Guinea Ecuatorial

Familiares y generales de Obiang cobraron comisiones por la compra de armas

elpais
Jose Maria Irujo

Altos funcionarios de los gobiernos de Guinea Ecuatorial y de Ucrania cobraron presuntamente comisiones millonarias por facilitar la compra de material militar, armas, helicópteros de combate y barcos, para la antigua colonia española en África, según un reciente informe de la Policía Judicial de Canarias al que ha tenido acceso EL PAÍS. El documento afirma que Vladimir Kokorev, presunto testaferro de Teodoro Obiang, presidente de Guinea Ecuatorial, fue la persona que pagó los sobornos a políticos y asesores próximos al dictador para que “el jefe” (Obiang) autorizara las compras. Entre los receptores de los pagos está su yerno Fausto Abeso Fuma, actual ministro de Aviación.

Teodoro Obiang, en Libreville en 2009.
Teodoro Obiang, en Libreville en 2009. GETTY IMAGES

La venta entre 2001 y 2007 a Guinea Ecuatorial de varios helicópteros de combate M1-24 , equipados con munición (misiles y bombas de fragmentación) y pilotados por tripulaciones militares, coincidió con un supuesto golpe de Estado contra Obiang con el que Kokorev mantuvo supuestamente una conversación telefónica en diciembre de 2003 en la que el dictador le urgió a agilizar la entrega de los aparatos, según relata este último en documentos y contratos intervenidos por la Policía en sus domicilios de Madrid y Las Palmas remitidos a un Juzgado de esa ciudad que investiga el caso.

Los contratos y el pago de las presuntas comisiones aparecen en numerosos archivos informáticos intervenidos por la Policía y analizados durante meses por expertos y peritos policiales. Vladimir Kokorev, de 62 años, profesor de historia, fue detenido en Panamá en septiembre de 2016 junto a su mujer Julia, de 64, periodista, y su hijo Igor. Los tres fueron extraditados a España e ingresaron en prisión, hasta la reciente puesta en libertad condicional de los dos últimos tras el pago de una fianza. Se les acusa de tráfico de armas, blanqueo de capitales y fraude fiscal.

El ruso Vladimir Kokorev, preso en España, fue el intermediario de las ventas. El material de guerra se compró en Ucrania

La investigación sobre la familia Kokorev se inició hace 12 años al detectar el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) que su sociedad Kalunga Company había recibido 30 millones procedentes de la Tesorería General de Guinea Ecuatorial. Los pagos se hicieron en la cuenta de la citada sociedad abierta en un banco español en Las Palmas.

La investigación policial acredita que alguna de las transferencias millonarias que recibió Vladimir Kokorev coinciden con la venta de los helicópteros y las armas, cuyos proveedores estaban en Ucrania y Rusia. En las conclusiones del informe de 200 páginas, fechado el pasado 13 de noviembre, la Policía afirma que “ se han hallado abundantes indicios de que dichos negocios de índole internacional han estado estrechamente relacionados con el pago de indebidas y muy cuantiosas comisiones controladas por el investigado Vladimir Kokorev, a altos funcionarios de la República de Guinea Ecuatorial y también se han hallado indicios de la corrupción de altos funcionarios de Ucrania en la realización de dichos negocios”.

La venta de dos helicópteros supuso a las arcas de Guinea Ecuatorial un sobrecoste del 44 por ciento del coste real del contrato

El informe señala como receptores de estas presuntas comisiones ilegales a altos cargos del Gobierno de Guinea Ecuatorial en las fechas en las que se efectuaron las ventas. Se trata de Agustín Ndong Ona, general de Brigada e Inspector General de las Fuerzas Armadas; Fausto Abeso Fuma, yerno del presidente Obiang y director general de su Gabinete Militar; y Hassan Hachem, asesor personal del dictador. Por parte de Ucrania, el país donde se adquirió el material, se pone el foco en Tereshenko Yuri Fedorovich, supuesto miembro de la inteligencia exterior ucraniana, según los documentos de Kokorev, y Vladimir B. Evdokimov, otro funcionario ucraniano.

