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Comunicado ante la sentencia del TC sobre la LOPD y los partidos politicos

LA ASOCIACIÓN PRO DERECHOS HUMANOS DE ESPAÑA (APDHE) MUESTRA SU ENORME SATISFACCIÓN POR LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (TC) QUE DECLARA INCONSTITUCIONAL, POR FALTA DE GARANTÍAS LEGALES, EL QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS PUEDAN REUNIR y TRATAR DATOS RELATIVOS A OPINIONES POLÍTICAS DE LOS CIUDADANOS

El pasado viernes se celebró en la sede de la APDHE una rueda de prensa para valorar la reciente sentencia del TC con la intervención de Diego López Garrido, catedrático emérito de Derecho Constitucional, autor del dictamen encargado en su momento por la Asociación y que ha dado origen a la sentencia. En dicha comparecencia, el experto estuvo acompañado por el Presidente de la Asociación Hernán Hormazábal Malarée y por los miembros de la Junta Directiva Carlos Castresana y Antoni Farriols.

La APDHE desglosa la valoración que le merece la sentencia en los siguientes puntos:

1.      Rapidez y unanimidad en la resolución debido a la evidente importancia del problema originado por el poder legislativo que afectaba a la libertad ideológica de los ciudadanos. Se recupera pues lo mandatado por el art. 16 de la Constitución.

2.      Relación muy estrecha de la sentencia con el mandato del art. 18.4 de la Constitución: ‘La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de los derechos’.

3.      Confirmación por parte del TC de lo ya apuntado en el dictamen de la APDHE, respecto a que la ley no especificaba cual es el interés público que justificara la recopilación de datos personales relativos a las opiniones políticas de las personas. Tampoco delimitaba la ley lo que quería explicitar con lo del ‘marco de las actividades electorales de los partidos’. Era pura abstracción e indeterminismo.

4.      Confirmación por parte del TC de que la ley tampoco aclaraba cuáles eran las ‘garantías adecuadas’. Cualquier regulación de los derechos fundamentales tiene que hacerse por ley.

5.      Confirmación por parte del TC de que los ciudadanos tenemos derecho a controlar nuestros datos personales. El art. 58 bis de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) no exigía el consentimiento para utilizar los datos personales, con la gravedad de que se trataba nada menos que de opiniones políticas que son los que se reconoce como datos sensibles e irrenunciables.

6.      Reconocimiento por parte del TC de que el art. 58 bis era ‘especialmente grave’ porque en la actualidad el desarrollo tecnológico hubiera permitido a los partidos políticos, atentar contra el derecho a la protección de datos de forma masiva. Así lo destacaba el dictamen de la APDHE refiriéndose, por ejemplo, al escándalo de Facebook y Cambridge Analytica.

7.     En consecuencia, cabe destacar la profunda satisfacción de la APDHE por haber conseguido, a partir del dictamen que le entregamos el pasado día 9 de febrero, que el Defensor del Pueblo interpusiera el correspondiente recurso ante el TC y que éste haya declarado muy rápidamente la inconstitucionalidad y la nulidad del art. 58 bis 1 de la LOREG que permitía a los partidos políticos la recopilación de datos personales relativos a las opiniones políticas de los ciudadanos. De esta conclusión debe congratularse la sociedad en su conjunto y, por otro lado, el poder legislativo debe hacer su propia lectura.