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Comunicado de la APDHE sobre el caso de genocidio en el Sáhara Occidental

Comunicado de la APDHE sobre el caso de genocidio en el Sáhara Occidental

La Asociación Pro Derechos Humanos de España ha recibido con satisfacción la resolución judicial adoptada hoy por el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional.

En ella el juez Pablo Ruz ha declarado procesados a once altos cargos y militares del Gobierno de Marruecos, por un delito de genocidio en concurso con detención ilegal, torturas, asesinato y desaparición forzada. Asimismo, acuerda librar órdenes internacionales de detención con fines de extradición.

Este procedimiento penal se inició a raíz de la querella interpuesta por víctimas saharauis, la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis, la Federación Estatal de Instituciones Solidarias con el Pueblo Saharaui, la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Pueblo Saharaui y la Asociación Pro Derechos Humanos de España. Además, tras el descubrimiento de una fosa común con restos de 8 víctimas y su exhumación por un equipo de forenses españoles, en enero de 2014 el juez aceptó ampliar la querella a instancias de la Asociación Pro Derechos Humanos de España.

El auto de procesamiento dictado el día de hoy supone un decisivo avance contra la impunidad de las graves violaciones de los derechos humanos, perpetradas por las fuerzas militares marroquíes contra la población civil saharaui.

Ver resolución judicial: Auto_procesamiento_sahara_abril 2015

Photo credit: Saharauiak / Foter / CC BY-SA

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España amordaza la libertad de expresión y de reunión y restringe el derecho de asilo

España amordaza la libertad de expresión y de reunión y restringe el derecho de asilo
A pesar de la fuerte oposición de la sociedad civil, de todos los partidos de oposición, de la opinión pública, así como de la condena por parte de Naciones Unidas y del Consejo de Europa, España adoptó el pasado jueves 26 de marzo la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, en lo que muchos consideran un día aciago para la democracia.
La Red Euro Mediterránea para los DerechosHumanos (REMDH), la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), la Federación Internacional para los Derechos Humanos (FJDH), La Asociación Europea para la Defensa de Los Derechos Humanos (AEDH) y sus organizaciones miembro condenan enérgicamente la ley, justamente calificada de “ley mordaza”, y reiteran su seria preocupación por las crecientes restricciones de la libertad de expresión y de reunión pacífica en España.
Con el pretexto de asegurar la seguridad pública, la “ley mordaza” establece sanciones administrativas, algunas de ellas muy severas, con el objeto de disuadir a la ciudadanía de expresar sus posiciones a través de demostraciones públicas. Esta ley criminaliza las nuevas formas de expresión y de acción colectiva que se han desarrollado en los últimos años, entre las cuales los escraches (manifestaciones para hacer denuncias públicas), las sentadas, las ocupaciones de espacios públicos, las acciones pacíficas como rodear los parlamentos y las caceroladas.
La Ley Orgánica para la Protección de la Seguridad Ciudadana impone multas por organizar encuentros públicos y manifestaciones sin notificación previa, lo que vuelve imposibles las concentraciones espontáneas a pesar de ser pacíficas. Incluso las concentraciones pacificas en las inmediaciones del Congreso de los Diputados, del Senado o de las cámaras legislativas de las Comunidades Autónomas pueden ser consideradas “faltas graves” con multas que pueden llegar a los 30.000 euros. La difusión de imágenes de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad también puede ser considerada falta muy grave, lo que puede dificultar la documentación de los abusos cometidos por las fuerzas del orden y reforzar el clima de impunidad.
Por otra parte, esta ley afianza la práctica de las expulsiones sumarias de migrantes desde los enclaves españoles de Ceuta y en Melilla hacia Marruecos, restringiendo su derecho a pedir asilo y violando el principio de no devolución automática y la prohibición de las expulsiones colectivas. Expone a los migrantes a un serio riesgo de tortura y malos tratos al negarseles la posibilidad de presentar una reclamación en contra de las fuerzas del orden en caso de abusos.
El 23 de febrero de 2015, cinco expertos en derechos humanos de Naciones Unidas instaron a España a reconsiderar la Ley Orgánica de Protección de Seguridad Pública, ya que » vulnera la propia esencia del derecho de manifestación pacífica pues penaliza una amplia gama de actos y conductas esenciales para el ejercicio de este derecho fundamental, limitando marcadamente el ejercicio del mismo.”
El Comisionado para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, también expresó su preocupación por la amenaza que supone esta ley para el ejercicio del derecho de reunión pacífica y declaró que la propuesta de legalizar las expulsiones automáticas y colectivas de inmigrantes que llegan a Ceuta y Melilla es incorrecta e ilegal según el derecho internacional.
Nuestras organizaciones urgen a España a revocar esta ley que viola la Constitución Española, así como el derecho internacional y europeo en materia de derechos humanos y refugio. También conminamos a las instituciones europeas, en línea con nuestras demandas expresadas previamente en una carta  enviada a los Comisarios europeos y a los miembros de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) del Parlamento Europeo, a adoptar una posición clara con el fin de proteger los valores fundamentales en los que se basa la UE y tomar medidas para garantizar que éstos no sean violados en los Estados miembros de la UE. La Comisión Europea en tanto que guardiana de los tratados tiene que asegurar que los Estados Miembros cumplan con los derechos y las libertades fundamentales garantizadas por el Derecho de la UE, incluida la Carta Europea de Derechos Fundamentales.
ACSUR-Las Segovias – Asociación para la Cooperación en el Sur
Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA)
Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE)
Euro-Mediterranean Human Rights Network (EMHRN)
European Association for the Defence of Human Rights (AEDH)
Federacíon de Asociaciones de Defensa y Promocíon de los Derechos Humanos
FIDH (International Federation for Human Rights)
Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC)
SODEPAU – Solidaritat, Desenvolupament i Pau
World Organisation Against Torture (OMCT)
 
