Comunicados

Comunicado Óscar del Castillo

La Asociación Pro Derechos Humanos de España condena con toda contundencia la deplorable conducta de las fuerzas de seguridad que intervinieron el pasado 6 de febrero en la detención del activista antitaurino Óscar del Castillo en la plaza de toros de Valdemorillo. Por lo que puede apreciarse en la grabación difundida por los medios de comunicación, estando detenido el activista en actitud claramente pacífica, un guardia civil le interroga con una agresividad desproporcionada, le golpea, le humilla, le amenaza con reventarle la cabeza e insulta gravemente a su hija de 9 años. Siendo esta conducta injustificable para un miembro de fuerzas de seguridad en una democracia, lo más preocupante es que dicho comportamiento tiene lugar estando presentes varios miembros más pertenecientes a la policía local y a la guardia civil, no interviniendo ninguno de ellos para impedir este claro abuso.
La Asociación Pro Derechos Humanos de España recuerda que un detenido sigue siendo un ciudadano con derechos, y el comportamiento de estos agentes del Estado, tanto del que perpetra los abusos como del resto, que sigue indiferente ante los abusos, vulnera gravemente los derechos humanos del detenido. No es propio de una democracia que un detenido por protestar sufra amenazas y vejaciones como las que pueden apreciarse en el vídeo difundido.

 

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Comunicado de Concesión de los Premios Derechos Humanos 2016

La Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) quiere felicitar a todas las personas y organizaciones que han participado en la convocatoria de los Premios Derechos Humanos 2016, por su gran labor en la defensa y promoción de los derechos humanos.

Todos ellos han dado muestras de su compromiso y dedicación, lo que hace que cada año suponga una mayor responsabilidad para el Jurado de los Premios la selección de los finalistas.

También agradecemos a todas las personas que han participado con sus votos, gracias a los cuales, los Premios Derechos Humanos 2016 han sido otorgados a:

Premio Nacional: Ramiro García de Dios Ferreiro

Ramiro García de Dios Ferreiro es juez de control de estancia del Centro de Internamiento de Extranjeros de Madrid.

Desde que en 2010 asumió voluntariamente la función recién creada de control jurisdiccional de estancia del CIE de Madrid, el Magistrado Ramiro García de Dios ha venido desarrollado, en el ejercicio de su jurisdicción, una valiente y decidida labor de garantía y defensa de los derechos de las personas extranjeras privadas de libertad en dicho centro de internamiento, labor nunca exenta de obstáculos.

Sus resoluciones han ido conformando una jurisprudencia garantista que se ha extendido a otros CIE. Así, entre sus logros se encuentran: permitir a las entidades sociales la fiscalización de los CIE, el establecimiento de un sistema para que las personas internas puedan dirigirse directamente al Juez de control, que las personas sean designadas por su nombre y no por un número, la entrega obligatoria a cada interno asistido de un parte de asistencia médica sin necesidad de autorización previa del Director, el acceso a los baños por las noches, el acceso de notarios al CIE, que los internos tengan copia de su expediente administrativo o el derecho de los internos a conocer su expulsión y los detalles de la misma con antelación.

Premio Internacional: Asociación Abuelas de Plaza de Mayo

Durante el terrorismo de Estado instaurado tras el golpe del 24 de marzo de 1976 fueron asesinadas y desaparecidas 30.000 personas y robados cerca de quinientos bebés, secuestrados junto a sus padres o nacidos durante el cautiverio de sus madres en centros clandestinos de detención, tortura y exterminio.

La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo nació en 1977 con el objetivo de localizar y restituir a todos los niños apropiados durante la última dictadura argentina a sus legítimas familias.

Desde entonces, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo ha iniciado una infatigable lucha en la búsqueda de sus hijos y de sus nietos. A día de hoy, son ciento veintiuno los nietos recuperados, y todavía hay cerca de cuatrocientos que permanecen secuestrados desaparecidos. Abuelas de Plaza de Mayo continúa la búsqueda, para conocer la verdad acerca de los hechos, encontrar a los detenidos-desaparecidos, identificar sus cuerpos y restituirlos a sus familias, logrando justicia para todos los casos y fortaleciendo la memoria.

