En una evidente muestra de desprecio y provocación por la justícia penal y el derecho internacional humanitario , el primer ministro húngaro ha recibido con todos los honores a Benjamin Netanyahu, quien tiene vigente una orden internacional de detención emitida por la CPI por crímenes de guerra en la Franja de Gaza.
Aprovechando la visita, Viktor Orbán ha anunciado la intención de Hungría de retirarse del Estatuto de Roma y de formar parte del Tribunal Penal Internacional, renunciando a su obligación de cooperar con el tribunal y proceder a su detención.
Esta decisión supone un paso atrás en la lucha contra la barbàrie. Si el presente siglo se iniciaba con la creación de una jurisdicción de alcance universal con la persecución y castigo de los crímenes más horrendos (castigando a la población civil con bombardeos indiscriminados sobre áreas densamente pobladas, uso deliberado del hambre como arma de guerra e imposición de bloqueos que impiden el acceso a medicinas, agua y alimentós), habiendo suscrito 124 Estados el Estatuto de Roma, 25 años más tarde un Estado parte de la UE es quien acoge a un perseguido por el TPI, conculcando los valores que fundamentan la UE y quebrantan la Carta de DDFF.
COMUNICADO
Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales (UPF) muestran su rechazo más rotundo a la visita del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu a Hungría, propiciada por la invitación del presidente húngaro Viktor Orbán, pese a recaer sobre él una orden de detención internacional por crímenes de guerra y de lesa humanidad emitida por la Corte Penal Internacional (CPI).
Cabe recordar que la CPI encontró motivos razonables para creer que B. Netanyahu (primer ministro) y Y. Gallant (ministro de Defensa) tienen responsabilidad criminal por los siguientes crímenes: el crimen de guerra de inanición como método de guerra; y los crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos. La Corte también halló bases para pensar que B. Netanyahu y Y. Gallant tienen responsabilidad penal, como superiores civiles, por el crimen de guerra de dirigir intencionalmente un ataque contra la población civil. Las atrocidades se habrían perpetrado desde el 8 de octubre de 2023 hasta al menos el 20 de mayo de 2024, detalló la instancia penal, si bien a día de hoy continúan los bombardeos indiscriminados contra la población civil, afectando fundamentalmente a mujeres, niños y niñas. Recordemos que diariamente más de 100 niños y niñas son asesinados o son heridos en Gaza por las fuerzas israelíes.
La CPI encontró que la presunta conducta de B. Netanyahu y Y. Gallant se refería a las actividades de los órganos gubernamentales israelíes y las fuerzas armadas contra la población civil en Palestina, más específicamente contra los civiles en Gaza, enfatizando la relación entre una potencia ocupante y la población en un territorio ocupado por lo que, en lo que respecta a los crímenes de guerra, la Sala consideró apropiado emitir las órdenes de arresto de conformidad con el derecho de los conflictos armados internacionales. El Fiscal recordó que las solicitudes de las órdenes de arresto se presentaron tras una investigación independiente y sobre la base de pruebas objetivas y verificables, haciendo un llamamiento a todos los Estados Partes para que estén a la altura de su compromiso con el Estatuto de Roma respetando y cumpliendo estas órdenes judiciales.
Destacamos que las investigaciones se están desarrollando en zonas bajo la jurisdicción de la CPI que incluyen Cisjordania y Jerusalén Este, donde existe una escalada de violencia sin precedentes, por parte de las fuerzas israelíes y los colonos contra la población civil palestina.
Queremos poner de manifiesto que, ante el anuncio por parte de Hungría de no ser parte del Estatuto de Roma, que rige la CPI, la retirada no se haría efectiva hasta un año después de la notificación oficial, por lo que Hungría estaría obligada a detener a B. Netanyahu.
Por ello, Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales, realiza las siguientes consideraciones:
– Señalamos que la ratificación del Estatuto de Roma es considerada como una de las condiciones para pertenecer a la UE.
– Mostramos la preocupación sobre el peligro que supondría para una sociedad democrática, hacer caso omiso a las ordenes emitidas por un Tribunal Internacional, teniendo en cuenta la deriva fascista y vulneradora de los derechos humanos, no solo en Europa sino a nivel mundial.
– Recordamos que la protección de los derechos humanos nos afecta a todas y a todos, y siendo juristas, debemos garantizar el máximo respecto a los mecanismos internacionales existentes para perseguir crímenes de guerra y lesa humanidad, existiendo indicios de criminalidad, derivados de pruebas objetivas y verificables, por la actuación del Gobierno israelí sobre la posible comisión de delitos de genocidio y crímenes de guerra y lesa humanidad contra la población civil palestina.
– Queremos llamar la atención a la judicatura y a toda la sociedad sobre la gravedad de estos hechos, que suponen una violación de las garantías y mecanismos consensuados democráticamente para que no se repitan las consecuencias nefastas de una guerra y el sufrimiento indiscriminado para la población.
Madrid, 7 de abril de 2025