El general Agustín Ndong Ona posa junto a uno de los helicópteros de combate comprados por Kokorev.
El general Agustín Ndong Ona posa junto a uno de los helicópteros de combate comprados por Kokorev.

OBIANG: “NECESITAMOS LOS APARATOS AHORA”

J. M. I.

En la documentación incautada por la Policía en las viviendas de Vladimir Kokorev en Madrid y Las Palmas destaca la transcripción de una supuesta conversación de este último con el presidente de Guinea Ecuatorial Teodoro Obiang en la que el dictador urge la entrega de los helicópteros de combate.

Según describe el propio Kokorev, la charla se produjo el 7 de diciembre de 2.003, y la describe así: “Yo estaba en Moscú y me llamó Fausto Abeso diciendo que el jefe quiere hablar conmigo… Necesitamos estos aparatos especialmente ahora, me dijo él… Me dijo que en el país hubo una intentona de golpe de Estado, así sin más. Cuando yo le pregunté como estaba, Obiang me contestó que todo está bajo control y solo queda resolver un par de cabos sueltos. No le menciono los nombres, pero algunos de ellos usted debe conocer muy bien, me dijo él”.

Kokorev relata, también, que Obiang le preguntó cuando estarían listos los aparatos para ser embarcados a Guinea Ecuatorial y si su tripulación estaba contratada o no. “Especialmente él insistía en que la tripulación debe tener una experiencia de combate”. Supuestamente hablaron, también, de las averías que sufrieron otra partida de helicópteros suministrada dos años antes.

La Policía ya había detectado al iniciarse la investigación que Kokorev había transferido sumas millonarias a Fausto Abeso, el yerno del dictador es marido de Anita Mbasogo, hija de Obiang, según se desprende de la investigación judicial. Además de ocupar la dirección general del Gabinete Militar fue embajador de Guinea Ecuatorial en Moscú.

Las transferencias desde las cuentas de Kalunga a Fausto Abeso se hicieron entre diciembre de 1999 y julio de 2003, según acredita una investigación de la Fiscalía Anticorrupción. ¿Por qué envió usted este dinero?, preguntó el fiscal Luis Del Río Montes de Oca al ruso, y este respondió: “Era un préstamo que le hice para que se construyera un chalé y como pago de combustible en mi negocio de transporte”. Según su versión, el yerno del dictador le ha devuelto “más de la mitad” del supuesto préstamo. La aparición ahora de los contratos de armas y los pagos recibidos, en opinión de los investigadores, desmontan esta versión.

Según la Policía, varios archivos informáticos en ruso intervenidos a Kokorev apuntan “al pago de fuertes comisiones a los sujetos citados dando como resultado el incremento muy importante de los contratos conseguidos por Kalunga (es decir por Kokorev) en detrimento de las arcas de la República de Guinea Ecuatorial y la obtención de beneficios inicuos y desproporcionados que han podido ser, posteriormente, objeto de transformación en bienes de naturaleza inmobiliaria en el marco del delito de blanqueo de capitales”.

La intermediación de Kokorev en la venta de los dos helicópteros “supuso a las arcas de Guinea Ecuatorial un sobrecoste superior al 44 por ciento del coste real del contrato”, ya que, según los contratos intervenidos se compraron en Ucrania por 3 millones y vendieron por más de 5.3 millones, según la investigación judicial. “Y lo que es aún más relevante, es que el destino de este notorio sobrecoste pudo corresponder a los desproporcionados beneficios del investigado (remanente de 1.239.200 dólares) y a comisiones controladas por este. A Tito (Abeso Fuma de 100.000 dólares; a Agustín (Ndong Ona) de 50.000; y bajo concepto de Guinea por un millón de dólares”, dice el informe.

La Policía encontró  documentos oficiales falsificados y describe indicios de corrupción en  altos funcionarios de Ucrania

Los agentes destacan que en esta larga investigación ya se habían detectado anteriormente importantes pagos desde las cuentas de la sociedad Kalunga a todos los investigados, incluyendo al asesor del presidente Hassan Hachem por lo que apuntan a que esa última comisión bajo el concepto “Guinea” puede referirse también a ellos.