Su trayecto hacia la verdad y la justicia fortalece la vida en democracia y los lazos solidarios de la comunidad, y permite que se establezcan garantías que protejan los derechos humanos, el derecho a la identidad y los derechos de los niños, y dejará sentadas las bases para la continuidad de su búsqueda.

Premio Periodismo: Alberto Rojas y Rosa Meneses

Historiador de formación y reportero de vocación, Alberto Rojas lleva seis años cubriendo el África subsahariana sobre el terreno. Con el diario El Mundo ha trabajado en conflictos, epidemias y golpes de estado en el Congo, Somalia, Sudán del Sur, Liberia, Sierra Leona, Guinea, Ruanda, Níger, República Centroafricana, Burundi y Kenia. Además, fruto de la relación de este continente con las rutas migratorias desde África, ha cubierto la llegada de refugiados a las costas griegas en las playas de Kos y Lesbos y en pleno paso de los Balcanes. Colabora además con la revista 5W y Al Jazeera Magazine.

Rosa Meneses es reportera de la Sección de Internacional del diario El Mundo, especializada en Oriente Próximo y Norte de África, desde 1999. Como enviada especial ha cubierto sobre el terreno atentados terroristas, conflictos, abusos contra los Derechos Humanos y catástrofes humanitarias entre los que destaca la guerra del Líbano de 2006, la revolución de Túnez en 2011 y los conflictos de Libia y Siria. Desde 2011, cubre las revoluciones árabes y sus consecuencias humanitarias, viajando especialmente a los campos de refugiados y desplazados de Jordania, Líbano e Irak. También ha trabajado como reportera en Argelia, Marruecos, Yemen, Irán, Egipto, Sudán y los países del Golfo, entre otros lugares.

Ambos han desarrollado una especial cobertura de la crisis de los refugiados

La entrega de los premios tendrá lugar el 15 de diciembre, durante un acto-homenaje que se celebrará en el Pabellón de los Jardines de Cecilio Rodríguez. Próximamente recibirás toda la información.

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Carta sobre el proyecto Law Train

Como organizaciones de la sociedad civil belga, española, palestina e internacional, queremos expresarle nuestras preocupaciones sobre el proyecto financiado por Horizon 2020, LAW TRAIN. Ver carta

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Comunicado en Conjunto de ONG Pidiendo el Cese de los Ataques pre-Electorales contra la Sociedad Civil en Guinea Ecuatorial

El gobierno del presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo de Guinea Ecuatorial debe cesar de inmediato toda represión contra voces independientes, en vísperas de las elecciones presidenciales. Reclamaron el día de hoy organizaciones de derechos humanos y de democracia. Además, urgimos al gobierno a revocar la orden del 16 de Marzo de 2016 que obliga a suspender indefinidamente todas las actividades de un grupo líder de la sociedad civil independiente.

El Presidente Obiang, en el poder desde 1979, busca ser reelegido en una  votación adelantada prevista para el 24 de Abril. Obiang es el Jefe de Estado más longevo en el mundo. Su régimen ha estado marcado por la represión de los derechos humanos desde sus inicios.

«La creciente represión contra las organizaciones de la sociedad civil revela la estrategia gubernamental de silenciar las voces independientes y pone de relieve el ambiente hostil y represivo que se fomenta en ruta a las próximas elecciones», dijo Daniel Calingaert, Vicepresidente Ejecutivo de Relaciones Exteriores de Freedom House.

En Guinea Ecuatorial pocos grupos no gubernamentales pueden operar independientemente del gobierno debido a las graves restricciones a la libertad de expresión, asociación y reunión. El gobierno considera a los activistas cívicos independientes como opositores políticos. Estos activistas son sujetos al acoso y represalias por parte de las autoridades.

