El día 24 de noviembre de 1977, el Ministro de Asuntos Exteriores de España firmó en Estrasburgo el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950. Una vez aprobado su texto por las Cortes Generales y autorizada su ratificación, se publicó dicho instrumento en el boletín oficial del 10 de octubre de 1979.
Han transcurrido, por tanto, 45 años desde tal histórico acontecimiento. Durante esas décadas, nuestro país ha aprobado una Constitución, ha habido un intento de golpe de Estado y otro secesionista, ha sufrido los embates de la lacra terrorista, ha ingresado en la Unión Europea y se han renovado quince veces las cámaras legislativas.
En el artículo 10, apartado 2º, de nuestra Constitución se establece que “Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España”. Entre estos últimos se encuentra el Convenido de Roma.
En nuestro sistema judicial es frecuente acudir, tras agotar la vía judicial y el amparo ante el Tribunal Constitucional, al Tribunal Europeo de Derechos Humamos que interpreta y garantiza la aplicación los derechos consagrados en el Convenio de Roma en línea con el anterior precepto constitucional.
No ha sido fácil la trayectoria iniciada hace 45 años y a día de hoy son nuevos y complejos los retos en materia de derechos humanos a los que se enfrenta nuestra sociedad como la migración, los discursos de odio o la protección del medioambiente, pero sin duda esa labor –a juicio de la APDHE- será más eficaz al poder seguir contando con ese texto convencional y con su intérprete que garanticen de modo efectivo los derechos humanos y las libertades fundamentales en los 46 países miembros del Consejo de Europa.
En Madrid, a 24 de noviembre de 2024