El Salvador

La Audiencia Nacional juzgará el asesinato del jesuita Ellacuría

la vanguardia

Es como si la coincidencia de dos iniciativas penales a uno y otro lado del Atlántico hubiera sido un designio de Dios o del azar, como cada cual prefiera, que ha hecho, eso sí, que se reavive la fe en la justicia universal. El caso por la muerte del rector de la Universidad Centroamericana (UCA), el jesuita español Ignacio Ellacuría, asesinado en San Salvador el 16 de noviembre de 1989, será visto 28 años después en la Audiencia Nacional, algo que se ha confirmado en paralelo a que la justicia salvadoreña haya empezado a dar sus primeros pasos encaminados a juzgar la trama cívico militar que sigue impune.

 

 

La Audiencia Nacional muestra de nuevo su larga –y a veces accidentada– vocación en defensa del derecho humano internacional. Y lo hace al conseguir que un coronel salvadoreño, Inocente Orlando Montano Morales, vaya a ser juzgado en Madrid por el asesinato del padre Ignacio Ellacuría y de otros cuatro jesuitas españoles víctimas como él de que aquella masacre: Ignacio Martín Baró, Segundo Montes Mozo, Amando López Quintana y Juan Ramón Moreno Pardo. No fueron los únicos ejecutados por un escuadrón militar aquella madrugada de noviembre en el campus universitario. También lo fueron el jesuita salvadoreño Joaquín López y López, su empleada doméstica Julia Elba Ramos y la hija de esta, Celina Mariceth Ramos, que sólo dos días después, pese a sus 15 años, una edad demasiado temprana para sus progenitores, iba a contraer matrimonio.

Un coronel salvadoreño, Inocente Orlando Montano Morales, será juzgado en Madrid por el asesinato del padre Ellacuría y de otros cuatro jesuitas españoles

La Audiencia Nacional sólo puede juzgar delitos cometidos en el extranjero si sus víctimas son españolas, por ello los asesinatos del jesuita salvadoreño y de las dos mujeres quedan fuera de las acusaciones que se formulan contra el coronel Montano, cuya extradición de Estados Unidos a España ha sido una ardua labor tanto de las acusaciones como del Juzgado Central número seis que instruye este caso desde hace años.

Resulta que cinco días después de que Montano llegara a Madrid y se decretara su inmediato ingreso en prisión sin fianza, la fiscalía general salvadoreña solicitó a los tribunales de esa república centroamericana que dejara “sin efecto el auto de resolución de sobreseimiento definitivo y por ende se reaperture el caso”, según el texto elevado al juzgado tercero de paz de San Salvador. El caso al que se refiere la fiscalía salvadoreña es el último que en el año 2000 estuvo a punto de celebrarse en relación con la matanza de la UCA en 1989, pero que la ley de amnistía entonces vigente lo impidió. Esa ley de perdón generalizado ha sido rechazada recientemente en El Salvador por el equivalente al que sería el Tribunal Constitucional en España. Eso abre la vía por la que quieren volver a abrir el caso tanto la fiscalía como los familiares y amigos de las víctimas que han confiado en el actual rector de la universidad, el padre Andreu Oliva, la dirección de estas iniciativas.

 

 

La Audiencia Nacional sólo puede juzgar delitos cometidos en el extranjero si las víctimas son españolas

“Los diferentes gobiernos no han tenido voluntad de que hubiera conocimiento de la verdad. Ello muestra la existencia de un acuerdo entre partidos, incluso con el Frente Farabundo Martí (FMLN, antigua guerrilla y hoy una formación política), pero parece que ahora tenemos una justicia más independiente de los poderes fácticos. […] Podría parecer que hemos esperado a la extradición de Montano a España para pedir la reapertura del caso, pero no es así. Ha sido pura casualidad”, explica el rector Oliva, nacido en Barcelona, pero que lleva viviendo tantos años en El Salvador que tiene la doble nacionalidad.

La máxima autoridad de la Universidad Centroamericana de El Salvador asegura que en sus departamentos de investigación se hacen encuestas de opinión pública y muy a menudo se pregunta sobre los crímenes durante la guerra: “Una mayoría del 70% cree que deberían aclararse estos asuntos relacionados con el conflicto armado”.