El 2 de Marzo de 2016, el Ministro del Interior y Corporaciones Locales, Clemente Engonga Nguema Onguene, ordenó la suspensión indefinida de todas las actividades del Centro de Estudios e Iniciativas para el Desarrollo (CEID). La orden fue entregada oficialmente a CEID el 16 de Marzo; y alega que los comentarios hechos durante un foro de jóvenes organizado por CEID en Enero de 2016, en la ciudad de Bata, constituían «discursos con matices de incitación a la violencia y comentarios con tendencia a revolucionar a la juventud», y por lo tanto violan la Ley de Orden Público y la Ley General de Asociaciones del país.

El Ministro del Interior también es Viceprimer Ministro Primero Encargado del Sector Político y Democracia, y recientemente fue nombrado Presidente de la Junta Electoral Nacional responsable de supervisar la próxima elección presidencial.

El grupo de organizaciones niega que los comentarios emitidos en el foro de jóvenes constituyeran «mensajes dirigidos a incitar a la violencia y la desobediencia civil», y afirman que los comentarios formulados por los participantes en el foro de jóvenes eran expresiones protegidas dentro del ejercicio legítimo de la libertad de expresión.

Los grupos también señalan que, en cualquier caso, la iniciativa de suspender CEID basado en los comentarios de los participantes en el foro es desproporcionada ya que los puntos de vista de los participantes no reflejan necesariamente la opinión de la organización. Ya en ocasiones anteriores, EG Justice ha criticado las leyes nacionales aplicables a las organizaciones de la sociedad civil por ser contrarias a las libertades y derechos garantizados por la Ley Fundamental.

CEID promueve la participación ciudadana en una gran variedad de temas, incluyendo los derechos humanos, la gobernabilidad y la transparencia. Es un líder en la gestión para la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas, una iniciativa global de transparencia en la gerencia de los recursos naturales. Debido a la orden de suspensión, CEID ha renunciado a su papel en la Comisión Nacional de Trabajo encargada de preparar una nueva solicitud para ser miembro de la EITI, lo cual requiere de la participación equitativa de la sociedad civil sin ninguna restricción. CEID es co-fundador y –hasta el momento de la notificación de la orden de suspensión– servía como Secretariado de la Coordinadora de la Sociedad Civil (Coordinadora), una coalición nacional de 22 organizaciones no gubernamentales, muchas de las cuales también participan en la iniciativa de EITI.

La suspensión de CEID se suma a otras numerosas medidas tendentes a acabar con el activismo cívico independiente en el país. En Enero de 2016, el gobierno obligó a CEID a cancelar un foro de jóvenes tras tan sólo un día de celebrarse su apertura. El evento era el primero de su clase en Guinea Ecuatorial, reuniendo a más de ciento veinte jóvenes de diversas partes del país.

En Agosto de 2015, el gobierno despidió al equipo de gestión de la Casa de Cultura de Rebola, un centro cultural que había sido dirigido de forma independiente por voluntarios locales, y prometió nombrar a un nuevo equipo compuesto por miembros del partido político en el poder. En aquel momento, el Ministro de Interior Clemente Engonga señaló que las actividades del centro cultural «van en contra de los ideales del partido en el poder y son inconstitucionales.»

«En lugar de permitir la participación activa de los ciudadanos, previo a las elecciones, el gobierno de Guinea Ecuatorial esta fomentando un entorno cada vez más hostil», dijo Tutu Alicante , Director Ejecutivo de EG Justice, «una sociedad civil dinámica capaz de reunirse y participar pacíficamente en el debate público es esencial para una sociedad democrática. El gobierno de Obiang, tal como lo hizo al suspender la Casa de Cultura de Rebola, utiliza leyes abusivas y acusaciones infundadas para suspender a uno de los principales defensores de la transparencia y el buen gobierno,» añadió Tutu. «No se debe permitir que esta orden draconiana prevalezca.»

