Comunicados

Comunicado de la APDHE sobre la extradición de Inocente Orlando Montano

NOTA DE PRENSA APDHE

La Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) recibe con satisfacción la extradición y las detenciones de militares salvadoreños en relación con la masacre de los Jesuitas en la Universidad Centroamericana de El Salvador.

Madrid – La Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) recibe con satisfacción la decisión de extradición a España del coronel y ex viceministro de Seguridad Pública Inocente Orlando Montano y el arresto de 17 militares salvadoreños con orden de detención internacional por crímenes de lesa humanidad y terrorismo, como consecuencia de su participación en la matanza de seis jesuitas y una empleada y su hija en la Universidad Centroamericana de El Salvador (UCA).

Manuel Ollé, director del equipo jurídico de la Asociación Pro Derechos Humanos de España que ejerce la acusación en el proceso penal que se tramita por estos hechos ante la Audiencia Nacional, ha manifestado en relación con la extradición concedida que «La decisión de los tribunales de Estados Unidos es un paso extraordinariamente importante en la persecución de los crímenes internacionales cuando violan gravemente los Derechos Humanos. Y, muy especialmente, por la tutela judicial que merecen todas las víctimas en su exigencia de Justicia. En este caso, además, la decisión de EEUU es un hito para el Derecho Penal Internacional al reconocer que estos aberrantes crímenes no pueden quedar impunes y brindar la necesaria cooperación jurídica para que los presuntos autores de estos hechos sean juzgados. Más allá de los intereses políticos, se demuestra una vez más la importancia de la justicia universal como instrumento judicial eficaz de lucha contra la impunidad.» También ha añadido que «lo acontecido en estas últimas horas con la detención en el Salvador de 17 militares acusados por los mismos crímenes es un síntoma de que la Comunidad Internacional comienza a reaccionar en la lucha contra la impunidad». Finalmente Manuel Ollé ha querido destacar que «este caso, además, tiene una connotación especial, se está enviando un mensaje a la comunidad internacional: los juicios trampa o los juicios teatro para aparentar la realización de la Justicia son fraudulentos y por tanto nulos. El Tribunal Supremo español reconoció recientemente que el juicio celebrado en el Salvador vulneró los estándares internacionales de lo que debe ser un juicio justo y con todas las garantías y, por tanto, dio luz verde a que los acusados puedan ser enjuiciados en España».

La matanza se perpetró el 16 de noviembre de 1989 a manos de Fuerzas del Ejército salvadoreño, que asesinaron al entonces rector, Ignacio Ellacuría, y a otros cinco sacerdotes, entre los que se encontraban los españoles Amando López, Juan Ramón Moreno, Segundo Montes e Ignacio Martín Baró, y el salvadoreño Joaquín López. También fueron asesinadas la empleada salvadoreña Elba Julia Ramos y su hija Celina.

La APDHE es la organización española más antigua -fue constituida en 1.976- dedicada específicamente a la defensa y promoción de los Derechos Humanos. Ha ejercido y ejerce la acusación en múltiples procesos penales tramitados en virtud del principio de justicia universal (Casos: Argentina, Chile, Sáhara, El Salvador, Guatemala, Vuelos de la CIA, Guantánamo, etc…)

Ver Comunicado PDF

Read more

La Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) rechaza la posición de la Unión Europea y sus estados miembros frente a la denominada crisis de refugiados