Spain Gags Freedom of Expression and Assembly and Restricts the Right to Asylum
Despite fierce opposition from civil society, all opposition parties, Spanish public opinion, as well as condemnation from the United Nations and the Council of Europe, Spain adopted last Thursday 26 March the Basic Law for the Protection of Public Security, considered by many as a black day for democracy.
The Euro-Mediterranean Network for Human Rights (EMHRN), the World Organization Against Torture (OMCT), FIDH (International Federation for Human Rights), the European Association for the Defence of Human Rights (AEDH) and their member organisations strongly condemn the law, aptly dubbed the “gag law”, and reiterate their serious concerns over the growing restrictions on the right to freedoms of expression and peaceful assembly in Spain.
Under the pretext of ensuring public safety, the ‘’gag law’’ introduces administrative sanctions, some very severe, aimed at dissuading citizens from expressing their concerns through public demonstrations. This law criminalises new forms of collective action and expression that have developed in recent years, including escraches (“demonstrations aiming at public denunciations”), sit-ins, “occupying” public spaces, peaceful “surrounding” of parliaments and “concerts of pots and pans”.
The Basic Law for the Protection of Public Security imposes fines for organising public meetings and demonstrations without prior notification, rendering spontaneous gatherings impossibleregardless of their peaceful nature. Even peaceful assemblies in the vicinity of the Congress, the Senate or the legislative assemblies of the Autonomous Regions can be considered “serious offence” punishable by a fine of up to 30,000 euros. The dissemination of images of the police officers and state security bodies will also be considered a “serious offence”, which could hinder the documentation of abuses committed by law enforcement personnel and reinforce the climate of impunity.
The law also consolidates the practice of summary expulsion of migrants from the Spanish enclaves of Ceuta and Melilla to Morocco, restricting the right to seek asylum and violating the principle of non-refoulementand the prohibition of collective expulsions. It further exposes migrants to a serious risk of torture and ill-treatment by denying them the possibility of filing a claim against law enforcement personnel in case of abuse.
On 23 February 2015, five United Nations human rights experts urged Spain to reject the Basic Law on the Protection of Public Security, as it “violates the very essence of the right to assembly since it penalizes a wide range of actions and behaviours that are essential for the exercise of this fundamental right, thus sharply limiting its exercise.”
The Council of Europe’s Commissioner for Human Rights, Nils Muiznieks, also expressed concerns over the threat that the law poses to the exercise of the right to peaceful assembly and stated that the proposal to legalise automatic and collective expulsions of migrants arriving in Ceuta and Melilla is “unjust and illegal” under international law.
Our organisations urge Spain to repeal this law, which violates the Spanish constitution, international and European human rights and refugee law. We also urge the EU institutions, in line with our demands expressed in a letter sent to European Commissioners and to the members of the European Parliament’s Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE) Committee earlier this year, to take a clear stand in order to protect the fundamental values the EU is based on and take action to ensure that these are not violated in EU member states. The European Commission as guardian of the treaties has especially to ensure compliance by member states with the fundamental rights and freedoms guaranteed by EU law, including the EU Charter for Fundamental Rights.
ACSUR-Las Segovias – Asociación para la Cooperación en el Sur
Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA)
Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE)
Euro-Mediterranean Human Rights Network (EMHRN)
European Association for the Defence of Human Rights (AEDH)
Federacíon de Asociaciones de Defensa y Promocíon de los Derechos Humanos
FIDH (International Federation for Human Rights)
Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC)
SODEPAU – Solidaritat, Desenvolupament i Pau
World Organisation Against Torture (OMCT)