Esta declaración conjunta es firmada por las siguientes organizaciones:

Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE)

Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL)

CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation

EG Justice

Freedom House

Global Witness

Human Rights Watch

OXFAM America

Réseau International des Droits Humains (RIDH)

World Movement for Democracy

31 de marzo de 2016

 

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Comunicado sobre los centros de internamiento de extranjeros

La Asociación Pro Derechos Humanos de España manifiesta su preocupación por lo acontecido la noche del martes 18 de octubre en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche, cuando varios internos se concentraron en la azotea del edificio para reclamar dignidad y libertad.

Estos hechos son expresión, nuevamente, de una gestión pésima de unos Centros que deben ser inmediatamente clausurados, por cuanto que su propia naturaleza, objeto, existencia y funcionamiento representa una violación de los derechos humanos de las personas migrantes que son recluidas en los mismos. Nadie debe ser privado de libertad por la comisión de una simple infracción administrativa. Se trata de una medida desproporcionada, inefectiva y contraria al Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Pero es más, son reiteradas las quejas de los personas recluidas en dichos centros por  la deficiente alimentación que se les proporciona, los problemas de higiene, asistencia sanitaria que presentan las instalaciones y los malos tratos que les son dispensados por los agentes destinados en los mismos.

No podemos dejar de recordar, en relación con la inefectividad de los Centros de Internamiento de Extranjeros, que ni siquiera se cumple con la finalidad cautelar para los que están previstos, puesto que  más de la mitad de los extranjeros que son internados no son expulsados (según datos del propio Defensor del Pueblo, en 2015, el 59% de las personas que habían sido detenidas e internadas no fueron expulsados)

Ante esta situación reclamamos que se proceda al cierre inmediato de la totalidad de los Centros de Internamiento de Extranjeros y, sin perjuicio de lo anterior, mientras continúen funcionando:

– Se inspeccionen de forma eficaz los centros de internamiento, adoptando las medidas necesarias para la mejora de la alimentación, higiene y atención sanitaria

– Se investiguen de forma imparcial las denuncias por actos discriminatorios y racistas.

– Se investiguen adecuadamente las denuncias por malos tratos a los internos.

– Se omita cualquier acto de represalia contra los internos que se concentraron en la azotea del CIE de Aluche el pasado martes 18 de octubre.

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LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO PRETENDE IMPEDIR QUE LOS JUZGADOS ESPAÑOLES TOMEN DECLARACIÓN A LAS VÍCTIMAS E IMPUTADOS EN LA QUERELLA ARGENTINA

La Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal, ha emitido una instrucción de obligado cumplimiento para tratar de impedir que los Jueces españoles, mediante la ejecución de los correspondientes exhortos, tomen declaración tanto a las víctimas de la dictadura franquista como a los victimarios en la causa penal que se tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 1 de Buenos Aires, esto es, en la denominada querella argentina, cuyo objeto no es otro que la investigación y enjuiciamiento de los crímenes contra la humanidad cometidos por el citado régimen dictatorial.

En consecuencia con ello la Fiscalía, en el día de ayer, procedió a presentar un escrito en el Juzgado de Instrucción número 4 de Oviedo en el que se oponía a la ejecución del exhorto remitido por el Juzgado de Buenos Aires para que se tomara declaración a Gerardo Iglesias en relación con las torturas que sufrió durante la dictadura franquista, delito por el que está imputado Pascual Honrado de la Fuente que, a su vez, y en cumplimiento de otro exhorto librado por el Juzgado argentino, debería declarar durante el presente mes de octubre ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo. Indudablemente que Fiscalía se opondrá a la toma de declaración del referido imputado y del resto en base a los mismos argumentos que han sido expuestos en su escrito para oponerse a la declaración de Gerardo Iglesias.

Debemos recordar que hasta este momento, en el marco de la causa argentina y a través del auxilio judicial internacional, decenas de víctimas, en estos dos últimos años, han venido prestando declaración ante los Juzgados españoles sin que por parte de la Fiscalía se haya expresado oposición alguna al respecto. La oposición a la toma de declaración de las víctimas se produce ahora como consecuencia de que está previsto que se tome declaración a los imputados en la causa.

