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ACTO PÚBLICO: CONTRA LA IMPUNIDAD DE LOS CRIMENES FRANQUISTAS

Sábado 26 de octubre a las 11 horas en el Ateneo de Madrid (Salón de Actos).
Calle del Prado 21
Entre julio de 1936 y junio de 1977 en España se desarrolló por el Estado
una actividad represora por motivos políticos, perfectamente planificada,
consistente en detenciones arbitrarias, torturas, asesinatos,
encarcelamientos, confinamiento en campos de concentración y
desapariciones forzadas. El aparato estatal de la dictadura franquista
detuvo, torturó y encarceló de forma indiscriminada y generalizada a
miles de personas por militar o simpatizar con formaciones políticas que
el régimen dictatorial consideraba ilegales. También se ha constatado el
secuestro sistemático de niños de mujeres republicanas que habrían sido
entregados a las familias que apoyaban al régimen. El número de víctimas
de desapariciones forzadas del 17 de julio 1936 a diciembre 1951
ascendería a 114.226 personas –en la actualidad, careciendo de datos
exactos, especialistas en la materia consideran que durante los períodos
indicados anteriormente los desaparecidos pueden rebasar la cifra de los
150.000-.
Los Convenios de Ginebra de 1949 ya prohibían la tortura y los tratos
inhumanos bajo cualquier circunstancia. En relación con las
desapariciones forzadas, mientras no se haya esclarecido el paradero de
las víctimas y sus familiares continúen sufriendo su pérdida, constituye
una vulneración permanente de los derechos humanos. El Derecho
Internacional de los Derechos Humanos establece que estas conductas,
perpetradas de forma masiva y sistemática, son crímenes de genocidio y
crímenes contra la humanidad (derecho consuetudinario internacional,
Estatutos de los Tribunales Internacionales de Nuremberg y Tokio, ex
Yugoslavia y Ruanda, o Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional). Por otra parte, siendo la tortura un crimen internacional de
naturaleza ius cogens que ofende a toda la humanidad, es perseguible por
todos los Estados cualquiera que sea el lugar donde se cometa. En la
investigación y sanción de estas violaciones graves de los Derechos
Humanos y de sus responsables, el Derecho Internacional prohíbe invocar
la amnistía, la prescripción, u otras figuras excluyentes de
responsabilidad.
Sin embargo, a pesar de su carácter imprescriptible, en España no se ha
producido ninguna investigación judicial sobre los citados crímenes de
lesa humanidad. El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre
Desapariciones Forzadas así lo ha denunciado reiteradamente, la última,
hace sólo unos días cuando varios de sus miembros estuvieron visitando
nuestro país.
Esta situación de impunidad obligó a las víctimas de la represión a
explorar otras vías de acceso a la justicia, lo que motivó que en 2010 un
tribunal argentino iniciase un procedimiento penal para la investigación
de las graves violaciones de los Derechos Humanos perpetradas en
España durante el período indicado. Proceso penal que actualmente se
encuentra en plena tramitación.
PROGRAMA
Preside: Carlos Paris. Presidente del Ateneo de Madrid
Presenta: Mª Teresa Parejo Sousa. Secretaria General de APDHE
Intervienen:
J. Antonio M. Pallín. Magistrado emérito del Tribunal Supremo.
Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas
Carlos Slepoy Prada. Abogado en la querella argentina
Mª Teresa Parejo Sousa. Abogada APDHE
Marcos Ana, Víctor Díaz Cardiel y Elia Martínez. Víctimas de la
represión
Clausura: Jacinto Lara Bonilla. Presidente APDHE
Coordinan: Asunción Valero y Sagrario Losada. APDHE

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COMUNICADO A LOS MEDIOS

Con motivo de la personación de APDHE en la querella ante el tribunal argentino por los crímenes del franquismo, el próximo viernes 11 de octubre se informará sobre el estado actual de dicho procedimiento penal y sobre las actuaciones subsiguientes en el marco del mismo.

Entre otras cuestiones, se abordará el expediente de extradición a la Audiencia Nacional, y las reuniones que víctimas, abogados y sociedad civil han mantenido recientemente con el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas.

