Comunicados

La Asociación Pro Derechos Humanos de España denuncia la actuación de varios agentes en dependencias policiales, en la madrugada del 30 de abril durante la asistencia letrada a un detenido

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Los hechos tuvieron lugar la noche del 29 de abril, cuando la abogada Mª Teresa Parejo fue designada por el Colegio de Abogados de Madrid para asistir a un detenido en la Comisaría sita en la Calle Federico Rubio y Galí número 55 de Madrid.

Una vez en dependencias policiales, varios agentes de policía dispensaron un trato vejatorio e inadecuado a la abogada y a su cliente, obstruyendo el ejercicio del derecho de defensa que asiste a todo detenido que se encuentra bajo custodia policial. La abogada fue recriminada por el mero hecho de exigir el cumplimiento de las disposiciones legales inherentes a dicho derecho, como son el acceso al expediente o la entrevista reservada con el detenido. Derechos que están previstos en las Directivas Europeas que son de aplicación en España, en la Constitución Española y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Los hechos acaecidos se relatan en la queja que la abogada ha interpuesto ante el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y que la APDHE ha remitido igualmente al Ministerio del Interior, instando a este último a que inicie las acciones disciplinarias correspondientes por la actuación tan improcedente de los policías actuantes.

La conducta de los agentes debe ser sancionada, ya que resulta inadmisible que al objeto de intimidar tanto a la abogada como al detenido, se les hostigue, veje y desprecie violentándose de forma muy grave derechos fundamentales.

Desde la Asociación Pro Derechos Humanos de España rechazamos estas conductas e instamos a que se desplieguen medidas para que actos tan deplorables como éstos no vuelvan a repetirse, concretamente:

Impartiendo la necesaria y adecuada formación y capacitación de agentes bajo cuya custodia se encuentran personas detenidas
Sancionando las conductas de agentes policiales que dificulten u obstruyan el ejercicio del derecho de defensa por parte de los abogados
Aplicando medidas de suspensión e inhabilitación de agentes que incurran en dichas conductas.

Madrid, a 12 de mayo de 2016

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FERROVIAL S.A. COMPRA BROADSPECTRUM LIMITED, RESPONSABLE DE GRAVES VULNERACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS EN CENTROS DE INTERNAMIENTO DE LAS ISLAS DEL PACÍFICO

Desde la Asociación Pro Derechos Humanos de España rechazamos la adquisición de la sociedad Broadspectrum Limited, implicada en graves violaciones de derechos humanos.

Broadspectrum Limited ha venido gestionando los centros de internamiento de refugiados y migrantes en las islas del pacífico, Manus y Nauru; centros que han sido reiteradamente denunciados por sus sistemáticas violaciones a los derechos humanos, entre otras detenciones arbitrarias de refugiados, asesinatos, abusos sexuales de mujeres y niños, y secuestros. Incluso, la Suprema Corte de Papúa-Nueva Guinea declaró ilegal su existencia, por vulnerar la legislación internacional y la doméstica, puesto que existen personas que han estado hasta tres años internas sin recibir asistencia médica y sin satisfacerse sus necesidades básicas.

Con la adquisición de Broadspectrum Limited, la española Ferrovial S.A asume la gestión de estos centros ilegales de internamiento, donde unas 850 personas inocentes se encuentran arbitrariamente detenidas por tiempo indefinido, sufriendo vulneraciones de derechos humanos que les están generando severos trastornos físicos y mentales.

Por todo ello expresamos nuestra consternación, e instamos al respeto efectivo de los derechos humanos, concretamente solicitando:

– Al Gobierno de Australia para que proceda al cierre de estos centros de internamiento, declarados ilegales por la propia Corte Suprema de Papúa-Nueva Guinea.

– A la compañía española Ferrovial S.A para que revoque la adquisición de Broadspectrum Limited, o cancele de forma inmediata el contrato que ésta última suscribió con el Gobierno Australiano para la gestión de estos centros.

