de otros colectivos de víctimas -del terrorismo, menores, violencia de género-, las víctimas del franquismo, una vez más, son ignoradas en el Anteproyecto citado. Ni siquiera se menciona, en su Exposición de Motivos, la Ley 52/2007, denominada de “Memoria Histórica” -a diferencia de la referencia expresa a leyes que protegen a otros colectivos de víctimas-, a pesar de que reconoce la condición de víctima a todas aquellas personas desaparecidas violentamente durante la Guerra Civil o la represión política posterior y cuyo paradero se ignore. En todo caso la Ley 52/2007 ha resultado insuficiente a todas luces, pues establece un principio de colaboración de las Administraciones con los familiares de las víctimas de desapariciones forzadas, sin asumir el problema como una cuestión de orden público y trasladando a las víctimas la pesada carga de localizar los restos de las personas desaparecidas. Es más, en los últimos ejercicios ha faltado cualquier dotación presupuestaria para la concesión de las correspondientes ayudas y subvenciones a los familiares de las personas desparecidas. Por último no podemos dejar de destacar que en el año 2011 se suprimió la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, que se encontraba adscrita al Ministerio de Justicia, cuando aún existen en nuestro país más de 130.000 personas desaparecidas. En Madrid, a 23 de enero de 2014.

Ver documento: Informe APDHE al Relator Derecho a la Verdad ONU

 

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