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La querella

El Juzgado Central de Instrucción nº 6 admitió a trámite la querella y el 30-05-2011 dictó auto de procesamiento por ocho delitos de asesinatos terroristas y un delito de crimen de lesa humanidad o contra el derecho de gentes, decretando la prisión provisional incondicional de altos cargos.

El 13-10-2011 la Fiscalía solicitó al Juzgado que dictase auto proponiendo al Gobierno Español la extradición a España de los procesados, y el Juzgado de Instrucción lo acordó en este sentido.

Tras la reforma de la Justicia Universal mediante Ley Orgánica 1/2014, el Juzgado dispuso continuar la instrucción de la causa pero únicamente por el delito de terrorismo, dejando sin efecto el procesamiento por los cargos de crímenes de lesa humanidad, al considerar que el tribunal español ya no sería competente por no concurrir los requisitos que exigía el nuevo texto legal.

APDHE recurrió esta resolución judicial en base a una interpretación sistemática de las normas de derecho internacional humanitario y de la jurisprudencia internacional, que establecen que el terrorismo se configura como un delito de lesa humanidad si se cometen como parte de una estrategia de represión más amplia, extendida y sistemática. En el caso que nos ocupa, los asesinatos terroristas contra de los sacerdotes jesuitas se enmarcan dentro de dicha estrategia de represión, y por ello no debía dejarse sin efecto el procesamiento por los cargos de crímenes de lesa humanidad.

Por otra parte, aunque la reforma de la justicia universal por LO 1/2014 excluía la competencia de los tribunales españoles si se había iniciado una investigación en el lugar de comisión de los hechos, el Tribunal Supremo reafirmó la competencia de los tribunales españoles para seguir investigando este caso, al considerar que “el proceso penal desarrollado en su día en El Salvador fue fraudulento ya que no pretendió realmente que los responsables de los hechos fueran castigados, sino, al contrario, su sustracción a la acción de la justicia.

El 5 de febrero de 2016 un Tribunal estadounidense acordó la extradición a España del coronel y ex viceministro de Seguridad Pública Inocente Orlando Montano, procesado en esta causa.

Un día más tarde, en El Salvador, se produjo el arresto de cuatro militares salvadoreños procesados en la causa: Alfredo Benavides Moreno, Ramiro Ávalos Vargas; Tomás Zárpate Castillo y Ángel Pérez Vásquez. Pero a pesar de que en julio de 2016 la Corte Suprema de Justicia de la República de el Salvador había declarado inconstitucional la Ley Nacional de Amnistía, un mes después fue denegada la extradición a España de estos cuatro militares. La Corte Suprema de dicho país decidió que tres de ellos fueran liberados pocos días después y que Benavides fuera encarcelado para cumplir íntegramente con la pena de 30 años de prisión que la Justicia salvadoreña le impuso por los mismos hechos en 1991.

No obstante, en diciembre de 2017 se hizo efectiva la extradición a España de Inocente Orlando Montano, respecto del cual el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional dictó prisión preventiva. En este momento se encuentra a la espera de ser juzgado en España.