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El gobierno español debe responder al atropello del presidente Trump asumiendo el reto definitivo de llevar La Paz y la justicia al Sáhara Occidental.

12/01/2021

La noticia del presidente estadounidense Donald Trump, anunciando el reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Territorio No Autónomo del Sáhara Occidental constituye un desafío a la legalidad internacional, los principios de la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como las resoluciones de las Naciones Unidas y la Unión Africana, las dos organizaciones internacionales patrocinadoras del plan de paz que en 1991 puso en marcha la Misión de la ONU para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO). Esta acción pretende hacer caso omiso de la legalidad internacional que sigue considerando este conflicto un asunto de descolonización debido al peso jurídico inequívoco de centenares de resoluciones emitidas por la ONU y el contundente dictamen con el que el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya confirmó que el Sáhara nunca había pertenecido al reino de Marruecos antes de la colonización española.

El atropello cometido así por el presidente Trump al derecho internacional ha contado con la complicidad de la irresponsable postura mantenida por todos los gobiernos españoles que se sucedieron tras la muerte del general Franco. Todos ellos optaron por fomentar la indiferencia y desconocimiento internacional ante la situación del pueblo saharaui, haciendo dejación de las responsabilidades que, desde 1976, la ONU le ha seguido reconociendo a España, al ser la Potencia Administradora del Territorio No Autónomo del Sáhara Occidental.

España se ha convertido con esta dejación de responsabilidades en la principal responsable de la no solución de este conflicto por el flagrante incumplimiento del derecho internacional y, en especial, el Art.73 Cap. XI de la Carta de la ONU que la obliga como Potencia Administradora del Territorio No Autónomo del Sahara Occidental a cumplir con el “sagrado deber”, de: a) defender los intereses de los habitantes del territorio, b) preservar sus recursos naturales y c) encauzarle en la vía política.

Los antecedentes de una actuación española irresponsable y contraria a derecho

Durante los últimos 45 años, se han oído constantes críticas a los 40 años del Franquismo. Sin embargo, no ha habido ni una sola acción política dirigida a denunciar el último acuerdo firmado por el último gobierno de esa época, los mal llamados “Acuerdos de Madrid” firmados el 14 de noviembre de 1975, origen del drama humanitario saharaui. Unos acuerdos nulos de pleno derecho que sirvieron de coartada para incumplir el “sagrado” deber de defender al pueblo saharaui frente a sus agresores, hasta el punto de permitir incluso, los bombardeos marroquíes con fósforo blanco y napalm contra la población civil saharaui que había huido de la invasión marroquí a las zonas de Guelta Zemmur, Um Draiga y Tifariti, y que tuvieron lugar desde principio de enero de 1976, hasta el 22 de febrero de ese mismo año, ¡¡estando la administración española todavía presente en el territorio!!. España volvió a violar de forma flagrante el derecho internacional cuatro días después de finalizar este intento de genocidio, al abandonar unilateralmente el territorio situado bajo su tutela el 26 de febrero de 1975, dejándolo a la merced de las tropas invasoras y su plan de limpieza étnica.

Las responsabilidades de estado, ni caducan, ni prescriben. Desde 1975, los diferentes gobiernos democráticos han seguido consintiendo los ametrallamientos, torturas, asesinatos, desapariciones, y usurpación de recursos cometidos por los invasores marroquíes, sin el menor remordimiento, esperando el agotamiento y derrota de la población saharaui, para borrar así la vergüenza y desprestigio internacional ocasionados por la dejación de sus responsabilidades políticas, acumuladas durante estos 45 años.

Sólo la complicidad española con el Gobierno marroquí explica que los Gobiernos que han impulsado la Ley de Memoria Histórica se hayan negado a que ésta fuese aplicada para aclarar los graves sucesos ocurridos el 17 de junio de 1970, con la detención del líder saharaui, Mohamed Sidi Brahim “Bassiri”, junto a 34 saharauis de su organización, sin importar el DNI o documentación española que portaban. Su crimen fue reclamar pacíficamente el derecho a expresar su opinión en lo relacionado al futuro de su patria. “Bassiri” fue torturado y asesinado bajo las órdenes directas de Madrid, acto innoble que impidió una transición pacífica hacia la independencia, de la mano de España y que llevó, a la creación del Frente Polisario, tres años más tarde.