Madrid, a 10 de mayo de 2016

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La Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) expresa su repulsa por el hostigamiento al que han sido sometidos juristas observadores de derechos humanos, el pasado 6 de abril en Rabat

COMUNICADO

 

La Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) expresa su repulsa por el hostigamiento al que han sido sometidos juristas observadores de derechos humanos,  el pasado 6 de abril en Rabat.

Los juristas fueron sorprendidos por la policía en su hotel, retenidos por la fuerza, interrogados y expulsados del país.

El objetivo de la misión internacional de observación era visitar a los 13 presos políticos saharauis del grupo Gdeim Izik, que llevan 37 días en huelga de hambre reivindicando que se les libere y que se investiguen los malos tratos y torturas que sufren desde que fueron encarcelados hace cinco años.

Las autoridades de Marruecos ya han expulsado anteriormente misiones de observadores internacionales de derechos humanos, evidenciando la obstaculización del gobierno marroquí al trabajo de los defensores de derechos humanos.

Expresamos nuestro apoyo a cualquier defensor o activista que denuncie las violaciones de los derechos y libertades que se producen en las zonas ocupadas del Sáhara Occidental desde hace más de 40 años, y nos solidarizamos con el colectivo profesional de juristas que ha sido represaliado por intentar ejercer su trabajo.

Lamentamos que esta persecución atroz contra los defensores de derechos humanos pueda estar generando un efecto disuasorio, y realizamos un llamamiento a la comunidad internacional para que se intensifique la denuncia y se actúe con contundencia ante las sistemáticas violaciones de Derechos humanos del pueblo saharaui.

Ver comunicado

 

 

Madrid, 8 de abril de 2016

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COMUNICADO DE LA APDHE

La Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) ha publicado el informe “La práctica de la prisión provisional en España”. El informe es el resultado de una investigación iniciada en junio de 2014, en el marco del programa de Justicia Criminal de la Comisión Europea, en el que han participado entidades de 10 países y que ha sido coordinado por la organización Fair Trials. A través de diferentes metodologías de trabajo, como encuestas a abogados defensores, monitoreo de audiencias ante tribunales, análisis de casos reales y entrevistas a jueces y fiscales, se han elaborado 10 informes sobre la aplicación de la prisión provisional en cada uno de estos países.

Es la primera vez que se emprenden investigaciones sobre la aplicación en la práctica de esta medida cautelar, más allá de los estudios que existían sobre la normativa legal aplicable en los diferentes Estados miembros.

Aunque la legislación y la jurisprudencia españolas establecen que la aplicación de la prisión provisional debe ser excepcional y sólo debe ser impuesta cuando no existan otras medidas menos gravosas, la investigación en España realizada por la APDHE ha revelado que se vulneran estos principios de excepcionalidad y subsidiariedad. En este sentido se destacan algunas conclusiones de la investigación:

  • En los casos estudiados, la mitad de las resoluciones judiciales en las que se disponía la aplicación o prórroga de la prisión provisional, carecían de una argumentación suficiente y adecuada. Concretamente, ante delitos de cierta gravedad, no se valoraron suficientemente las circunstancias personales, observándose un uso excesivo y cierto automatismo en la aplicación de la prisión provisional.

  • En el 13% de los casos estudiados se dispuso el secreto del sumario y los abogados no tuvieron acceso a los expedientes judiciales, lo que supone un obstáculo para impugnar la prisión provisional.

  • En general, los jueces no tienen confianza en las medidas alternativas a la prisión provisional para delitos de cierta gravedad, considerando que las más utilizadas, como la comparecencia regular y el pago de fianza no resultan suficientemente coactivas para prevenir el riesgo de fuga.

  • Aunque no existen estadísticas oficiales sobre el porcentaje de personas en prisión provisional que resultan condenadas, la investigación realizada ha arrojado un resultado del 65%. Es decir, que el 35% de personas que estuvieron en prisión provisional resultaron finalmente absueltas.

  • En la mitad de los casos estudiados la duración de la prisión provisional fue superior a 1 año de duración.

Todas estas deficiencias suponen una vulneración de derechos fundamentales, como el derecho a la libertad y a la presunción de inocencia, y son contrarias a los criterios interpretativos que ha desarrollado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en materia de aplicación de la prisión provisional.

