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Corrupción en Guinea Ecuatorial

Corrupción en Guinea Ecuatorial

Guinea Ecuatorial se sitúa entre los principales países productores de petróleo del África Subsahariana, con el consecuente crecimiento económico. Pero a pesar de los ingresos que genera la explotación de este recurso, más de la mitad de la población vive en extrema pobreza y sin acceso a agua potable, un elevado porcentaje de niños sufre desnutrición, y el gasto público en educación y salud son muy bajos. En contraste, el Presidente Teodoro Obiang es uno de los gobernantes con mayor riqueza personal del mundo.

Esta situación se produce porque en Guinea Ecuatorial, el Presidente Teodoro Obiang y los miembros de su gobierno controlan los recursos naturales más beneficiosos del país. Como ejemplo, el Presidente tiene participaciones importantes, incluso mayoritarias, en el capital de empresas de construcción, petróleo, gas natural y comunicaciones; su hijo mayor Teodoro Nguema Obiang controla la explotación y exportación de la madera; y el hermano del Presidente los servicios de seguridad del país. Particularmente en la explotación de gas y petróleo, las compañías extranjeras estadounidenses y sus filiales han participado desde el principio como socios del Presidente Obiang y de las compañías que controla. Por tanto, existe un claro conflicto entre los intereses empresariales personales de los miembros de la élite gubernamental y los intereses públicos.

A este acaparamiento de los recursos naturales por parte de los miembros del Gobierno, se une el hecho de que los cánones que las corporaciones del petróleo y del gas pagan al Estado de Guinea Ecuatorial por la explotación de los recursos son extremadamente bajos (entre el 13 a 20%), lo que supone una diferencia sustancial con el 45 a 90% que se paga en el mismo sector en países con condiciones similares a Guinea Ecuatorial. Siendo los miembros del Gobierno accionistas en esas corporaciones, ellos resultan los principales beneficiados de los bajos cánones que el Gobierno establece con las petroleras extranjeras en los contratos de participación en la producción.

Adicionalmente, no existe un control externo de las acciones del Gobierno, lo que contribuye aún más a la apropiación de los recursos naturales por los gobernantes, con el consiguiente perjuicio para los ciudadanos y la vulneración de sus derechos humanos.

Entre 1995 y 2004 el Gobierno de Guinea Ecuatorial abrió más de cincuenta cuentas en el Banco Riggs en Washington D.C, no sólo cuentas institucionales, sino también cuentas personales para altos cargos del gobierno y sus familiares, convirtiéndose en el año 2003 en el principal cliente del banco, con saldos que ascendían a una cifra aproximada a los 700 millones de dólares.

El Subcomité Permanente de Investigación del Senado de Estados Unidos investigó estas cuentas y publicó un informe el 15 de julio de 2004. Descubrió que el banco Riggs había aperturado cuentas a nombre del Presidente de Guinea Ecuatorial, su esposa y otros familiares, en las que se habían ingresado más de 13 millones de dólares en efectivo sin apenas hacer preguntas. Asimismo, que este banco había ayudado al Presidente y a su hijo mayor a crear empresas pantalla, entre ellas una de espectáculos que llegó a tener un saldo de más de 12 millones de dólares. En definitiva, se desveló información que dejaba en entredicho la legalidad del origen de los fondos ingresados en el banco.

Respecto a las cuentas institucionales en el Riggs, cabe destacar la cuenta de Tesorería de Guinea Ecuatorial, donde las compañías de petróleo estadounidenses realizaban los pagos por la explotación del crudo en el país. Pero en ésta y en otras cuentas del Estado de Guinea, las petroleras también ingresaban fondos por servicios que no tenían relación con la actividad petrolera, como la concesión de becas a  jóvenes ecuatoguineanos para que estudiasen en Estados Unidos, o el pago de gastos de inmuebles diplomáticos. Las compañías también realizaron pagos a cuentas personales de miembros del gobierno.

