Comunicados

Comunicado contra Proyecto Conocimiento de la Seguridad y la Defensa en los centros educativos

La Asociación Pro Derechos Humanos de España manifiesta su rechazo al Proyecto Conocimiento de la Seguridad y la Defensa en los centros educativos, producto de un acuerdo entre los ministerios de Educación y Defensa.

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Sentencia del Tribunal Constitucional sobre libertad personal – Comunicado

La Asociación Pro Derechos Humanos de España expresa su satisfacción ante la sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 5 de marzo de 2018, por la que se estima un recurso de amparo promovido por el letrado Antonio Agúndez López, y se reconoce que se vulneró el derecho a la libertad personal de su cliente.

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Comunicado ante el 8 de marzo

COMUNICADO

La Asociación Pro Derechos Humanos de España muestra su apoyo a las mujeres que el día 8 de Marzo, protagonizan la huelga feminista convocada con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, así como a las concentraciones y manifestaciones convocadas con el mismo fin.

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Comunicado ante el dictado de los recientes Autos de los Juzgados de Instrucción

La Asociación Pro Derechos Humanos de España expresa su rechazo ante el dictado de los recientes Autos de los Juzgados de Instrucción nº 17 y nº 29 de Madrid que, invocando el instituto de la prescripción, acuerdan la inadmisión a trámite de dos querellas por torturas cometidas durante la dictadura franquista.   Los hechos que se relatan en estas querellas no fueron aislados, si no que se cometieron en el marco de un ataque generalizado y sistemático perpetrado por el régimen dictatorial, contra todos sus opositores políticos.

 Nos encontramos, por tanto, ante crímenes contra la humanidad, que son imprescriptibles, y respecto de los cuales tampoco es de aplicación  la  ley de amnistía, de acuerdo con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Penal Internacional, de obligado cumplimiento para España;  en este sentido se han pronunciado reiteradamente, entre otros   organismos internacionales de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Las víctimas querellantes son Ángela Gutiérrez y José María Galante, y los querellados Antonio González Pacheco, conocido como ‘Billy El Niño’, y otros miembros de la Brigada Político Social.

Expresamos nuestro deseo de que prosperen los recursos que se van a interponer contra estas resoluciones judiciales contrarias al Derecho Internacional, y que, en consecuencia, se acuerde  la incoación de  investigaciones penales tendentes al esclarecimiento de los hechos y al enjuiciamiento de sus responsables. Sólo así se garantizará el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que asiste a las víctimas de tan graves violaciones de derechos humanos y se dará un paso adelante en la lucha contra la impunidad.

Comunicado querellas victimas torturas dictadura franquista_8 marzo 2018

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COMUNICADO PROPUESTAS DE ENMIENDA AL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL (LOPD)

El pasado mes de noviembre de 2017, el Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de LOPD que pretende adaptar nuestra legislación a las disposiciones del Reglamento UE 2016/679, introduciendo novedades y mejoras en la regulación de este derecho fundamental. Este Reglamento Europeo que se aplicará a partir del próximo 25 de mayo de 2018, recoge como uno de sus principales objetivos, acabar con la fragmentación existente en las distintas normativas de los países comunitarios. Además, persigue la adaptación de las normas de protección de datos a la rápida evolución tecnológica y los fenómenos derivados del desarrollo de la sociedad de la información y la globalización.

En el caso de España, la adaptación de nuestra legislación al Reglamento General de Protección de Datos hace necesaria la elaboración de una nueva Ley Orgánica en sustitución de la actual, cuyas normas y desarrollo deberán ser revisadas y adaptadas para evitar contradicciones. Igualmente, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) deberá desarrollar cuestiones concretas que el reglamento comunitario remite a las autoridades nacionales de control y tendrá que revisar sus tratamientos de datos personales para adaptarlos a esas exigencias.

La Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) expresa su satisfacción por las novedades y mejoras que vemos reflejadas en el texto del Proyecto y espera que se confirmen a lo largo de todo el debate parlamentario. Entre ellas, nos permitimos destacar:

–          La creación de la figura del delegado de protección de datos en empresas y administraciones, persona física o jurídica cuya designación ha de ser comunicada a la autoridad competente y que mantendrá relación con la AEPD.