La rueda de prensa tendrá lugar a las 11.30 h. en el Auditorio del Espacio Ronda, situado en la Ronda de Segovia nº 50 Madrid (Metro Puerta de Toledo, L.5)

Y en la misma intervendrán los siguientes miembros de la APDHE:

José Antonio Martín Pallín: Magistrado emérito del Tribunal Supremo y comisionado de la Comisión Internacional de Juristas

Carlos Slepoy Prada: Abogado en la querella argentina,       especialista en Justicia Universal

Manuel Ollé Sesé: Abogado y asesor especial de la Junta Directiva de APDHE

Jacinto Lara Bonilla: Abogado, Presidente de la APDHE

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La APDHE convoca los Premios Derechos Humanos 2013. El plazo de presentación de candidaturas finaliza el 5 de noviembre.

La APDHE convoca los Premios Derechos Humanos 2013. El plazo de presentación de candidaturas finaliza el 5 de noviembre.
Más información: Convocatoria Premios DDHH 2013

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Manifiesto contra la tortura y los malos tratos en España

Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) defensoras de los derechos humanos que figuran al final de este Manifiesto, y que se han comprometido con la erradicación de la tortura y los malos tratos en España y en el mundo, se dirigen a la opinión pública con ocasión de la celebración del Día Mundial de Solidaridad con las Víctimas de la Tortura, celebrado el pasado 26 de junio de 2013,  y manifiestan lo siguiente:

1. En el pasado, las OSC han venido reclamando que las más altas instancias políticas debían proclamar su absoluto rechazo de la tortura y malos tratos, admitiendo que su práctica no ha sido erradicada en España, así como  ordenar investigaciones disciplinarias, y de ser necesario, judiciales, ante todo caso de tortura que se denuncie o del que se tenga noticia y que, como medida puramente cautelar, se debería separar de su cargo a los funcionarios investigados.

Todavía hoy sigue siendo necesario impulsar la adopción de estas y otras medidas que contribuyan a la erradicación de la tortura y los malos tratos y a la persecución de estas prácticas, de conformidad con las recomendaciones de diversos órganos internacionales y europeos de protección de losderechos humanos.

La definición de tortura del Código Penal no se adecúa al derecho internacional.

2. España debe reformar el art. 174 del Código Penal a fin adecuar su definición del delito de tortura a la definición del art. 1 de la Convención contra la Tortura, incluyendo explícitamente dos importantes elementos, como lo recomendó el Comité contra la Tortura en sus observaciones finales relativas a España (2009): que el acto de tortura también puede ser cometido por «otra persona en el ejercicio de funciones públicas» y que la finalidad de la tortura pueda ser «intimidar o coaccionar a esa persona o a otras».

El Comité también alentó a España a «castigar todos los actos de tortura con penas adecuadas en las que se tenga en cuenta su gravedad» y «a asegurar que en todos los casos se consideren de carácter grave todos los actos de tortura, dado que ello atañe indisoluble e intrínsecamente al concepto mismo de tortura» (doc. CAT/C/ESP/CO/5, párrs. 7 y 8).

Lamentablemente, el anteproyecto de reforma del Código Penal elaborado por el Gobierno no prevé la modificación del mencionado art. 174. Esperamos, sin embargo, que a lo largo de la tramitación parlamentaria del Proyecto se incluya la modificación de este artículo, a fin de que se adecúe al art. 1 de la Convención contra la Tortura y se de cumplimiento por tanto a las obligaciones contraídas por España con la firma y ratificación de la Convención contra la Tortura. Por otro lado, también debería incluirse respecto al delito de tortura una disposición similar a la prevista en el artículo 616 bis (sobre los delitos contra la Comunidad Internacional).

Investigación, condena y reparación de los actos de tortura. 

3. El Gobierno debe procurar una investigación pronta e imparcial de todo acto de tortura, realizada por un organismo independiente de la policía (art. 12 de la Convención contra la Tortura). También debe garantizar la independencia, prontitud y eficacia de las investigaciones judiciales ante las denuncias que se formalicen por torturas (art. 13 de la Convención contra la Tortura), dotando a los tribunales de los medios necesarios para ello, y que la Fiscalía General del Estado, instruya a los fiscales para que sean activos en la investigación y represión de la tortura. También debe comprometerse a acatar las sentencias condenatorias de funcionarios policiales que hayan cometido torturas y malos tratos, absteniéndose de indultarlos posteriormente. En este sentido, las organizaciones firmantes reprobamos expresamente el indulto concedido en noviembre de 2012 a cuatro Mossos d’Esquadra que habían sido  condenados por torturar a un detenido. Las medidas de este tipo contribuyen a la impunidad de los delitos de tortura, y por tanto son frontalmente contradictorias con una política de prevención eficaz de la tortura.

