JUSTICIA

GUINEA ECUATORIAL. CASO KOKOREV

Guinea Ecuatorial es, después Nigeria y Angola, el tercer país de África subsahariana con mayor producción de petróleo y es el que registra el producto interior bruto per cápita más alto de la región. Sin embargo, dos terceras partes de su población viven en la extrema pobreza. La corrupción endémica del país impide el desarrollo de políticas sociales, mientras que el presidente Teodoro Obiang es uno de los gobernantes con mayor riqueza personal del mundo. El control que ejerce el clan Obiang sobre las empresas privadas que explotan los recursos naturales, sobre todo petróleo, gas natural y madera, le ha permitido saquear el país y acumular una gran fortuna en el extranjero. 

En este panorama de abundancia económica, nos encontramos ante un Estado que ha asumido compromisos internacionales para garantizar la protección de los derechos de las personas que habitan en su territorio. Entre ellos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Estos instrumentos incluyen la obligación de los Estados de crear y mantener las condiciones para que los derechos económicos y sociales sean reales y efectivos. Sin embargo, cuando los gobernantes de un país con abundantes recursos económicos, como Guinea Ecuatorial, se apoderan de sus recursos públicos en lugar de destinarlos a satisfacer las necesidades básicas de alimentación, salud, educación o vivienda, además de cometer el delito de malversación de caudales públicos, violan los derechos humanos.  

Origen del caso

Teodoro Obiang es el presidente de Guinea Ecuatorial desde que ascendió al poder en 1979 por un golpe de estado. Desde ese momento, se ha convertido en un régimen autoritario, en el que todos los puestos de poder han sido ocupados por familiares y allegados del presidente. Es decir, Teodoro y su ‘Clan Mongomo’ controlan prácticamente todo lo que pasa en el país. 

Esta trama de corrupción se sustenta con la participación, ayuda y beneplácito de las corporaciones multinacionales extranjeras que son parte de la explotación de los recursos naturales en calidad de socios del presidente. Además, las agencias de empleo en la industria petrolífera son controladas por miembros del Gobierno, que excluyen a los ecuatoguineanos y exigen requisitos para trabajar como ser miembro del partido, de forma que no tenga cabida la oposición. Una de las principales consecuencias de toda esta articulación en lo referente a las actividades petrolíferas viene a ser el reforzamiento del propio grupo de poder que gobierna desde la independencia.  

En cuanto a los derechos de los trabajadores, Human Rights Watch informa en Bien Engrasado: Petróleo y derechos humanos en Guinea Ecuatorial (2009) de que la empresa Agencia para la Promoción del Empleo en Guinea Ecuatorial (APEGESA) se encarga de controlar al personal de las compañías petroleras para asegurarse de la pertenencia de los contratados al partido del Gobierno, quedándose, además, con una porción del sueldo de los empleados, que puede llegar al 60% de los intereses, los cuales son entregados al partido de gobierno. Es más, la falta de asentamiento de los derechos y obligaciones de los trabajadores, a través de un contrato de trabajo escrito, los despoja de la posibilidad de exigir el cumplimiento de las mismas ante los tribunales. 

Mientras tanto, la población permanece reprimida por el Gobierno ecuatoguineano.

Gran parte de los beneficios robados por los miembros del Gobierno son automáticamente transferidos fuera del país para que no puedan rastrearlos, a través de transferencias millonarias entre cuentas bancarias de empresas extranjeras. Los Kokorev han intervenido en llevar a cabo estas transacciones. 

¿Quiénes son los Kokorev?

La familia Kokorev, formada por Vladimir y Yulia, y su hijo Igor, saqueó 120 millones de las arcas del Tesoro de Guinea Ecuatorial mediante la venta a la antigua colonia española de armas, buques y helicópteros, con abultados sobrecostes y la ayuda de familiares y generales del presidente Teodoro Obiang. Según la Fiscalía Anticorrupción española, los Kokorev movieron 679 millones por los hilos de una gigantesca telaraña de sociedades en paraísos fiscales en las que ocultaron durante 15 su actividad delictiva. 

