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LA APDHE PARTICIPA EN EL 40 CONGRESO DE LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS EN TAIWÁN

Tras casi 100 años de trayectoria, el 21 de octubre de 2019 se abrió el 40 Congreso Internacional de la FIDH, en el que participa la APDHE.

Por vez primera se celebra este congreso de la Federación en Asia. Como explican en la apertura del evento los organizadores, Taiwán es el foro ideal para acoger este encuentro internacional, ya que esta República de China es la China de los derechos humanos y de la democracia, a diferencia de la China que se encuentra al otro lado del Estrecho y que ordena reprimir al movimiento estudiantil en Hong Kong.Asimismo, se felicitan que Taiwán, es el primer país asiático en el que se ha aprobado una ley que contempla el matrimonio de parejas del mismo sexo.

El acto de apertura lo protagoniza la presidenta de Taiwán, TsaiIngWen, orgullosa de ser un gobierno progresista y defensora de los derechos humanos. Junto a ella participan la cantante de la tribu Paiwan que es una de las últimas integrantes de esta comunidad que todavía emplea su lengua ancestral, y el militante taiwanés, HsuTzu-Chiang, que permaneció 8 años en el corredor de la muerte sentenciado por un crimen que no cometió, y que gracias a una campaña de la FIDH su caso fue revisado y él finalmente liberado.

Ahora bien, la participante que ha acaparado mayor atención y preguntas de los delegados ha sido la Fiscal del Tribunal Penal Internacional, FatouBensouda. Sorprende su tono crítico contra algunas resoluciones de los jueces del propio tribunal, como la sentencia que ha archivado la causa de Afganistán y que ya se ha recurrido. Distintos defensores de derechos humanos van preguntando a la fiscal sobre la evolución de distintos casos. No niega que la fiscalía y el TPI se está viendo afectados por “ataques directos” de algunos gobiernos, como el de Estados Unidos, o los de Burundi o Filipinas que se han retirado del Estatuto de Roma. Apunta que el Consejo de Seguridad debería haber remitido situaciones, como la de Siria, para ser investigada y a preguntas de los delegados, va desgranando investigaciones como la de los casos de República Centroafricana o de los Rohingyas en Bangladesh. Concluye criticando a su propio tribunal, asegurando que en distintas investigaciones se presta más atención a la protección de los derechos de los victimarios, que al de las mismas víctimas.

En sesiones posteriores, en concreto en la relativa al Litigio Estratégico como herramienta para fortalecer la universalidad de los derechos, centró la discusión el presidente del Centro Sirio para la libertad de expresión, el abogado y periodista, Mazen Darwish. Ante los crímenes internacionales cometidos en Siria se concluyó que la única salida a la situación de impunidadpasa por la utilización del mecanismo de la jurisdicción universal. En otras conferencias paralelas sobresalieron otros casos, como el del Tíbet, en el que Vincent Metten, perteneciente a la organización International Campaign forTibet apuntó que se están buscando otras estrategias de presión para exigir la defensa de los derechos, como la aprobación de la Ley norteamericana de acceso al Tíbet y Reciprocidad. Con todo, no debiera perderse el énfasis en acudir a los tribunales nacionales empleando la justicia universal, como se hizo en España y cuyo caso provocó la reforma de la LOPJ en el 2014.

Asimismo, Jimena Reyes, directora para las Américas de la FIDH ha dirigido un debate relativo al secuestro de los Estados a través de una corrupción que se origina por los lobbies empresariales, una élite cleptocrática o el crimen organizado, como por ejemplo, los narcos en México.

En el segundo día del Congreso, especial atención se ha dedicado a la situación de los derechos de las mujeres en distintos contextos y regiones, y a la de los refugiados y migrantes. La activista de la Asociación marroquí de Derechos Humanos ha criticado abiertamente el Pacto mundial de la migración de la ONU que generó el rechazo de la mayoría de delegados de la FIDH. Asegura que el Pacto “protege más los derechos de los Estados que el de los migrantes”. Rechaza el pacto como “oportunidad perdida”, y se considera una “herramienta para los Estados para escapar de las obligaciones de la convención”. Como en la mayoría de las sesiones, se acaba concluyendo que la esperanza para el cambio reside en la sociedad civil y no en la institucionalidad. Sobresalió la acción legal y militante del abogado belga, y presidente de la Liga de Derechos Humanos, Alexis Deswaef. Remarcó que, ante la hipocresía de los gobiernos europeos y de la UE ante la crisis migratoria, las únicas respuestas humanitarias llegan de la sociedad civil, como por ejemplo la iniciativa de un grupo de ciudadanos de Bruselas acogiendo en sus casas de forma espontánea a migrantes que dormían en los parques junto a las grandes instituciones de la UE. Iniciativa que acabó organizada creando una plataforma ciudadana de apoyo a los refugiados. Cuenta que él mismo, junto a su mujer e hijos adolescentes, albergaron en su casa a dos migrantes sudaneses, concluyendo que es la única manera en la que se les puede devolver la humanidadperdida.