Criminalización de la protesta y abusos policiales en manifestaciones

4. El Gobierno debe adoptar medidas para asegurar que  todas las autoridades estatales (gubernamentales o no) y todas las Administraciones (estatales, autonómicas o municipales) otorguen la máxima protección y respeto al derecho de manifestación y protesta pacífica, absteniéndose de obstaculizar directa o indirectamente actividades de los ciudadanos, cuando ejercen su legítimo derecho  de expresión, reunión y
manifestación. Igualmente, las autoridades españolas (estatales, autonómicas o municipales) deben prevenir, investigar y castigar  el uso desproporcionado e injustificado de la fuerza contra manifestantes ejercido por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Videovigilancia en comisarías 5. No se ha generalizado la obligación de grabar en soporte audiovisual las sesiones de interrogatorios a todos los detenidos, en todas las comisarías del Cuerpo Nacional de Policía, cuarteles de la Guardia Civil, Policías Autonómicas y Locales de toda España.

Esta obligación de grabar en soporte audiovisual debe extenderse a todas aquellas situaciones y dependencias susceptibles de favorecer la práctica de la tortura o malos tratos. Recordamos que en 2009 el Comité contra la Tortura consideró particularmente importante que el sistema de grabación «cubra todas dependencias policiales del país y que se instale en las celdas y sala de interrogación y no se limite a las áreas comunes»

(doc. CAT/C/ESP/CO/5, párr. 12). Pese a esta recomendación, tanto la Defensora del Pueblo como el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura han considerado que el sistema de videovigilancia de las dependencias de detención de corta duración es muy deficiente (MNPT, Informe anual 2012, p. 182). El nuevo Código Procesal Penal debería contemplar la generalización de este sistema como medida destinada a evitar la impunidad de actos de tortura o malos tratos en dependencias policiales.

Sobre el régimen de detención incomunicada 

6. Cuando se somete a un detenido a medidas especiales con privación de derechos básicos, se crean las condiciones y el clima propicios para la práctica de la tortura y otros tratos prohibidos en el derecho internacional y en nuestro ordenamiento jurídico. Así, urge revisar la legislación vigente en materia de incomunicación (art. 509 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, LECrim) que permite mantener incomunicados, en el caso de detenidos o presos sospechosos de actividades terroristas o de pertenecer a otras bandas criminales hasta un período de trece días porque, como ya indicó el Comité contra la Tortura, el régimen de incomunicación utilizado por España muy específicamente en los delitos de terrorismo y banda armada vulnera las salvaguardias propias de un estado de derecho contra las torturas y otros malos tratos.

Como lo indica dicho Comité, se debe «revisar el régimen de incomunicación, con vistas a su abolición». También la Asamblea General de las Naciones Unidas recordó en  2005 a todos los Estados miembros que «la detención prolongada en régimen de incomunicación o en lugares secretos puede facilitar la perpetración de actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y puede constituir de por sí una forma de esos tratos e insta a todos los Estados a respetar las salvaguardias relativas a la libertad, seguridad y dignidad de la persona» (resolución 60/148 de 16 de diciembre de 2005).

En todo caso, el Comité contra la Tortura indicó que se debe asegurar a todas las personas privadas de libertad el derecho a designar un abogado de su elección y a ser visitadas por un médico de elección; el derecho a que se ponga en conocimiento de un familiar, o la persona indicada por el detenido, el hecho de la detención y el lugar de custodia en que se halle en cada momento, así como el derecho a entrevistarse reservadamente con el abogado de su elección (doc. CAT/C/ESP/CO/5, párr. 12). Lamentablemente, el anteproyecto de Ley Procesal Penal elaborado por el Ministerio de Justicia, lejos de cumplir con las reiteradas recomendaciones internacionales, prevé la posibilidad de aplicar el régimen de incomunicación a todo detenido o preso por cualquier delito castigado con una pena de prisión superior a un año. En línea con las recomendaciones internacionales, las organizaciones firmantes nos oponemos firmemente a  la ampliación de supuestos de este régimen a todo procedimiento penal y, por el contrario, reclamamos la abolición de la detención incomunicada y del régimen de aislamiento penitenciario que, en sí mismos, suponen tratos inhumanos y/o degradantes.  Asistencia letrada en caso de detención y habeas corpus 7. El Comité contra la Tortura también recomendó la reforma del art. 520 de la LECrim con un doble objeto: (a) hacer más efectivo el derecho a la asistencia letrada reduciendo el actual plazo máximo de ocho horas en el que ha de realizarse ese derecho; y (b) asegurar que cuando se procede a la detención, al realizarse la lectura de los derechos, se incluya entre ellos el derecho a solicitar la presentación inmediata ante un juez (habeas corpus) que no está expresamente previsto en esa disposición (doc. CAT/C/ESP/CO/5, párr. 10).

