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La expulsión del activista Hassana Aalia contraviene las obligaciones internacionales de España con el pueblo saharaui.

La expulsión del activista Hassana Aalia contraviene las obligaciones internacionales de España con el pueblo saharaui

La Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) se adhiere al movimiento ciudadano de repulsa contra el rechazo de la petición de asilo  cursada por el activista saharaui Hassana Aalia al Gobierno español así como de la orden de expulsión que podría condenar a la muerte a esta víctima de la represión con la que el régimen de Marruecos intenta acabar con la oposición a su anexión a sangre y fuego del Sáhara Occidental.

El rechazo de la petición de asilo de Hassana Aalia no sólo constituye una flagrante vulneración de las obligaciones internacionales del Estado español en materia de Derechos Humanos y de protección de solicitantes de asilo. Además de contravenir el principio de no devolución, recogido en la Convención de Giebra y reconocido por el Sistema Europeo Común de Asilo, supone una flagrante violación del Derecho Internacional y de las resoluciones de la ONU que siguen reconociendo a España como la potencia administradora de este territorio e imponen a los Gobierno españoles a cumplir sus obligaciones con el Territorio No Autónomo del Sáhara Occidental mientras éste no lleve a término el proceso de descolonización interrumpido en 1975 con una invasión que ningún miembro de la comunidad internacional ha reconocido.

Dichas, responsabilidades, recogidas en el art. 73 del capítulo XI de la Carta de las Naciones Unidas , obligan a España a reconocer el principio de que los intereses de los habitantes del territorio  “están por encima de todo” y por lo tanto su acción debe promover “como un encargo sagrado” su bienestar.

 La orden de expulsión de Hassana Aalia trata a este activista como si fuese un ciudadano extranjero procedente de un Estado soberano, obviando que el Sáhara Occidental sigue siendo a día de hoy un territorio pendiente de descolonización que todavía no ha podido decidir su futuro, tal como establecieron las resoluciones de la ONU, con una votación libre y transparente en un referéndum organizado por las Naciones Unidas. Desde la APDHE hemos venido exigiendo al Gobierno que acabe con la injusticia y engaño de los llamados Acuerdos de Madrid escenificados por el último Gobierno de Franco  en 1975 para dar por finalizadas unilateralmente e ilegalmente las responsabilidades de España con el Sáhara Occidental y llevar a cabo la usurpación de la nacionalidad española al pueblo saharaui jurídicamente aún bajo su tutela.

Hassana Aalia es hijo y nieto de saharauis incluidos en el censo elaborado por las autoridades coloniales del Sáhara Español en 1974. Por lo tanto, la orden de expulsión de Hassana Aalia no puede entenderse más que como un nuevo intento del Gobierno español de mantener la farsa de los llamados “Acuerdos de Madrid” y favorecer con ello la estrategia de  violencia y arbitrariedad con la que los ocupantes marroquíes intentan doblegar la voluntad del pueblo saharaui por ejercer su derecho a la autodeterminación.

El actual Gobierno debe renunciar a la expulsión de Hassana Aalia por faltar a la solidaridad y deber con el pueblo saharaui y evitar con ello añadir nuevos borrones al de por sí crítico balance en Derechos Humanos que arrastra nuestro país ante la comunidad internacional.

 Si deseas adherirte a la Campaña de la APDHE, puedes hacerlo en el siguiente enlace:  https://apdhe.org/?page_id=1397

Para todos aquellos que se han manifestado en contra del proceso de exhumación del dictador Francisco Franco, desde la Asociación Pro Derechos Humanos de España recordamos que en nuestro estado rige el principio de unidad del ordenamiento jurídico, lo que significa que todas las normas válidas del mismo han de ser necesariamente reconducibles a una única norma fundamental, cuya vigencia descansa en un hecho fundante básico, de donde emana la soberanía que se proyecta como potestad irresistible de dictar normas generales y particulares y de hacer cumplir las mismas. Es decir, en el Estado moderno no pueden proyectarse dos ordenamientos jurídicos distintos para regular un mismo hecho, acto o negocio jurídico.

La traslación de este principio de teoría jurídica al derecho positivo se realiza en el ordenamiento jurídico español en los artículos 1.1 y 117.3 de la Constitución española y en los artículos 1,2 y 3 de Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

En este sentido ha de entenderse el artículo I.5 del Acuerdo en materia jurídica entre el Estado español y la Santa Sede de 1979 cuando dice que: “Los lugares de culto tienen garantizada su inviolabilidad con arreglo a las Leyes”; de tal forma que el término “leyes” solo puede referirse a las leyes españolas. Pero es que, en realidad, la autorización para la entrada voluntaria en la basílica no corresponde a ninguna autoridad religiosa, a ninguna, sino al propietario de la misma que es el Estado español, según se dispone en el Decreto-Ley de 23 de agosto de 1.957, por el que se establece la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos (Boletín Oficial del Estado nº 226, de 5 de septiembre de 1.957). Por lo tanto, el prior de la Basílica del Valle de los Caídos carecía de facultad jurídica válida para oponerse a la realización de las operaciones materiales de exhumación que hayan de llevarse a cabo en su interior en ejecución de lo acordado al respecto por el Consejo de Ministros.

¿Y ahora qué?

Después de la exhumación del dictador Francisco Franco, el pasado 24 de octubre de 2019, el prior del Valle de los Caídos ha informado al papa Francisco, al abad de Solesmes, a la Conferencia Episcopal Española, cuyo presidente es Ricardo Blázquez, y al Arzobispo de Madrid, que durante la exhumación no se respetó la inviolabilidad del Valle de los Caídos, como lugar sagrado, y además, ha presentado una denuncia ante el juez por el “acceso inconsentido” de los efectivos de la Guardia Civil al templo.

La iglesia española ha permanecido de perfil ante el comportamiento del prior del Valle de los Caídos quien ha llegado a denunciar a la Guardia Civil por restringir el acceso a la basílica; su falta de respeto a nuestro ordenamiento jurídico debe suponer su inmediato cese. Madrid, a 31 de octubre de 2019