Está en manos de la justicia salvadoreña satisfacer esa demanda, pues sólo allí podrá juzgarse a los presuntos responsables. La Corte Plena de Justicia de El Salvador dictaminó que el resto de los presuntos implicados en la masacre de la UCA no son extraditables, pero en cambio en el mismo pronunciamiento abogó de forma clara por que fueran juzgados en su país.

 

 

Mientras la justicia salvadoreña estudia si procede a la reapertura del caso, el juicio oral contra el coronel Montano parece algo muy tangible. Este alto oficial era viceministro de Seguridad Pública en el momento de los hechos. Además, era máximo responsable de Radio Cuscatlán, una emisora estatal desde la que en los días previos a los asesinatos de los seis jesuitas y de las dos mujeres estuvo lanzando “amenazas de muerte” contra el rector y el resto de los jesuitas y mensajes en “los que se acusaba de ser terroristas y cerebro del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional”, según consta en el auto de procesamiento del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.

Según las investigaciones, Montano participó en reuniones en las que se decidió matar a los jesuitas y compartió la toma de decisiones a este respecto que protagonizó un grupo de mandos militares conocido en El Salvador como La Tandona. Era la promoción de oficiales de 1966. Ascendieron todos a la vez mediante un curioso sistema de promoción interna existente entonces. En aquel momento, y coincidiendo con una fuerte ofensiva del FMNL que llegó a alcanzar a barrios de San Salvador, La Tandona concentraba el máximo de su poder hasta entonces.

 

 

Tras una reunión del más alto nivel llevada a cabo tres días antes, y después de elegir para ella a un grupo de élite del ejército conocido como batallón Atlacatl, la operación para asesinar a los jesuitas se puso en marcha sobre la una de la madrugada del 16 de noviembre de 1989. Los religiosos, incluido el rector Ellacuría, fueron llevados en plena oscuridad con falsos pretextos hasta el jardín y luego acribillados. Las dos mujeres sufrieron la misma suerte, pero dentro de una habitación de la residencia donde habían acudido a esconderse. Las autoridades culparon al FMNL, que estaba en pleno avance guerrillero sobre la ciudad.

Pero esos intentos incriminatorios fueron en vano, y eso a pesar de que a un miembro del escuadrón militar desplazado a la UCA que sabía manejar bien el fusil AK 47 se le hizo la especial encomienda de llevar una de estas armas y ser él quien asesinara personalmente a los jesuitas, según se recoge en las diligencias de la Audiencia Nacional. El AK 47 era el fusil de asalto que utilizaban los guerrilleros.

Enseguida trascendió que habían sido los militares los autores de aquello. Se presionó al gobierno de entonces y hasta se acabó celebrando un juicio sin las mínimas garantías tras el que se condenó a un coronel y a un teniente que meses después fueron amnistiados.

 

 

Manuel Ollé Sesé, uno de los abogados de la acusación, el que representa a la Asociación Pro-Derechos Humanos de España (Apdhe), confía en el resultado del juicio en la Audiencia Nacional, que podría verse el próximo septiembre. Para Ollé, “el material incriminatorio es abundante y contundente, son indicios más que suficientes como para apuntar a una condena del coronel Montano”.

Respecto al resto de los presuntos autores y su condición de no extraditables –salvo que en algún momento salgan al extranjero, pues sigue en vigor la orden internacional de arresto dictada por el juez Eloy Velasco–, el letrado Ollé recuerda al Estado salvadoreño que si se niega a entregarlos tendrá que juzgarlos tal y como obliga la legislación internacional. Veremos si eso ocurre. Muchos creen que la presión para que los presuntos asesinos de los jesuitas se vean ante un tribunal de San Salvador es más una apuesta política que jurídica, que, en todo caso, afectaría a todos los delitos de lesa humanidad cometidos durante el conflicto.