–          La exclusión de la figura del consentimiento tácito en el tratamiento de los datos de carácter personal que se sustituye por una acción afirmativa y expresa por parte del afectado y se recoge manifiestamente el deber de confidencialidad.

Ha tenido que ser la Unión Europea la que obligue a efectuar estos avances. Pero no nos podemos olvidar de que, muchos de ellos, ya fueron propuestos hace más de una década por nuestra Asociación.

Sin embargo, hemos considerado necesaria la formulación de un conjunto de propuestas de enmienda, de las que destacamos las siguientes:

–          Refuerzo de las garantías de privacidad en los tratamientos de los datos de SALUD (también de especial protección).

–          Consideración de los datos de material genético como datos de SALUD.

–          Clarificación de los derechos relacionados con la protección de los datos de carácter personal del MENOR DE EDAD.

–          Reforzamiento de las funciones de las autoridades de control.

Ampliación de esta última propuesta: En efecto, la APDHE pretende fortalecer las garantías para que la AEPD tenga la capacidad de velar eficazmente por el ejercicio de los derechos de las personas ante el creciente tráfico masivo de los datos de carácter personal. Entendemos que esta nueva LOPD debería reforzar dichos derechos, apoyándose especialmente en la Sentencia del Tribunal Constitucional 292/2000. Para ello, la propuesta de enmienda de adición entregada a los Grupos Parlamentarios es el siguiente nuevo párrafo al art.67.1:

            La Agencia Española de Protección de Datos deberá actuar, en todo caso, cuando se trate de procedimientos que incluyan el tráfico masivo de datos de carácter personal. Esta actuación podrá comprender tanto una auditoría del procedimiento, como un reforzamiento de las acciones que garanticen los derechos de las personas previstos en la presente Ley.

Como conclusión cabe añadir que el pensamiento que nos ha guiado al hacer este conjunto de aportaciones, ya entregadas a los Grupos Parlamentarios, tiene que ver con la relación necesaria entre el progreso de la Sociedad de la Información y la necesidad de una revisión periódica de la normativa que la regula, en especial por cuanto se vean afectados los Derechos Fundamentales.

Proteccion Datos_Comunicado

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Comunicado antes las movilizaciones sociales por las pensiones

La Asociación Pro Derechos Humanos de España, ante las recientes manifestaciones sociales que reivindican un reajuste de las pensiones que compense su pérdida de poder adquisitivo como consecuencia de las políticas de austeridad aplicadas por el Gobierno, debe recordar que los colectivos que lo reclaman no están haciendo otra cosa que exigir el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución Española.

Este precepto, en línea con el Derecho Humano a la Seguridad Social reconocido en el artículo 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948,  en el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y también en el artículo 12 de la Carta Social Europea, establece que es un deber de los poderes públicos mantener “un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad”.

Las infracciones a este Derecho Humano han sido múltiples en los últimos años. La utilización del dinero del fondo de pensiones para otros fines pone en peligro la continuidad del régimen español de este derecho. La última, la reciente decisión del gobierno de reajustar las pensiones sólo en un 0,25%, constituye una burla al derecho de todo pensionista a un reajuste anual conforme al alza del coste de la vida.

Por ello, la APDHE insta al Gobierno actual a recapacitar sobre la última medida adoptada en materia de pensiones de jubilación y a adoptar medidas efectivas para luchar contra la situación de precariedad en la que se encuentran millones de jubilados en España.

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Comunicado libertad de expresión

La Asociación Pro Derechos Humanos de España manifiesta su preocupación por lo que amenaza en convertirse en una línea jurisprudencial a partir de la ratificación por el Tribunal Supremo de la condena a un cantante de rap por los delitos de enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias graves a la corona y amenazas no condicionales, a una pena de prisión de tres años y seis meses. De acuerdo con la sentencia, el cantante incluyó en la letra de sus canciones expresiones que valoró como constitutivas de estos delitos.

