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Torturas en Guantánamo

Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, el gobierno estadounidense emprendió una estrategia de “guerra” contra el terrorismo internacional, aprobando órdenes ejecutivas contra individuos sospechosos de vinculación con Al Qaeda y con el régimen talibán, mediante su detención e internamiento en centros ubicados fuera de su territorio (Guantánamo). Una vez detenidos, se les aplicaban técnicas ilegales de interrogatorio con el fin de obtener información, y se les privaba de sus derechos.

La APDHE, junto con otras organizaciones, han ejercitado la acción popular en el caso que se tramita ante el Juzgado Central de Instrucción nº 5, en el que se investigan las torturas que fueron infligidas a tres personas recluidas en la base estadounidense de Guantánamo.

Tras la reforma de la justicia universal mediante LO 1/2014, el Juzgado Central de Instrucción dictó auto, de fecha 15 de abril de 2014, disponiendo la incoación de sumario por delitos de torturas en concurso con crímenes de guerra, continuando la instrucción de la causa. Fundamentó que, a la luz de los tratados internacionales suscritos por España, “nos encontraríamos ante una evidente colisión entre la regulación según derecho interno de la norma habilitadora de la extensión de la jurisdicción penal y las obligaciones contraídas por España en virtud de los tratados internacionales previamente ratificados y que integran nuestro ordenamiento jurídico“. Y recordó que los Convenios de Ginebra y la Convención Contra la Tortura imponen a los estados firmantes la obligación de perseguir las infracciones que se contemplan en esos convenios. El auto también dispuso reiterar la comisión rogatoria a EEUU para que se le informase sobre el estado de las investigaciones en este país, y luego a pedir al Tribunal Supremo que se pronunciase sobre la posible concurrencia del principio de subsidiariedad.

Posteriormente, mediante auto de 17 de julio 2015, el Juzgado Central de Instrucción acordó dejar sin efecto las diligencias de instrucción e investigación que se encontraban pendientes de práctica, declarando concluso el sumario. Dicho auto de conclusión de sumario fue recurrido por las acusaciones y desestimado, recurriéndose en casación. Mediante sentencia de fecha 18 de noviembre de 2016 el Tribunal Supremo desestimó los recursos