La Asociación Pro Derechos Humanos de España expresa su más profunda repulsa y condena ante los graves reportes sobre el bombardeo de la ciudad de Caracas y el secuestro del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, hechos que constituirían violaciones flagrantes de la Carta de Naciones Unidas, del Derecho Internacional, del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y de los principios fundamentales que rigen la convivencia pacífica entre los Estados.
La Carta de Naciones Unidas establece un procedimiento de solución de controversias por medios pacíficos salvaguardando la Paz, la Seguridad Internacional y la Justicia.
El Derecho Internacional salvaguarda la soberanía estatal como eje sobre el que pivotan las relaciones internacionales. A la sazón, conforme a los principios fundamentales del Derecho Internacional Humanitario, todas las partes están obligadas a proteger a la población civil, respetar los principios de distinción, proporcionalidad y precaución, y abstenerse de ataques indiscriminados.
Estos acontecimientos constituyen un caso extremadamente grave de injerencia en el orden democrático de un Estado soberano, que quiebra consensos históricos largamente establecidos en la comunidad internacional en torno al respeto de la libre determinación de los pueblos, principio consagrado en la Carta de las Naciones Unidas y en múltiples instrumentos del derecho internacional.
La imposición de cambios políticos mediante la fuerza o la coerción externa socava el Orden Internacional construido sobre el respeto a la Carta de Naciones Unidas, entre otros, y amenaza la paz, la seguridad, la justicia y por ende la estabilidad regional y global.
Desde APDHE mantenemos nuestro férreo compromiso con el multilateralismo y el derecho internacional despreciando la vía unilateral en el orden internacional.
Asimismo, manifestamos nuestra grave preocupación por la situación del Presidente de Venezuela. Exigimos que Estados Unidos respete de manera estricta los estándares internacionales del debido proceso, incluyendo el derecho a la integridad personal, a la asistencia jurídica, a la comunicación con su familia y representantes legales, y a no ser sometido a detención arbitraria ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes, conforme a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Hacemos un llamado urgente a la responsabilidad internacional, a las organizaciones de derechos humanos, a la sociedad civil y a los Estados, para que se pronuncien y actúen en defensa de la dignidad humana, los derechos humanos, la legalidad internacional y el respeto a la soberanía de los pueblos.
Instamos de manera inmediata al Gobierno de España a que exija al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, para que se activen todos los mecanismos diplomáticos disponibles para:
- Verificar de manera independiente los hechos denunciados;
- Exigir el cese inmediato de cualquier acción militar que ponga en riesgo a la población civil;
- Garantizar el respeto del Derecho Internacional Humanitario, del derecho internacional de los derechos humanos;
La paz, los derechos humanos, la legalidad internacional y el respeto a la voluntad soberana de los pueblos deben prevalecer por encima de cualquier consideración política, militar o estratégica.
La comunidad internacional no puede ni debe permanecer en silencio frente a hechos de esta gravedad.