 La Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) rechaza la posición de la Unión Europea y sus estados miembros frente a la denominada crisis de refugiados, y exige que se reconozcan plenamente los derechos humanos que les asisten y muy especialmente el derecho de asilo. El control de fronteras europeas no puede socavar y vulnerar los derechos de los refugiados. Las instituciones y los gobiernos democráticos de Europa no se han situado a la altura del drama humanitario existente. Los Ministros de Interior de la UE no han llegado a un acuerdo para el traslado de 120.000 refugiados desde Grecia, Italia y Hungría, sino que han retomado un acuerdo anterior para el traslado únicamente de 40.000 personas. La cifra resulta insuficiente y por otra parte no se adoptaron medidas para su cumplimiento obligatorio por los estados miembros. Esta conducta pone en entredicho los valores fundacionales de la Unión Europea, ya que de acuerdo con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, es necesario el establecimiento de vías de acceso y acogida para todas aquellas personas que huyen de países en conflicto. Además de la ayuda humanitaria, la larga duración de los conflictos requiere la adopción de soluciones duraderas para las personas necesitadas de protección internacional, como la implementación de una nueva política de asilo europea cuya prioridad sean los Derechos Humanos sobre la seguridad y el control fronterizo. También es preciso abordar las causas que provocan los éxodos masivos de personas y buscar soluciones no violentas a los conflictos, en lugar de promover las intervenciones militares. Rechazamos la hipocresía de los gobiernos europeos y les recordamos que los derechos humanos no son literatura o retórica de los Tratados Internacionales sino obligaciones que deben cumplir. Realizamos un llamamiento al Gobierno Español para que se sitúe al nivel de países como Francia o Alemania reforzando la propuesta de mínimos establecida por la Comisión Europea para el acogimiento de refugiados. La presión de las organizaciones sociales y de la opinión pública es fundamental. La APDHE ha expresado su indignación y rechazo por la denominada crisis de los refugiados ante las sedes en España del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea, así como ante el Ministerio de Asuntos Exteriores. Además, como miembro de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), la APDHE participa en las campañas impulsadas por esta organización internacional a favor de los refugiados. La FIDH ha formulado recomendaciones detalladas sobre migración y asilo a la Unión Europea y sus Gobiernos. Campañas

https://www.fidh.org/International-Federation-for-Human-Rights/european-union/occupy4migrants-fidh-launches-campaign-demanding-european-leaders-to 

http://free-syrian-voices.org/ 

Ver Comunicado

Madrid, 22 de septiembre de 2015

Read more

Carta al Presidente del Gobierno “El “DESEO” de Takbar Hadddi,…….Y la necesaria “ACCION” del Gobierno y Grupos políticos de España

El saharaui Mohamed Lamin Haidala sufrió una brutal agresión que le causó la muerte el 30 de enero de 2015 por parte de colonos marroquíes en El Aaiún. Hasta la fecha, el cuerpo no ha sido entregado a su madre. El pasado 15 de mayo su madre Takbar Haddi inició una huelga de hambre.

Ver carta: Carta Takbar Haddi

Read more

La APDHE ante el Examen Periódico Universal de España

La Asociación Pro Derechos Humanos de España denuncia ante el Consejo de Naciones Unidas la impunidad de España ante los crímenes contra la humanidad cometidos durante el franquismo y la práctica eliminación del Principio de Justicia Universal en la legislación española

Ver Nota de prensa

Read more

La APDHE tras su visita a los Campamentos de Refugiados Saharauis

Manuel Ollé y Sara Ruiz, abogados de la APDHE han estado presentes en los campamentos de refugiados saharauis en Argelia en esta XII edición del FiSahara en compañía de la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA)

 

 Ver nota

Read more

Comunicado de la APDHE sobre el caso de la masacre de los jesuitas en El Salvador

Comunicado de la APDHE sobre el caso de la masacre de los jesuitas en El Salvador

La Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) recibe con satisfacción la resolución judicial adoptada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de España, que acuerda, con base en el principio de justicia universal, confirmarla jurisdicción de los tribunales españoles para continuar investigando los asesinatos del Padre Ignacio Ellacuría, Ignacio Martí Baró y de 4 sacerdotes más, junto con su empleada doméstica y su hija menor de edad, perpetrados el 16 de noviembre de 1989 en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. El crimen se habría cometido en ejecución de un plan concebido en la sede del Estado Mayor del Ejército y en cumplimiento de las órdenes dadas por sus superiores.

Esta resolución viene motivada tras la reforma de la justicia universal por Ley Orgánica 1/2014, que adoptó el principio de subsidiariedad, excluyendo la competencia de los Tribunales españoles cuando ya se hubiera iniciado una investigación en el lugar de comisión de los hechos, salvo que dicha investigación hubiera tenido como objeto sustraer a la persona de su responsabilidad penal o no se hubiera sustanciado de forma independiente o imparcial.

