Desde que empezaran las protestas antigubernamentales en Nicaragua en abril de 2018, hemos sido testigos de una escalada de violaciones de derechos humanos contra la población civil por parte del Gobierno. El intento de reforma de la seguridad social fue el punto de inflexión para que miles de nicaragüenses salieran a la calle en contra del ejecutivo de Daniel Ortega, cuya brutal represión causó al menos 325 muertos y 600 encarcelaciones.

La APDHE alza su voz en contra de las lacerantes violaciones de derechos y dice BASTA.

Nicaragua vuelve a vivir una etapa oscura. Decimos vuelve porque no hace tanto que un grupo de jóvenes revolucionarios acabaron con la dictadura somocista (1934-1979). Se cumplen 15 años desde que el presiente Daniel Ortega y su mujer Rosa Murillo (vicepresidenta), líderes de la Revolución Sandinista, se instauraran en el poder traicionando y sometiendo bajo su yugo a la población nicaragüense.

La deriva autoritaria de Daniel Ortega arremete contra estudiantes, empresarios, periodistas, opositores, contra toda persona que se atreva a “atentar contra la patria”, por reunirse, manifestarse, expresarse o tener contacto con el extranjero. Al amparo de la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo o Ley 1055, creada a medida por el presidente, se persigue a quien “menoscabe la independencia, soberanía y autodeterminación” y a quien “incite a injerencia extranjera en los asuntos internos (…)”.

Las elecciones presidenciales de noviembre del 2021 parecen ser el leitmotiv de la escalada de detenciones extrajudiciales de opositores que hemos vivido en las últimas semanas, una “caza de brujas” de políticos, periodistas, organizaciones civiles o exsandinistas para mantenerse en el poder:

• Cristiana Chamorro: principal candidata de la oposición para las próximas elecciones – bajo arresto domiciliario. La ONG de la que forma parte, referente de la defensa de libertad de prensa, ha sido cerrada tras ser acusada de lavado de dinero.
• Arturo Cruz: diplomático acusado de atentar contra la sociedad del país.
• Félix Maradiaga: académico, defensor de los derechos humanos en Nicaragua y activista político exiliado en 2018 tras una orden de captura, fue detenido en el momento en el que acudió a declarar al Ministerio Público por atentar supuestamente contra la Ley 1055.
• Juan Sebastián Chamarro: exviceministro de Hacienda y cuarto candidato presidencial detenido en su vivienda tras ser allanada.
• Humberto Belli: antiguo ministro de Educación exiliado en Miami y acusado de atentar contra los intereses del país y recibir recursos económicos del extranjero.
• Dora María Téllez: activista, comandante nº 2 de la Revolución Sandinista y antigua compañera de Daniel Ortega detenida el pasado 13 de junio junto a la también activista Ana Margarita Vigil.
• Hugo Torres: comandante nº 1 de la Revolución Sandinista y vicepresidente de la Unión Democrática Renovadora (Unamos), antes llamado Movimiento Renovador Sandinista (MRS), una escisión del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
• Wilfredo Miranda: corresponsal del periódico El País.
• Pedro Joaquín Chamorro: exdiputado del Partido liberal independiente (PLI).
• Violeta Granera y Tamara Dávila, de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB).
• Suyén Barahona, del grupo de la oposición Unamos.
• Walter Gómez y Marcos Fletes, extrabajadores de la Fundación Violeta Chamorro, la organización de Cristiana Chamorro.

Torturas, violaciones, abusos sexuales, allanamientos, detenciones sin garantías procesales, encarcelaciones de hasta 90 días antes de ser puesto a disposición judicial… han sido denunciadas por las organizaciones de la sociedad civil.

Desde la APDHE exigimos al Gobierno de Nicaragua:

• Que preserve y garantice los derechos fundamentales de la población nicaragüense, su integridad física y psicológica, independientemente de su orientación política de acuerdo con el Derecho Internacional y la constitución del país.
• Que ponga en libertad inmediata e incondicional a todas las personas retinadas en el contexto de las manifestaciones y bajo la Ley 1055.
• Que inicie un proceso de reconciliación con la democracia y vele para que se ponga fin a todo tipo de hostigamiento contra los opositores al régimen.
• Que respete su compromiso con la comunidad internacional y obedezca los mandatos de los Derechos Humanos en toda su extensión, velando por el cumplimiento de la libertad de expresión, reunión, y asociación.

¡VIVA NICARAGUA LIBRE!

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