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Con fecha de 23 de noviembre de 2020 desde la APDHE decimos ¡BASTA!

Basta a la inobservancia de las autoridades competentes respecto a la situación que miles de familias están sufriendo en la Cañada Real de Madrid.

23/11/2020

¿Qué está ocurriendo?

Desde hace más de un mes, los habitantes de la Cañada Real permanecen sin suministro eléctrico.

¿Por qué?

No es un secreto que los primeros 1200 metros del sector 6 desde la carretera A3 se encuentran controlados por el tráfico de drogas. Desde hace unos años se ha detectado un aumento de la producción de cultivos de marihuana que resulta mucho más ventajosa desde el punto de vista económico y punitivo, respecto al tráfico de cocaína o heroína.

Ahora bien, las plantaciones de marihuana requieren de un gran consumo de corriente eléctrica que, de acuerdo a las informaciones de la empresa responsable, Naturgy, no es soportable por la red, lo que se traduce en constantes caídas del sistema eléctrico en la zona.

¿En qué se traduce esta situación?

Miles de personas y niños tienen que vivir en condiciones infrahumanas, privados de poder lavar su ropa o calentar agua para su aseo personal. La consecuencia inmediata es que los niños, avergonzados por sus condiciones, se abstienen de acudir a sus centros educativos.

Además, la extrema vulnerabilidad de aquellos que necesitan permanecer conectados a la red eléctrica con sus respiradores y demás aparatos sanitarios es evidente.

Por otro lado, estas familias comienzan a observar cómo les afecta el aislamiento en las comunicaciones ya que no pueden recargar sus teléfonos móviles, polarizando aún más su situación de exclusión social. Sin olvidar que en la época en la que nos encontramos el frio cada vez es más notable y se añade a una interminable lista de factores de vulnerabilidad asociados a la ausencia de luz.

Podríamos decir, por tanto, que cerca de 3000 personas se encuentran secuestradas por los productores de marihuana y por una legislación inoperante por parte de las fuerzas políticas, que mantienen sin resolver el Pacto Regional por la Cañada Real firmado el 17 de mayo de 2017.

Desde la APDHE entendemos que los poderes públicos deben velar por el cumplimiento de los DDHH desde un punto de vista amplio, tal y como recoge el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos en cuanto a asegurar un nivel de vida adecuado y los servicios sociales necesarios para ello.

El mismo principio se recoge en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Por otro lado, el derecho a la vida no está referido exclusivamente a la evitación de la muerte y/o el asesinato, sino que se entiende como la obligación de los poderes públicos de fomentar las condiciones para el desarrollo de una vida digna.

La APDHE es consciente de la difícil solución de los problemas en la Cañada Real, pero ello no puede ser excusa para seguir prolongando una situación insostenible para miles de personas.

Comunicado en PDF.