Pues bien, aunque sobre estos hechos criminales ya se había desarrollado un procedimiento penal ante los tribunales salvadoreños, el Tribunal Supremo ha afirmado que no existe cosa juzgada, ya que dicho proceso no pretendió realmente que los responsables de los hechos fueran castigados sino, más bien, su sustracción a la justicia. La investigación no resultó eficaz ni fue imparcial, y las únicas personas declaradas culpables por los tribunales salvadoreños fueron amnistiadas poco después.

El Tribunal Supremo acoge así la tesis – planteada por la Asociación Pro Derechos Humanos de España y el Centro por la Justicia y la Responsabilidad (Center forJustice&Accountability) – de que la resolución judicial salvadoreña fue cosa juzgada fraudulenta y que el procedimiento judicial seguido en ese paísfue una farsa que contravino los estándares internacionales del proceso debido en el ámbito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Por tanto, el Juzgado Central de instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional continuará investigando estos execrables hechos constitutivos de terrorismo y crímenes de lesa humanidad, por cuya participación han sido procesados hasta el momento 20 militares de El Salvador.  En este momento se está tramitando en Estados Unidos la demanda de extradición solicitada por las autoridades españolas respecto del Coronel Montano.

 

Madrid, 6 de mayo de 2015

Read more

La APDHE ante el Caso de María José Carrascosa: su dignidad, su fuerza, su lealtad y su defensa de los Derechos Humanos: un ejemplo internacional

La APDHE ante el  Caso de María José Carrascosa: su dignidad, su fuerza, su lealtad y su defensa de los Derechos Humanos: un ejemplo internacional

Cuando los padres y la hermana de María José Carrascosa recurrieron a la Asociación Pro Derechos Humanos de España a mediados de 2004 con el fin de darnos a conocer la situación que venía soportando su hija María José para conseguir el derecho a la custodia de la hija, nacida en 2000 del matrimonio entre María José Carrascosa y su esposo de nacionalidad estadounidense, y en proceso de divorcio en 2004, no imaginábamos que lo que sus  padres y hermana nos estaban exponiendo llegaría a ser un caso tan sumamente perverso para María José.

Después, con el tiempo, según nos fueron aportando documentación, vimos que el caso no podía resolverse solamente con nuestro único apoyo y sugerimos a la familia la  posibilidad de  trabajar conjuntamente con apoyos más directos, como el  Ministerio de Asuntos Exteriores y con la Secretaria General del Ministerio del Interior, para conseguir que, en lo que estuviera de nuestra parte, se consiguiera variar la situación de María José a otra más favorable o al menos en planos de igualdad entre las partes: padre y madre de la menor.

Nos fuimos dando cuenta de los límites que puede plantear la justicia cuando no existe una necesaria coordinación entre países en figuras jurídicas tan importantes como son las de las relaciones humanas. Los países y sus relaciones internacionales tienen figuras jurídicas relacionadas con lo económico, con el intercambio   comercial, con las fronteras, etc…. Sin embargo  no parece que tal coordinación exista  en la resolución de problemas interpersonales, sobre todo en los casos  donde están en juego los derechos humanos.

Los Estados se empeñan en mantener sus legitimidades sin entrar en la problemática que puede darse entre las personas. En el caso de María José Carrascosa sucedió que, ante el distinto derecho a la custodia de ambos sobre la menor, el padre y la madre fueron tratados de muy diferente manera por la justica de sus respectivos países; mientras que el Tribunal de Valencia (España) dio la custodia a favor de María José Carrascosa, el Tribunal del Estado de Nueva Jersey (Estados Unidos) en posesión de documentación perfectamente cotejada por diferentes abogados españoles y por la propia María José que llevó su defensa, fueron desestimados por el juez Donald Venezia, que concedió al padre la custodia y todos los derechos sobre la menor, según la ley  del Estado de Nueva Jersey. Desde España, y a pesar de los apoyos naciones e internacionales recabados, no hubo manera de hacer comprender la situación de la madre que, por otro lado, no negaba la custodia compartida a su expareja y padre de la niña.