En el escrito presentado por Fiscalía se invoca nuevamente el principio de territorialidad (según el cual los Juzgados españoles serían competentes para el conocimiento de dicha causa por cuanto son hechos cometidos por ciudadanos españoles contra ciudadanos españoles en territorio español), la prescripción de los delitos, la Ley de Amnistía y el principio de legalidad. Cita y reproduce parcialmente los argumentos expuestos por el Tribunal Supremo en la Sentencia de 27 de febrero de 2012 en relación con la Ley de Amnistía y la política de reconciliación consensuada durante la denominada “transición” española.

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LA COORDINADORA ESTATAL DE APOYO A LA QUERELLA ARGENTINA (CEAQUA) INFORMA

En cumplimiento de lo dispuesto en el Tratado de Asistencia Judicial en materia penal suscrito entre Argentina y España, el Ministerio de Justicia español ha enviado los exhortos remitidos por la jueza María Servini de Cubría – titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 1 de Buenos Aires –  a diferentes juzgados españoles a efectos de que imputados en la denominada querella argentina presten declaración indagatoria.  

El pasado día 29 de agosto el Ministerio de Justicia español recibió, nuevamente, exhortos remitidos por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 1 de Buenos Aires, para que por parte de los Juzgados territoriales españoles, en presencia de la jueza argentina María Servini de Cubría, se tome declaración a 19 imputados por crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura franquista.

El viernes 9 de septiembre el citado exhorto fue remitido por el Ministerio de Justicia a los Juzgados territoriales españoles por lo que los imputados deberán ser debidamente citados por dichos órganos jurisdiccionales para prestar declaración indagatoria, lo que ocurrirá en fechas a determinar durante el mes de octubre.

El juzgado argentino solicitó en su día la extradición de los imputados a efectos de tomarles declaración indagatoria. Las autoridades españolas denegaron dicho pedido con manifiesta vulneración de las normas internacionales que establecen que todos los Estados deben colaborar activamente en la persecución de quienes cometen crímenes contra la humanidad, en especial los cometidos en su territorio. Esta situación determinó que la jueza haya solicitado interrogarlos ante jueces y en juzgados españoles.

         Esta iniciativa supone un avance sustancial y un nuevo impulso en la causa criminal 4951/2010,  que se tramita en Buenos Aires, en aplicación del principio de Justicia Universal. Tras las declaraciones, la jueza decidirá sobre  el pedido de procesamiento de los imputados solicitado por las acusaciones en la causa.

        Debemos destacar que 17 de los 19 imputados comparecerán por primera  vez ante tribunales de justicia acusados de la comisión de crímenes contra la humanidad, a pesar de la notoriedad de sus crímenes (Antonio González Pacheco “Billy el niño” y Jesús Muñecas Aguilar ya lo hicieron ante  la Audiencia Nacional en la tramitación del pedido de extradición formulado por el juzgado argentino), lo que pone una vez más de manifiesto la intolerable política de impunidad mantenida por el Estado español respecto a la investigación y enjuiciamiento de dichos crímenes.

Recordamos asimismo que entre los 19 imputados se encuentran varios ministros franquistas, integrantes de las fuerzas represivas del régimen dictatorial y un médico. Se les imputan delitos de homicidio, torturas y robo de bebés, cometidos en un contexto de crímenes contra la humanidad.

Confiamos en que los diferentes jueces españoles que deben ejecutar el exhorto colaboren adecuada y activamente con las autoridades judiciales argentinas en la toma de declaración a los imputados.

En Madrid, a 26 de septiembre de 2016

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Comunicado sobre el Acuerdo de Paz en Colombia

En el contexto actual de Colombia de una paz negociada, la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) valora positivamente los Acuerdos alcanzados en La Habana.

El Acuerdo de Paz de Colombia es fruto de un gran esfuerzo de miles de colombianos y colombianas. Abre paso a un nuevo escenario para la construcción de una paz duradera y supone una oportunidad para comenzar a superar el conflicto armado y la violencia socio-política que ha sufrido el país desde hace más de 50 años.

