Las relaciones diplomáticas entre España y Marruecos han puesto en jaque, más que nunca, los derechos humanos de los migrantes y en evidencia las deficientes políticas migratorias españolas y europeas. Desde el pasado 17 de mayo miles de migrantes marroquíes están arribando a nuestras costas a nado. Según fuentes oficiales se han contabilizado alrededor de 8000 personas llegadas tan solo desde entonces, de las que 1500 son niños.  

Este es el resultado de una clara estrategia del régimen alautí por presionar al gobierno español tras su decisión de acoger y ofrecer tratamiento médico a Brahim Ghali, líder del Frente Polisario del Sáhara Occidental. Detrás de esta excusa los objetivos del Reino de Marruecos obedecen a, entre otras cuestiones: 

• Exigir a modo de contraprestación ayuda económica para el fortalecimiento de las fronteras. Entre 2018 y 2020, España y la UE transfirieron más de 340 millones de euros a Marruecos a cambio de un refuerzo en el control migratorio. Este mismo martes, en medio de la crisis en Ceuta, el Consejo de ministros aprobó la concesión de 30 millones de euros para ayudar a Marruecos en su despliegue policial contra la inmigración irregular. 
• Fortalecer su posición para el reconocimiento de su soberanía sobre el Sáhara Occidental.  

Así las cosas, observamos como las vidas de las personas se convierten en moneda de cambio entre soberanías, cómo los derechos humanos quedan reducidos a acuerdos económicos que solo sirven para fortalecer las herramientas de restricción de movimientos. 

La tensión e incertidumbre de los migrantes recién llegados a Ceuta y Melilla se incrementa por momentos. Según las informaciones prestadas por los medios de comunicación se han detectado agresiones a menores por parte los militares desplegados en el terreno, devoluciones en caliente sin respetar las mínimas garantías y el derecho a una tutela judicial efectiva (al menos 5500 push back contabilizados hasta la fecha de publicación), omisión del deber de protección de la infancia, promoción del discurso del odio…  

Por tanto, ¿es la externalización y militarización de fronteras la mejor estrategia para luchar contra la migración irregular? Como bien ha señalado recientemente en la Sexta Estrella Galán directora general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), es estrictamente necesario establecer vías legales para la migración y no vincular las políticas migratorias al control militarizado de las fronteras. Es imprescindible cambiar el modelo de gestión de los flujos migratorios, destinar los fondos a mitigar los problemas endémicos que impulsan la migración y, en lugar de perpetuar regímenes autoritarios, defender políticas que pongan en el centro a las personas y los derechos que les son inherentes.