Desde el  2005 al 2006 se hizo una llamada de atención a la ciudadanía estadounidense pero la respuesta fue la sentencia de un jurado popular dando la razón a la sentencia del Juez de Nueva Jersey,  reforzando la culpabilidad y ampliación de la condena a 14 años por secuestro de la menor por María José Carrascosa y por delito de  violación del derecho del padre a la custodia. La sentencia firme ya no tenía vuelta de hoja hacia otra posibilidad más humana que entendiera no solo al padre sino  a  ambas partes.  Las condenas aplicadas a María José Carrascosa fueron varias:

–          El juez Edward Torack, del condado de Bergen (Nueva Jersey), concedió la custodia de la niña al padre y ordenó a la madre regresar a Estados Unidos para entregar a su hija.

–          El juez del Estado de Donald Venezia condenó a María José a 14 años de cárcel sin comunicación ni posibilidad de ver a su hija.

–      Un jurado popular declaró culpable de nueve delitos a María José Carrascosa en noviembre de 2005.

En  2006 fue encarcelada sin haber conseguido aminorar la pena, ni las condiciones ni los contactos y visitas familiares.

La familia de Carrascosa comunicó a la APDHE que presentaría una queja ante La Haya y la ONU.

Los esfuerzos realizados no surtieron efecto.

La Asociación Pro Derechos Humanos de España, el Ministerio de Asuntos Exteriores, a cargo del Señor Moratinos, el Ministerio del Interior,  mediante su Secretario General, y el señor Pérez Rubalcaba, junto con varios medios de comunicación, todos al unísono, intentamos lo posible y lo imposible por cambiar la situación  de María José Carrascosa e hicimos notar la perversidad y desencuentro  de esta figura  jurídica que no mostró la más mínima sensibilidad ni flexibilidad ante el caso y su situación.

No podemos dejar de mencionar la conducta de María José Carrascosa ante su sentencia firme y ante todo lo que rodeó al caso antes y después de ser sentenciada.

María José ha demostrado ser algo más que una madre coraje: ha sido valiente al traerse a su hija a España con plena convicción de que nada ni nadie puede sustraer a sus hijos a una madre en perfecto estado psicológico. María José asumió todos los riesgos sin dar marcha atrás.

Ha sido digna hasta el final, y ello después de soportar una condena de nueve años de prisión, absolutamente injusta y disconforme a nuestro propio  ordenamiento jurídico.

Por último, destacar que rechazó el indulto por considerarse inocente y no culpable. Si hubiera aceptado el indulto, de alguna manera, hubiera asumido culpabilidad y reconocido la sentencia. Pero como extraordinaria abogada que es, y lo ha demostrado en su caso, no cedió.  María José no solo es un ejemplo de dignidad, sino también un ejemplo para la Justicia Internacional, la cual debería ocuparse en la coordinación y resolución de este tipo de casos con soluciones más humanas, considerando que no se pueden desvincular, ni por relaciones políticas, ni por relaciones económicas, ni por relaciones internacionales, el pleno cumplimiento de los Derechos Humanos, pues no podemos olvidar que lo último que ha primado en este caso es el interés de la menor a la que se le ha impedido relacionarse con su madre durante nueve años.

Estimada y respetada María José,  la Asociación Pro Derechos Humanos de España te felicita en nombre de todos sus socios y lamenta que la justicia, en todos estos años, en lugar de solucionar el problema lo haya agravado. Para nuestra asociación siempre serás un espejo dónde nos miraremos y no cesaremos en nuestro empeño para que casos como el tuyo no se repitan.

Jacinto Lara Bonilla

Presidente de la APDHE

Read more

Comunicado de la APDHE sobre el caso de genocidio en el Sáhara Occidental

Comunicado de la APDHE sobre el caso de genocidio en el Sáhara Occidental

La Asociación Pro Derechos Humanos de España ha recibido con satisfacción la resolución judicial adoptada hoy por el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional.

En ella el juez Pablo Ruz ha declarado procesados a once altos cargos y militares del Gobierno de Marruecos, por un delito de genocidio en concurso con detención ilegal, torturas, asesinato y desaparición forzada. Asimismo, acuerda librar órdenes internacionales de detención con fines de extradición.