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura ha constatado que en «la mayoría de las dependencias visitadas no se informa por escrito a los detenidos de la posibilidad de interponer un procedimiento de hábeas corpus» (MNPT, Informe 2012, p. 183). Es imperativo que el  nuevo Código Procesal Penal garantice la realización de estos dos derechos. En el momento actual de armonización de los derechos procesales en la UE y teniendo en cuenta que la Directiva sobre el derecho de acceso a un abogado en los procesos penales y el derecho de comunicación en el momento de la detención será adoptada en breve, lo que implicará que España tenga que trasponer e implementar de forma efectiva, España debería aprovechar la reforma actual de la Ley Procesal Penal, para incluir los estándares mínimos de las Directivas procesales en esta materia.

Ambigüedad en la tipificación del delito de terrorismo

8. En los artículos 572 a 580 del Código Penal (tanto en su versión vigente, como la que consta en el anteproyecto de reforma) persiste una  peligrosa ambigüedad en las definiciones empleadas. Conforme a la práctica internacional, la tipificación del delito de terrorismo se debiera reservar a las situaciones en las que concurren tres elementos: (a) la intención de causar la muerte o lesiones corporales graves; (b) las víctimas son habitualmente civiles o no combatientes; y (c) la intención de intimidar o desestabilizar al Gobierno, u obligarle a actuar una manera determinada. En consecuencia, otras conductas menos graves no debieran asimilarse al terrorismo ni sus autores quedar sujetos a la aplicación de medidas que pudieran propiciar la práctica de la tortura y malos tratos.

Medidas antiterroristas y derechos humanos

9. Las medidas antiterroristas del Estado deben ser compatibles con sus obligaciones
internacionales en materia de derechos humanos, en particular los derechos protegidos
por el art. 4.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el principio de no discriminación, porque su suspensión no se permite bajo ninguna circunstancia.

Deben preservarse especialmente las siguientes garantías: el derecho del detenido a ser asistido por un médico y un abogado de su elección  desde el mismo momento de su detención, y a informar a sus familiares; la expresa prohibición de condenar al acusado sobre la base de confesiones extrajudiciales tomadas sin las garantías del debido proceso; el derecho del detenido a la presunción de inocencia y la obligación del médico forense de emitir sus certificados médicos conforme a los requerimientos del Protocolo de Estambul.

Centros de internamiento de extranjeros (CIE)

10. El internamiento preventivo y sistemático en los CIE de toda persona extranjera en situación administrativa irregular que no haya cometido ningún delito, es contrario al derecho a la libertad y a la seguridad personales proclamado en el art. 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el art. 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y al principio de no discriminación consagrado en los
artículos 2.1. y 26 del mismo Pacto. Esta situación afectó durante el año 2011 último
dato ofrecido por el Gobierno) a 13.241 personas extranjeras, que fueron internadas en los nueve CIE existentes en aquel momento (en este momento, tras el cierre del CIE de Málaga son ocho). De ellas, solamente 6.825 (el 51,5%) fueron expulsadas finalmente del territorio español.

11. Además, por tratarse de una medida legislativa desproporcionada en relación al objetivo (legítimo) del Estado de regular las migraciones, el internamiento en CIE de personas extranjeras en situación irregular es discriminatoria y por tanto incompatible con el art. 5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. Así lo estableció el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en su dictamen sobre el caso Adnam el Hadj de agosto de 2012. Por lo tanto, debe abolirse el internamiento en CIE y ser sustituido por medidas cautelares compatibles con el derecho a la libertad y seguridad de todas las personas y no discriminatorias, tales como: la notificación periódica a las autoridades, el depósito de una garantía financiera, o la obligación de permanecer en un domicilio designado, un centro abierto u otro tipo de vivienda especial.

