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La crisis de los derechos humanos en Bielorrusia

08/06/2021

El aterrizaje de un vuelo en Minsk el pasado 22 de mayoforzado por las autoridades bielorrusas para arrestar al periodista Raman Pratasevichilustra la maltrecha situación de los derechos humanos en Bielorrusia. Raman ha sido acusado de organizar disturbios masivos y acciones colectivas que violan el orden público y de incitación a la discordia social 

La “desaparición” de presos políticos durante los primeros días de detención es una práctica común en Bielorrusia. También lo es la tortura, que sigue siendo un fenómeno generalizado, con más de 2000 casos documentados desde agosto de 2020. Hasta el momento no se ha iniciado ni una investigación por tortura, de hecho, todo lo contrario: son las víctimas de tortura las que son procesadas. 

El Gobierno bielorruso persigue y hostiga a las voces independientes, especialmente a los abogados involucrados en la defensa de los derechos humanos. Desde las elecciones presidenciales de agosto de 2020, al menos 17 abogados han perdido sus licencias. Además, el 28 de mayo, el presidente Lukashenka firmó unas enmiendas legislativas para someter a todos los abogados bajo el control del Ministerio de Justicia. 

A esto se suma la detención de 34 periodistas y el cierre de uno de los principales medios independientes del país, TUT.BY, y el arresto de alrededor de 20 miembros del personal. En 2020, muchos periodistas, incluidos los que trabajaban para medios internacionales, se vieron privados de sus acreditaciones, y 480 fueron detenidos, en su mayoría por breves períodos de tiempo. 

Asimismo, algunas organizaciones de derechos humanos, como el Centro de Derechos Humanos Viasna, están sujetas a procesos penales. En total, se han iniciado más de 2000 casos penales contra hombres y mujeres por su participación en protestas pacíficas o sus acciones como activistas. Estas entidades han documentado ya 450 casos de presos políticos. 

El giro totalitario del Gobierno, paralelo a los recientes cambios legislativos, ha fortalecido los poderes de los agentes del orden y ha consolidado la impunidad del régimen. A finales de 2020, y usando como pretexto la pandemia de COVID-19, el Gobierno cerró las fronteras terrestres. Por ello, a día de hoy unos 10 millones de bielorrusos viven ahora en una prisión al aire libre, en el corazón de Europa. 

Para más información véase la web de la OMCT