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LA APDHE RECHAZA ROTUNDAMENTE EL USO DEL LLAMADO ‘PIN PARENTAL’

“Este veto parental es una censura para la educación de los menores en derechos humanos”

El Gobierno de Murcia, presidido por el Partido Popular con el apoyo de Ciudadanos y VOX, el pasado septiembre fue el primer ejecutivo autonómico en aprobar el llamado ‘pin parental’, que consiste en un veto para los menores en los centro educativos, que podrían perder actividades complementarias sobre materias tan variadas e importantes como igualdad, violencia de género o discriminación, solo si los progenitores no autorizan expresamente a que acudan.

Hasta ahora, estas actividades han sido impartidas durante la jornada escolar y programadas por los colegios, evaluables y de obligada asistencia, precisamente porque proporcionan a los menores herramientas afectivo-sexuales, son promotoras de derechos humanos y potencian los valores como la igualdad, respeto y tolerancia.

Desde VOX se pretende que esta medida se aplique sobre «cualquier materia, charla, taller o actividad que afecte a cuestiones morales socialmente controvertidas o sobre la sexualidad, que puedan resultar intrusivos para la conciencia y la intimidad». Dichos fundamentos carecen de base, convirtiendo este veto en una suerte de censura para la educación de los menores en derechos humanos. Con dichas actividades no existe intromisión alguna sobre los menores, muy al contrario, su aplicación es una vulneración constitucional del derecho a la educación, que fundamenta que se eduque a los menores en derechos humanos, y en entender cuestiones tan importantes como el acoso escolar, la violencia de género, la identidad de género, el feminismo, la discriminación o la diversidad LGTBI.

El artículo 27.2 de la Constitución Española, establece que «la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales«. Así mismo, la Ley de Educación, en su artículo primero, afirma que se debe formar a los menores en «valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, así como la prevención de la violencia de género«.

Por tanto, el derecho de los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones, previsto en el apartado tercero del mismo artículo 27, no es absoluto, sino que dicha formación tiene que ser, en todo caso, respetuosa con los derechos y libertades fundamentales contemplados en el apartado 2 del mismo precepto constitucional.

Además, este veto afecta a otros derechos fundamentales como a la libertad de cátedra (art. 20 CE), y a normas como la Convención sobre los Derechos del Niño, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Memorándum de la CE contra el Racismo y la Intolerancia.

Por tanto, si llegase a aplicarse el sistema educativo se tambalearía con la aplicación de este veto parental, que podría suponer una objeción de conciencia no amparada legalmente, la instrumentalización de los menores y de la educación que se imparte en las aulas, sacando de las mismas toda materia que suponga formación en derechos humanos.

Otras organizaciones alertan del peligro que ello conllevaría, como por ejemplo Amnistía Internacional que ha expresado su angustia por la medida, indicando que es tan absurdo que “incluso conllevaría que no pudiese enseñarse a los niños la teoría de la evolución de Darwin”. Además, las actividades que pretende vetar el ‘pin parental’ solo han sido denunciadas en Cataluña, La Rioja y Madrid en número anecdótico, y que fundamentan que la medida es totalmente innecesaria. Ninguna queja o denuncia se ha producido en Murcia.

No obstante,  el gobierno central ya ha dado un ultimátum al de Murcia, concediéndole un mes para que retiren este veto parental, advirtiéndoles que si no lo hacen tendrán que acudir a los tribunales para que se declare la inconstitucionalidad de la medida. La ultraderecha de VOX pide que se implemente el ‘pin parental’ de lo contrario dejará de apoyar el gobierno del PP en Murcia, por lo que no tendría apoyos para conseguir aprobar los presupuestos generales. Dicha censura es una herramienta política que no pretende proteger a los menores, sino que amparándose en la justificación de proteger la libertad de los padres se lesiona la libertad de los hijos a ser formados en una formación integral basada en derechos humanos y valores constitucionales. El propio Papa Francisco ha dicho que los padres «no son dueños de sus hijos, sino que son custodios».

La APDHE rechaza la medida acordada desde el Gobierno de Murcia, y su posible implementación en otras Comunidades Autónomas, ya que puede hacer que los niños, niñas y adolescentes de este país no puedan desarrollarse en valores de igualdad, respeto y tolerancia, haciendo que los adultos del mañana tengan menos información y herramientas para reconocer la necesidad de medidas contra la discriminación, el acoso, el reconocimiento de la diversidad afectiva y sexual o el pluralismo. En definitiva, supondría limitar los derechos y libertad de nuestros menores y restringir las oportunidades que ofrecen los estados democráticos.