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Desde la APDHE mostramos nuestra honda preocupación por lo que se está convirtiendo en una práctica normalizada del uso de bulos y “fake news” debido a la situación que la sociedad española afronta por causa del COVID-19

03/04/2020

Ante la proliferación de bulos y noticias falsas referentes a la pandemia que estamos sufriendo, la APDHE quiere manifestar su honda preocupación y su condena de lo que parece ser una estrategia de desestabilización social que intenta sacar provecho del miedo, la frustración, la incertidumbre y la extrema vulnerabilidad de la ciudadanía en estos trágicos momentos. Desde que se acordó el Estado de Alarma el pasado 14 de marzo, así como desde que hemos tenido que afrontar la difícil situación de confinamiento debido al virus COVID-19, han sido muchos los bulos que a través de las redes sociales se han viralizado, y que tienen como objetivos, entre otros, sembrar la desconfianza hacia las instituciones, estatales o autonómicas, y hacia sectores como el sanitario, por ejemplo sobre diferentes medicamentos, vacunas o remedios inexistentes, para crear una inseguridad innecesaria en la sociedad durante esta crisis a nivel mundial. Nos estamos enfrentando a una catástrofe sin precedentes en nuestro mundo y ante la que ningún país estaba preparado, y más allá de los errores que sin duda se habrán cometido y se cometerán, lo que la magnitud de esta tragedia requiere es una acción responsable y solidaria de todos los que conformamos nuestra sociedad. La utilización de la desgracia colectiva para crear, a base de bulos e informaciones tan escandalosas como falsas, un estado de opinión que favorezca a ciertos sectores, e incluso que sea aprovechado para intereses políticos partidarios, resulta gravemente irresponsable. Por ello la APDHE hace un llamamiento a la ciudadanía para que se mantenga alerta ante la avalancha de noticias falsas o ‘fake news’ que está inundando las redes sociales, y no dude en denunciar públicamente los casos de manipulación informativa que atenten claramente contra su derecho a una información veraz, evitando contribuir a su propagación. La APDHE llama a la responsabilidad, la cohesión y la solidaridad de toda la ciudadanía para superar la tragedia de esta pandemia y salir adelante colectivamente, como país, como sociedad y como seres humanos.

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El prior del Valle de los Caídos debe ser cesado por su actuación en la exhumación de Franco

01/11/2019

Para todos aquellos que se han manifestado en contra del proceso de exhumación del dictador Francisco Franco, desde la Asociación Pro Derechos Humanos de España recordamos que en nuestro estado rige el principio de unidad del ordenamiento jurídico, lo que significa que todas las normas válidas del mismo han de ser necesariamente reconducibles a una única norma fundamental, cuya vigencia descansa en un hecho fundante básico, de donde emana la soberanía que se proyecta como potestad irresistible de dictar normas generales y particulares y de hacer cumplir las mismas. Es decir, en el Estado moderno no pueden proyectarse dos ordenamientos jurídicos distintos para regular un mismo hecho, acto o negocio jurídico.

La traslación de este principio de teoría jurídica al derecho positivo se realiza en el ordenamiento jurídico español en los artículos 1.1 y 117.3 de la Constitución española y en los artículos 1,2 y 3 de Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. En este sentido ha de entenderse el artículo I.5 del Acuerdo en materia jurídica entre el Estado español y la Santa Sede de 1979 cuando dice que: “Los lugares de culto tienen garantizada su inviolabilidad con arreglo a las Leyes”; de tal forma que el término “leyes” solo puede referirse a las leyes españolas. Pero es que, en realidad, la autorización para la entrada voluntaria en la basílica no corresponde a ninguna autoridad religiosa, a ninguna, sino al propietario de la misma que es el Estado español, según se dispone en el Decreto-Ley de 23 de agosto de 1.957, por el que se establece la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos (Boletín Oficial del Estado nº 226, de 5 de septiembre de 1.957). Por lo tanto, el prior de la Basílica del Valle de los Caídos carecía de facultad jurídica válida para oponerse a la realización de las operaciones materiales de exhumación que hayan de llevarse a cabo en su interior en ejecución de lo acordado al respecto por el Consejo de Ministros.

¿Y ahora qué?

Después de la exhumación del dictador Francisco Franco, el pasado 24 de octubre de 2019, el prior del Valle de los Caídos ha informado al papa Francisco, al abad de Solesmes, a la Conferencia Episcopal Española, cuyo presidente es Ricardo Blázquez, y al Arzobispo de Madrid, que durante la exhumación no se respetó la inviolabilidad del Valle de los Caídos, como lugar sagrado, y además, ha presentado una denuncia ante el juez por el “acceso inconsentido” de los efectivos de la Guardia Civil al templo. La iglesia española ha permanecido de perfil ante el comportamiento del prior del Valle de los Caídos quien ha llegado a denunciar a la Guardia Civil por restringir el acceso a la basílica; su falta de respeto a nuestro ordenamiento jurídico debe suponer su inmediato cese. Madrid, a 31 de octubre de 2019