Según la Unidad de Víctimas, el conflicto armado ha dejado más de 7 millones 900 mil víctimas. Las bases para la construcción de una paz duradera deben satisfacer plenamente las aspiraciones de justicia de las víctimas y sus familiares, asegurando que los responsables de las violaciones de derechos humanos y graves crímenes contra la humanidad, sean puestos a disposición de los tribunales competentes.

El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) previsto en los acuerdos establece mecanismos en los que prima el reconocimiento del derecho a la verdad como fundamento del mecanismo de justicia transicional. Así, se prioriza la verdad judicial sobre la imposición de penas y sanciones a los responsables de violaciones de derechos humanos.

Si bien en la justicia transicional la verdad tiene que estar al servicio de la justicia, en el caso del SIVJRNR existen dudas y vacíos que surgen del texto. Sin embargo, esto no significa que el acuerdo establezca un sistema de impunidad de los responsables de  graves violaciones de derechos humanos y crímenes contra la humanidad cometidos en Colombia.

En el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) el significado del concepto de impunidad aplicado a hechos constitutivos de crímenes y violaciones de derechos humanos, transciende notablemente de la mera ausencia de castigo. Para el DIDH la impunidad es el incumplimiento de los deberes de investigar e informar, reprimir y perseguir –o extraditar-, de reparar y de prevenir.

De esta forma, el  Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto establece medidas para que las atrocidades cometidas no se desconozcan ni se justifiquen; que las autoridades investiguen, juzguen y sancionen a los responsables de estos hechos; que la dignidad de las víctimas sea reconocida y sus condiciones de vida restituidas; y que se establezcan las garantías de no repetición.

El DIDH contempla que en una paz negociada hay particularidades jurídicas que deben ser atendidas. En relación con ello, el Acuerdo:

  • Reconoce el lugar central de las víctimas en el proceso y el principio de satisfacción de su derecho a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
  • Establece mecanismos no judiciales para granizar el derecho a saber de las víctimas, como son Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y la Unidad Especial para Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.

Los Principios para la Protección y la Promoción de los Derechos Humanos mediante la Lucha contra la Impunidad de Naciones Unidas definen a las comisiones de la verdad como: “órganos oficiales, temporales y de constatación de hechos que no tienen carácter judicial y se ocupan de investigar abusos de los derechos humanos o el derecho humanitario que se hayan cometido a lo largo de varios años”.

Pues bien, el Acuerdo prevé un complejo sistema de organismos cuyo funcionamiento y metodología incorpora una serie de particularidades que atienden a las experiencias pasadas de otras Comisiones de la Verdad y al propio contexto colombiano, siendo respetuoso con los estándares internacionales de los derechos humanos.

  • Prevé una Jurisdicción Especial para la Paz y la creación de un Tribunal Especial para la Paz como mecanismos judiciales para garantizar el derecho a la justicia efectiva de las víctimas.

Se contempla la aplicación del  artículo 6.5 del Protocolo II de los Convenios de Ginebra por el cual “…el Estado colombiano puede otorgar la amnistía más amplia posible” a quienes pertenezcan a organizaciones que hayan suscrito el acuerdo de paz así “como a aquellas personas que hayan sido acusadas o condenadas por delitos políticos o conexos”.

Sin embargo, establece que la concesión de amnistías “no exime del deber de contribuir, individual o colectivamente, al esclarecimiento de la verdad” ni “extingue el derecho de las víctimas a recibir reparación”. Además señala que “no se puede amnistiar los crímenes de lesa humanidad, ni otros crímenes definidos en el Estatuto de Roma”.

Respecto a las penas, si bien en varios instrumentos internacionales se estipulan los deberes de enjuiciamiento y sanción de los responsables de graves violaciones ningún tratado internacional sobre graves crímenes como genocidio, tortura o desapariciones forzadas, establece penas determinadas o «mínimas» que tendrían que ser establecidas.

  • Acuerda Medidas de Reparación Integral para la Construcción de la Paz como corolario del derecho de las víctimas a la reparación. 

