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El PRIOR DEL VALLE DE LOS CAÍDOS DEBE SER CESADO POR SU ACTUACIÓN EN LA EXHUMACIÓN DE FRANCO

Para todos aquellos que se han manifestado en contra del proceso de exhumación del dictador Francisco Franco, desde la Asociación Pro Derechos Humanos de España recordamos que en nuestro estado rige el principio de unidad del ordenamiento jurídico, lo que significa que todas las normas válidas del mismo han de ser necesariamente reconducibles a una única norma fundamental, cuya vigencia descansa en un hecho fundante básico, de donde emana la soberanía que se proyecta como potestad irresistible de dictar normas generales y particulares y de hacer cumplir las mismas. Es decir, en el Estado moderno no pueden proyectarse dos ordenamientos jurídicos distintos para regular un mismo hecho, acto o negocio jurídico.

La traslación de este principio de teoría jurídica al derecho positivo se realiza en el ordenamiento jurídico español en los artículos 1.1 y 117.3 de la Constitución española y en los artículos 1,2 y 3 de Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

En este sentido ha de entenderse el artículo I.5 del Acuerdo en materia jurídica entre el Estado español y la Santa Sede de 1979 cuando dice que: “Los lugares de culto tienen garantizada su inviolabilidad con arreglo a las Leyes”; de tal forma que el término “leyes” solo puede referirse a las leyes españolas.

Pero es que, en realidad, la autorización para la entrada voluntaria en la basílica no corresponde a ninguna autoridad religiosa, a ninguna, sino al propietario de la misma que es el Estado español, según se dispone en el Decreto-Ley de 23 de agosto de 1.957, por el que se establece la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos (Boletín Oficial del Estado nº 226, de 5 de septiembre de 1.957).

Por lo tanto, el prior de la Basílica del Valle de los Caídos carecía de facultad jurídica válida para oponerse a la realización de las operaciones materiales de exhumación que hayan de llevarse a cabo en su interior en ejecución de lo acordado al respecto por el Consejo de Ministros.

¿Y ahora qué?

Después de la exhumación del dictador Francisco Franco, el pasado 24 de octubre de 2019, el prior del Valle de los Caídos ha informado al papa Francisco, al abad de Solesmes, a la Conferencia Episcopal Española, cuyo presidente es Ricardo Blázquez, y al Arzobispo de Madrid, que durante la exhumación no se respetó la inviolabilidad del Valle de los Caídos, como lugar sagrado, y además, ha presentado una denuncia ante el juez por el “acceso inconsentido” de los efectivos de la Guardia Civil al templo.

La iglesia española ha permanecido de perfil ante el comportamiento del prior del Valle de los Caídos quien ha llegado a denunciar a la Guardia Civil por restringir el acceso a la basílica; su falta de respeto a nuestro ordenamiento jurídico debe suponer su inmediato cese.

Madrid, a 31 de octubre de 2019