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Genocidio en Guatemala

La APDHE ha ejercitado la acción popular en el procedimiento por genocidio contra la población indígena maya de Guatemala, que se dirige contra jefes de gobierno, ministros y altos cargos militares.

En el marco del conflicto armado interno que se produjo en Guatemala entre 1960 y 1996, las fuerzas militares y otros agentes del estado perpetraron actos genocidas contra la población indígena guatemalteca, con el fin de exterminarla. El 83% de las víctimas eran mayas. Se masacraron comunidades enteras y se cometieron ejecuciones extrajudiciales, torturas y violaciones, llegando a constatarse 1.465 violaciones sexuales contra mujeres y actos de esclavitud sexual. Un total de 250.000 víctimas, entre ellas 45.000 personas que continúan desaparecidas, 650 masacres y más de 400 aldeas desaparecidas. El 93% de los actos fue perpetrado por agentes del estado guatemalteco.

También hay que destacar el asalto a la Embajada de España en enero de 1980, cuando un grupo de campesinos accedieron de forma pacífica a la embajada con el fin de que la representación diplomática sirviera de interlocutora válida ante sus pretensiones como consecuencia del acoso gubernamental a que estaban siendo sometidos. El gobierno de Guatemala ordenó a la policía y las fuerzas de seguridad que abortasen este acto pacífico de los campesinos, entrando violentamente y abatiendo a sus ocupantes, lo que tuvo como consecuencia la muerte de 36 personas, entre ellas ciudadanos españoles.

El 26-09-2005 el Tribunal Constitucional declaró la competencia del tribunal español para la investigación y enjuiciamiento de los hechos

El 26-07-2011 se dictó auto disponiendo la ampliación de la querella por los delitos contra la indemnidad sexual como forma de tortura, y por el desplazamiento forzoso y por impedir el género de vida y reproducción como genocidio

El 16-11-2011 se dispuso la ampliación de la querella contra dos miembros de las fuerzas armadas de Guatemala, pudiéndose localizar durante 2012 a dos procesados.

Tras la reforma del artículo 23.4 de la LOPJ, mediante auto de fecha 20 de mayo de 2014 el Juzgado Central de Instrucción nº 1 acordó mantener la competencia, por existir víctimas españolas, incoando el sumario 3/2014 por la comisión de presuntos delitos de terrorismo y los conexos de genocidio y crímenes de género, lesa humanidad, torturas, asesinato y detenciones ilegales, continuando la instrucción de la causa.

El Juzgado de Instrucción, por auto de 4-12-2015, acordó declarar concluso el sumario sin procesamiento, elevándolo a la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, para adoptar la decisión correspondiente.

El Fiscal interesó el sobreseimiento por la imposibilidad de notificar los hechos imputados a los querellados y tomarles declaración en esta condición, ante el rechazo de las solicitudes de extradición remitidas a las autoridades de Guatemala y de México; por su parte, la APDHE interesó que se revocase el auto de 4-12-2015, al existir indicios de criminalidad suficientes contra los investigados, y que se continuase con la instrucción de la causa, y en su caso con la investigación judicial de hechos posteriores, conocidos recientemente, vinculados a los ya instruidos; así como que se reiteren las correspondientes órdenes internacionales de detención con fines de extradición o subsidiariamente, se remitieran las correspondientes demandas ex tradicionales por vía diplomática.

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decretó, por auto de 1 de julio de 2016, el sobreseimiento provisional de la causa, fundamentándolo, entre otros motivos, en “la imposibilidad de notificar los hechos a los encausados y tomarles declaración, tras el rechazo de las solicitudes de extradición remitidas a las autoridades de Guatemala”.

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Aparte del proceso que se acaba de describir ante la Audiencia Nacional Española, en Guatemala también se investigó el genocidio, y un tribunal de este país condenó, el 10 de mayo de 2013, al  entonces ex general José Efraín Ríos Montt, a 80 años de prisión por genocidio y delitos contra la humanidad. Esta condena fue anulada por la Corte de Constitucionalidad de Guatemala el 20 de mayo de 2013, lo que obligó a repetir el juicio, que fue reiniciado el 14 de octubre de 2017. Ríos Montt falleció el 1 de abril de 2018 en medio de las acusaciones por genocidio.