 

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Carta de la APDHE a los organizadores del Foro de Crans Montana sobre África y Cooperación Sur´Sur

Carta de la APDHE a los organizadores del Foro de Crans Montana sobre África y Cooperación Sur´Sur

Sr  Jean-Paul Carteron,

Me dirijo a Usted en relación a los planes de su organización para celebrar entre los próximos 12 y 14 de marzo la 26ª sesión del Foro Crans Montana en la ciudad de Dajla, en el Sáhara Occidental ocupado ilegalmente por Marruecos.

Mi propósito es transmitirle nuestra indignación y preocupación por las incomprensibles circunstancias con las que su organización ha justificado la elección de esta ciudad para dicho evento y rogarles que secunden el llamamiento con el que numerosas personalidades y representantes de organizaciones internacionales de relevancia como la Unión Africana y la Unesco, han exigido la cancelación dicha reunión en nombre del debido respeto a la legalidad internacional, la ardua tarea de la defensa de los derechos humanos  y el apoyo a los esfuerzos que la comunidad internacional está realizando a favor de la paz en el Sáhara Occidental.

Los responsables del Foro Crans Montana han anunciado la reunión en Dajla como un evento de “excepcional” importancia al que están convocados para asistir  jefes de Estado y de Gobierno, ministros y  organizaciones internacionales y parlamentarias. Según sus anuncios, el objetivo del foro es relanzar la cooperación con los países de África y contribuir a la paz y el desarrollo del continente, dando voz a sus aspiraciones y opiniones. Este deseo por contribuir a una causa noble choca sin embargo con los mensajes promocionales que se refieren a Dajla como una ciudad “de Marruecos” y “extraordinario modelo  de cooperación y desarrollo”.

Creemos que el Foro Crans Montana no debería empañar su prestigio impulsando una grave tergiversación de la condición jurídica del Sáhara Occidental así como de su dramática realidad política y social marcadas por el conflicto sin resolver que el territorio arrastra desde que Marruecos lo invadió en 1975 para consumar una política anexionista que, desde entonces, ningún miembro de la comunidad internacional ha reconocido.

Resulta impropio de una organización que tiene a gala actuar según los principios de la Carta de las Naciones Unidas dar por hecha una supuesta marroquinidad del Sáhara Occidental cuando el futuro de este territorio sigue estando pendiente de que el pueblo saharaui pueda ejercer el derecho a la autodeterminación en un referéndum justo y transparente tal como establecieron las resoluciones de la ONU y la doctrina internacional fundamentada entre otros elementos, en el dictamen del Tribunal Internacional de Justicia que confirmó en 1975 que el Sáhara Occidental nunca perteneció a Marruecos. Esta actitud equívoca también falta a la verdad al obviar que este territorio es el escenario de una mediación de la ONU y, en especial, la razón de ser de la Misión de Paz para el Referéndum de la Sáhara Occidental  (MINURSO), los cascos azules que lograron establecer el alto el fuego en 1991.

No es concebible que una organización que se propone trabajar a favor de la paz, el desarrollo y el diálogo de los pueblos, sitúe como ejemplo para el resto de los países africanos una política de ocupación como es la ejercida por Marruecos en el Sáhara Occidental, en claro desafío a la comunidad internacional. El modelo que la paz y el desarrollo de África necesitan no es el de un Estado que oprime a un vecino para llevar a cabo el saqueo de las enormes riquezas de un territorio que no es suyo, condenando a la pobreza a sus legítimos dueños. En este contexto, por el contrario,  la celebración de la reunión en Dajla más bien constituye un aliento a una política indecente y vergonzosa que ha sido condenada reiteradamente por las principales organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos por haber cometido terribles atrocidades contra el pueblo saharaui.