Para superarlas, la APDHE ha formulado determinadas recomendaciones a los actores implicados en la materia (Legislador, Jueces y Tribunales, Consejo General del Poder Judicial, Ministerio de Justicia, Ministerio de Interior, Consejo General de la Abogacía), entre las que se destacan las siguientes:

  • Exigencia de motivación suficiente, razonada y específica, de todas las resoluciones judiciales en las que se acuerda o se mantiene la prisión provisional.

  • Supervisión estricta del cumplimiento de las medidas alternativas que más se aplican, como la comparecencia regular ante la autoridad judicial.

  • Provisión de medios técnicos, personales y económicos suficientes para extender y generalizar el uso de los dispositivos electrónicos de localización, y para la implantación de otras medidas alternativas menos gravosas

  • Recopilación de estadísticas oficiales sobre datos relacionados con la prisión provisional

  • Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de prisión provisional, para aumentar el límite a partir del cual se pueda solicitar su aplicación, así como para reducir los plazos máximos de duración de esta medida.

  • Realización de seminarios e intercambios de experiencias y buenas prácticas con jueces de otros estados donde se aplican con más frecuencia medidas alternativas menos gravosas.

  • Establecimiento de un sistema de formación obligatoria de jueces y fiscales sobre los estándares internacionales que son de aplicación en materia de prisión preventiva.

El informe de investigación completo se encuentra accesible en el siguiente enlace: http://www.apdhe.org/wp-content/uploads/2015/07/INFORME_LA-PRACTICA-DE-LA-PRISION-PROVISIONAL.pdf

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La Asociación Pro Derechos Humanos de España denuncia la gravísima situación de la líder ruandesa de la oposición Victoire Ingabire Umuhoza

Victoire Ingabire Umuhoza, la líder pacifista ruandesa del partido de la oposición FDU-INKINGI, se encuentra encarcelada en Kigali desde hace más de cinco años, como resultado de un juicio plagado de irregularidades y falto de las mínimas garantías judiciales, como en su día denunciamos muchas organizaciones defensoras de los derechos humanos  de todo el mundo.

El próximo 4 de marzo comienza ante la Corte Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos el proceso de apelación de  Victoire Ingabire Umuhoza como consecuencia desu condena a 15 años de prisión en Ruanda, sin que se cumplan las mínimas garantías judiciales.

El gobierno ruandés, parte en el proceso, ha puesto todo tipo de trabas para que se realice el juicio con todas las garantías establecidas según los estándares internacionales de los derechos humanos.

La dirección de la cárcel no ha permitido el acceso al abogado de Victoire, el letrado Gatera Gashabana, para preparar el proceso con su cliente. Además, ha sometido a constantes abusos al Señor Gatera, sometiéndole a constantes cacheos y accediendo a sus notas y documentos personales sobre el caso, lo que supone un grave atentado contra los principios del libre ejercicio de la profesión de abogado.

Desde hace años, numerosas organizaciones de derechos humanos venimos denunciando las terribles condiciones de detención en las que se encuentra Victoire, las constantes humillaciones y y el mal trato que se le dispensa. Sus condiciones de encarcelamiento se han agravado. Las ventanas de su celda han sido completamente pintadas de negro para impedir que la  luz penetrara en su celda, lo cual, a largo plazo, le provocará ceguera.

Exigimos al gobierno de Ruanda que asegure las garantías judiciales del proceso, que cesen los tratos crueles y degradantes contra Victoire y mejore sus condiciones de reclusión en  cumplimiento de  los Tratados Internacionales de Derechos Humanos suscritos por este país.