En la sesión relativa al Cambio climático y los derechos humanos, Philip Alston, Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos enfatizó que la crisis climática afecta dramáticamente a todo el compendio de derechos humanos. Reflexionó cómo buscar responsabilidades a las empresas petroleas, a los bancos que financian los proyectos de las industrias extractivas… Pero precisa que incluso hay que ir más allá de esta acción legal y buscar otras medidas innovadoras de actuación a través de la sociedad civil. Cecilia Cherrez de Acción Ecológica del Ecuador denuncia que el cambio climático es un síntoma de la crisis generalizada que se encuentra en un comercio internacional que favorece la explotación de recursos y acaparamiento de tierras. Critica que las cumbres de cambio climático son espacios de lobbies corporativos que no responden a las causas del problema, y describe el proceso judicial del caso Chevron-Texaco. Por otro lado, Chun-Yuan Lin, director de la Asociación de juristas ambientalistas de Taiwán, enfatiza que hay cambiar de paradigma y siendo así, fenómenos como huracanes, sequías, etc, no son meros desastres naturales, sino violaciones de derechos humanos.La militante birmana y Secretaria General de la FIDH, Debbie Stothard, remarca con vehemencia que debe estudiarse el último informe de la ONU presentado por Philip Alston sobre las consecuencias del cambio climático que va a crear un nuevo apartheid a nivel mundial. Alerta que los expertos y defensores de derechos humanos deben reorientar las estrategias para poder conectar con las jóvenes generaciones que son la punta de lanza de esta lucha contra la crisis climática.Se apunta que resulta necesario consensuar un protocolo adicional sobre cambio climático y migraciones como ha propuesto Bangladesh.

En uno de los últimos paneles se ha examinado, cómo los proyectos de inversión han afectado a las comunidades indígenas. Olivier De Schutter, como miembro del Comité DESC, se refirió al incumplimiento de lo dispuesto en la declaración AGNU del 2007 de los derechos de los pueblos indígenas, que exige un consentimiento previo y consentido para la ejecución de proyectos en estos territorios. Apunta que esta consulta debe hacerse de buena fe, como pretende regular el proyecto de tratado sobre empresas transnacionales que se está negociando en la actualidad en la ONU.Censura abiertamente los tratados de inversión que legitiman expropiaciones y otras violaciones de derechos humanos y ambientales. Concluye que, los Principios rectores para la inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios deben tenerse en cuenta, ya que contemplan una metodología concreta para evitar esos abusos. Se pone de manifiesto, por parte de ChengSzeLut de la Confederación de Sindicatos de Hong Kong, los daños transnacionales que provocan las empresas chinas en el ámbito de los derechos humanos y del medio ambiente, exponiendo distintos casos de inversiones chinas en el Pacífico. Manifiesta que muchas compañías chinas tienen su sede en Hong Kong, de ahí la importancia de presionar a este gobierno para que exija el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de derechos laborales. Finalmente, Javier Mújica de la Fundación Equidad de Perú denuncia las distintas inversiones transnacionales que vienen acompañadas de políticas y leyes nacionales que las facilitan. Describe, tanto varios litigios estratégicos emprendidos contra empresas extractivas de oro, como el aprovechamiento del Examen Periódico Universal de Perú y China, y las clausulas de los tratados bilaterales de inversión relativas a cuestiones ambientales y de derechos humanos, que han sido utilizados para evitar estos abusos.

La clausura final de la primera parte del Congreso (abierta a la prensa) se ha dedicado de forma exclusiva a una emotiva exposición del movimiento de protesta de Hong Kong, quienes han hecho un llamamiento urgente de apoyo internacional a todas las delegaciones de la FIDH. Algunos líderes estudiantiles han acudido a Taipei, mientras las manifestaciones y detenciones continúan en Hong Kong.