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Comunicado de la APDHE sobre el caso de la masacre de los jesuitas en El Salvador

Comunicado de la APDHE sobre el caso de la masacre de los jesuitas en El Salvador

La Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) recibe con satisfacción la resolución judicial adoptada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de España, que acuerda, con base en el principio de justicia universal, confirmarla jurisdicción de los tribunales españoles para continuar investigando los asesinatos del Padre Ignacio Ellacuría, Ignacio Martí Baró y de 4 sacerdotes más, junto con su empleada doméstica y su hija menor de edad, perpetrados el 16 de noviembre de 1989 en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. El crimen se habría cometido en ejecución de un plan concebido en la sede del Estado Mayor del Ejército y en cumplimiento de las órdenes dadas por sus superiores.

Esta resolución viene motivada tras la reforma de la justicia universal por Ley Orgánica 1/2014, que adoptó el principio de subsidiariedad, excluyendo la competencia de los Tribunales españoles cuando ya se hubiera iniciado una investigación en el lugar de comisión de los hechos, salvo que dicha investigación hubiera tenido como objeto sustraer a la persona de su responsabilidad penal o no se hubiera sustanciado de forma independiente o imparcial.

Pues bien, aunque sobre estos hechos criminales ya se había desarrollado un procedimiento penal ante los tribunales salvadoreños, el Tribunal Supremo ha afirmado que no existe cosa juzgada, ya que dicho proceso no pretendió realmente que los responsables de los hechos fueran castigados sino, más bien, su sustracción a la justicia. La investigación no resultó eficaz ni fue imparcial, y las únicas personas declaradas culpables por los tribunales salvadoreños fueron amnistiadas poco después.

El Tribunal Supremo acoge así la tesis – planteada por la Asociación Pro Derechos Humanos de España y el Centro por la Justicia y la Responsabilidad (Center forJustice&Accountability) – de que la resolución judicial salvadoreña fue cosa juzgada fraudulenta y que el procedimiento judicial seguido en ese paísfue una farsa que contravino los estándares internacionales del proceso debido en el ámbito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Por tanto, el Juzgado Central de instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional continuará investigando estos execrables hechos constitutivos de terrorismo y crímenes de lesa humanidad, por cuya participación han sido procesados hasta el momento 20 militares de El Salvador.  En este momento se está tramitando en Estados Unidos la demanda de extradición solicitada por las autoridades españolas respecto del Coronel Montano.

 

Madrid, 6 de mayo de 2015