Este procedimiento penal se inició a raíz de la querella interpuesta por víctimas saharauis, la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis, la Federación Estatal de Instituciones Solidarias con el Pueblo Saharaui, la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Pueblo Saharaui y la Asociación Pro Derechos Humanos de España. Además, tras el descubrimiento de una fosa común con restos de 8 víctimas y su exhumación por un equipo de forenses españoles, en enero de 2014 el juez aceptó ampliar la querella a instancias de la Asociación Pro Derechos Humanos de España.

El auto de procesamiento dictado el día de hoy supone un decisivo avance contra la impunidad de las graves violaciones de los derechos humanos, perpetradas por las fuerzas militares marroquíes contra la población civil saharaui.

Ver resolución judicial: Auto_procesamiento_sahara_abril 2015

Photo credit: Saharauiak / Foter / CC BY-SA

Read more

España amordaza la libertad de expresión y de reunión y restringe el derecho de asilo

España amordaza la libertad de expresión y de reunión y restringe el derecho de asilo
A pesar de la fuerte oposición de la sociedad civil, de todos los partidos de oposición, de la opinión pública, así como de la condena por parte de Naciones Unidas y del Consejo de Europa, España adoptó el pasado jueves 26 de marzo la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, en lo que muchos consideran un día aciago para la democracia.
La Red Euro Mediterránea para los DerechosHumanos (REMDH), la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), la Federación Internacional para los Derechos Humanos (FJDH), La Asociación Europea para la Defensa de Los Derechos Humanos (AEDH) y sus organizaciones miembro condenan enérgicamente la ley, justamente calificada de “ley mordaza”, y reiteran su seria preocupación por las crecientes restricciones de la libertad de expresión y de reunión pacífica en España.
Con el pretexto de asegurar la seguridad pública, la “ley mordaza” establece sanciones administrativas, algunas de ellas muy severas, con el objeto de disuadir a la ciudadanía de expresar sus posiciones a través de demostraciones públicas. Esta ley criminaliza las nuevas formas de expresión y de acción colectiva que se han desarrollado en los últimos años, entre las cuales los escraches (manifestaciones para hacer denuncias públicas), las sentadas, las ocupaciones de espacios públicos, las acciones pacíficas como rodear los parlamentos y las caceroladas.
La Ley Orgánica para la Protección de la Seguridad Ciudadana impone multas por organizar encuentros públicos y manifestaciones sin notificación previa, lo que vuelve imposibles las concentraciones espontáneas a pesar de ser pacíficas. Incluso las concentraciones pacificas en las inmediaciones del Congreso de los Diputados, del Senado o de las cámaras legislativas de las Comunidades Autónomas pueden ser consideradas “faltas graves” con multas que pueden llegar a los 30.000 euros. La difusión de imágenes de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad también puede ser considerada falta muy grave, lo que puede dificultar la documentación de los abusos cometidos por las fuerzas del orden y reforzar el clima de impunidad.
Por otra parte, esta ley afianza la práctica de las expulsiones sumarias de migrantes desde los enclaves españoles de Ceuta y en Melilla hacia Marruecos, restringiendo su derecho a pedir asilo y violando el principio de no devolución automática y la prohibición de las expulsiones colectivas. Expone a los migrantes a un serio riesgo de tortura y malos tratos al negarseles la posibilidad de presentar una reclamación en contra de las fuerzas del orden en caso de abusos.
El 23 de febrero de 2015, cinco expertos en derechos humanos de Naciones Unidas instaron a España a reconsiderar la Ley Orgánica de Protección de Seguridad Pública, ya que » vulnera la propia esencia del derecho de manifestación pacífica pues penaliza una amplia gama de actos y conductas esenciales para el ejercicio de este derecho fundamental, limitando marcadamente el ejercicio del mismo.”
El Comisionado para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, también expresó su preocupación por la amenaza que supone esta ley para el ejercicio del derecho de reunión pacífica y declaró que la propuesta de legalizar las expulsiones automáticas y colectivas de inmigrantes que llegan a Ceuta y Melilla es incorrecta e ilegal según el derecho internacional.
Nuestras organizaciones urgen a España a revocar esta ley que viola la Constitución Española, así como el derecho internacional y europeo en materia de derechos humanos y refugio. También conminamos a las instituciones europeas, en línea con nuestras demandas expresadas previamente en una carta  enviada a los Comisarios europeos y a los miembros de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) del Parlamento Europeo, a adoptar una posición clara con el fin de proteger los valores fundamentales en los que se basa la UE y tomar medidas para garantizar que éstos no sean violados en los Estados miembros de la UE. La Comisión Europea en tanto que guardiana de los tratados tiene que asegurar que los Estados Miembros cumplan con los derechos y las libertades fundamentales garantizadas por el Derecho de la UE, incluida la Carta Europea de Derechos Fundamentales.
ACSUR-Las Segovias – Asociación para la Cooperación en el Sur
Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA)
Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE)
Euro-Mediterranean Human Rights Network (EMHRN)
European Association for the Defence of Human Rights (AEDH)
Federacíon de Asociaciones de Defensa y Promocíon de los Derechos Humanos
FIDH (International Federation for Human Rights)
Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC)
SODEPAU – Solidaritat, Desenvolupament i Pau
World Organisation Against Torture (OMCT)
 