Los investigadores destacan la aparición de cartas en las que Vladimir Kokorev “imparte precisas instrucciones” a Fausto Abeso Fuma, entonces director del Gabinete Militar de Obiang, al que llama “ Tito”, sobre la compra de los helicópteros de combate, además de sus viajes juntos por Europa con sus esposas.

La Policía otorga una especial relevancia a Hassan Hachem, asesor personal del presidente Obiang. Vladimir se refiere a él como Xacah y el informe interpreta que la X que aparece en los documentos del ruso donde se describen los pagos de comisiones es Hassan Hachem. Sobre este último resalta su cercanía e influencia sobre Obiang del que aseguran es “una figura clave para la aprobación de los contratos que interesan dado que se actúa fuera de procesos reglamentados administrativamente, según parece, respecto de países más avanzados democráticamente”. Y añaden que Hassan Hachem “debió tener un papel muy relevante” para la aprobación por la presidencia de los contratos de armamento ofrecidos por Kokorev.

Los autores del informe destacan la aparición entre los archivos de Kokorev de distintos “montajes” y falsificaciones en documentos que pudieran corresponder a borradores de contratos confeccionados supuestamente por el investigado. “En muchos casos dichos montajes se logran insertando en capas independientes imágenes que se corresponden a fragmentos de otros documentos”, dice el informe. En todos los casos las falsificaciones pretenden simular documentos oficiales de Guinea Ecuatorial, Ucrania y otros países extranjeros.

Read more

Una ONG de Guinea exige aclarar el origen del dinero de los Kokorev

El caso de blanqueo de las arcas públicas del país africano contrasta con la absoluta pobreza de su población

http://www.laprovincia.es/canarias/2017/12/20/ong-guinea-exige-aclarar-origen/1010062.html

Read more

Cuando el blanqueo pasa a ser violación de derechos

El diario.es
Hernán Hormazábal

A primera vista parece difícil imaginar que unos delitos como la malversación de caudales públicos y el blanqueo de capitales puedan ser al mismo tiempo constitutivos de violaciones de derechos humanos. Sin embargo, esto es precisamente lo que son, además de delitos, los hechos que actualmente se investigan en el Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria contra altos cargos del Gobierno de Guinea Ecuatorial y contra los testaferros de uno de los regímenes más corruptos de África subsahariana, el que encabeza Teodoro Obiang Nguema. Se trata de los ciudadanos rusos Vladimir Kokorev, de su esposa Julia Maléeva y de su hijo Igor Kokorev.

Guinea Ecuatorial es, después Nigeria y Angola, el tercer país de África subsahariana productor de petróleo y es el que registra el producto interior bruto per cápita más alto de la región. Sin embargo, sus habitantes tienen una mala calidad de vida. Dos terceras partes de su población vive en la extrema pobreza con menos de un dólar al día. Los indicadores de salud y educación son deplorables. En 2015, sólo uno de cada cuatro recién nacidos fue vacunado y según datos de 2012, alrededor de cuatro de cada diez niños de seis a doce años no estaban escolarizados.

La corrupción endémica del país impide el desarrollo de políticas sociales. Los fondos públicos que debieran destinarse a la salud, a la escolarización y en general a proporcionar una vida digna a los ecuatoguineanos, forman parte del patrimonio de los miembros de su Gobierno. El Gobierno de Guinea Ecuatorial, encabezado por su presidente Teodoro Obiang Nguema, es responsable de que el país se cuente entre los de mayor corrupción en el sector público. El control que ejercen Obiang Nguema y su entorno familiar sobre las empresas privadas que explotan los recursos naturales, sobre todo petróleo, gas natural y madera, le ha permitido saquear el país y acumular una gran fortuna en el extranjero.