Esta sentencia viene a sumarse a otras anteriores, como la que condenó a la  tuitera Cassandra Vera también por un delito de humillación a las víctimas del terrorismo por unos comentarios burlescos que hizo entre los años 2013 y 2016 sobre el asesinato de Carrero Blanco a una pena de un año de prisión y siete de inhabilitación absoluta.

La interpretación que hacen los jueces y tribunales que han tenido ocasión de enjuiciar y condenar por estos hechos, rechazan que en particular el contenido de las canciones o de los chistes puedan estar amparadas por el derecho fundamental a la libertad de expresión contenido en el artículo 20 de la Constitución Española.

La libertad de expresión no sólo es un derecho fundamental protegido constitucionalmente, sino que es también un Derecho Humano reconocido en el artículo 10 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos. La interpretación que de este precepto ha hecho el Tribunal de Estrasburgo en casos homologables a los anteriores, permite suponer que, una vez agotados los procedimientos internos, un recurso ante este último tribunal puede prosperar.

Pero aun en el caso de que este recurso prosperara, lo cierto es que  se aprecia en el artículo 578 del Código Penal que define el delito de enaltecimiento del terrorismo, un espacio de riesgo para el Derecho Humano a la libertad de expresión.

En esta disposición se contienen expresiones como “enaltecimiento” y “actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación” que requieren ser valorados por el juez. Esa valoración no puede ser una valoración subjetiva del juez, una valoración conforme a su propia visión del mundo, sino que debe ser objetiva. En estos casos en particular, esa valoración objetiva la facilita el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con su jurisprudencia, vinculante para España, del artículo 10 del Convenio Europeo, no sólo por ser Estado Parte de este Convenio, sino también por lo dispuesto en el también artículo 10 de la Constitución Española, que señala que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución ampara, deben ser interpretadas conforme con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre estos derechos ratificados por España.

La Asociación pro Derechos Humanos de España entiende que el mantenimiento con su actual redacción del artículo 578 del Código Penal, que por lo demás fue pensado para una situación, hoy felizmente superada, en que había terrorismo, facilita una aplicación extensiva reñida con el principio de legalidad, deja un amplio espacio de inseguridad jurídica y constituye un riesgo para los Derechos Humanos que España no sólo está obligada a respetar, sino también a garantizar. Garantizar en este caso, significa derogar este precepto.

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NOTA DE PRENSA. MASACRE JESUITAS.

La reciente entrega de Inocente Orlando Montano a las autoridades españolas abre las puertas a la esperanza de Justicia para la Comunidad internacional y la sociedad salvadoreña, que acaba de conmemorar el 28º aniversario de la masacre de los Jesuitas en la Universidad Centroamericana de El Salvador y clama por la correspondiente apertura y celebración de un juicio justo.

Casi dos años después de que Estados Unidos aprobara su extradición a nuestro país, la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), celebra que se haya completado dicho proceso con la entrega efectiva del coronel y ex viceministro de Seguridad Pública de El Salvador, Inocente Orlando Montano. De igual manera, la APDHE insta al Estado salvadoreño a aceptar la petición y proceder a la extradición de los restantes militares procesados, actualmente residentes en la república centroamericana, y sobre los cuales pesa una orden de detención internacional por crímenes de lesa humanidad y terrorismo como consecuencia de los hechos indiciarios que permiten inferir su participación en la matanza de seis jesuitas, su empleada doméstica y la hija de ésta, en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador (UCA), el 16 de noviembre de 1989.

El pasado 30 de noviembre de 2017, el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, sobre la base de estos indicios que implicaban a Montano en “la decisión y diseño” del plan criminal que culminó en el asesinato de los jesuitas, de su empleada y su hija, decretó su prisión provisional del militar salvadoreño. En su declaración judicial practicada el4 de diciembre de 2017, Montano admitió su asistencia a la reunión previa al asesinato de los jesuitas españoles, su capacidad para tomar decisiones operativas y explicó el papel desempeñado por el ex presidente Alfredo Cristiani, tal y como se expuso en la querella presentada por la APDHE, en su condición de acusación popular, y que dio origen al procedimiento judicial en España.

La llegada de Montano a nuestro país constituye un hito de gran relevancia para la justicia universal a nivel global y un gran avance en la lucha contra la impunidad, y el derecho de reparación que asiste a todas las víctimas de los  crímenes más graves que afectan a la comunidad internacional en su conjunto.