El tono del rector Oliva a través del teléfono es suave, pero su mensaje es rotundo, casi turbador: “Que se practique esa política de perdón y olvido es muy peligroso… […] Se violaron los derechos humanos y las leyes de la guerra y se actuó de una manera brutal”.

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NOTA DE PRENSA. MASACRE JESUITAS.

La reciente entrega de Inocente Orlando Montano a las autoridades españolas abre las puertas a la esperanza de Justicia para la Comunidad internacional y la sociedad salvadoreña, que acaba de conmemorar el 28º aniversario de la masacre de los Jesuitas en la Universidad Centroamericana de El Salvador y clama por la correspondiente apertura y celebración de un juicio justo.

Casi dos años después de que Estados Unidos aprobara su extradición a nuestro país, la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), celebra que se haya completado dicho proceso con la entrega efectiva del coronel y ex viceministro de Seguridad Pública de El Salvador, Inocente Orlando Montano. De igual manera, la APDHE insta al Estado salvadoreño a aceptar la petición y proceder a la extradición de los restantes militares procesados, actualmente residentes en la república centroamericana, y sobre los cuales pesa una orden de detención internacional por crímenes de lesa humanidad y terrorismo como consecuencia de los hechos indiciarios que permiten inferir su participación en la matanza de seis jesuitas, su empleada doméstica y la hija de ésta, en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador (UCA), el 16 de noviembre de 1989.

El pasado 30 de noviembre de 2017, el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, sobre la base de estos indicios que implicaban a Montano en “la decisión y diseño” del plan criminal que culminó en el asesinato de los jesuitas, de su empleada y su hija, decretó su prisión provisional del militar salvadoreño. En su declaración judicial practicada el4 de diciembre de 2017, Montano admitió su asistencia a la reunión previa al asesinato de los jesuitas españoles, su capacidad para tomar decisiones operativas y explicó el papel desempeñado por el ex presidente Alfredo Cristiani, tal y como se expuso en la querella presentada por la APDHE, en su condición de acusación popular, y que dio origen al procedimiento judicial en España.

La llegada de Montano a nuestro país constituye un hito de gran relevancia para la justicia universal a nivel global y un gran avance en la lucha contra la impunidad, y el derecho de reparación que asiste a todas las víctimas de los  crímenes más graves que afectan a la comunidad internacional en su conjunto.

La APDHE fue creada en 1976 y es una de las partes personadas en este proceso como acusación popular junto con la acusación particular ejercida por familiares de los jesuitas asesinados. Es la organización española más antigua dedicada específicamente a la defensa y promoción de los Derechos Humanos, y como tal, reitera su compromiso con la Justicia, la verdad asumiendo la representación judicial de víctimas en virtud del principio de justicia universal.

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El antídoto contra la impunidad

Era el 16 de noviembre de 1989. El Salvador, en plena guerra civil, sufría desde hace unos días los enfrentamientos más duros entre el ejército y la guerrilla. Pero esa mañana los ojos de los salvadoreños estaban puestos en la Universidad Centroamericana (UCA). Los cadáveres de los sacerdotes Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró y Ramón López se encontraban tirados en el jardín de la residencia donde vivían. La sangre había manchado sus pijamas y batas de dormir. Varias cámaras y periodistas rodeaban la escena. En el mismo edificio encontraron también a Juan Ramón Moreno, Joaquín López y Elba Ramos con su hija, Celina. Todos muertos. Esa madrugada un batallón de élite de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) había entrado a la universidad y había matado a quienes consideraban “delincuentes terroristas”, aunque su único delito haya sido oponerse abiertamente al gobierno represor de la época. Por eso mismo se les silenció… con varios balazos en la cabeza.

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La extradición de un exministro salvadoreño a España es un éxito para la justicia universal

Los querellantes contra varios militares de El Salvador por el asesinato de seis jesuitas españoles en 1989 valoran las novedades del caso que acercan a los acusados a los tribunales españoles. Ver noticia de eldiario.es

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Comunicado de la APDHE sobre la extradición de Inocente Orlando Montano

NOTA DE PRENSA APDHE

La Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) recibe con satisfacción la extradición y las detenciones de militares salvadoreños en relación con la masacre de los Jesuitas en la Universidad Centroamericana de El Salvador.

