Guatemala

Genocidio en Guatemala

La APDHE ha ejercitado la acción popular en el procedimiento por genocidio contra la población indígena maya de Guatemala, que se dirige contra jefes de gobierno, ministros y altos cargos militares.

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CASO VIELMANN

La Asociación Pro Derechos Humanos de España expresa su absoluta disconformidad con la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 26 de julio de 2018, que ha confirmado la sentencia absolutoria dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en el caso Vielmann. Dicha sentencia había sido recurrida por la Asociación Pro Derechos Humanos de España y por los familiares de varios de los presos ejecutados, al no permitirse, durante el acto del juicio oral, la práctica de pruebas testificales que eran necesarias  para el esclarecimiento de los hechos objeto de enjuiciamiento, así como de la autoría o participación del ex Ministro de Gobernación de la República de Guatemala Carlos Vielmann.

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Denunciamos los ataques intimidatorios contra Ramón Cadena, defensor de derechos humanos y Director de la Comisión Internacional de Juristas

Denunciamos los ataques intimidatorios contra Ramón Cadena, defensor de derechos humanos y Director de la Comisión Internacional de Juristas

Ramón Cadena, reconocido jurista y defensor de derechos humanos, actual director de la Comisión Internacional de Juristas para América Central, sufrió un ataque en su domicilio particular sito en Ciudad de Guatemala, el pasado 15 de agosto.

Aproximadamente a las seis de la mañana hombres armados y encapuchados asaltaron su vivienda. Según denunció el propio Cadena, un grupo de hombres con pasamontañas ingresaron por la fuerza en su residencia y obligaron a dos personas que se encontraban en ese momento en la misma a permanecer de rodillas, mientras los asaltantes registraban todas las habitaciones de la vivienda.

Tras el registro y el desorden que ello originó, se llevaron el ordenador personal del director de la CIJ que no se encontraba en la vivienda. El abogado considera esta acción como una muestra de intimidación por su labor a favor de los derechos humanos y la justicia transicional.

Recordamos que los defensores y defensoras de derechos humanos en Guatemala se encuentran en una situación de constante amenaza y hostigamiento por la labor que desarrollan. A los altos niveles de violencia se le une la cultura de la impunidad que rige en el país y que tiene como consecuencia directa el que graves violaciones de derechos humanos no sean investigadas ni juzgadas.

Desde la APDHE denunciamos los ataques intimidatorios sufridos por Ramón Cadena y exigimos a las autoridades competentes que investiguen los hechos y determinen las responsabilidades. Exigimos igualmente que las autoridades guatemaltecas adopten las medidas necesarias de protección que garanticen la seguridad personal de Ramón Cadena.

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CSJ suspende en definitiva mina en La Puya

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó la suspensión definitiva de las operaciones del proyecto de minería VII Derivada. Ver más

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La Audiencia juzgará la represión en Guatemala

El ex ministro Vielman se enfrenta a 160 años por ocho asesinatos.

La acusación eleva la pena a 300 años por 10 crímenes de lesa humanidad

Actualizado 15/11/201506:15

Cuando el ex ministro guatemalteco de Gobernación entre 2004 y 2007, Carlos Roberto Vielman, fue detenido en Madrid, no pudo ser extraditado, porque su país no mandó la documentación necesaria a tiempo. Pero eso no significa que vaya a quedar impune. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que desde 2006 trabaja para limpiar las instituciones del país centroamericano, acabó denunciándole en la Audiencia Nacional. Ahora el fiscal pide para él 160 años de cárcel por ocho asesinatos.

La acusación que ejerce el abogado Manuel Ollé en nombre de la Asociación pro Derechos Humanos de España y de dos particulares eleva su petición de pena a 300 años, al entender que los hechos deben castigarse como 10 crímenes de lesa humanidad. Es la primera vez que se pide condenar en España por este delito por hechos sucedidos después de que en octubre de 2004 se incorporara a nuestro Código Penal.

El fiscal Pedro Martínez Torrijos explica en su escrito que Vielman y un grupo de altos mandos del Ministerio de Gobernación -que han corrido distinta suerte en los procesos judiciales que se han seguido contra ellos enGuatemala, Austria y Suiza– «conformaron una estructura criminal paralela, que se desligó de la función constitucional y legal encomendada». En concreto, crearon «un cuerpo clandestino de seguridad para ejecutar delitos contra aquellas personas que habían acordado eliminar», reclusos fugados o conflictivos.

El 22 de octubre de 2005 se fugaron 19 presos de la cárcel de máxima seguridad Infiernito. Vielman y sus hombres decidieron crear «un equipo especial con miembros de distintos cuerpos de la Policía Nacional Civil», para la localización y captura de los fugados. Pero en vez de devolverlos a la cárcel, decidieron ejecutarlos.

En este punto es en el único hecho en el que difieren el fiscal y las acusaciones. El primero sólo atribuye a Vielman la muerte de un preso, detenido en una vivienda y después ejecutado en un coche, y las acusaciones suman a la cuenta del ex ministro de Gobernación el asesinato de otros dos reclusos apresados en las inmediaciones del río de Los Amantes.

El otro episodio es aún más grave. En junio de 2006, el grupo de Vielman elaboró un plan para retomar el control por parte de las autoridades del centro Granja Modelo de Rehabilitación Pavón.

Un dispositivo, que incluía 3.000 efectivos, con tanquetas y helicópteros, entró en el penal. Ningún preso se resistió, pero los hombres del ministro identificaron a los reclusos considerados líderes, los separaron del grupo y los ejecutaron. Uno de ellos consiguió eludir la primera identificación, pero le hicieron creer que había venido su abogada a asistirle y reveló su nombre. Con el fin de ocultar el crimen, fingieron un enfrentamiento, para lo que colocaron armas junto a los cadáveres.

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La Audiencia Nacional juzgará la represión en Guatemala

La Audiencia Nacional juzgará la represión en Guatemala. Ver más

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El Juzgado Central de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional decide continuar investigando las violaciones graves de derechos humanos en Guatemala.

El Juzgado Central de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional decide continuar investigando las violaciones graves de derechos humanos en Guatemala.

Mediante auto de fecha 20 de mayo de 2014, el titular del Juzgado Central de Instrucción núm. 1, ha acordado la continuación de la investigación de los hechos, afirmando que, conforme al nuevo art. 23.4 de la LOPJ, en la regulación dada por la reciente LO 1/2014, de 13 de marzo, sigue siendo competente para investigar el delito de terrorismo, al existir víctimas españolas.

Además, en el auto, se acoge íntegramente el argumento esgrimido por el equipo legal de la APDHE –dirigido en este caso por Manuel Olle- y se establece que, toda vez que la investigación se centra en hechos, es competente para investigar la totalidad de los que han sido denunciados,  más allá de que éstos puedan ser constitutivos de un concurso de delitos.  Por tanto, la competencia para investigar el delito de terrorismo, se extiende a los delitos conexos, como el genocidio, crímenes de lesa humanidad, torturas, asesinatos y detenciones ilegales.

Por otra parte, en el auto se acuerda librar comisión rogatoria a las autoridades judiciales de Guatemala a fin de que remitan testimonio de los procedimientos judiciales incoados, en su caso, por los hechos a que se refiere la causa, y, una vez recibidos, que se eleve Exposición Razonada a la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Esta disposición responde al nuevo requisito de procedibilidad establecido tras la citada reforma, en el apartado 5 del citado artículo 23, que exige comprobar si los procesos penales seguidos en Guatemala por hechos relacionados con los que se instruyen en esta causa, cumplen los principios de un proceso con las debidas garantías reconocidos por el Derecho Internacional.

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