La APDHE fue creada en 1976 y es una de las partes personadas en este proceso como acusación popular junto con la acusación particular ejercida por familiares de los jesuitas asesinados. Es la organización española más antigua dedicada específicamente a la defensa y promoción de los Derechos Humanos, y como tal, reitera su compromiso con la Justicia, la verdad asumiendo la representación judicial de víctimas en virtud del principio de justicia universal.

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Comunicado ante el ingreso de inmigrantes en la cárcel de Archidona

La Asociación Pro Derechos Humanos de España rechaza el ingreso de inmigrantes en la cárcel de Archidona, ya que la Ley de Extranjería no permite, bajo ninguna circunstancia, que inmigrantes en situación irregular sean ingresados en centros penitenciarios. El único internamiento preventivo que establece dicha Ley es el efectuado en centros de internamiento, previa autorización judicial.

Por otra parte, en relación con la medida de internamiento el Tribunal Constitucional ha dictaminado que, aunque se trate de una medida cautelar, debe regirse por los principios de subsidiariedad y de excepcionalidad.

Sin embargo, en España el internamiento no se está aplicando de forma subsidiaria, ya que habitualmente se dispone como primera medida cautelar, sin que previamente se haya impuesto alguna de las medidas alternativas menos gravosas que contempla la legislación para asegurar la expulsión, como por ejemplo la presentación periódica ante las autoridades competentes.

A mayor abundamiento, ha quedado evidenciado que el internamiento de inmigrantes en situación irregular es un sistema fallido, ya que, según datos oficiales, la cifra de expulsados apenas alcanza el 40% de los extranjeros que han sido internados, siendo los demás puestos en libertad tras haber permanecido privados de libertad  hasta sesenta días en un centro de internamiento. Entre las causas que  impiden la expulsión de estos extranjeros se encuentra el que no existan acuerdos de readmisión bilaterales con España, o que por sus circunstancias personales o familiares gocen de vínculos o arraigo en nuestro país. En estos casos el internamiento deja de cumplir su finalidad cautelar de ejecución de una orden de expulsión y se convierte en una medida represiva constitutiva de una detención arbitraria.

Pues bien, a pesar de que el porcentaje de expulsados ha ido decreciendo progresivamente en los últimos años, las instituciones competentes no han adoptado ninguna medida para prevenir esta situación. Por tanto, la solución no reside en la construcción de los nuevos centros de internamiento que han anunciado las autoridades, sino en la prevención de los internamientos cuya expulsión no podrá ser ejecutada.

Por ello, desde la Asociación Pro Derechos Humanos de España reclamamos el cierre de los centros de internamiento, y subsidiariamente solicitamos:

  1. Que el internamiento de extranjeros se aplique en casos excepcionales y de forma subsidiaria, única y exclusivamente cuando se haya quebrantado una medida cautelar menos gravosa impuesta previamente
  2. Que se evite el internamiento de los migrantes que no podrán ser expulsados, a cuyos efectos la policía debe analizar las posibilidades reales de repatriación, y los magistrados deben abstenerse de autorizar el internamiento cuando la  expulsión no pueda ser materializada.
  3. Que se reduzca el plazo máximo de internamiento a 15 días.
  4. Que todos los centros de internamiento tengan los mismos protocolos de actuación, superando las divergentes formas de proceder en cada uno de ellos.
  5. Que el Ministerio del Interior limite su actuación a las funciones de custodia y seguridad de los internos, siendo las demás administraciones las que asuman, no sólo el desarrollo operativo de los aspectos sanitarios, sociales o jurídicos, sino también la dirección y gestión en sus respectivos ámbitos de competencia.
  6. Que los centros se inspeccionen de forma eficaz, adoptando las medidas necesarias para la mejora de la alimentación, higiene y atención sanitaria.
  7. Que se investiguen de forma efectiva e imparcial las denuncias de actos discriminatorios y racistas, malos tratos y torturas.
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Comunicado de Concesión de los Premios Derechos Humanos 2017

La Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) quiere felicitar a todas las personas y organizaciones que han participado en la convocatoria de los Premios Derechos Humanos 2017, por su gran labor en la defensa y promoción de los derechos humanos.

