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LA APDHE MUESTRA SU CONDENA Y PREOCUPACIÓN POR LOS HECHOS OCURRIDOS EN BOLIVIA EN LOS ÚLTIMOS DÍAS, INSTANDO A LAS AUTORIDADES A INVESTIGAR LOS CRÍMENES COMETIDOS

“Hay 23 muertos y 715 heridos desde que se inició la crisis política en Bolivia”

El pasado 11 de noviembre, el presidente electo de Bolivia, Evo Morales –sobre el que pesaban rumores de presuntas irregularidades, en relación con las elecciones celebradas el 20 de octubre de 2019 o por el referéndum que perdió por el 51% de votos, que realizó para poder presentarse a unas cuartas elecciones- renunció después de que las Fuerzas Armadas forzaran a este a abandonar el poder el día anterior, viéndose obligado a solicitar asilo en México.

El país sufrió una injerencia de las Fuerzas Armadas para la renuncia del presidente, obviando los trámites legales pertinentes para su destitución, como la revocación parlamentaria o de inhabilitación a través de cauces previstos en su Constitución. Al haber sido los militares los que han intervenido en dicho proceso de destitución, no cabe duda de que se trata de un golpe de Estado que condenamos desde la Asociación.

El mandatario boliviano ya había cedido con anterioridad a la presión y había anunciado nuevos comicios, tras 18 días de protestas en las que se pedía la anulación de las elecciones del 20 de octubre en las que fue reelegido. Todo después de que la Organización de Estados Americanos (OEA) hiciera pública una auditoría del proceso electoral en la que se aseguraba que no se siguieron los procedimientos adecuados y hubo “contundentes” irregularidades.

Fruto de estas protestas en todo el país, tanto de detractores de Evo Morales como de aquellos que le apoyan, 23 personas han muerto y hay 715 heridos, desde que comenzaron los disturbios. Denunciamos cualquier tipo de violencia que sufre el país desde la destitución del presidente, como por ejemplo, acontecimientos como el ocurrido el pasado 7 de noviembre en el que la alcaldesa de Vinto (Región de Cochabamba), Patricia Arce, fue agredida por una turba de manifestantes antigubernamentales, que la arrastraron por las calles descalza, la embadurnaron con pintura roja y le cortaron el pelo. La policía tardó horas en rescatarla.

El gobierno actual, liderado por la presidenta interina Jeanine Áñez -que ha sido duramente crítica con las poblaciones indígenas del país-, ha promulgado un Decreto Supremo, No. 4078 sobre la actuación de las Fuerzas Armadas en Bolivia, de fecha 15 de noviembre de 2019, en el que se pretende eximir de responsabilidad penal a las FFAA y Policía como participe en los operativos “para restablecimiento y estabilidad del orden interno”, considerando sus actuaciones como «en legítima defensa o estado de necesidad».

Dicho Decreto ha sido ya condenado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, haciendo ver que el mismo “desconoce los estándares Internacionales de derechos humanos y por su estilo estimula la represión violenta» y condenó «cualquier acto administrativo del gobierno de Bolivia que atente contra el derecho a la verdad, la justicia y al derecho internacional de los DDHH, particularmente en el contexto de actuaciones de Fuerzas Armadas en las protestas sociales». 

Desde la Asociación,condenamos el golpe de Estado, instamos al Gobierno interino de Bolivia a la investigación del asesinato de las personas muertas durante las protestas,y solicitamos que se proporcione seguridad efectiva a las comunidades indígenas, así como la derogación del Decreto promulgado que pretende eximir de responsabilidad penal a las Fuerzas Armadas y Policía, por ser un instrumento contrario a los Derechos Humanos y al Derecho Penal Internacional.