Resulta sorprendente que los organizadores de un acto que se compromete a dar voz a los pueblos africanos no haya atendido hasta este momento la contundente declaración con la que el pasado 31 de enero, los 54 Estados de la Unión Africana (UA) reunidos en su XXIV cumbre en Addis Abeba, han instado al Foro de Crans Montana a cancelar la reunión de Dajla que condenan como nueva grave violación de la Ley Internacional.

Como se recordó en esta declaración de condena de la UA, el Sáhara Occidental sigue siendo jurídicamente un Territorio No Autónomo pendiente de llevar a término su autodeterminación y el único del continente africano en no haber llevado a término su descolonización. Debido a ello, el Sáhara Occidental se rige por el art.73 del Capítulo XI, el titulado Declaración relativa a territorios no autónomos donde se establece  el principio de que los intereses de los habitantes de los territorios no autónomos “están por encima de todo”. Ello debería ser motivo suficiente para que el Foro de Crans Montana atienda las razones con las que el Frente Polisario  y numerosas e importantes organizaciones políticas, sociales y culturales saharauis del Sáhara ocupado  han manifestado su oposición a su iniciativa que la propaganda de los invasores está aireando como un reconocimiento implícito de la soberanía que Marruecos se atribuye sobre este territorio pese a que la ONU, en los cuarenta años que lleva ocupando el territorio, ni siquiera le ha reconocido facultades como potencia administradora.

La UA ha dado la razón a estas reclamaciones saharauis que han subrayado que, como potencia ocupante, Marruecos no tiene ningún derecho a firmar acuerdos con terceros en relación al territorio. Como consecuencia de ello, el único Estado africano que apoya la celebración de la reunión del Foro de Crans Montana en Dajla es el Reino de Marruecos, cuyo rey Mohamed VI se ha ofrecido a patrocinar el evento. Pero Marruecos es el único Estado que no forma parte de la UA precisamente por el apoyo que esta organización y su antecesora, la Organización para la Unidad Africana (OUA), han venido dando a la causa del pueblo saharaui y a las gestiones de Naciones Unidas para que organice un referéndum que de la opción a los saharauis de decidir libremente entre la integración en Marruecos y la independencia.

Por lo tanto, la celebración en Dajla de la 26ª sesión del Foro de Crans Montana situará a su organización en una posición similar a la que en tiempos del siniestro apartheid de Suráfrica hubiese supuesto la organización de una reunión internacional  en Pretoria en colaboración con las autoridades opresoras del régimen de segregación racial y en contra del resto de los pueblos africanos.

No nos cabe la menor duda de que el interés del Gobierno de Marruecos en apoyar la celebración en Dajla de esta reunión constituye un nuevo capítulo de la dinámica con la que, desde Rabat, este año se ha puesto especial empeño en cortocircuitar cualquier avance de la MINURSO, impidiendo durante meses que la nueva representante especial para el Sáhara Occidental y jefa de la MINURSO, Kim Balduc, y al enviado personal del secretario general de la ONU, el embajador Christopher Ross, pudiesen desplazarse a la zona.

La celebración del Foro de Crans Montana coincide con un momento especialmente delicado para la mediación de la ONU, ante las tensiones desencadenadas por el asesinato del joven Mohamed Lamin Haidala y la muerte en la cárcel del saharaui Abdel Hai Cheihb. Ante la inminencia del debate anual en el Consejo de Seguridad, la reunión en Dajla constituye un nuevo desafío a la legalidad internacional de Marruecos que mina la confianza del pueblo saharaui en el proceso de paz.

Por todo ello, nos adherimos a la declaración con la que en Addis Abeba la UA  ha advertido que su iniciativa en Dajla “contradice los esfuerzos hechos por la Comunidad internacional para resolver el conflicto en Sáhara Occidental, y solo puede crear una atmósfera de confrontación”.  Le reiteramos por tanto nuestro deseo de que rectifique, o bien cancelando la iniciativa, o bien trasladando su sede a otro escenario más adecuado a la vocación por un mundo mejor con la que el Foro de Crans Montana se declara comprometido

Esperando sus noticias, le saluda atentamente,

Jacinto Lara Bonilla

Presidente de la APDHE

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La expulsión del activista Hassana Aalia contraviene las obligaciones internacionales de España con el pueblo saharaui.