Para el DIDH el concepto de reparación integral de violaciones de derechos humanos incluye la adopción de medidas para restablecer la situación al estado anterior al evento dañoso; indemnizar a las víctimas con carácter compensatorio; favorecer la realización integral de la persona; reconocer la dignidad de las víctimas; y  asegurar que no se repitan las violaciones de derechos humanos como las acontecidas.

El enfoque integral y de interrelación de los derechos de las víctimas que contempla el Acuerdo interpreta el derecho a la reparación más allá de su dimensión económica, e incluye el derecho a la verdad y a que se haga justicia como uno de los principales medios de reparación. La contribución a la reparación por parte de los victimarios será condición inexcusable para recibir cualquier tratamiento especial de justicia.

Además, prevé acciones concretas de reparación colectiva a la finalización del conflicto: medidas sobre restitución de tierras, procesos colectivos de retornos de personas en situación de desplazamiento, reparación de víctimas en el exterior y rehabilitación psicosocial.

  • Define las Garantías de No Repetición de las violaciones de derechos humanos. Desde el DIDH, el principio de reparación de daños sufridos a las víctimas contempla las garantías de no repetición, como un conjunto de acciones dirigidas a promover cambios estructurales que prevengan las violaciones de los derechos humanos.

Los puntos del Acuerdo contienen información valiosa que incidirá necesariamente en las garantías de no repetición desde un enfoque de reparación integral de las víctimas.

El enfoque territorial y étnico en la implementación de los Acuerdos representa una clara garantía de no repetición de vulneración de derechos humanos.

Teniendo en cuenta estos aspectos y entendiendo los Acuerdos en el marco excepcional de un proceso de paz negociada, desde la APDHE celebramos el gran avance que los Acuerdos suponen hacia la construcción de una paz estable y duradera, que prioriza a las víctimas y los derechos a la verdad, la reparación y las garantías de no repetición.

El éxito de los Acuerdos dependerá en gran medida de su futura implementación durante la cual, muchos de los aspectos contemplados que generan dudas y reservas deberán ser dirimidos.

Comunicado sobre el Acuerdo de Paz en Colombia PDF

Comunicado sobre el Acuerdo de Paz en Colombia PDF

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Denunciamos los ataques intimidatorios contra Ramón Cadena, defensor de derechos humanos y Director de la Comisión Internacional de Juristas

Denunciamos los ataques intimidatorios contra Ramón Cadena, defensor de derechos humanos y Director de la Comisión Internacional de Juristas

Ramón Cadena, reconocido jurista y defensor de derechos humanos, actual director de la Comisión Internacional de Juristas para América Central, sufrió un ataque en su domicilio particular sito en Ciudad de Guatemala, el pasado 15 de agosto.

Aproximadamente a las seis de la mañana hombres armados y encapuchados asaltaron su vivienda. Según denunció el propio Cadena, un grupo de hombres con pasamontañas ingresaron por la fuerza en su residencia y obligaron a dos personas que se encontraban en ese momento en la misma a permanecer de rodillas, mientras los asaltantes registraban todas las habitaciones de la vivienda.

Tras el registro y el desorden que ello originó, se llevaron el ordenador personal del director de la CIJ que no se encontraba en la vivienda. El abogado considera esta acción como una muestra de intimidación por su labor a favor de los derechos humanos y la justicia transicional.

Recordamos que los defensores y defensoras de derechos humanos en Guatemala se encuentran en una situación de constante amenaza y hostigamiento por la labor que desarrollan. A los altos niveles de violencia se le une la cultura de la impunidad que rige en el país y que tiene como consecuencia directa el que graves violaciones de derechos humanos no sean investigadas ni juzgadas.

Desde la APDHE denunciamos los ataques intimidatorios sufridos por Ramón Cadena y exigimos a las autoridades competentes que investiguen los hechos y determinen las responsabilidades. Exigimos igualmente que las autoridades guatemaltecas adopten las medidas necesarias de protección que garanticen la seguridad personal de Ramón Cadena.

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