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La Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) lamenta que los cuatro partidos políticos que han obtenido mayor número de votos en las elecciones generales del pasado 20 de diciembre, no contemplen en sus programas electorales

 La Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) lamenta que los cuatro partidos políticos que han obtenido mayor número de votos en las elecciones generales del pasado 20 de diciembre, no contemplen en sus programas electorales la aplicación en España de una justicia universal pura, de acuerdo con los estándares de Derecho Internacional. Específicamente, expresamos nuestra preocupación por la propuesta que ha publicado el Partido Socialista en relación con su programa electoral, concretamente en lo que se refiere a la justicia universal. Entre las medidas que contempla dicha propuesta, en el ámbito de la promoción de los derechos humanos, se establece la de “revocar la reforma del gobierno del Partido Popular en materia de Jurisdicción Universal para que España pueda ser otra vez referente en la lucha contra la impunidad y la defensa de los Derechos Humanos y para defender a nuestros ciudadanos y ciudadanas víctimas de una infracción fuera de nuestras fronteras”. Pues bien, nos parece insuficiente el contenido de esta propuesta, ya que se limita a promover la revocación de la LO 1/2014 por la que se modificó el artículo 23.4 de la LOPJ. Sin embargo, para garantizar el pleno ejercicio de la justicia universal, no sólo es necesario revocar la última reforma legal, sino que debe aprobarse una nueva modificación legislativa en la que se garantice que el único criterio para su aplicación sea la gravedad del delito, sin exigirse requisitos adicionales que desnaturalizan su esencia y promueven la impunidad de los crímenes internacionales más execrables. Es decir, impulsar una modificación legislativa en la que se excluya la exigencia de cualquier requisito de territorialidad y nacionalidad como puntos de conexión para ejercer la jurisdicción universal. La justicia es un valor primario y un fin último a la hora de ponderarlo con otros intereses, y por ello la APDHE exige que los partidos políticos impulsen las reformas legislativas necesarias para que la justicia universal sea un mecanismo eficaz que garantice el derecho a la tutela judicial efectiva de víctimas de graves crímenes internacionales.

Madrid, 10 de febrero de 2016 

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Comunicado de la APDHE sobre la extradición de Inocente Orlando Montano

NOTA DE PRENSA APDHE

La Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) recibe con satisfacción la extradición y las detenciones de militares salvadoreños en relación con la masacre de los Jesuitas en la Universidad Centroamericana de El Salvador.

Madrid – La Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) recibe con satisfacción la decisión de extradición a España del coronel y ex viceministro de Seguridad Pública Inocente Orlando Montano y el arresto de 17 militares salvadoreños con orden de detención internacional por crímenes de lesa humanidad y terrorismo, como consecuencia de su participación en la matanza de seis jesuitas y una empleada y su hija en la Universidad Centroamericana de El Salvador (UCA).

Manuel Ollé, director del equipo jurídico de la Asociación Pro Derechos Humanos de España que ejerce la acusación en el proceso penal que se tramita por estos hechos ante la Audiencia Nacional, ha manifestado en relación con la extradición concedida que «La decisión de los tribunales de Estados Unidos es un paso extraordinariamente importante en la persecución de los crímenes internacionales cuando violan gravemente los Derechos Humanos. Y, muy especialmente, por la tutela judicial que merecen todas las víctimas en su exigencia de Justicia. En este caso, además, la decisión de EEUU es un hito para el Derecho Penal Internacional al reconocer que estos aberrantes crímenes no pueden quedar impunes y brindar la necesaria cooperación jurídica para que los presuntos autores de estos hechos sean juzgados. Más allá de los intereses políticos, se demuestra una vez más la importancia de la justicia universal como instrumento judicial eficaz de lucha contra la impunidad.» También ha añadido que «lo acontecido en estas últimas horas con la detención en el Salvador de 17 militares acusados por los mismos crímenes es un síntoma de que la Comunidad Internacional comienza a reaccionar en la lucha contra la impunidad». Finalmente Manuel Ollé ha querido destacar que «este caso, además, tiene una connotación especial, se está enviando un mensaje a la comunidad internacional: los juicios trampa o los juicios teatro para aparentar la realización de la Justicia son fraudulentos y por tanto nulos. El Tribunal Supremo español reconoció recientemente que el juicio celebrado en el Salvador vulneró los estándares internacionales de lo que debe ser un juicio justo y con todas las garantías y, por tanto, dio luz verde a que los acusados puedan ser enjuiciados en España».