Todos ellos han dado muestras de su compromiso y dedicación, lo que hace que cada año suponga una mayor responsabilidad para el Jurado de los Premios la selección de los finalistas.

También agradecemos a todas las personas que han participado con sus votos, gracias a los cuales, los Premios Derechos Humanos 2017 han sido otorgados a:

Premio Nacional: Asociación Soriana Recuerdo y Dignidad (ASRD)

La Asociación Soriana Recuerdo y Dignidad (ASRD) se fundó en 2005 en Soria. Desde ese momento, se encarga de las tareas relacionadas con la recuperación de la memoria histórica desde la perspectiva de los derechos humanos en relación con el levantamiento de parte de la cúpula del Ejército español en 1936 contra la democracia y el pueblo y la inmediatamente posterior dictadura fascista del general Franco.

Pese a ser una asociación humilde del interior del Estado la ASRD ha conseguido logros únicos en su trabajo memorialista trasladándolo al ámbito jurídico y de los derechos humanos.

Destacan su trabajo jurídico con éxitos en cada denuncia ante la exhumación de desaparecidos logrando abrir dos causas de las 11 que no se han archivado automáticamente en el Estado Español y la presunción en una tercera de desaparición forzada en contexto de crímenes contra la humanidad, su colaboración con organizaciones de defensa de los derechos humanos de nivel internacional (Abuelas y Madres Línea Fundadora de la Plaza de Mayo y Amnistía Internacional) y sus diez ediciones de la Semana de la Memoria Histórica y los Derechos Humanos Giulia Tamayo entre otros.

Premio Internacional: Colectiva Jalok U’

La colectiva Jalok U’ integrada por 14 mujeres adultas mayores, Mayas Q‘eqchi‘, sobrevivientes de violencia sexual en el marco del conflicto armado guatemalteco, organizadas fundamentalmente para querellarse en el conocido Caso Sepur Zarco.

Esta organización de mujeres indígenas es un referente global en el acceso a la justicia, así como en la defensa y demanda de sus derechos humanos. Su larga lucha y el liderazgo han sido elementos esenciales para la investigación en procesos penales tales como: exhumaciones, testimonios, contextualización de la región y de los hechos.

Además, se han sumado al trabajo directo comunitario apoyando a otras mujeres víctimas en su caminar por la búsqueda de justicia, pues ellas pese a la discriminación sufrida por ser mujeres, indígenas y ancianas, lograron que los hechos que durante tanto tiempo las habían hecho sufrir, se transformaran en una luz de esperanza no solo para ellas, sino para las comunidades en las que habitan.

Premio Periodismo: Memoria Pública

El diario destacó desde su creación en el año 2007 por una apuesta decidida por la recuperación de la Memoria Histórica y el fin de la impunidad del franquismo siempre bajo el principio de dar satisfacción al deseo de verdad, justicia y reparación de las víctimas. De esta manera, el diario ha huido siempre de la equidistancia y se ha situado siempre del lado de las víctimas.

Memoria Pública se ha convertido en un referente en reportajes históricos que han dado voz a los protagonistas, supervivientes y familiares de las víctimas, pero también ha seguido al detalle cada una de las iniciativas que han intentado acabar con la impunidad del franquismo. Asimismo el filtro de la verdad, la justicia y la reparación ha sido incorporado como un enfoque que los redactores deben tener siempre en cuenta a la hora de analizar cualquier información.

Destaca por el trabajo continuado en la denuncia de la impunidad de la dictadura y sus crímenes, en el apoyo a la búsqueda de desaparecidos, en la recuperación de la memoria histórica con reportajes que dan voz a las víctimas o a sus familiares y, también, con el buscador de víctimas que el diario habilitó con el sumario del juez Garzón y que continúa ampliando a día de hoy de manera completamente abierta y accesible para los lectores.

La entrega de los premios tendrá lugar el 14 de diciembre, durante un acto-homenaje que se celebrará en el Pabellón de los Jardines de Cecilio Rodríguez. Próximamente recibirás toda la información.

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