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Comunicado Caso Kokorev: Guinea Ecuatorial

19/04/2021

LA APDHE APLAUDE LA SOLICITUD DE LA FISCALÍA DE ENJUICIAR A LOS KOKOREV Y SIGUE CON LA CAUSA POR BLANQUEO DE CAPITALES Y TRÁFICO DE ARMAS EN GUINEA ECUATORIAL

 

La APDHE recibe con suma satisfacción la decisión de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada en la que pide al Juzgado de Instrucción nº 5 de las Palmas de Gran Canaria juzgar por delitos de blanqueo de capitales a los investigados Vladimir Kokorev Kokorev, Julia Meleeva Maleeva, Igor Kokorev Maleeva, Margarita Arenciba Rodriguez, María Luisa Arencibia Rodríguez y Juan José Arencibia Rodríguez.

En su escrito, la fiscalía concluye que, los investigados constituyeron, gestionaron, ejecutaron y aceptaron la utilización de un conjunto de sociedades instrumentales sin actividad comercial real. Asimismo, estas personas jurídicas no contaban ni con empleados, ni capacidad de producir recursos económicos. Todo este entramado societario se efectuó con el propósito de canalizar de forma segura las millonarias ganancias por actividades ilícitas con origen en la presunta celebración de contratos clandestinos de compraventa de bienes militares; acuerdos ejecutados de manera corrupta con funcionarios del alto estamento militar de la República de Guinea Ecuatorial.

La Fiscalía Especial contra la Corrupción inició las investigaciones contra la familia Kokorev y sus colaboradores en España en 2004 tras la denuncia presentada por la APDHE contra el dictador ecuatoguineano, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo y varios de sus ministros y familiares más próximos. La familia Kokorev, encabezada por su patriarca, Vladimir Kokorev, utilizó presuntamente sociedades pantallas para distribuir en España más de 26 millones de euros de la entonces cuenta de petróleo de Guinea Ecuatorial, abierta en el extinguido Riggs Bank; cuantía que fue transferida a la cuenta abierta por la entidad Kalunga Company S.A en la sucursal del Banco Santander Central Hispano en las Palmas de Gran Canaria. Este operativo permitió al entorno de Teodoro Obiang Nguema la adquisición de múltiples inmuebles en España utilizando instrumentos como distintas transferencias, negocios entre empresas inexistentes o formalizando contratos de compraventa de bienes entre ellas; malversando, de esta forma, los caudales públicos de Guinea Ecuatorial en detrimento de su población empobrecida.

Tras la inicial investigación de las autoridades judiciales españolas, que dio comienzo tras la querella de la APDHE en 2008 por presuntos delitos de blanqueo de capitales, se procedió a una ampliación por el delito de tráfico de armas.

Ante este nuevo giro de los acontecimientos del denominado Caso Kokorev, desde la APDHE se continúa con la acción dirigida contra altos cargos y colaboradores del gobierno de Guinea Ecuatorial para tratar de lograr, entre otros fines, la devolución de los bienes robados al pueblo ecuatoguineano.