12. La normativa de extranjería española ha sido frecuentemente vulnerada en lo que se refiere a las condiciones reales de internamiento en los CIE. Distintos informes de máxima solvencia (cf. entre otros, el Informe 2012 del Mecanismo Nacional de
Prevención de la Tortura y el Informe del Comité Europeo de Prevención de la Tortura
tras su visita a España en 2011) demuestran que las personas internadas en los CIE
sufren condiciones materiales inhumanas; abusos y malos tratos frecuentes por parte de los responsables de su custodia; se les impone dificultades para acceder al juez, al fiscal, a sus abogados, a sus familiares y a las OSC. Se cometen así violaciones de derechos humanos inderogables, tales como el derecho a la integridad física y moral o el derecho a un recurso efectivo.

13. Tampoco se respetan en los CIE los derechos económicos, sociales y culturales de las personas internadas, en particular el derecho de acceso en condiciones de igualdad a la salud pública, la asistencia médica, la seguridad social y los servicios sociales a que tiene derecho toda persona privada de libertad. Indudablemente, ello repercute de forma negativa en la integridad física y mental de las personas detenidas. El Comité de Derechos Económicos y Culturales, en sus observaciones finales sobre España de mayo de 2012, instó al Estado «a dar pleno efecto a la nueva normativa para mejorar las condiciones de vida en los centros de retención para los extranjeros pendientes de expulsión» [E/C.12/ESP/CO/5, párr. 14].

14. En diciembre de 2009 el Gobierno se comprometió a aprobar en un plazo de seis meses el reglamento sobre funcionamiento de los CIE. Cuatro años más tarde dicho
reglamento sigue sin aprobarse, a pesar de las recomendaciones del Comité para la
Eliminación de la Discriminación Racial (observaciones finales sobre España, marzo de
2011), y más recientemente, del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre formas
contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia (informe sobre la visita realizada a España en enero de 2013, doc. A/HRC/23/56/Add.2, de 6 de junio de 2013). Es más, el proyecto de reglamento al que
la sociedad civil ha tenido acceso, no garantiza el correcto disfrute de los derechos
humanos de las personas internadas, ni prevé la adopción de medidas contra la tortura y otros tratos en su interior.

15. En consecuencia, las organizaciones firmantes instan la inmediata erradicación de las políticas de internamiento preventivo de personas extranjeras en situación administrativa irregular y suscriben la opinión del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas de que «la detención de inmigrantes debería suprimirse gradualmente. Los migrantes en situación irregular no han cometido ningún delito. La penalización de la migración irregular sobrepasa el interés legítimo de todo Estado de proteger su territorio y reglamentar la corriente regular de migrantes» (doc. A/HRC/13/30, de 18 de enero de 2010, párr. 58).

16. Los migrantes constituyen en nuestra sociedad uno de los eslabones más débiles en la cadena de víctimas de tortura y malos tratos, por lo que su protección en forma de
medidas eficaces, preventivas y correctivas, debe ser urgentemente emprendida, de
conformidad con las normas internacionales a cuyo cumplimiento se ha obligado
España.

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Carta para Su Majestad el Rey con motivo de su visita oficial a Marruecos

COMUNICADO DE LA ASOCIACIÓN PRO DERECHOS HUMANOS DE ESPAÑA

S.M. DON JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA
Palacio de la Zarzuela

Majestad:

Con motivo del viaje oficial que realizará al Reino de Marruecos, los días 15,16 y 17 del presente mes de Julio del 2013, atendiendo a una invitación del Rey Mohamed VI de Marruecos, acompañado por el Ministro de Asuntos Exteriores Cooperación, así como por un importante grupo de empresarios y ex ministros, le solicitamos que los Derechos Humanos también sean parte de su agenda.

Majestad:

Los acuerdos comerciales e inversiones empresariales se efectúan entre personas con el fin de mejorar la vida de muchos ciudadanos y el mantenimiento de los puestos de trabajos correspondientes. Pero no permitamos que estos nobles objetivos nos alejen de la cruda realidad, y nos hagan olvidar  la situación en la que se encuentran miles de ciudadanos, cuyos derechos fundamentales son violados constantemente.