Spain Gags Freedom of Expression and Assembly and Restricts the Right to Asylum
Despite fierce opposition from civil society, all opposition parties, Spanish public opinion, as well as condemnation from the United Nations and the Council of Europe, Spain adopted last Thursday 26 March the Basic Law for the Protection of Public Security, considered by many as a black day for democracy.
The Euro-Mediterranean Network for Human Rights (EMHRN), the World Organization Against Torture (OMCT), FIDH (International Federation for Human Rights), the European Association for the Defence of Human Rights (AEDH) and their member organisations strongly condemn the law, aptly dubbed the “gag law”, and reiterate their serious concerns over the growing restrictions on the right to freedoms of expression and peaceful assembly in Spain.
Under the pretext of ensuring public safety, the ‘’gag law’’ introduces administrative sanctions, some very severe, aimed at dissuading citizens from expressing their concerns through public demonstrations. This law criminalises new forms of collective action and expression that have developed in recent years, including escraches (“demonstrations aiming at public denunciations”), sit-ins, “occupying” public spaces, peaceful “surrounding” of parliaments and “concerts of pots and pans”.
The Basic Law for the Protection of Public Security imposes fines for organising public meetings and demonstrations without prior notification, rendering spontaneous gatherings impossibleregardless of their peaceful nature. Even peaceful assemblies in the vicinity of the Congress, the Senate or the legislative assemblies of the Autonomous Regions can be considered “serious offence” punishable by a fine of up to 30,000 euros. The dissemination of images of the police officers and state security bodies will also be considered a “serious offence”, which could hinder the documentation of abuses committed by law enforcement personnel and reinforce the climate of impunity.
The law also consolidates the practice of summary expulsion of migrants from the Spanish enclaves of Ceuta and Melilla to Morocco, restricting the right to seek asylum and violating the principle of non-refoulementand the prohibition of collective expulsions. It further exposes migrants to a serious risk of torture and ill-treatment by denying them the possibility of filing a claim against law enforcement personnel in case of abuse.
On 23 February 2015, five United Nations human rights experts urged Spain to reject the Basic Law on the Protection of Public Security, as it “violates the very essence of the right to assembly since it penalizes a wide range of actions and behaviours that are essential for the exercise of this fundamental right, thus sharply limiting its exercise.”
The Council of Europe’s Commissioner for Human Rights, Nils Muiznieks, also expressed concerns over the threat that the law poses to the exercise of the right to peaceful assembly and stated that the proposal to legalise automatic and collective expulsions of migrants arriving in Ceuta and Melilla is “unjust and illegal” under international law.
Our organisations urge Spain to repeal this law, which violates the Spanish constitution, international and European human rights and refugee law. We also urge the EU institutions, in line with our demands expressed in a letter sent to European Commissioners and to the members of the European Parliament’s Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE) Committee earlier this year, to take a clear stand in order to protect the fundamental values the EU is based on and take action to ensure that these are not violated in EU member states. The European Commission as guardian of the treaties has especially to ensure compliance by member states with the fundamental rights and freedoms guaranteed by EU law, including the EU Charter for Fundamental Rights.
ACSUR-Las Segovias – Asociación para la Cooperación en el Sur
Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA)
Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE)
Euro-Mediterranean Human Rights Network (EMHRN)
European Association for the Defence of Human Rights (AEDH)
Federacíon de Asociaciones de Defensa y Promocíon de los Derechos Humanos
FIDH (International Federation for Human Rights)
Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC)
SODEPAU – Solidaritat, Desenvolupament i Pau
World Organisation Against Torture (OMCT)