Madrid – La Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) recibe con satisfacción la decisión de extradición a España del coronel y ex viceministro de Seguridad Pública Inocente Orlando Montano y el arresto de 17 militares salvadoreños con orden de detención internacional por crímenes de lesa humanidad y terrorismo, como consecuencia de su participación en la matanza de seis jesuitas y una empleada y su hija en la Universidad Centroamericana de El Salvador (UCA).

Manuel Ollé, director del equipo jurídico de la Asociación Pro Derechos Humanos de España que ejerce la acusación en el proceso penal que se tramita por estos hechos ante la Audiencia Nacional, ha manifestado en relación con la extradición concedida que «La decisión de los tribunales de Estados Unidos es un paso extraordinariamente importante en la persecución de los crímenes internacionales cuando violan gravemente los Derechos Humanos. Y, muy especialmente, por la tutela judicial que merecen todas las víctimas en su exigencia de Justicia. En este caso, además, la decisión de EEUU es un hito para el Derecho Penal Internacional al reconocer que estos aberrantes crímenes no pueden quedar impunes y brindar la necesaria cooperación jurídica para que los presuntos autores de estos hechos sean juzgados. Más allá de los intereses políticos, se demuestra una vez más la importancia de la justicia universal como instrumento judicial eficaz de lucha contra la impunidad.» También ha añadido que «lo acontecido en estas últimas horas con la detención en el Salvador de 17 militares acusados por los mismos crímenes es un síntoma de que la Comunidad Internacional comienza a reaccionar en la lucha contra la impunidad». Finalmente Manuel Ollé ha querido destacar que «este caso, además, tiene una connotación especial, se está enviando un mensaje a la comunidad internacional: los juicios trampa o los juicios teatro para aparentar la realización de la Justicia son fraudulentos y por tanto nulos. El Tribunal Supremo español reconoció recientemente que el juicio celebrado en el Salvador vulneró los estándares internacionales de lo que debe ser un juicio justo y con todas las garantías y, por tanto, dio luz verde a que los acusados puedan ser enjuiciados en España».

La matanza se perpetró el 16 de noviembre de 1989 a manos de Fuerzas del Ejército salvadoreño, que asesinaron al entonces rector, Ignacio Ellacuría, y a otros cinco sacerdotes, entre los que se encontraban los españoles Amando López, Juan Ramón Moreno, Segundo Montes e Ignacio Martín Baró, y el salvadoreño Joaquín López. También fueron asesinadas la empleada salvadoreña Elba Julia Ramos y su hija Celina.

La APDHE es la organización española más antigua -fue constituida en 1.976- dedicada específicamente a la defensa y promoción de los Derechos Humanos. Ha ejercido y ejerce la acusación en múltiples procesos penales tramitados en virtud del principio de justicia universal (Casos: Argentina, Chile, Sáhara, El Salvador, Guatemala, Vuelos de la CIA, Guantánamo, etc…)

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Caso de la masacre de los jesuitas en El Salvador

Comunicado de la APDHE sobre orden de detención internacional y extradición en el caso de la masacre de los jesuitas en El Salvador

 

La Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) recibe con satisfacción la resolución judicial adoptada por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, en la causa que tramita por hechos constitutivos de terrorismo y crímenes de lesa humanidad.

En el Auto dictado por el Juez Eloy Velasco, se acuerda dictar órdenes de detención con fines de extradición contra 18 militares salvadoreños acusados de ser los presuntos autores de los asesinatos de los padres Ignacio Ellacuría, Ignacio Martí Baró y de cuatro sacerdotes más, junto con su empleada doméstica y su hija menor de edad. La masacre fue perpetrada el 16 de noviembre de 1989 en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.

Esta resolución judicial se produce después de que la APDHE y el Centro por la Justicia y la Responsabilidad (CJA), querellantes en el caso, solicitaran al Juzgado que se reactivaran las órdenes de captura internacional contra los 18 militares retirados. En mayo de 2011 el Juez Velasco ya había ordenado su  detención que fueron denegadas por los tribunales salvadoreños.

