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La APDHE insta al Gobierno a tener más presencia en las negociaciones de la Convención de Cooperación Internacional para la investigación y enjuiciamiento de los crímenes más graves

07/05/2020

Desde el 2011 un grupo de Estados está negociando la adopción de una posible Convención de Cooperación Internacional en la Investigación y el Enjuiciamiento del Crimen de Genocidio, los Crímenes de lesa Humanidad y los Crímenes de Guerra. La represión de estos crímenes internacionales es una obligación de los Estados que deriva de los tratados, la costumbre y el derecho internacional imperativo. Ahora bien, la práctica demuestra que toda esta lucha contra la impunidad, no puede únicamente llevarse a cabo por tribunales internacionales, como el Tribunal Penal Internacional, se necesita de la actuación de tribunales nacionales a través del mecanismo de la jurisdicción universal.

Con el propósito por el cual estas investigaciones y enjuiciamientos de casos de crímenes internacionales tengan las máximas garantías de éxito, se requiere inevitablemente de la cooperación de los Estados. Y esto es lo que se pretende con este proyecto de tratado sobre asistencia legal mutua y extradición.

Ahora bien, el actual borrador presenta una serie de lagunas que ya manifestó la FIDH, con otro grupo de organizaciones de derechos humanos, en enero de este año 2020. De forma especial, el texto del futuro tratado debe ampliar todas las disposiciones relativas a los derechos de las víctimas de crímenes internacionales. Precisamente para que esta Convención suponga un firme paso adelante en la lucha contra la impunidad por parte de los tribunales nacionales, deben desarrollarse y reforzarse los derechos de las víctimas como: el derecho al acceso a la justicia a través de leyes nacionales de jurisdicción universal progresistas, el derecho a la protección, participación y acceso a la información durante todo el proceso judicial o el derecho a obtener una reparación integral. Y todo ello con el objetivo de que estas víctimas no sufran una revictimización con ocasión de verse envueltas en causas judiciales dilatadas en el tiempo y que finalmente no acaben poniendo punto final a la impunidad.

Por todo ello, la APDHE insta al Gobierno Español a:

1. Que apoye de forma activa las negociaciones del tratado en la próxima Conferencia Diplomática de la Convención respaldando las mejoras al borrador propuestas por distintas organizaciones de derechos humanos.

2. Que España se sume, como Estado parte negociador, y no mero observador, a los esfuerzos de la iniciativa de los 6 Estados promotores, Argentina, Bélgica, Mongolia, Países Bajos, Senegal y Eslovenia, que tratan de consolidar un texto más avanzado de tratado para facilitar a las víctimas de crímenes internacionales un mejor funcionamiento de la justicia, gracias a una cooperación internacional en la asistencia legal mutua y extradición.

3. Y, por último, pero como prioridad número uno, se hace de nuevo un llamamiento al Gobierno Español para que retome su compromiso de derogar la reforma del artículo 23.4 de la LOPJ y que adapte la jurisdicción universal de nuestro país a los estándares internacionales de los países más activos de nuestro entorno. Para ello, el Gobierno debe rescatar el borrador de reforma presentado por el anterior Ministerio de Justicia e iniciar de nuevo el trámite parlamentario correspondiente.

Este es el primer paso impostergable que debe efectuarse en nuestro país: recuperar la jurisdicción universal; ya que, sin ella, España como Estado, tendrá un papel irrelevante en la cooperación internacional en la Investigación y Enjuiciamiento de crímenes internacionales, de aprobarse la mencionada Convención.

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