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COMUNICADO NICARAGUA

La Asociación Pro Derechos Humanos de España exige al Gobierno de Nicaragua la liberación inmediata de los presos que fueron detenidos durante las protestas que se produjeron en el país a partir de abril de 2018. El Ejecutivo de Daniel Ortega tiene que liberar a todos los presos políticos antes del próximo 18 de junio, en aplicación del acuerdo que suscribió el pasado 20 de marzo con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Aunque, dada la proximidad de la fecha acordada, durante los últimos días ha ido decretando la liberación de algunos, muchos de ellos todavía permanecen privados de libertad.

Los países miembros de la OEA ya exigieron la liberación de los presos, a través de la resolución “La situación en Nicaragua”, aprobada el pasado 21 de mayo, por la que también se instó al gobierno a que garantizase el regreso seguro y sin represalias de los exiliados que tuvieron que huir del país para preservar su integridad física, entre ellos periodistas y activistas de derechos humanos.

Asimismo, en virtud de resolución de esta misma fecha, la Corte Interamericana de Derechos Humanos requirió al Estado que evaluase el otorgamiento de medidas alternativas a la privación de libertad, respecto de 12 personas que habían sido detenidas durante las referidas protestas, y que adoptase las medidas necesarias para proteger eficazmente la salud, vida e integridad personal de 17 detenidos. El Estado de Nicaragua tiene la obligación de cumplir en su integridad esta decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Por otra parte, la campaña de detenciones que se desató tras las protestas pretendió ampararse con la aprobación, en agosto de 2018, de una ley contra el terrorismo, que fue duramente criticada por el Alto Comisionado de Naciones Unidas, por contener una definición muy vaga, y por permitir una interpretación extensiva que podría provocar la acusación de personas que simplemente ejercían su derecho a la protesta. Por ello, la liberación de los presos debe ir acompañada del archivo de todos los procesos judiciales que se hubieran incoado como mera represalia por ejercitar el derecho de reunión pacífica y la libertad de expresión, o con el único objeto de criminalizar a periodistas, manifestantes disidentes del Gobierno y defensores de los derechos humanos.

La Asociación Pro Derechos Humanos de España exige igualmente que se garantice el acceso a la justicia de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos que se han producido en el contexto de las protestas sociales en el país, ya que hasta el momento no se han iniciado investigaciones que cumplan los estándares internacionales en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición; esto es, independientes, imparciales, efectivas y transparentes. En este sentido, las medidas legislativas aprobadas hasta el momento son incompatibles con dichos estándares, como han advertido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Es el caso de la Ley sobre Diálogo, Reconciliación y Paz, aprobada el 24 de enero de 2019, y de la Ley de Atención Integral a Víctimas, aprobada el 29 de mayo. Ésta, aunque tiene como objetivo regular la reparación integral de las víctimas y sus familiares, se limita a establecer una política general de acceso a servicios de educación, vivienda, trabajo y salud.

Además, es extremadamente preocupante la Ley de Amnistía que ha aprobado el gobierno el pasado 8 de junio, ya que de su ambigua e imprecisa redacción se desprende que impediría el procesamiento por las graves violaciones de derechos humanos, y por tanto la impunidad de las mismas.

Por tanto, las liberaciones de los últimos días no pueden hacer decaer la presión de la comunidad internacional para exigir la libertad de todos los que continúan recluidos, el archivo de los procesos judiciales en su contra, el regreso seguro de los exiliados, y el acceso a la justicia por las violaciones de derechos humanos.

Además, hay que recordar que la acción represiva desplegada no sólo se saldó con detenciones arbitrarias, sino también con 300 personas fallecidas y 2000 heridas, y desapariciones forzadas y torturas, entre otros delitos, como documentó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en su informe “Violaciones de Derechos Humanos y abusos en el contexto de las protestas en Nicaragua”.

Para proteger y garantizar el respeto a los derechos humanos de los nicaragüenses, el Gobierno debe permitir la entrada al país, sin fisuras, de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y de las organizaciones de la sociedad civil. Igualmente, los estados deben tomar medidas diplomáticas contundentes en proporción a la gravedad de la situación, incluyendo comunicados públicos, llamadas a consultas de las representaciones diplomáticas de Nicaragua, la consideración de sanciones contra el régimen y la revisión de sus políticas de cooperación.

Madrid, 13 de junio de 2019