La expulsión del activista Hassana Aalia contraviene las obligaciones internacionales de España con el pueblo saharaui

La Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) se adhiere al movimiento ciudadano de repulsa contra el rechazo de la petición de asilo  cursada por el activista saharaui Hassana Aalia al Gobierno español así como de la orden de expulsión que podría condenar a la muerte a esta víctima de la represión con la que el régimen de Marruecos intenta acabar con la oposición a su anexión a sangre y fuego del Sáhara Occidental.

El rechazo de la petición de asilo de Hassana Aalia no sólo constituye una flagrante vulneración de las obligaciones internacionales del Estado español en materia de Derechos Humanos y de protección de solicitantes de asilo. Además de contravenir el principio de no devolución, recogido en la Convención de Giebra y reconocido por el Sistema Europeo Común de Asilo, supone una flagrante violación del Derecho Internacional y de las resoluciones de la ONU que siguen reconociendo a España como la potencia administradora de este territorio e imponen a los Gobierno españoles a cumplir sus obligaciones con el Territorio No Autónomo del Sáhara Occidental mientras éste no lleve a término el proceso de descolonización interrumpido en 1975 con una invasión que ningún miembro de la comunidad internacional ha reconocido.

Dichas, responsabilidades, recogidas en el art. 73 del capítulo XI de la Carta de las Naciones Unidas , obligan a España a reconocer el principio de que los intereses de los habitantes del territorio  “están por encima de todo” y por lo tanto su acción debe promover “como un encargo sagrado” su bienestar.

 La orden de expulsión de Hassana Aalia trata a este activista como si fuese un ciudadano extranjero procedente de un Estado soberano, obviando que el Sáhara Occidental sigue siendo a día de hoy un territorio pendiente de descolonización que todavía no ha podido decidir su futuro, tal como establecieron las resoluciones de la ONU, con una votación libre y transparente en un referéndum organizado por las Naciones Unidas. Desde la APDHE hemos venido exigiendo al Gobierno que acabe con la injusticia y engaño de los llamados Acuerdos de Madrid escenificados por el último Gobierno de Franco  en 1975 para dar por finalizadas unilateralmente e ilegalmente las responsabilidades de España con el Sáhara Occidental y llevar a cabo la usurpación de la nacionalidad española al pueblo saharaui jurídicamente aún bajo su tutela.

Hassana Aalia es hijo y nieto de saharauis incluidos en el censo elaborado por las autoridades coloniales del Sáhara Español en 1974. Por lo tanto, la orden de expulsión de Hassana Aalia no puede entenderse más que como un nuevo intento del Gobierno español de mantener la farsa de los llamados “Acuerdos de Madrid” y favorecer con ello la estrategia de  violencia y arbitrariedad con la que los ocupantes marroquíes intentan doblegar la voluntad del pueblo saharaui por ejercer su derecho a la autodeterminación.

El actual Gobierno debe renunciar a la expulsión de Hassana Aalia por faltar a la solidaridad y deber con el pueblo saharaui y evitar con ello añadir nuevos borrones al de por sí crítico balance en Derechos Humanos que arrastra nuestro país ante la comunidad internacional.

 Si deseas adherirte a la Campaña de la APDHE, puedes hacerlo en el siguiente enlace:  http://apdhe.org/?page_id=1397

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“Derechos Humanos en España: un balance crítico”

“Derechos Humanos en España: un balance crítico”

Ver articulo:  http://www.encuentros-multidisciplinares.org/Revistan%C2%BA46/Jacinto_Lara_y_Luis_Acebal.pdf

Foto: Jesús Blasco de Avellaneda

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La APDHE condena el ataque terrorista en París

La APDHE condena el ataque terrorista en París

Desde la Asociación Pro Derechos Humanos de España condenamos enérgicamente los brutales asesinatos de las 12 personas miembros de la redacción de Charlie Hebdo en París.

Denunciamos todo acto de violencia fruto del odio, la intolerancia y el sin sentido de la venganza. Deploramos la comisión de actos tan graves contra las personas como forma de minar la cultura y el humor, la libertad de expresión y el derecho a la información. Nada justifica la barbarie ni el asesinato de ninguna persona.

Nos solidarizamos y hacemos llegar nuestra más profunda consternación y condolencias a los familiares, amigos y amigas de las víctimas.

Hoy más que nunca nos unimos a todas aquellas voces que luchan por la libertad, la paz y los derechos humanos, esperando que estos actos de barbarie no tengan como consecuencia la criminalización y discriminación de ningún colectivo, así como la adopción de medidas excepcionales por parte de los Estados que limiten derechos fundamentales de los ciudadanos.

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