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Mahfouda Bamba Lefkir, defensora saharaui del derecho, ha sido liberada

29/05/2020

Después de 6 meses en prisión, Mahfouda Bamba Lefkir fue puesta en libertad el 15 de mayo de 2020. Mahfouda Bamba Lefkir es una defensora saharaui del derecho a la autodeterminación y miembro del colectivo Gdeim Izik que fue acusada por obstrucción a la justicia y humillación de un funcionario público.

Durante su detención, la Sra. Bamba Lefkir fue objeto de malos tratos y su salud se ha deteriorado considerablemente debido a las malas condiciones de detención y a la denegación sistemática del acceso a la atención de la salud por parte de las autoridades penitenciarias.

Desde la APDHE acogemos con satisfacción la noticia, pero recordamos que (a tenor de la información recibida) la Sra. Bamba Lefkir nunca debió ser detenida y que su detención y condena fueron arbitrarias en el sentido de que sólo tenían por objeto sancionar sus actividades legítimas en materia de derechos humanos.

En este sentido la APDHE ha escrito a las autoridades marroquís para exigir una investigación exhaustiva, independiente, eficaz, rigurosa, imparcial y transparente de las denuncias de malos tratos, así como poner fin a todas las formas de acoso, incluso a nivel judicial todos los defensores de los derechos humanos en el Sáhara Occidental.

Para más información: FIDH.ORG

 

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El prior del Valle de los Caídos debe ser cesado por su actuación en la exhumación de Franco

01/11/2020

Para todos aquellos que se han manifestado en contra del proceso de exhumación del dictador Francisco Franco, desde la Asociación Pro Derechos Humanos de España recordamos que en nuestro estado rige el principio de unidad del ordenamiento jurídico, lo que significa que todas las normas válidas del mismo han de ser necesariamente reconducibles a una única norma fundamental, cuya vigencia descansa en un hecho fundante básico, de donde emana la soberanía que se proyecta como potestad irresistible de dictar normas generales y particulares y de hacer cumplir las mismas. Es decir, en el Estado moderno no pueden proyectarse dos ordenamientos jurídicos distintos para regular un mismo hecho, acto o negocio jurídico.

La traslación de este principio de teoría jurídica al derecho positivo se realiza en el ordenamiento jurídico español en los artículos 1.1 y 117.3 de la Constitución española y en los artículos 1,2 y 3 de Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

En este sentido ha de entenderse el artículo I.5 del Acuerdo en materia jurídica entre el Estado español y la Santa Sede de 1979 cuando dice que: “Los lugares de culto tienen garantizada su inviolabilidad con arreglo a las Leyes”; de tal forma que el término “leyes” solo puede referirse a las leyes españolas. Pero es que, en realidad, la autorización para la entrada voluntaria en la basílica no corresponde a ninguna autoridad religiosa, a ninguna, sino al propietario de la misma que es el Estado español, según se dispone en el Decreto-Ley de 23 de agosto de 1.957, por el que se establece la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos (Boletín Oficial del Estado nº 226, de 5 de septiembre de 1.957). Por lo tanto, el prior de la Basílica del Valle de los Caídos carecía de facultad jurídica válida para oponerse a la realización de las operaciones materiales de exhumación que hayan de llevarse a cabo en su interior en ejecución de lo acordado al respecto por el Consejo de Ministros.

¿Y ahora qué?

Después de la exhumación del dictador Francisco Franco, el pasado 24 de octubre de 2019, el prior del Valle de los Caídos ha informado al papa Francisco, al abad de Solesmes, a la Conferencia Episcopal Española, cuyo presidente es Ricardo Blázquez, y al Arzobispo de Madrid, que durante la exhumación no se respetó la inviolabilidad del Valle de los Caídos, como lugar sagrado, y además, ha presentado una denuncia ante el juez por el “acceso inconsentido” de los efectivos de la Guardia Civil al templo.

La iglesia española ha permanecido de perfil ante el comportamiento del prior del Valle de los Caídos quien ha llegado a denunciar a la Guardia Civil por restringir el acceso a la basílica; su falta de respeto a nuestro ordenamiento jurídico debe suponer su inmediato cese. Madrid, a 31 de octubre de 2019