La solicitud, dirigida al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Trabajo y Economía Social y al Ministerio de Igualdad en el marco del derecho de petición, urge al Gobierno a incluir estas conductas en el Código Penal para que puedan ser oportunamente perseguidas, castigadas y reparadas sus víctimas.
Se trata de una medida que está contemplada en el II Plan Nacional de Derechos Humanos del Gobierno de España y que estaba también incluido en el Plan de Acción Nacional contra el Trabajo Forzoso: relaciones laborales obligatorias y otras actividades humanas forzadas, pero pendiente de ejecución.
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