 

Read more

Carta de la APDHE a los organizadores del Foro de Crans Montana sobre África y Cooperación Sur´Sur

Carta de la APDHE a los organizadores del Foro de Crans Montana sobre África y Cooperación Sur´Sur

Sr  Jean-Paul Carteron,

Me dirijo a Usted en relación a los planes de su organización para celebrar entre los próximos 12 y 14 de marzo la 26ª sesión del Foro Crans Montana en la ciudad de Dajla, en el Sáhara Occidental ocupado ilegalmente por Marruecos.

Mi propósito es transmitirle nuestra indignación y preocupación por las incomprensibles circunstancias con las que su organización ha justificado la elección de esta ciudad para dicho evento y rogarles que secunden el llamamiento con el que numerosas personalidades y representantes de organizaciones internacionales de relevancia como la Unión Africana y la Unesco, han exigido la cancelación dicha reunión en nombre del debido respeto a la legalidad internacional, la ardua tarea de la defensa de los derechos humanos  y el apoyo a los esfuerzos que la comunidad internacional está realizando a favor de la paz en el Sáhara Occidental.

Los responsables del Foro Crans Montana han anunciado la reunión en Dajla como un evento de “excepcional” importancia al que están convocados para asistir  jefes de Estado y de Gobierno, ministros y  organizaciones internacionales y parlamentarias. Según sus anuncios, el objetivo del foro es relanzar la cooperación con los países de África y contribuir a la paz y el desarrollo del continente, dando voz a sus aspiraciones y opiniones. Este deseo por contribuir a una causa noble choca sin embargo con los mensajes promocionales que se refieren a Dajla como una ciudad “de Marruecos” y “extraordinario modelo  de cooperación y desarrollo”.

Creemos que el Foro Crans Montana no debería empañar su prestigio impulsando una grave tergiversación de la condición jurídica del Sáhara Occidental así como de su dramática realidad política y social marcadas por el conflicto sin resolver que el territorio arrastra desde que Marruecos lo invadió en 1975 para consumar una política anexionista que, desde entonces, ningún miembro de la comunidad internacional ha reconocido.

Resulta impropio de una organización que tiene a gala actuar según los principios de la Carta de las Naciones Unidas dar por hecha una supuesta marroquinidad del Sáhara Occidental cuando el futuro de este territorio sigue estando pendiente de que el pueblo saharaui pueda ejercer el derecho a la autodeterminación en un referéndum justo y transparente tal como establecieron las resoluciones de la ONU y la doctrina internacional fundamentada entre otros elementos, en el dictamen del Tribunal Internacional de Justicia que confirmó en 1975 que el Sáhara Occidental nunca perteneció a Marruecos. Esta actitud equívoca también falta a la verdad al obviar que este territorio es el escenario de una mediación de la ONU y, en especial, la razón de ser de la Misión de Paz para el Referéndum de la Sáhara Occidental  (MINURSO), los cascos azules que lograron establecer el alto el fuego en 1991.

No es concebible que una organización que se propone trabajar a favor de la paz, el desarrollo y el diálogo de los pueblos, sitúe como ejemplo para el resto de los países africanos una política de ocupación como es la ejercida por Marruecos en el Sáhara Occidental, en claro desafío a la comunidad internacional. El modelo que la paz y el desarrollo de África necesitan no es el de un Estado que oprime a un vecino para llevar a cabo el saqueo de las enormes riquezas de un territorio que no es suyo, condenando a la pobreza a sus legítimos dueños. En este contexto, por el contrario,  la celebración de la reunión en Dajla más bien constituye un aliento a una política indecente y vergonzosa que ha sido condenada reiteradamente por las principales organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos por haber cometido terribles atrocidades contra el pueblo saharaui.