En efecto, el Subcomité Permanente de Investigación del Senado de Estados Unidos constató que entre 1995 y 2004 el Gobierno de Guinea Ecuatorial abrió más de cincuenta cuentas en el hoy ya desaparecido Banco Riggs en Washington D.C, el mismo banco, por cierto, en que tenía su cuenta el dictador chileno Pinochet. Este Subcomité de Investigación del Senado estadounidense puso de manifiesto que dicha entidad bancaria, a pesar de que todo indicaba que el dinero provenía de prácticas de corrupción, había autorizado transferencias por un total de 26.483.982’57 de dólares americanos desde la Cuenta de Petróleo de Guinea Ecuatorial a la cuenta que la sociedad Kalunga Company S.A. tenía abierta en una sucursal del Banco Santander de Las Palmas de Gran Canaria. Los administradores de esta sociedad con este dinero, testaferros según todos los indicios de Teodoro Obiang, para ocultar su origen ilícito, realizaron diversas operaciones mercantiles, principalmente de compra de inmuebles.

En este contexto, el blanqueo de capitales y el delito subyacente de malversación que originó el dinero, adquieren un plus de antijuridicidad. A la condición de ser meros comportamientos que lesionan normas penales, se suma la de ser, además, comportamientos que violan normas de protección de derechos humanos, en concreto aquellas normas que se agrupan en la categoría de Derechos Económicos Sociales y Culturales. Se trata de los derechos humanos relativos a las condiciones sociales económicas básicas que son necesarias para una vida en dignidad y libertad, como el derecho al trabajo, a la salud, a la educación y a la vivienda reconocidos jurídicamente en el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales de 1966.

De las normas de protección de derechos humanos se deriva la obligación de los Estados no sólo de no violarlas y de impedir que se violen, sino también la de crear y mantener las condiciones para que esos derechos sean reales y efectivos. Los Estados, en consecuencia, no sólo deben abstenerse de violar derechos humanos, sino que, en su condición de garantes de estos derechos, están obligados a intervenir en los procesos sociales para crear las condiciones para que las personas puedan gozar de una vida en libertad y dignidad. De este modo, cuando los gobernantes de un país con abundantes recursos económicos como Guinea Ecuatorial, se apoderan de sus recursos públicos en lugar de destinarlos a satisfacer al menos las necesidades de alimentación, salud, educación y vivienda de los ecuatoguineanos, además de cometer el delito de malversación de caudales públicos, violan derechos humanos. Del mismo modo, también constituyen violaciones de derechos humanos los actos posteriores destinados a ocultar el origen ilícito de los bienes objeto de la malversación. Por las mismas razones, el blanqueo que no deja de ser un acto de agotamiento punible del delito antecedente constituye una violación de derechos humanos.

Ha sido por esta dimensión violatoria de derechos humanos que tienen en el caso de Guinea Ecuatorial los delitos de malversación y blanqueo, que la Asociación pro Derechos Humanos de España con el apoyo de la Open Society Justice Initiative, activó una acción penal mediante una querella que se está sustanciando en el Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria contra altos cargos del gobierno de Guinea Ecuatorial y contra Vladimir Kokorev, su esposa Julia Maléeva y su hijo Igor Kokorev que indiciariamente aparecían de actuar como testaferros de esos altos cargos, en particular de Teodoro Obiang. En cuanto estas personas estuvieron a disposición del Juzgado, el 6 de septiembre de 2015, después de un proceso de extradición desde Panamá, su titular a la vista de la gravedad de los delitos, del riesgo de fuga, de destrucción de pruebas y de solidez de los indicios, decretó una medida cautelar tan excepcional como la prisión preventiva en la que han permanecido hasta hace unos meses. En la actualidad esta medida cautelar se ha reemplazado respecto de Yulia Maléeva e Igor Kokorev por la de retirada de pasaporte, prohibición de salir de España y obligación de presentarse semanalmente ante el Juzgado. En lo que respecta a Vladimir Kokorev se dispuso su libertad provisional bajo fianza de 600.000 euros

Read more

En la sesión de medidas cautelares celebrada el 19 de octubre ante la Corte Internacional de Justicia, el Gobierno de Guinea Ecuatorial solicitó que Francia suspenda el proceso penal contra Teodoro Nguema Obiang por blanqueo de capitales

En la sesión de medidas cautelares celebrada el 19 de octubre ante la Corte Internacional de Justicia, el Gobierno de Guinea Ecuatorial solicitó que Francia suspenda el proceso penal contra Teodoro Nguema Obiang por blanqueo de capitales, y que se respete la inviolabilidad del palacio de lujo que posee en París.