Acciones para rectificar los errores del pasado y alinear a España con el cumplimiento del derecho internacional.

España tiene ahora una nueva oportunidad de rectificar su flagrante violación del derecho internacional y evitar otra guerra en el Sáhara.

Ni el PSOE ni el PP, ni los ex presidentes Zapatero, Rajoy, ni el actual Pedro Sánchez fueron capaces de demostrar la legalidad de los “Acuerdos de Madrid”, ni que España ya no sea la Potencia Administradora del Territorio No Autónomo del Sahara Occidental, según art.73 Cap. XI de la Carta de Naciones Unidas. Ni estos dirigentes ni sus respectivos grupos políticos han podido rebatir los fundamentados argumentos (ver www.apdhe.org/actua/) que les envió la Asociación Pro Derechos Humanos de España, a través del registro de entrada del Congreso de los Diputados.

Pese a ello no rectificaron los errores del pasado. Como dijo un anciano saharaui, “quien sigue mandando en el Congreso de los Diputados sobre los “Acuerdos de Madrid”, es el espíritu de Arias Navarro. Pero el pasado 21 de octubre el conflicto experimentó un giro a raíz del ataque marroquí realizado contra un grupo de civiles saharauis. El incidente provocó una declaración de vuelta a las armas del Frente Polisario. ¡¡Ya estamos en guerra!! Una vuelta a la guerra que España tuvo durante décadas la posibilidad de evitar. La comunidad internacional intenta restablecer la paz, pero la insensata actuación de Trump ha torpedeado estos esfuerzos. Es tiempo de reconocer los errores, asumirlos y actuar en consecuencia, evitando la pérdida de miles de vidas. Por tanto:

SOLICITAMOS a nuestro Gobierno y su presidente, Pedro Sánchez Castejón, que se pronuncie sobre la legalidad de los Acuerdos de Madrid y, si se consideran acordes a derecho, demuestre su legalidad.  Y en caso contrario, intervenga de inmediato, para frenar la espiral de violencia que pone en peligro la paz en el Sáhara Occidental, y en toda el área, declarando oficialmente:

  • A) LA DENUNCIA de los “Acuerdos de Madrid”, y del Decreto RD2258/76 (10 Agosto 1976) por procedimiento de urgencia.
  • B) LA RESTITUCIÓN inmediata de la nacionalidad española a todos los saharauis censados en 1974 y sus descendientes, y así mismo, los que puedan demostrar con la aportación de las documentaciones correspondientes, su derecho a mantener u obtener la nacionalidad española.
  • C) El INICIO URGENTE de las acciones pertinentes para entregar a las Naciones Unidas las responsabilidades adquiridas por España como Potencia Administradora en 1962, y que, al igual que en el precedente de Timor Oriental, el Sahara Occidental quede bajo la “Administración de Transición de las Naciones Unidas para Sahara Occidental”, como protección de la vida de sus habitantes, sus recursos naturales y su promoción, como Territorio No Autónomo hasta su descolonización a través del referéndum de autodeterminación correspondiente. Y todo ello, con el fin inmediato de conseguir:
  • El mantenimiento de la Paz y la Seguridad Internacional.
  • La resolución del conflicto por medios pacíficos.
  • El restablecimiento de los Derechos Humanos.
  • El respeto del derecho a la Autodeterminación.

En la seguridad de contar con su apoyo en la defensa de tan justa causa, le saludamos con nuestra máxima consideración.

Nota.- La Campaña/Denuncia Internacional de los “Acuerdos de Madrid”, continuará hasta que ESPAÑA asuma sus responsabilidades como Potencia Administradora del Territorio No Autónomo del Sáhara Occidental, según art.73 Cap. XI de la Carta de Naciones Unidas. www.apdhe.org/actua/

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