Desde la Asociación Pro Derechos Humanos de España, deseamos que transmita al Rey Mohamed VI de Marruecos, la continuada situación de vulneración de los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental, que son consecuencia directa de la invasión del territorio, a través de los ilegítimos  “Acuerdos de Madrid”, firmados el 14 de noviembre de 1975.
Treinta y ocho años después de la firma de dichos acuerdos, comprobamos lamentablemente, el triste legado de los mismos: torturas y malos tratos, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, asesinatos, ausencia de legalidad y derecho de defensa, represión de activistas y civiles saharauis, discriminación y violencia hacia mujeres y niñas, permanente uso de la fuerza para reprimir manifestaciones, o ausencia de libertad de expresión.

CONSIDERAMOS:

1.-  Decepcionante y reprobable, la complicidad de algunos miembros de la Comunidad Internacional, España incluida, que no debate ante el Rey de Marruecos los  incuestionables argumentos de legalidad internacional que deslegitiman  su consideración unilateral del  Sáhara Occidental, como parte de su territorio. Esta actitud irresponsable  favorece la cultura de la guerra,  la confrontación y constante violación de los derechos fundamentales de los habitantes de los Territorios No autónomos del Sáhara Occidental, el expolio de todos sus recursos, y menosprecia la lucha pacífica que los jóvenes saharauis realiza desde  la firma de los acuerdos de paz de 1991.

2.-  Vergonzoso e inadmisible que la misión de la ONU en el territorio (MINURSO) siga sin  poder actuar  ante cualquier flagrante violación de los Derechos Humanos, al carecer de facultades,  sin que pueda actuar  en defensa de los derechos inalienables de un pueblo sometido a una feroz invasión y posterior colonización. El  Consejo de Seguridad olvida sus responsabilidades en el ejercicio de la autodeterminación del pueblo saharaui,  y permite, sin embargo, que se deriven procesos militares tan injustos y arbitrarios como los celebrados en Raba, por un tribunal extraterritorial e incompetente para enjuiciar hechos fuera del Reino de Marruecos, según la propia doctrina y resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

3.-  Inaceptable el comportamiento de nuestro Gobierno, que presume de los avances de Marruecos en el ámbito de los Derechos Humanos, por ser consciente de las circunstancias en las que se ha desarrollado este juicio mediático militar, sometiendo a ciudadanos del  Sahara Occidental, precisamente a una jurisdicción estrictamente militar, con la disculpa de la comisión de actos de terrorismo. El único acto de terrorismo de Estado de crimen contra la humanidad, fue la invasión del Territorio No Autonomo del Sahara Occidental por parte de Marruecos, que asumió sin legitimidad internacional las funciones de Potencia Administradora, en contra del Art.73 / Cap. XI de la Carta de las Naciones Unidas.

4.-  La frase utilizada en los últimos años por la diplomacia española“Abogamos porque las partes se pongan de acuerdo y se consiga una paz, justa y duradera en el marco de Naciones Unidas,…” choca frontalmente con una realidad: la ilegitimidad de los “Acuerdos de Madrid”, origen del drama humanitario saharaui. Los amantes de la Verdad y del respeto de los Derechos Humanos nos oponemos a la legalización de la autoridad de Marruecos en el Territorio No Autónomo del Sáhara Occidental, y por tanto la permanencia del  “status quo” actual, en que Marruecos actúa impunemente, mientras que el pueblo saharaui soporta la injusticia diaria.

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Comunicado sobre los periodistas detenidos en Melilla

A la vista de la información publicada ayer en el diario digitalperiodismohumano.com, titulada:

«El corresponsal de Periodismo Humano en Melilla detenido, incomunicado y denunciado cuando cubría un salto a la valla» 

esta Asociación Pro Derechos Humanos de España critica enérgicamente la actuación de los miembros de la Guardia Civil que se relata detalladamente en dicha información, en relación con los periodistas Blasco de Avellaneda, corresponsal de Periodismo Humano en Melilla, y Richard Mateos, de Radio Malva, esperando que se les indemnice debidamente por los daños morales y materiales causados, así como que tales comportamientos no se repitan, para lo que confía en que por parte de los Mandos nacionales y locales de la Guardia Civil se adopten las medidas oportunas al respecto de carácter disciplinario e incluso penal.


