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LA APDHE CELEBRA LA CONDENA EN ITALIA DE 24 DE LOS 25 IMPUTADOS EN LA OPERACIÓN CÓNDOR

“Una gran victoria de la justicia universal”
El pasado lunes 9 de julio, la Corte de Apelación de Roma ha revertido la sentencia emitida en primera instancia en enero de 2017, en la que se había absuelto a 19 imputados por considerar prescritos los delitos por los que habían sido investigados por su implicación en la Operación Cóndor, el plan represor instaurado en América Latina que se aplicó durante las dictaduras militares instauradas en Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil, Bolivia y Argentina en las décadas de los 70 y 80, durante la que se ejecutó un plan preconcebido para la desaparición y muerte de opositores políticos.


En esta ocasión, la jueza Agatella Ciuffrida acompañada de la jueza adjunta Caterina Brindisi y seis jueces populares, emitieron un fallo en el que se condenó finalmente a 24 de los 25 imputados inicialmente investigados –entre militares, policías y funcionarios de Uruguay, Bolivia, Chile y Perú acusados de haber matado a ciudadanos italianos- por homicidio voluntario muy especialmente agravado el contexto de crímenes de lesa humanidad.
En la primera instancia habían sido condenados a cadena perpetua ocho acusados, todos en ausencia: el dictador boliviano Luis García Meza y su ministro del Interior, Luis Arce Gómez; el ex presidente peruano Francisco Morales Bermúdez, el ex ministro de ese país Pedro Richter y el militar retirado Germán Ruiz; los chilenos Hernán Ramírez y Rafael Ahumada, y el ex canciller uruguayo Juan Carlos Blanco.
El fallo del Tribunal de Apelación ha condenado ahora también a los ex militares chilenos Pedro Espinoza, Daniel Aguirre Mora, Carlos Luco Astroza, Orlando Moreno Vásquez y Manuel Vásquez Chauan; a los ex militares y policías uruguayos Troccoli, Ricardo Arab –único presente durante el juicio en primera instancia, ya que huyó a Italia desde Uruguay en 2007-, José Gavazzo, Juan Carlos Larcebeau, Pedro Mato, Luis Alfredo Maurente, Ricardo Medina, Ernesto Ramas, José Sande Lima, Jorge Silveira, Ernesto Soca y Gilberto Vázquez.
El juicio, que empezó en el año 2015, se centró en la responsabilidad de militares, policías y funcionarios durante las dictaduras de Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil, Bolivia y Argentina por la muerte y desaparición de personas, entre ellos de 13 ciudadanos italianos. Durante el juicio, aunque no pudo determinarse la cantidad exacta de muertos y desaparecidos que se dio durante la Operación Cóndor, sí llego a determinarse, en base a las pruebas que se presentaron por los abogados de las acusaciones particulares y populares, que al menos 500 personas de 11 nacionalidades distintas desaparecieron durante la Operación Cóndor, y que al menos 100 opositores políticos fueron asesinados en Argentina.
Desde la asociación celebramos que finalmente se haya proporcionado justicia y verdad a las víctimas, condenando a los acusados por los crímenes internacionales cometidos en el marco de la execrable Operación Cóndor.
Desde el dictado de la sentencia en primera instancia en el año 2017, se había arraigado en las víctimas un sentimiento de decepción y frustración por el largo camino recorrido que finalmente se ha visto recompensado, ya que éstas venían reclamando un veredicto justo desde hace ya más de 20 años, cuando iniciaron el referido procedimiento por las vías del principio de jurisdicción universal en Italia.
Italia ha dado una gran lección de justicia sobre la importancia del principio de jurisdicción universal, ya que el enjuiciamiento de los militares, policías y funcionaros de estos seis países latinoamericanos es un triunfo contra la impunidad por la comisión de crímenes internacionales, los cuales son siempre imprescriptibles tal y como enfatiza la sentencia de la Corte de Apelación, a diferencia de lo considerado en primera instancia.
A pesar de que Italia está viviendo momentos convulsos debido a las hostiles políticas migratorias impuestas por el poder ejecutivo del país, desde el poder judicial se está demostrando una labor de aplicación del derecho desde la objetividad e imparcialidad, evidenciando que la defensa y promoción de los derechos humanos es la mayor de las empresas, y se obtiene utilizando todas las herramientas en disposición para ello, como en esta ocasión a través del principio de jurisdicción universal.
No obstante, y a pesar de celebrar el triunfo de la justicia frente a la impunidad desde la APDHE nos mostramos contrarios a las penas impuestas, consistentes en cadena perpetua, ya que no podemos mostrar nuestro apoyo a ninguna práctica que suponga un trato inhumano y degradante.