La corrupción en Guinea Ecuatorial está privando al pueblo del fruto de los recursos naturales de su territorio, sumiéndolos en la pobreza y constituyendo, así, una violación de sus derechos humanos. Desde 2004, los informes públicos realizados por la SEPBLAC han revelado que los ingresos públicos se desviaron a cuentas bancarias personales de los Kokorev y el clan Mongomo. 

La compraventa de armamento y las relaciones del clan ruso con la dictadura de Obiang se iniciaron con Kalunga Company entre 1999 y 2005. A partir de ese momento, Intracostal Trading Services S.A. y SJ Marine Company Ltd. se unieron a la trama. 

Estas compañías formaban parte de un sofisticado entramado societario internacional con más de 45 empresas distribuidas en varios países y jurisdicciones fiscales. Dentro de esta red, la Fiscalía distingue entre tres grandes grupos. El primero de ellos, las mercantiles controladas por los Kokorev, aquellas que firmaban los contratos con el Gobierno de Guinea Ecuatorial y que mantenían actividades de “reparación, conservación y mantenimiento de buques” para camuflar el comercio ilegal de armas. Con los fondos obtenidos del Tesoro Público de Malabo se pagaban los bienes o servicios contratados a los proveedores y las comisiones que se repartían del sobrecoste imputado. La operativa consistía en inflar los precios; es decir, si el valor de la compra eran 4 millones, el precio que figuraría en el contrato sería de 7 millones. El coste añadido (3 millones) se repartiría entre los Kokorev, como dueños de las empresas de compraventa, y los mandatarios del Clan Mongomo, como autorizados en las cuentas de las arcas públicas de Guinea Ecuatorial. 

Parte del entramado eran empresas pantalla, sin empleados, gastos operativos ni actividad, para que se perdiera el rastro del dinero. El plan se completaba con la integración de esos fondos en el circuito legal. Para ello, realizaban inversiones inmobiliarias en países como España, Francia o Panamá con las ganancias que fueron transfiriendo desde las sociedades instrumentales. De este modo, conseguían blanquear el dinero obtenido gracias a la compra corrupta de armamento militar a Guinea Ecuatorial.  

Yulia Kokorev, la mujer de Vladimir, fue la encargada de ejecutar las adquisiciones inmobiliarias en España entre 2000 y 2009 a través de los ingresos que hacía su marido en las cuentas bancarias personales. Igor Kokorev, abogado de profesión, ejecutó la fase más avanzada de transformación del entramado societario para ocultar la transferencia de fondos millonarios. 

Querella

En el año 2008, la APDHE presentó una querella contra altos cargos del Gobierno de Guinea Ecuatorial por delito de blanqueo de capitales. Sin embargo, se tiene que ‘conformar’ con demandar a los Kokorev porque los tribunales españoles ya no son competentes. 

¿Qué ha cambiado? ¿Por qué solo puede demandar a los Kokorev? 

La Ley Orgánica del Poder Judicial 6/1985 fue reformada en el año 2014 y sustituida por la Ley Orgánica 1/2014. La reforma, duramente criticada por jueces y fiscales y por organizaciones de defensa de derechos humanos, obligó a archivar una decena de causas de justicia universal. Una reforma motivada por presiones externas de países como China. El gigante asiático expresó al Gobierno español su indignación por el hecho de que dos de sus expresidentes – Jiang Zemin y Hu Jintao – y otros miembros de la cúpula del PCCh fueran imputados por el genocidio en el Tíbet. 

A partir de la reforma de la LO 1/2014 España daba un paso atrás en la lucha contra la impunidad ante crímenes como el genocidio, la tortura, o los crímenes de guerra, entre otros. La justicia española quedaba así condicionada a conocer de los delitos cometidos fuera del territorio nacional cuando: 

(i) el procedimiento se dirija contra un español; 

(ii) el procedimiento se dirija contra un ciudadano extranjero que resida habitualmente en España; 

(iii) el delito se cometa contra un trabajador de una sociedad o empresa que tenga su sede en España; o 

(iv) el delito se cometa por una empresa o sociedad que tenga su sede en España. 

