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La APDHE denuncia acoso judicial contra el defensor mexicano Sergio Aguayo

La Asociación Pro Derechos Humanos de España acoge con satisfacción la propuesta para que la Suprema Corte de la Nación revise en amparo la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el caso contra el académico, periodista y defensor de derechos humanos Sergio Aguayo.

En octubre de 2019 Sergio Aguayo fue condenado a pagar la exorbitante cantidad de medio millón de dólares al ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, por daños al honor. El litigio se originó a principios de 2016, cuando Aguayo publicó una columna en el diario Reforma, denunciando la pasividad de las autoridades en la investigación a Moreira por presuntos actos de corrupción.

El hecho de que tres días antes de la publicación el ex gobernador hubiera sido detenido en Madrid por delitos de corrupción y malversación, indica que Aguayo en ningún momento incurrió en temeridad o mala fe al publicar sus opiniones.

Por tanto, esta condena contra el defensor mexicano vulnera la libertad de expresión, que de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ampara, no sólo la emisión de expresiones inofensivas o bien recibidas por la opinión pública, sino también la de aquellas que chocan, irritan o inquietan a los funcionarios públicos o a un sector cualquiera de la población. En una sociedad democrática, la prensa debe informar ampliamente sobre cuestiones de interés público, que afectan bienes sociales, y los funcionarios rendir cuentas de su actuación en el ejercicio de sus tareas públicas.

Por otra parte, en la sentencia condenatoria habrían podido influir intereses particulares, ya que el hermano del Magistrado Huber Olea, uno de los integrantes del Tribunal, recibió en 2017 la patente de una notaría por parte de Rubén Moreira, hermano de  Humberto Moreira.

En ese sentido, instamos al Consejo de la Judicatura a que, de acuerdo con la decisión aprobada por el Congreso de la Ciudad de México el pasado 29 de enero, se investiguen de forma inmediata y diligente posibles conflictos de intereses entre los jueces y magistrados relacionados con la resolución contra el periodista.