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Desde la APDHE, y en relación con la situación provocada por el COVID-19, hacemos un llamamiento para que las autoridades acuerden medidas para los colectivos más vulnerables

17/03/2020

El pasado sábado 14 de marzo de 2019, y como consecuencia de los últimos acontecimientos acaecidos en España en relación al alto número de contagios del virus COVID-19, se acordó el estado de alarma en nuestro país para evitar la expansión del también conocido como coronavirus, y preservar la salud de todos los habitantes, con restricciones de derechos tales como la libre circulación de los ciudadanos.

Todas las medidas que se han acordado, como recientemente el bloqueo de las fronteras, aunque nos afectan a todos tienen una incidencia mayor en los colectivos vulnerables y más desfavorecidos: personas sin hogar, menores que reciben su única comida al día en la escuela o personas mayores y con movilidad reducida.

Las medidas adoptadas hasta ahora van a tener incidencia en toda la economía mundial y nacional, en la medida en que se prolongarán durante un tiempo que aún no es posible alcanzar a definir por la magnitud del problema sanitario; más importante es que el confinamiento y la limitación de derechos va a azotar en las economías de miles de familias en situación vulnerable, de exclusión social o en situaciones de pobreza.

Las medidas que se han tomado hoy, 17 de marzo de 2019, durante el Consejo de Ministros no tienen un enfoque suficientemente sólido en materia de derechos humanos que salvaguarde la dignidad humana de todos los ciudadanos, en esta crisis sanitaria que afecta a todos, y especialmente a aquellas personas que se encuentran en situaciones vulnerables.

Desde un primer momento, las recomendaciones para frenar el avance del virus, así como para evitar que los contagios tengan una incidencia en los grupos de riesgo, se han proclamado para proteger a los más desfavorecidos. Por ello, desde la Asociación creemos que lo más importante es adoptar mecanismos y herramientas que ayuden a los más vulnerables a no serlo aún más.

Las medidas adoptadas hasta ahora, como habilitar más espacios para personas sin hogar en la Comunidad de Madrid, sin duda son necesarias pero insuficientes, y debe garantizarse el derecho a la salud de todas las personas, independientemente de su situación, condición o etnia, lo que es preocupante, por ejemplo, en los centros de internamiento, tanto en prisiones como en Centros de Internamiento de Extranjeros.