La Corte resolverá próximamente sobre este contencioso, que se inició cuando el Gobierno de Guinea Ecuatorial acudió a este tribunal internacional para intentar bloquear el proceso penal en el que los tribunales franceses investigan la presunta implicación del hijo del presidente Teodoro Obiang en el desvío de fondos públicos y blanqueo de capitales. La celebración del juicio oral está prevista para el mes de enero de 2017 en París

Comunicado de la CIJ: http://www.icj-cij.org/docket/files/163/19260.pdf

Read more

Comunicado en Conjunto de ONG Pidiendo el Cese de los Ataques pre-Electorales contra la Sociedad Civil en Guinea Ecuatorial

El gobierno del presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo de Guinea Ecuatorial debe cesar de inmediato toda represión contra voces independientes, en vísperas de las elecciones presidenciales. Reclamaron el día de hoy organizaciones de derechos humanos y de democracia. Además, urgimos al gobierno a revocar la orden del 16 de Marzo de 2016 que obliga a suspender indefinidamente todas las actividades de un grupo líder de la sociedad civil independiente.

El Presidente Obiang, en el poder desde 1979, busca ser reelegido en una  votación adelantada prevista para el 24 de Abril. Obiang es el Jefe de Estado más longevo en el mundo. Su régimen ha estado marcado por la represión de los derechos humanos desde sus inicios.

“La creciente represión contra las organizaciones de la sociedad civil revela la estrategia gubernamental de silenciar las voces independientes y pone de relieve el ambiente hostil y represivo que se fomenta en ruta a las próximas elecciones”, dijo Daniel Calingaert, Vicepresidente Ejecutivo de Relaciones Exteriores de Freedom House.

En Guinea Ecuatorial pocos grupos no gubernamentales pueden operar independientemente del gobierno debido a las graves restricciones a la libertad de expresión, asociación y reunión. El gobierno considera a los activistas cívicos independientes como opositores políticos. Estos activistas son sujetos al acoso y represalias por parte de las autoridades.

El 2 de Marzo de 2016, el Ministro del Interior y Corporaciones Locales, Clemente Engonga Nguema Onguene, ordenó la suspensión indefinida de todas las actividades del Centro de Estudios e Iniciativas para el Desarrollo (CEID). La orden fue entregada oficialmente a CEID el 16 de Marzo; y alega que los comentarios hechos durante un foro de jóvenes organizado por CEID en Enero de 2016, en la ciudad de Bata, constituían “discursos con matices de incitación a la violencia y comentarios con tendencia a revolucionar a la juventud”, y por lo tanto violan la Ley de Orden Público y la Ley General de Asociaciones del país.

El Ministro del Interior también es Viceprimer Ministro Primero Encargado del Sector Político y Democracia, y recientemente fue nombrado Presidente de la Junta Electoral Nacional responsable de supervisar la próxima elección presidencial.

El grupo de organizaciones niega que los comentarios emitidos en el foro de jóvenes constituyeran “mensajes dirigidos a incitar a la violencia y la desobediencia civil”, y afirman que los comentarios formulados por los participantes en el foro de jóvenes eran expresiones protegidas dentro del ejercicio legítimo de la libertad de expresión.

Los grupos también señalan que, en cualquier caso, la iniciativa de suspender CEID basado en los comentarios de los participantes en el foro es desproporcionada ya que los puntos de vista de los participantes no reflejan necesariamente la opinión de la organización. Ya en ocasiones anteriores, EG Justice ha criticado las leyes nacionales aplicables a las organizaciones de la sociedad civil por ser contrarias a las libertades y derechos garantizados por la Ley Fundamental.