En el relato publicado converge la actuación de personas de conocida integridad y entrega a causas solidarias como defensores de los Derechos Humanos. La APDHE tiene repetidas pruebas de esto, publicadas en diversos momentos. Así:

• El Director-Fundador de Periodismohumano.com, Javier Bauluz de la Iglesia, el Premio Derechos Humanos de Periodismo (2008) otorgado por la APDHE: «por sus numerosos reportajes y potentes imágenes que denuncian la violencia contra personas inocentes; y por su compromiso público para reivindicar la misión y responsabilidad del periodismo en la defensa y promoción de los Derechos Humanos».

• La Subdirectora de Periodismo Humano, Patricia Simón, que ha redactado la mencionada crónica y entrevistado a testigos, acaba de ser galardonada con el Premio de la Asociación Española de Mujeres de Medios de Comunicación «por su compromiso en la defensa de los Derechos Humanos», entre otros méritos.

• La Asociación Pro Derechos de la Infancia (Prodein), dirigida por José Palazón Osma, obtuvo a su vez el Premio Nacional Derechos Humanos 2005, compartido con otras cinco asociaciones melillenses, «por sus trabajos para los menores no acompañados de Melilla, en su mayoría niños marroquíes abandonados, y los niños sin escolarizar; por su actuación en favor de los que llegan a Melilla, buscando testimonios sobre la situación en Marruecos de estas personas».

Ante testimonios de tan alta credibilidad, la APDHE reafirma su condena del método utilizado por la fuerza de la Guardia Civil en los hechos que se citan.

Más información:

[1] El corresponsal de Periodismo Humano en Melilla, detenido, incomunicado y denunciado

[2] Iniciador y primen firmante delhttp://www.manifiestoperiodismoyderechoshumanos.com/

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II Encuentro Mujeres Migradas: compartiendo estrategias

La Red de mujeres Latinoamericanas y del Caribe en España se complace en invitarlas a la celebración de nuestro II Encuentro denominado «Mujeres migradas compartiendo estrategias: Accionando frente a la crisis, por una ciudadanía universal», que se llevará acabo los días 28 y 29 de junio de 2013 en el Salón Nueva Estafeta del Ateneo de Madrid, Calle del Prado 21, Madrid. Puedes entrar en este enlace para encontrar la ficha de inscripción, la cuál deberá ser enviada antes del 25 de junio al correo: inscripcionesredlatinas@gmail.com

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En defensa de un órgano de participación social en la nueva Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

El Observatorio de Contenidos Televisivos y Audiovisuales (OCTA) ha pedido que se incorpore un órgano de participación social en la nueva Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Según el OCTA, ese órgano, que ya está previsto en la Ley General de la Comunicación Audiovisual, es coherente además con los objetivos del Plan Estatal Nacional de Infancia y Adolescencia 2013-2016 recientemente aprobado por el Gobierno.

El Observatorio de Contenidos Televisivos y Audiovisuales (OCTA), plataforma que integra a más de medio centenar de organizaciones sociales, ha pedido la inclusión de un Consejo Consultivo del audiovisual e internet en la futura Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), con el fin de garantizar la participación ciudadana en la defensa básica de sus intereses, tal y como prevé la actual Ley General de la Comunicación Audiovisual.


En estos momentos en que el Proyecto de Ley de la futura Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) espera su aprobación definitiva en el Senado y las organizaciones miembros del OCTA (de padres y madres, de infancia, de consumidores y usuarios, sindicatos, etc.) piden que se incorpore esta propuesta que ya obtuvo el respaldo de la mayoría de los grupos en su tramitación en el Congreso.

El Proyecto de Ley de la CNMC prevé que este macrorregulador cuente con un área específica para el audiovisual e internet y es, en ese ámbito, en el que se concreta la propuesta del OCTA de contar con un órgano que deba ser consultado de modo preceptivo en las decisiones que se adopten. El Consejo Consultivo serviría también de cauce para las quejas y reclamaciones de la ciudadanía, especialmente en aspectos como la protección de los menores en la red y en relación con los contenidos televisivos y audiovisuales.

El OCTA pide al Gobierno que promueva la creación de este Consejo Consultivo en coherencia,
además, con los objetivos del Plan Estatal Nacional de Infancia y Adolescencia 2013-2016, aprobado hace unas semanas en Consejo de Ministros. El Plan establece una actuación transversal que implica a diferentes ministerios y organismos de la administración, con el fin de impulsar los derechos y la protección de la infancia en relación con los medios de comunicación y las tecnologías de la información en general.

