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Proceso penal por Genocidio en el Sáhara Occidental.

La APDHE ejercita la acción popular en el procedimiento penal ante el Juzgado Central de Instrucción nº 5, en el que se investigan asesinatos, lesiones y torturas en concurso con genocidio, contra la población civil saharaui. El procedimiento se dirige contra funcionarios civiles y militares.

La comisión de los hechos delictivos objeto de investigación se remonta a 1975, cuando Marruecos invadió el Sáhara Occidental, desafiando al Tribunal Internacional de Justicia de las Naciones Unidas, que el 16-10-1975 había declarado que no existía ningún vínculo de soberanía de Marruecos o Mauritania sobre el Sáhara Occidental.

A partir de ese momento se desató una oleada de violencia por el ejército marroquí de ocupación, que masacró a la población saharaui, obligándola a huir hacia el desierto, siendo perseguida por la aviación marroquí y bombardeada con bombas de NAPALM y fósforo blanco.

Marruecos obvio los llamamientos de Naciones Unidas al cese de la ocupación,  desatando una guerra en el territorio, secuestrando y desapareciendo a civiles saharauis de los que aún hoy se desconoce su destino, enterrando vivos a saharauis en fosas comunes, y  arrojando personas desde helicópteros a zonas remotas del desierto.

Tras 16 años de guerra, en 1991 se firmó un acuerdo de alto el fuego bajo el auspicio de Naciones Unidas, pero hasta la actualidad Marruecos sigue actuando como una potencia invasora, no cesando de acosar a su población, persiguiendo, deteniendo y secuestrando a los saharauis contrarios a las tesis marroquíes, y expoliando las riquezas naturales del territorio.

Durante el transcurso del procedimiento judicial familiares de víctimas saharauis se han desplazado a España para ser oídas en declaración ante el juzgado.

Tras el descubrimiento de una fosa común con restos de 8 víctimas y su exhumación por un equipo de forenses españoles, en enero de 2014 el juez aceptó ampliar la querella a instancias de la APDHE.

La reforma de la Justicia Universal mediante Ley Orgánica 1/2014, establece el sobreseimiento de las causas abiertas en las que no concurran una serie de requisitos. La APDHE ha argumentado ante el tribunal que esta reforma de la ley es contraria a la Constitución Española y al Derecho Internacional, ya que el genocidio es un crimen que debe ser perseguido por todos los estados. Adicionalmente, el tribunal español sería competente para continuar con la instrucción ya que el Sáhara Occidental no ha dejado en ningún momento de estar bajo la administración de España. No olvidemos que el denominado Acuerdo Tripartito de Madrid de 14-02-1976, por el que se cedía el territorio a Marruecos y Mauritania es nulo de pleno derecho, ya que España no podía ceder la soberanía de un territorio pendiente de descolonización. Por tanto  España sigue siendo en la actualidad la potencia administradora del Sáhara Occidental. Consecuencia ineludible de lo que se acaba de exponer es que las  víctimas serían nacionales españoles. La competencia del tribunal español también vendría determinada porque los propios autores del delito podrían ser de nacionalidad saharaui/española.

Los argumentos de la APDHE fueron estimados por el Juzgado Central de Instrucción, que el 15 de abril de 2014 dictó auto disponiendo proseguir con la investigación de los hechos y no archivar por tanto el procedimiento, al considerar que los hechos se cometieron “en un territorio que, a todos los efectos, debe tener la consideración de español en el momento de su comisión, tal y como se deriva de la legalidad y la jurisprudencia nacional e internacional”. Asimismo, añade, competerían a la justicia española “los hechos ocurridos con posterioridad al abandono del territorio por parte de las autoridades españolas en la medida que los mismos resultan conexos con los anteriores”. Posteriormente, el 9 de abril de 2015 el Juzgado dictó auto de procesamiento contra 11 altos cargos y militares del Gobierno de Marruecos, por un delito de genocidio en concurso con detención ilegal, torturas, asesinato y desaparición forzada. Y acordó librar órdenes internacionales de detención con fines de extradición.