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LA Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) manifiesta su inquietud por el silencio de la Autoridad Catalana de Protección de Datos (APDCAT) acerca de las recientes informaciones sobre la existencia de listas sobre clasificación política de los Mossos d’Esquadra

El art. 2 apartado 1 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los derechos digitales (LOPD), dice:

‘ … la presente ley orgánica se aplica a cualquier tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales, así como al tratamiento no automatizado de datos personales contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero’.

En este sentido, la APDHE cree intolerable la existencia de anotaciones manuscritas aparecidas en un despacho de la Generalitat en las que figuran listas de miembros de las fuerzas de seguridad de la policía autonómica junto a su ideología, vinculación política, salud, relaciones afectivas y orientación sexual.

Como es bien sabido, dichos datos de carácter personal están catalogados como sensibles y, por tanto, sujetos a especiales garantías de seguridad y de protección.

También es importante disponer de la información acerca de si ha sido confeccionado un fichero en base a la información manuscrita a la que nos referimos y si ha habido tratamiento automatizado con dichos datos.

Igualmente, es importante conocer si las personas implicadas en este asunto son funcionarios al servicio de la Generalitat ya que, en todo caso, debe recordarse la existencia del delito informático en el código penal (artículos 197 a 201).

Por todo ello, y con independencia de la existencia de un sumario abierto, la APDHE entiende que la APDCAT debe investigar esos hechos pues pueden ser constitutivos incluso de delito. Reclamamos lo anterior pues este asunto produce alarma social y quebrantamiento de la legalidad vigente en lo que respecta a Derechos Fundamentales.

La APDHE entiende que la APDCAT puede y debe hacerlo de oficio pues dichos hechos se han producido en el sector público del que es competente.

En todo caso, la LOPD configura un marco jurídico de cooperación institucional entre la Agencia Española de Protección de Datos y las autoridades autonómicas (art. 58 de la LOPD)

Por último, recordamos que existe la posibilidad de que sea la propia AEPD la que requiera una intervención de autoridades autonómicas (art. 59 de la LOPD) cuando se trate de Tratamientos contrarios al Reglamento (UE) 2016/679 de competencia en su ámbito territorial.