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La Asociación Pro Derechos Humanos de España exige el cese del hostigamiento y de la represión en Nicaragua

La Asociación Pro Derechos Humanos de España expresa su honda preocupación por la situación en  Nicaragua, ya que, desde que comenzaron las protestas en abril de 2018, se acumula una cifra estimada de 350 personas asesinadas, 2.000 personas heridas  y torturadas, más de 80.000 personas forzadas al exilio, y más de 160 personas encarceladas. El Gobierno de Nicaragua ha rechazado las recomendaciones emitidas por organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de Naciones Unidas y el Consejo de Europa. El pasado 14 de octubre, este último organismo adoptó un marco que le permite imponer sanciones individuales a los responsables de abusos de los derechos humanos o de la represión de la sociedad civil; concretamente la prohibición de viajar a la Unión Europea y la inmovilización de bienes.

 

La represión persiste en la actualidad, y a fecha 9 de diciembre de 2019 permanecen en prisión 166 personas, por haber manifestado su oposición al Gobierno de Daniel Ortega. La falta de reconocimiento del carácter político que justificó estas detenciones ha motivado que se les mantenga en las mismas celdas que los presos comunes, en lugar de ser emplazados en espacios distintos, aspecto que afecta principalmente a la galera 16 en la prisión de Managua La Modelo. Asimismo, se han denunciado malos tratos hacia los presos, y falta de atención médica apropiada.

Este escenario pone de manifiesto que las medidas adoptadas en el ámbito nacional no han dado una respuesta eficaz a la gestión de la crisis y a la protección de los derechos humanos:

I.  Específicamente en lo que se refiere al proceso de negociación entre la presidencia de Ortega y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, las resoluciones judiciales de libertad que fueron emitidas a partir del 27 de febrero de 2019 no aclaran la figura jurídica sobre la cual fueron excarceladas las personas, lo que conlleva importantes limitaciones para su vida jurídica, social y política. Por otra parte, este proceso no ha impedido que se produzcan nuevas detenciones arbitrarias y juicios a opositores.

II.   En lo que se refiere a la Ley de Amnistía, desde que se aprobó, el pasado 10 de junio, se han cambiado los tipos delictivos en los procesos judiciales contra los opositores, de acusaciones de terrorismo a delitos comunes, como por ejemplo el tráfico de armas; es decir, que se está utilizando esta ley como mecanismo de represión política, al aplicarla de forma tergiversada a quienes ya habían sido excarcelados.

Esta particularidad afecta a 13 personas presas en este momento, que ya habían sido detenidas y liberadas anteriormente. Entre ellas se encuentra la líder estudiantil Amaya Coppens, que fue detenida por segunda vez el pasado 14 de noviembre, junto a otras 12 personas, cuando acudían a la iglesia San Miguel Arcángel a llevar agua a familiares de presos políticos que llevaban siete días en huelga de hambre. También hay que señalar que se están produciendo vulneraciones flagrantes del debido proceso en algunos de estos casos, como es la sustracción a los juzgados legalmente competentes y la remisión a otros tribunales sobre los que pesan sospechas de afinidad al gobierno y, por tanto, de falta de imparcialidad. Por otra parte, estas personas encarceladas han manifestado a sus familiares y abogados que están sufriendo tratos degradantes y torturas psicológicas, como mantener las luces de las celdas encendidas durante 24 horas al día, falta de agua y alimentación adecuada, y registros corporales que se repiten varias veces al día.

Desde la Asociación Pro Derechos Humanos de España rechazamos cualquier tipo de represión y hostigamiento contra la sociedad civil, e instamos a la inmediata liberación de todas las personas, opositores y defensores que continúan encarcelados por ejercer sus derechos constitucionales a la libertad de expresión, asociación, manifestación o movilización. Entretanto, las instituciones judiciales deben garantizar que se cumplen de forma rigurosa las garantías procesales que amparan a todos ellos. Por su parte, es obligación de las instituciones penitenciarias el garantizar la  integridad física y psicológica de todas estas personas mientras que permanezcan bajo su custodia.