Los delitos cometidos por el presidente Obiang o los miembros del Clan Mongomo fueron cometidos fuera del territorio español, pero ninguno de los querellados en el año 2008 cumplía las condiciones establecidas por la reforma de la LOPJ para que los tribunales españoles pudieran conocer del caso. El único vínculo con España del que la APDHE podía aprovecharse para poner fin a este entramado de corrupción es el clan Kokorev.  

Los Kokorev han sido acusados de la comisión de tres delitos: 

  • Malversación de caudales públicos.
  • Tráfico ilícito de armas. 
  • Blanqueo de capitales.  

Aun siendo nacionales rusos, su residencia habitual se encuentra en España, al igual que muchas de las sociedades controladas por ellos mismos están domiciliadas en España. ¿Consecuencia? Los tribunales españoles pueden juzgarlos por delitos de corrupción. Es decir, la APDHE puede presentar una querella contra ellos, ya que los delitos mencionados son susceptibles de querella criminal al ser considerados delitos públicos bajo el Código Penal español.  

Pero, ¿qué tribunales españoles pueden conocer del caso? La Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM) atribuye en su artículo 14.2 la competencia territorial al tribunal del lugar donde se ha cometido el delito. Una de las sociedades creadas para blanquear las ganancias ilícitas, Kalunga Company S.A., tenía la cuenta bancaria abierta en el Banco Santander, específicamente en una de Las Palmas de Gran Canaria. Por lo tanto, y en virtud de la LECRIM, el Juzgado de Instrucción de esa misma ciudad sería el competente para abrir juicio contra los Kokorev.  

Evolución del caso

La Fiscalía relata que los Kokorev contrataron los servicios de una empresa de comunicación en Madrid como defensa ante el conocimiento extraoficial de que la APDHE había interpuesto una querella por delito de blanqueo de capitales ante el Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional. Este procedimiento sería remitido a Las Palmas de Gran Canaria por ser en esta ciudad donde se habrían cometido los hechos presuntamente delictivos. 

La jueza de Las Palmas pidió a la Unidad de Delitos Monetarios de la Policía Judicial que investigara a Kalunga Company, y el informe policial asegura que los Kokorev “actúan como testaferros de políticos de alto nivel de Guinea Ecuatorial que distraen fondos públicos aumentando pagos a sus proveedores (las sociedades panameñas) y que estas transfieren el exceso recibido a conveniencia de los pagadores. En la operativa estudiada puede concurrir una receptación de blanqueo de capitales con origen en actividades delictivas graves, como la corrupción política en Guinea Ecuatorial”.

Vladimir, Julia e Igor fueron detenidos en septiembre de 2015 en Panamá, tras las investigaciones basadas en los informes de los años 2004 y 2005 del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales del Banco de España y de una subcomisión del Senado de los Estados Unidos. Estos informes detallaban las transferencias de millones de euros entre la “cuenta del petróleo” del Tesoro Público de Guinea Ecuatorial en el Banco Riggs con destino a la empresa Kalunga. 

Tras pasar un mes en la cárcel de La Joya del país centroamericano fueron trasladados a Gran Canaria. Vladimir permaneció en prisión en la isla hasta enero de 2018. En 2021, el Juzgado de Instrucción nº5 de Las Palmas anunció el inicio del juicio oral, con la presentación del escrito de demanda por parte de la APDHE. 

Las prácticas tanto de los Kokorev como del Gobierno de Guinea Ecuatorial constituyen delitos de malversación de caudales públicos, tráfico ilícito de armas y blanqueo de capitales. La corrupción y el Estado de Derecho son acciones incompatibles entre sí, de manera que la mera existencia de uno excluye per se la posibilidad de constatación del otro. Si hay corrupción, no se pueden garantizar la protección de los derechos humanos.  

El silencio es una complicidad tácita cuando no actuamos ante las injusticias que nos rodean”

Publicaciones de la APDHE sobre el Caso Kokorev y Guinea Ecuatorial