La matanza se perpetró el 16 de noviembre de 1989 a manos de Fuerzas del Ejército salvadoreño, que asesinaron al entonces rector, Ignacio Ellacuría, y a otros cinco sacerdotes, entre los que se encontraban los españoles Amando López, Juan Ramón Moreno, Segundo Montes e Ignacio Martín Baró, y el salvadoreño Joaquín López. También fueron asesinadas la empleada salvadoreña Elba Julia Ramos y su hija Celina.

La APDHE es la organización española más antigua -fue constituida en 1.976- dedicada específicamente a la defensa y promoción de los Derechos Humanos. Ha ejercido y ejerce la acusación en múltiples procesos penales tramitados en virtud del principio de justicia universal (Casos: Argentina, Chile, Sáhara, El Salvador, Guatemala, Vuelos de la CIA, Guantánamo, etc…)

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La Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) rechaza la posición de la Unión Europea y sus estados miembros frente a la denominada crisis de refugiados

 La Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) rechaza la posición de la Unión Europea y sus estados miembros frente a la denominada crisis de refugiados, y exige que se reconozcan plenamente los derechos humanos que les asisten y muy especialmente el derecho de asilo. El control de fronteras europeas no puede socavar y vulnerar los derechos de los refugiados. Las instituciones y los gobiernos democráticos de Europa no se han situado a la altura del drama humanitario existente. Los Ministros de Interior de la UE no han llegado a un acuerdo para el traslado de 120.000 refugiados desde Grecia, Italia y Hungría, sino que han retomado un acuerdo anterior para el traslado únicamente de 40.000 personas. La cifra resulta insuficiente y por otra parte no se adoptaron medidas para su cumplimiento obligatorio por los estados miembros. Esta conducta pone en entredicho los valores fundacionales de la Unión Europea, ya que de acuerdo con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, es necesario el establecimiento de vías de acceso y acogida para todas aquellas personas que huyen de países en conflicto. Además de la ayuda humanitaria, la larga duración de los conflictos requiere la adopción de soluciones duraderas para las personas necesitadas de protección internacional, como la implementación de una nueva política de asilo europea cuya prioridad sean los Derechos Humanos sobre la seguridad y el control fronterizo. También es preciso abordar las causas que provocan los éxodos masivos de personas y buscar soluciones no violentas a los conflictos, en lugar de promover las intervenciones militares. Rechazamos la hipocresía de los gobiernos europeos y les recordamos que los derechos humanos no son literatura o retórica de los Tratados Internacionales sino obligaciones que deben cumplir. Realizamos un llamamiento al Gobierno Español para que se sitúe al nivel de países como Francia o Alemania reforzando la propuesta de mínimos establecida por la Comisión Europea para el acogimiento de refugiados. La presión de las organizaciones sociales y de la opinión pública es fundamental. La APDHE ha expresado su indignación y rechazo por la denominada crisis de los refugiados ante las sedes en España del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea, así como ante el Ministerio de Asuntos Exteriores. Además, como miembro de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), la APDHE participa en las campañas impulsadas por esta organización internacional a favor de los refugiados. La FIDH ha formulado recomendaciones detalladas sobre migración y asilo a la Unión Europea y sus Gobiernos. Campañas

https://www.fidh.org/International-Federation-for-Human-Rights/european-union/occupy4migrants-fidh-launches-campaign-demanding-european-leaders-to 

http://free-syrian-voices.org/ 

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Madrid, 22 de septiembre de 2015

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Carta al Presidente del Gobierno “El “DESEO” de Takbar Hadddi,…….Y la necesaria “ACCION” del Gobierno y Grupos políticos de España

El saharaui Mohamed Lamin Haidala sufrió una brutal agresión que le causó la muerte el 30 de enero de 2015 por parte de colonos marroquíes en El Aaiún. Hasta la fecha, el cuerpo no ha sido entregado a su madre. El pasado 15 de mayo su madre Takbar Haddi inició una huelga de hambre.

Ver carta: Carta Takbar Haddi

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