CEID promueve la participación ciudadana en una gran variedad de temas, incluyendo los derechos humanos, la gobernabilidad y la transparencia. Es un líder en la gestión para la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas, una iniciativa global de transparencia en la gerencia de los recursos naturales. Debido a la orden de suspensión, CEID ha renunciado a su papel en la Comisión Nacional de Trabajo encargada de preparar una nueva solicitud para ser miembro de la EITI, lo cual requiere de la participación equitativa de la sociedad civil sin ninguna restricción. CEID es co-fundador y –hasta el momento de la notificación de la orden de suspensión– servía como Secretariado de la Coordinadora de la Sociedad Civil (Coordinadora), una coalición nacional de 22 organizaciones no gubernamentales, muchas de las cuales también participan en la iniciativa de EITI.

La suspensión de CEID se suma a otras numerosas medidas tendentes a acabar con el activismo cívico independiente en el país. En Enero de 2016, el gobierno obligó a CEID a cancelar un foro de jóvenes tras tan sólo un día de celebrarse su apertura. El evento era el primero de su clase en Guinea Ecuatorial, reuniendo a más de ciento veinte jóvenes de diversas partes del país.

En Agosto de 2015, el gobierno despidió al equipo de gestión de la Casa de Cultura de Rebola, un centro cultural que había sido dirigido de forma independiente por voluntarios locales, y prometió nombrar a un nuevo equipo compuesto por miembros del partido político en el poder. En aquel momento, el Ministro de Interior Clemente Engonga señaló que las actividades del centro cultural “van en contra de los ideales del partido en el poder y son inconstitucionales.”

“En lugar de permitir la participación activa de los ciudadanos, previo a las elecciones, el gobierno de Guinea Ecuatorial esta fomentando un entorno cada vez más hostil”, dijo Tutu Alicante , Director Ejecutivo de EG Justice, “una sociedad civil dinámica capaz de reunirse y participar pacíficamente en el debate público es esencial para una sociedad democrática. El gobierno de Obiang, tal como lo hizo al suspender la Casa de Cultura de Rebola, utiliza leyes abusivas y acusaciones infundadas para suspender a uno de los principales defensores de la transparencia y el buen gobierno,” añadió Tutu. “No se debe permitir que esta orden draconiana prevalezca.”

Esta declaración conjunta es firmada por las siguientes organizaciones:

Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE)

Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL)

CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation

EG Justice

Freedom House

Global Witness

Human Rights Watch

OXFAM America

Réseau International des Droits Humains (RIDH)

World Movement for Democracy

31 de marzo de 2016

 

Read more

El hijo de Obiang será juzgado en Francia por blanqueo y malversación

Teodoro Nguema Obiang Mangue, “Teodorín”, vicepresidente de Guinea Ecuatorial e hijo del presidente de ese país, será juzgado en el Tribunal Correccional de París por blanqueo y malversación de fondos, entre otros cargos, informó hoy a Efe la delegación francesa de Transparencia Internacional (TI). Ver noticia de Terra.es

Read more

Un abogado panameño testifica contra los presuntos testaferros de Obiang en España

Un abogado panameño que trabajó durante años para el matrimonio formado por Vladimir Kokorev y Julia Kokoreva, presuntos testaferros del presidente de Guinea Ecuatorial Teodoro Obiang, detenidos en Panamá y presos en Las Palmas por presunto blanqueo de capitales y delito fiscal, se ha convertido en su principal prueba de cargo. El letrado, al que se ha otorgado la condición de testigo protegido, declaró hace varias semanas ante la juez Ana Isabel Vega, titular del Juzgado de Instrucción número cinco de Las Palmas y el fiscal anticorrupción Luis del Río, e implicó a la pareja rusa en operaciones de presunto blanqueo. El caso permanece bajo secreto sumarial. Ver noticia El Pais

Read more