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La Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) condena los graves actos de violencia y represión institucional que se vienen perpetrando en Nicaragua, desde que en abril de este año se iniciaran protestas sociales como consecuencia del anuncio del gobierno de reformar la Seguridad Social y de recortar las pensiones.

Esta acción represiva, desplegada principalmente por fuerzas policiales, paramilitares y grupos afines, ha dejado miles de víctimas, una cifra estimada de 300 personas fallecidas y 2000 heridas, según el informe Violaciones de Derechos Humanos y abusos en el contexto de las protestas en Nicaragua, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).

En este informe del Alto Comisionado se documenta el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía, la comisión de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, tortura y malos tratos, y actos de violencia sexual en centros de detención. Asimismo, el informe refiere la existencia de ataques a la libertad de expresión y al ejercicio del derecho de reunión pacífica, y la criminalización y persecución de periodistas, manifestantes disidentes del Gobierno y defensores de los derechos humanos. Resulta inaceptable que las fuerzas gubernamentales utilicen armas de fuego contra la población civil, en el ejercicio de sus derechos a movilizarse y a manifestarse. También se ha constatado la obstrucción de la atención sanitaria, al ser despedidos médicos por atender a los heridos.

Esta violencia sin límites es injustificada, desproporcionada e impropia de un estado de derecho. Por otra parte, la campaña de detenciones se ha amparado mediante la aprobación, el pasado mes de agosto, de una ley contra el terrorismo. Dicha ley ha sido duramente criticada por la Oficina del Alto Comisionado, cuyo portavoz, Rupert Colville, ha expresado que la definición de terrorismo en dicha ley “es muy vaga y permite una amplia interpretación que podría provocar que se incluyera a personas que simplemente están ejerciendo su derecho a la protesta».

Ante esta situación, la APDHE urge al Gobierno de Nicaragua a la liberación inmediata de los presos políticos, a la restitución de los médicos represaliados a sus puestos de trabajo, a que permita el regreso de los exiliados y a que cese la represión.

Igualmente, instamos al Consejo de Derechos Humanos de la ONU a que tome todas las medidas disponibles para abordar las graves violaciones de los derechos humanos contra la población nicaragüense.