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COMUNICADO DE DENUNCIA. EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES. INDIA

La Asociación Pro Derechos Humanos de España expresa su más rotunda condena por  la perpetración de varias ejecuciones extrajudiciales en Bengala Occidental, e insta a las autoridades de la India a que de forma inmediata pongan fin a su impunidad.

Según ha informado la Organización Mundial contra la Tortura, al menos los siguientes 4 casos han sido registrados entre los pasados meses de mayo y julio:

Gautam Mondal: dalit de 30 años de edad que fue arrestado por su presunta participación en una reyerta en la estación de tren y trasladado a la comisaría de policía, donde su madre le visitó y observó signos de tortura en todo su cuerpo. Tras 4 días de detención, el 7 de mayo se informó que había muerto bajo custodia policial. La autopsia sólo se le practicó tras las reiteradas protestas de su familia y vecinos.

Los dalit, también denominados “intocables”; son los miembros más pobres y discriminados de la sociedad india. 

Baser Ali: hombre de 38 años de edad que falleció el 15 de mayo a causa de los disparos de la Fuerza de Seguridad Fronteriza (BSF), que lo consideraba sospechoso de participar en el contrabando de ganado. Los miembros de la BSF autores del homicidio aún no han sido identificados

Tarun Mondal: menor de edad de 17 años, y miembro de una casta inferior, que el 21 de junio fue disparado por oficiales de la Fuerza de Seguridad Fronteriza, y rematado en el suelo hasta que falleció. Aunque la autopsia confirmó que la muerte no fue natural, desde entonces no se ha producido ningún avance en el caso.

Rabiul Sheikh: hombre de 26 años de edad que falleció el 9 de julio tras los disparos de personal de la BSF, por implicarle supuestamente en el comercio ilegal de ganado. La víctima iba acompañada de dos personas más, que consiguieron huir. Hasta la fecha no se han producido resultados en la investigación.

Estos casos no son aislados, sino que se enmarcan en un contexto sistemático de violaciones graves de los Derechos Humanos, como detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones sumarias, contra personas de comunidades pobres y marginadas en Bengala Occidental. Hay que recordar que, aunque India firmó en 1997 la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas, aún no ha ratificado esta Convención Internacional. Por otra parte, puede observarse que en 3 de las 4 ejecuciones citadas estarían implicados oficiales de la mencionada Fuerza de Seguridad Fronteriza.

Ante esta situación las autoridades de la India deben emprender de forma urgente investigaciones imparciales, efectivas y transparentes, para esclarecer los hechos y llevar a los culpables ante la justicia. Asimismo, se debe garantizar la seguridad de los defensores de los derechos humanos que, en riesgo de su vida e integridad física, documentan y sacan a la luz estos abusos y delitos cometidos por las fuerzas del orden público.