El Senado de Estados Unidos también descubrió que desde esta cuenta de tesorería de Guinea Ecuatorial, el banco Riggs había autorizado transferencias bancarias por más de 35 millones de dólares hacia cuentas de dos compañías en España y Luxemburgo. Amparándose en el secreto bancario previsto en las leyes de estos dos países, las entidades bancarias destinatarias de los fondos se negaron a facilitar información sobre los titulares de las compañías receptoras de los fondos, a lo que también se negó posteriormente el  Presidente Obiang, quién se limitó a indicar que dichas transferencias habían sido debidamente autorizadas por los firmantes de las cuentas. El Subcomité de Investigación del Senado expresó tener razones para creer que al menos una de estas dos sociedades pudiera ser total o parcialmente propiedad del Presidente de Guinea Ecuatorial.

El Senado concluyó que el banco Riggs hizo caso omiso de los indicios de que el Presidente y otros altos cargos del Gobierno de Guinea Ecuatorial estaban administrando fondos obtenidos mediante prácticas de corrupción en el extranjero, permitiendo que se llevasen a cabo transacciones sospechosas sin informar a las autoridades competentes. El Riggs no pudo explicar su actuación y finalmente cerró las cuentas de Guinea Ecuatorial en 2004.

En relación con los fondos de Guinea Ecuatorial transferidos del Riggs a España, entre junio de 2000 y diciembre de 2003 una compañía con sede social en Panamá recibió en una cuenta en Madrid un total de 26,5 millones de dólares. El objeto social de esta compañía era la prestación de servicios navieros, y la misma mantenía una antigua relación con el gobierno de Guinea Ecuatorial, ya que uno de sus apoderados había sido diplomático en este país.

El Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales del Banco de España investigó en 2003 estas transacciones bancarias, resultando que una mínima parte de los fondos se habían transferido para la prestación de servicios navieros, en contraste con la gran cantidad de fondos cuyo concepto de transferencia no guardaba relación con el objeto social naviero de la citada compañía. Tampoco consta que esta sociedad desarrollara en España actividad comercial, limitándose a recibir en su cuenta en España los fondos públicos de Guinea, y a transferirlos a una pluralidad de sociedades dispersas en múltiples países. Asimismo, la compañía transfirió algunos de los fondos públicos a favor de altos cargos del gobierno de Guinea Ecuatorial.

Por tanto, la recepción en España de fondos públicos de Guinea Ecuatorial y su traspaso al exterior, habría tenido como finalidad desviar fondos a través de una sociedad instrumental. Como se ha dicho, el Senado de Estados Unidos consideró que esta sociedad podría ser propiedad del Presidente de Guinea Ecuatorial o estar bajo su control.

Para la investigación de estos hechos presuntamente constitutivos de blanqueo de capitales en España, la Fiscalía Especial para la Represión de Delitos Económicos Relacionados con la Corrupción inició una investigación

Por su parte, la APDHE interpuso ante un tribunal español una querella criminal por un delito blanqueo de capitales, al existir indicios de que los mencionados fondos públicos recibidos del Riggs se habrían canalizado a través de una sociedad instrumental y se habrían utilizado para adquirir propiedades inmobiliarias en distintas regiones españolas. La acción se dirige contra altos cargos del gobierno de Guinea Ecuatorial, y el procedimiento penal sigue su curso ante el Juzgado de Instrucción nº 5 de Las Palmas de Gran Canaria

Lo que trasciende a la acción penal en sí misma es la violación continuada y sistemática de los derechos económicos y sociales de la población ecuatoguineana, consecuencia directa de la corrupción imperante en el país.

Tribunales de Francia y Estados Unidos también investigan el blanqueo de capitales que habrían perpetrado el Presidente de Guinea Ecuatorial, su hijo y otros altos cargos del Gobierno, al adquirir patrimonio con fondos procedentes de prácticas delictivas en Guinea Ecuatorial.