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LA APDHE DENUNCIA LA CRIMINALIZACIÓN INICIADA CONTRA IÑAKI RIVERA POR DENUNCIAR MALOS TRATOS Y TORTURA EN LAS CÁRCELES CATALANAS

“No puede represaliarse la denuncia de malos tratos entre la población reclusa”

El pasado 16 de septiembre, el Juzgado de Instrucción núm. 3 de Barcelona admitió a trámite la querella presentada desde la Agrupación de Personal Penitenciario del Sindicato Comisiones Obreras (en adelante, CCOO), por un delito de calumnias contra Iñaki Rivera por haber denunciado malos tratos y torturas en las prisiones.

Iñaki Rivera es profesor titular de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona (UB), director del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos (reconocido como Centro de Investigación Universitario Consolidado por parte del Gobierno de la Generalitat de Cataluña), fundador de la Red Euro-Latinoamericana de Prevención de la Tortura (RELAPT) y coordinador general del Sistema de Registro y Comunicación para la protección de víctimas de Violencia Institucional (SIRECOVI) del Centro de Investigación de la UB.

En su labor de protección y denuncia de las violaciones de Derechos Humanos, Iñaki Rivera intervino en el programa de la Televisió de Catalunya (TV3) llamado “Tots es meu” (Todo se mueve), el pasado 29 de noviembre de 2018, donde denunció que, por su conocimiento, algunos internos en régimen especial cerrado (en adelante, DERT) han sufrido malos tratos, torturas y vejaciones, y que éstos hechos “no son casos aislados”. Dicha intervención se produjo después de la publicación por el SIRECOVI de un informe sobre Violencia Institucional en Cataluña.

En dicho informe, entre otras cosas se denunciaba que en los últimos 4 años se habían suicidado tres internos o habían muerto en extrañas circunstancias en el centro penitenciario Brians I. Una de estas víctimas fue encontrada muerta en su celda de aislamiento, mientras estaba medicada, tenía antecedentes psiquiátricos y había amenazado con suicidarse en varias ocasiones. A pesar de que el informe del Relator de Naciones Unidas contra la tortura, de 5 de agosto de 2011, establece que la situación de aislamiento nunca debería superar los 15 días, dicha interna llevaba 75 días en ese régimen cuando se suicidó.

En el año 2015, el Comité de Prevención de la Tortura instó a España para que prohibiese totalmente el régimen de aislamiento por más de 15 días. En el 2018, tal y como indicó Iñaki en dicho programa, las denuncias constantes hicieron que se realizase una visita extraordinaria del Comité de Prevención de la Tortura del Consejo de Europa en el mes de septiembre para analizar lo que pasaba en los DERT de las cárceles catalanas. La visita se centró en la situación de los presos recluidos en régimen especial de aislamiento.

Según el informe anual del Mecanismo de Prevención de la Tortura del Defensor del Pueblo, para el año 2018 se abrieron 59 procedimientos administrativos y judiciales por malos tratos en las prisiones catalanas –15 de ellos en Brians I–, la mayoría por denuncias de agresiones y vejaciones por parte de los funcionarios, pero también por quejas por incidentes de internos en régimen cerrado.

Iñaki Rivera viene sufriendo una campaña de desprestigio desde la emisión y participación en dicho programa, por el único hecho de dedicar su vida profesional a investigar y denunciar las torturas u otras violaciones de derecho que se producen en las prisiones. Son muchas organizaciones nacionales e internacionales las que alertan de la situación de la población encarcelada en España, por lo que las denuncias de Iñaki Rivera no son una simple anécdota, y su labor investigadora no puede ser usada como herramienta disuasoria de la denuncia de hechos como éstos.

De hecho, Iñaki Rivera viene sufriendo esta situación de persecución desde que en el año 2004 se realizase un motín en el centro penitenciario de Quatre Camins, en La Roca del Vallés, en el que después de dicho suceso algunos investigadores del Observatorio hablaron con presos que pudieron contarles algunas de las torturas que sufrían. Finalmente, por dichos acontecimientos, en 2013 la Audiencia Provincial de Barcelona condenó a algunos funcionarios y al subdirector médico del centro penitenciario a tres años y medio de prisión y catorce años de inhabilitación para cargo público por maltratar a los presos. Dicha sentencia fue confirmada en 2015 por el Tribunal Supremo –STS núm. 165/2015 de 10 marzo-.

Desde la Asociación queremos mostrar nuestro total apoyo y solidaridad a Iñaki Rivera, que el día 18 de septiembre declaró en calidad de investigado, con el deseo de que el procedimiento se sobresea y archive con la mayor prontitud.

Además, queremos hacer hincapié en que aunque existan estas campañas de criminalización o desprestigio, no van a conseguir acallar las voces de aquellos que denunciamos situaciones que suponen una violación de Derechos Humanos, y no sólo porque sea nuestro trabajo, sino porque todo ataque a nuestra labor de denuncia es una inaceptable manera de limitar el derecho de libertad de expresión que nos asiste para exponer públicamente la existencia en nuestro país de situaciones de violencia institucional, tales como torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes en las cárceles.