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COMUNICADO ante el juicio de Jorge Aranda Arana

Jorge Aranda Arana, auxiliar administrativo, viene impulsando de forma activa la defensa de la sanidad pública y el derecho de las personas a una vivienda digna. El próximo lunes 11 de junio será juzgado por un delito de atentado a la autoridad, después de que en mayo de 2017 fuera detenido durante el desahucio de una familia en el barrio de Vallecas. Se enfrenta a una condena de 1 año de prisión y 2 meses de multa.

No es la primera vez que Jorge Aranda es denunciado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al desarrollar actividades de defensa de derechos humanos, dado que en 2013 ya sufrió una detención en una protesta contra la privatización sanitaria en Madrid, si bien el Juzgado desestimó los cargos al comprobar que no había perpetrado ningún delito.

Este caso se produce en un contexto de incremento de las acusaciones contra personas representativas del movimiento asociativo, que se han visto inmersas en procesos judiciales como consecuencia de su reivindicación del ejercicio efectivo de derechos económicos y sociales, especialmente el derecho a una vivienda digna, el derecho a la educación y el derecho al trabajo.

Ni la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana ni el Código Penal pueden ser utilizados como instrumento para restringir el ejercicio de derechos constitucionales, como la libertad de expresión y el derecho de manifestación.