Resulta sorprendente que los organizadores de un acto que se compromete a dar voz a los pueblos africanos no haya atendido hasta este momento la contundente declaración con la que el pasado 31 de enero, los 54 Estados de la Unión Africana (UA) reunidos en su XXIV cumbre en Addis Abeba, han instado al Foro de Crans Montana a cancelar la reunión de Dajla que condenan como nueva grave violación de la Ley Internacional.

Como se recordó en esta declaración de condena de la UA, el Sáhara Occidental sigue siendo jurídicamente un Territorio No Autónomo pendiente de llevar a término su autodeterminación y el único del continente africano en no haber llevado a término su descolonización. Debido a ello, el Sáhara Occidental se rige por el art.73 del Capítulo XI, el titulado Declaración relativa a territorios no autónomos donde se establece  el principio de que los intereses de los habitantes de los territorios no autónomos “están por encima de todo”. Ello debería ser motivo suficiente para que el Foro de Crans Montana atienda las razones con las que el Frente Polisario  y numerosas e importantes organizaciones políticas, sociales y culturales saharauis del Sáhara ocupado  han manifestado su oposición a su iniciativa que la propaganda de los invasores está aireando como un reconocimiento implícito de la soberanía que Marruecos se atribuye sobre este territorio pese a que la ONU, en los cuarenta años que lleva ocupando el territorio, ni siquiera le ha reconocido facultades como potencia administradora.

La UA ha dado la razón a estas reclamaciones saharauis que han subrayado que, como potencia ocupante, Marruecos no tiene ningún derecho a firmar acuerdos con terceros en relación al territorio. Como consecuencia de ello, el único Estado africano que apoya la celebración de la reunión del Foro de Crans Montana en Dajla es el Reino de Marruecos, cuyo rey Mohamed VI se ha ofrecido a patrocinar el evento. Pero Marruecos es el único Estado que no forma parte de la UA precisamente por el apoyo que esta organización y su antecesora, la Organización para la Unidad Africana (OUA), han venido dando a la causa del pueblo saharaui y a las gestiones de Naciones Unidas para que organice un referéndum que de la opción a los saharauis de decidir libremente entre la integración en Marruecos y la independencia.

Por lo tanto, la celebración en Dajla de la 26ª sesión del Foro de Crans Montana situará a su organización en una posición similar a la que en tiempos del siniestro apartheid de Suráfrica hubiese supuesto la organización de una reunión internacional  en Pretoria en colaboración con las autoridades opresoras del régimen de segregación racial y en contra del resto de los pueblos africanos.

No nos cabe la menor duda de que el interés del Gobierno de Marruecos en apoyar la celebración en Dajla de esta reunión constituye un nuevo capítulo de la dinámica con la que, desde Rabat, este año se ha puesto especial empeño en cortocircuitar cualquier avance de la MINURSO, impidiendo durante meses que la nueva representante especial para el Sáhara Occidental y jefa de la MINURSO, Kim Balduc, y al enviado personal del secretario general de la ONU, el embajador Christopher Ross, pudiesen desplazarse a la zona.

La celebración del Foro de Crans Montana coincide con un momento especialmente delicado para la mediación de la ONU, ante las tensiones desencadenadas por el asesinato del joven Mohamed Lamin Haidala y la muerte en la cárcel del saharaui Abdel Hai Cheihb. Ante la inminencia del debate anual en el Consejo de Seguridad, la reunión en Dajla constituye un nuevo desafío a la legalidad internacional de Marruecos que mina la confianza del pueblo saharaui en el proceso de paz.

Por todo ello, nos adherimos a la declaración con la que en Addis Abeba la UA  ha advertido que su iniciativa en Dajla “contradice los esfuerzos hechos por la Comunidad internacional para resolver el conflicto en Sáhara Occidental, y solo puede crear una atmósfera de confrontación”.  Le reiteramos por tanto nuestro deseo de que rectifique, o bien cancelando la iniciativa, o bien trasladando su sede a otro escenario más adecuado a la vocación por un mundo mejor con la que el Foro de Crans Montana se declara comprometido

Esperando sus noticias, le saluda atentamente,

Jacinto Lara Bonilla

Presidente de la APDHE

Read more