La propia Procuraduría de Derechos Humanos de El Salvador, amparándose en la jurisprudencia del Tribunal Supremo salvadoreño y en el Derecho Penal Internacional y de los Derechos Humanos, ha recomendado y solicitado al Tribunal Supremo que acceda a la extradición de los militares solicitados por el Juzgado Español.

Recordemos que este procedimiento judicial se inició en España al amparo del principio de jurisdicción universal y que recientemente el Tribunal Supremo español consideró que el proceso judicial, seguido con anterioridad contra los responsables de esta masacre, ante los tribunales salvadoreños no había respetado los estándares internacionales del derecho al proceso debido, calificando el mismo como de ineficaz y parcial.

Por tanto, las autoridades salvadoreñas deben de ejecutar las órdenes internacionales de detención acordadas por Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, a efectos de la extradición de los 18 militares para ser juzgados en España.

Madrid, 5 de enero de 2016

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Manuel Ollé, abogado: “Se debe favorecer la persecución efectiva de todos los responsables”

Manuel Ollé, abogado: “Se debe favorecer la persecución efectiva de todos los responsables”

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Comunicado de la APDHE sobre el caso de la masacre de los jesuitas en El Salvador

Comunicado de la APDHE sobre el caso de la masacre de los jesuitas en El Salvador

La Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) recibe con satisfacción la resolución judicial adoptada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de España, que acuerda, con base en el principio de justicia universal, confirmarla jurisdicción de los tribunales españoles para continuar investigando los asesinatos del Padre Ignacio Ellacuría, Ignacio Martí Baró y de 4 sacerdotes más, junto con su empleada doméstica y su hija menor de edad, perpetrados el 16 de noviembre de 1989 en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. El crimen se habría cometido en ejecución de un plan concebido en la sede del Estado Mayor del Ejército y en cumplimiento de las órdenes dadas por sus superiores.

Esta resolución viene motivada tras la reforma de la justicia universal por Ley Orgánica 1/2014, que adoptó el principio de subsidiariedad, excluyendo la competencia de los Tribunales españoles cuando ya se hubiera iniciado una investigación en el lugar de comisión de los hechos, salvo que dicha investigación hubiera tenido como objeto sustraer a la persona de su responsabilidad penal o no se hubiera sustanciado de forma independiente o imparcial.

Pues bien, aunque sobre estos hechos criminales ya se había desarrollado un procedimiento penal ante los tribunales salvadoreños, el Tribunal Supremo ha afirmado que no existe cosa juzgada, ya que dicho proceso no pretendió realmente que los responsables de los hechos fueran castigados sino, más bien, su sustracción a la justicia. La investigación no resultó eficaz ni fue imparcial, y las únicas personas declaradas culpables por los tribunales salvadoreños fueron amnistiadas poco después.

El Tribunal Supremo acoge así la tesis – planteada por la Asociación Pro Derechos Humanos de España y el Centro por la Justicia y la Responsabilidad (Center forJustice&Accountability) – de que la resolución judicial salvadoreña fue cosa juzgada fraudulenta y que el procedimiento judicial seguido en ese paísfue una farsa que contravino los estándares internacionales del proceso debido en el ámbito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Por tanto, el Juzgado Central de instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional continuará investigando estos execrables hechos constitutivos de terrorismo y crímenes de lesa humanidad, por cuya participación han sido procesados hasta el momento 20 militares de El Salvador.  En este momento se está tramitando en Estados Unidos la demanda de extradición solicitada por las autoridades españolas respecto del Coronel Montano.

 

Madrid, 6 de mayo de 2015

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El Supremo dispone continuar la investigación del ‘caso Ellacuría’ porque la investigación de El Salvador fue una farsa

El Supremo dispone continuar la investigación del  ‘caso Ellacuría’ porque la investigación de El Salvador fue una farsa

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http://www.elmundo.es/espana/2015/05/06/5549fc8b22601d41458b457a.html

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/05/06/el_emplaza_audiencia_nacional_investigar_caso_ellacuria_que_hizo_salvador_32318_1012.html

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