Para ello se plantean medidas normativas y de control que doten de mayor eficacia la regulación de los contenidos, pero también actuaciones en positivo que promuevan productos audiovisuales con valores y la satisfacción de los deseos y necesidades de la población infantil.

El OCTA muestra su satisfacción por el papel nuclear que en el Plan pretende darse al Observatorio de Infancia, y pide que el OCTA, por su papel representativo de los diferentes sectores de la sociedad civil vinculados a la protección de la infancia y la juventud, pueda colaborar en la consecución de los objetivos propuestos.

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FIRMA: PIDE AL GOBIERNO ESPAÑOL QUE ASUMA LAS RESPONSABILIDADES DE ESTADO (1975), DENUNCIANDO LA ILEGALIDAD DE LOS ACUERDOS DE MADRID Y ACTUANDO EN CONSECUENCIA.

FIRMA: PIDE AL GOBIERNO ESPAÑOL QUE ASUMA LAS RESPONSABILIDADES DE ESTADO (1975), DENUNCIANDO LA ILEGALIDAD DE LOS ACUERDOS DE MADRID Y ACTUANDO EN CONSECUENCIA.

 

 

Nosotros, ciudadanos, miembros de la sociedad civil, a través de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, así como, organizaciones, personalidades, intelectuales, y profesionales que se adhieren a este documento, manifestamos lo siguiente:

Sr. Presidente,

A 115 Kms de las Islas Canarias, persiste desde la invasión militar marroquí (30/10/1975), y la firma de los “Acuerdos de Madrid”,(14/11/1975), un desastre humanitario con miles de muertos, cientos de desaparecidos, torturados y encarcelados.
España, en 1975, incumplió sus responsabilidades con Naciones Unidas y con el pueblo saharaui, violando deliberadamente los Propósitos y Principios de la Carta de Naciones Unidas.
Después de treinta y cinco años, no existe ni un solo estado miembro de la comunidad internacional, que haya reconocido la legitimidad del Territorio No Autónomo del Sahara Occidental, como territorio marroquí. Por el contrario un elevado número de Estados, ha reconocido al Estado de la R.A.S.D. y ha establecido relaciones diplomáticas oficiales con su Gobierno, representado por el Frente Polisario.
La población saharaui nos da una lección de dignidad, paciencia, valentía, y espíritu de sacrificio, demostrándonos que todo tiene un límite, y que los tristemente célebres “Acuerdos de Madrid” solo fueron un instrumento ilegal, cuya no denuncia, ha arrastrado a una desestabilización a toda la zona, donde las detenciones arbitrarias, torturas, secuestros, desapariciones, asesinatos, y expolios en sus medios de subsistencia, han sido y son el triste legado de dichos acuerdos.
Por todo lo anterior, el Gobierno de España, deberá demostrar la legalidad de los “Acuerdos de Madrid”, y del Decreto RD2258/76, y en caso contrario, por coherencia, justicia y cumplimiento de la legalidad, exigimos, de este gobierno, y de los partidos políticos que conforman el amplio arco parlamentario, lo siguiente:

Me adhiero a la Carta dirigida al Presidente del Gobierno de España, Sr. Rajoy, por ser de Justicia y un derecho del pueblo saharaui, exigiendo:

A) LA DENUNCIA de los “Acuerdos de Madrid”, y del Decreto RD2258/76
(10 Agosto 1976) por procedimiento de urgencia.
B) LA RESTITUCIÓN inmediata de la nacionalidad española a todos los saharauis censados en 1974, sus descendientes, y todos los que puedan demostrar su derecho a mantener u obtener la nacionalidad española.
C) El INICIO URGENTE de las acciones pertinentes para entregar a las Naciones Unidas las responsabilidades adquiridas por España como Potencia Administradora en 1962, y que, al igual que en el precedente de Timor Oriental, el Sahara Occidental quede bajo la “Administración de Transición de las Naciones Unidas para Sahara Occidental”, como protección de la vida de sus habitantes, sus recursos naturales y su promoción, como Territorio No Autónomo hasta su descolonización a través del referéndum de autodeterminación correspondiente.
En la seguridad de contar con su apoyo en la defensa de tan justa causa, le saludamos con nuestra máxima consideración,

FORMULARIO PARA FIRMAR

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